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| Egipto |
El Cairo.- (PL) El Gobierno militar de Egipto nombró hoy a un ex magistrado para dirigir un comité que hará enmiendas a la Constitución, mientras reiteró los llamados a detener protestas y huelgas laborales para restablecer la normalidad.
Mueren dos personas en Bahrain por represión durante protestas.
Medios oficiales informaron que el juez retirado Tareq Al-Bishry fue encargado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) para dirigir la comisión que modificará la Carta Magna, un trámite indispensable en el proceso de transición democrática en el país.
El propio Al-Bishry, conocido por su defensa de la independencia del poder Judicial durante el mandato de Mubarak, confirmó que fue escogido por el CSFA para esa tarea, luego que quedó suspendida la Constitución y disuelto el parlamento, dos días después de dimitir el presidente.
Según los plazos previstos, las reformas al texto deberán realizarse en unos 10 días para luego efectuar un referendo dentro de dos meses y, tentativamente, convocar a elecciones presidenciales y legislativas en un lapso posterior de tres a cuatro meses.
Los militares intentan aplacar la inconformidad imperante aún en Egipto, pese a que el domingo y ayer lograron desalojar por completo la céntrica plaza Tahrir de El Cairo, devenida núcleo de las revueltas populares que llevaron el viernes a la caída del "rais" (presidente). La cúpula castrense removió de sus cargos al director de seguridad pública del Ministerio del Interior, Adly Fayed, y al jefe de seguridad de El Cairo, Ismail El-Shaer, por su responsabilidad en la decisión de disparar contra manifestantes opositores durante las protestas.
Junto a esos pasos para satisfacer algunas exigencias de la población, el CSFA sacó a colación la ley marcial vigente para desestimular las movilizaciones callejeras y las huelgas en demanda de aumentos salariales y mejores condiciones laborales.
"Los egipcios nobles ven que estas huelgas, en este delicado momento, conducen a resultados negativos", dijo un portavoz militar en una comparecencia televisiva para pedir que se retorne al trabajo.
Empleados de los sectores de transportes, turismo, metalurgia, textiles, bancario, de la policía, conductores de ambulancia, periodistas y desempleados graduados de arqueología marcharon ayer por las calles del país para exigir se atiendan sus demandas.
Representantes de los jóvenes revolucionarios, como se definen los artífices de la revuelta contra Mubarak, confirmaron hoy haber sostenido, por primera vez, conversaciones directas con jefes militares para puntualizar un cronograma de prioridades para el reclamado cambio.
Por otro lado, el Gobierno del primer ministro, Ahmed Shafiq, prometió una remodelación paulatina del gabinete designado por Mubarak, y pidió a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña congelar las cuentas de todos los funcionarios ligados al ex mandatario.
La ilegalizada Hermandad Musulmana, a su vez, anunció que solicitará convertirse en partido político, "tomando en cuenta el establecimiento de un estado democrático y civil basado en medidas universales de libertad y justicia".
Para la agrupación fundamentalista proscripta desde 1954, las nuevas condiciones hacen prevalecer "valores islámicos centrales que sirven a todos los egipcios, sin importar el color, credo, tendencia política o religión", según un comunicado difundido aquí.
r/
Medios oficiales informaron que el juez retirado Tareq Al-Bishry fue encargado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) para dirigir la comisión que modificará la Carta Magna, un trámite indispensable en el proceso de transición democrática en el país.
El propio Al-Bishry, conocido por su defensa de la independencia del poder Judicial durante el mandato de Mubarak, confirmó que fue escogido por el CSFA para esa tarea, luego que quedó suspendida la Constitución y disuelto el parlamento, dos días después de dimitir el presidente.
Según los plazos previstos, las reformas al texto deberán realizarse en unos 10 días para luego efectuar un referendo dentro de dos meses y, tentativamente, convocar a elecciones presidenciales y legislativas en un lapso posterior de tres a cuatro meses.
Los militares intentan aplacar la inconformidad imperante aún en Egipto, pese a que el domingo y ayer lograron desalojar por completo la céntrica plaza Tahrir de El Cairo, devenida núcleo de las revueltas populares que llevaron el viernes a la caída del "rais" (presidente). La cúpula castrense removió de sus cargos al director de seguridad pública del Ministerio del Interior, Adly Fayed, y al jefe de seguridad de El Cairo, Ismail El-Shaer, por su responsabilidad en la decisión de disparar contra manifestantes opositores durante las protestas.
Junto a esos pasos para satisfacer algunas exigencias de la población, el CSFA sacó a colación la ley marcial vigente para desestimular las movilizaciones callejeras y las huelgas en demanda de aumentos salariales y mejores condiciones laborales.
"Los egipcios nobles ven que estas huelgas, en este delicado momento, conducen a resultados negativos", dijo un portavoz militar en una comparecencia televisiva para pedir que se retorne al trabajo.
Empleados de los sectores de transportes, turismo, metalurgia, textiles, bancario, de la policía, conductores de ambulancia, periodistas y desempleados graduados de arqueología marcharon ayer por las calles del país para exigir se atiendan sus demandas.
Representantes de los jóvenes revolucionarios, como se definen los artífices de la revuelta contra Mubarak, confirmaron hoy haber sostenido, por primera vez, conversaciones directas con jefes militares para puntualizar un cronograma de prioridades para el reclamado cambio.
Por otro lado, el Gobierno del primer ministro, Ahmed Shafiq, prometió una remodelación paulatina del gabinete designado por Mubarak, y pidió a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña congelar las cuentas de todos los funcionarios ligados al ex mandatario.
La ilegalizada Hermandad Musulmana, a su vez, anunció que solicitará convertirse en partido político, "tomando en cuenta el establecimiento de un estado democrático y civil basado en medidas universales de libertad y justicia".
Para la agrupación fundamentalista proscripta desde 1954, las nuevas condiciones hacen prevalecer "valores islámicos centrales que sirven a todos los egipcios, sin importar el color, credo, tendencia política o religión", según un comunicado difundido aquí.
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