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| Uribe condecorando a soldados |
Durante 2010, el conflicto armado interno de Colombia siguió estando asociado a graves abusos por parte de grupos armados irregulares, como las guerrillas y los grupos sucesores de los paramilitares. La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos, a un promedio de varios cientos de miles cada año.
Es común que actores armados amenacen o ataquen a defensores de derechos humanos; periodistas; líderes comunitarios; sindicalistas; líderes indígenas, afrocolombianos y de personas desplazadas; así como víctimas de paramilitares que reclaman justicia o la restitución de tierras.
En agosto de 2010, el Presidente Juan Manuel Santos reemplazó al ex Presidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y la vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema por parte del servicio de inteligencia nacional.
El Presidente Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir las tierras a las personas desplazadas y resarcir a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado, manifestó en forma pública que respetaba la independencia del poder judicial y denunció amenazas contra defensores de derechos humanos.
No obstante, aún no puede determinarse si esta postura se traducirá en resultados concretos a la luz de los graves abusos que continúan cometiéndose.
Los paramilitares y sus sucesores
Desde 2003, más de 30.000 personas han participado en un proceso de desmovilización paramilitar, aunque existen pruebas contundentes de que muchas de estas personas desmovilizadas no eran paramilitares, y de que algunos paramilitares nunca se sumaron a la desmovilización.
Los grupos sucesores de los paramilitares, a menudo bajo el mando de jefes de rango medio de organizaciones paramilitares desmovilizadas, ejercen el control territorial de algunas regiones y cometen atrocidades contra civiles en forma generalizada.
La Policía Nacional de Colombia informó que en julio de 2010 los grupos tenían 3.749 miembros. Sin embargo, la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que los grupos cuentan con 6.000 combatientes armados y han ampliado sus operaciones a 29 de los 32 departamentos del país.
La tolerancia de estos grupos sucesores por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento.
Al igual que los paramilitares en el pasado, estos grupos participan en narcotráfico, reclutan activamente a nuevos miembros y cometen abusos generalizados, como masacres, asesinatos, violaciones sexuales y desplazamientos forzados.
Los grupos sucesores han atacado en reiteradas oportunidades a defensores de derechos humanos, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras. En Medellín, la tasa de homicidios se incrementó abruptamente desde 2008, aparentemente como consecuencia de estos grupos.
Los grupos sucesores han tenido una fuerte incidencia en los desplazamientos forzados. A menudo, los organismos del Estado se niegan a registrar como desplazadas a las personas que afirman haber sido obligadas por los grupos sucesores de los paramilitares a abandonar el lugar donde viven, y esto ha contribuido a las discrepancias entre los datos proporcionados por el gobierno y las ONG sobre la población desplazada internamente en Colombia.
Mientras que el organismo público Acción Social registró 154.040 nuevos desplazados en 2009, CODHES, una prestigiosa ONG colombiana, afirma que ese año el número de desplazados fue 286.389. Acción Social ha registrado 3,3 millones de personas desplazadas entre 1997 y julio de 2010, a diferencia de las 3,9 millones de personas informadas por CODHES para el período entre 1997 y 2009.
En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de Colombia logró avances notables en la investigación de los miembros del Congreso colombiano acusados de colaborar con paramilitares.
En el denominado escándalo de la "parapolítica", se investigó a más de 150 miembros del Congreso -la mayoría pertenecientes a la coalición del Presidente Uribe-, y al menos 20 han sido condenados.
En varias oportunidades, el gobierno de Uribe tomó medidas que podrían haber frustrado completamente las investigaciones, como proferir ataques públicos y a título personal contra miembros de la Corte Suprema. El Presidente Santos ha expresado públicamente su compromiso con el respeto de la independencia de la Corte.
La Corte Suprema investiga actualmente a más de 20 miembros del Congreso en medio de sospechas de que existiría un alto grado de infiltración paramilitar. Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación sobre militares de alto rango y empresarios que habrían colaborado con los paramilitares han avanzado lentamente.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen haber cometido atrocidades, también ha sido lenta y dispar.
En noviembre de 2010, más de cinco años después de la sanción de la ley, sólo hubo dos condenas y los fiscales han recuperado una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares.
El gobierno de Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir millones de acres de tierras a la población desplazada de Colombia, a través de un procedimiento paralelo al de la Ley de Justicia y Paz.
Las confesiones de los líderes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz sufrieron un retroceso cuando el Presidente Uribe extraditó a la mayoría de los líderes paramilitares a Estados Unidos entre mayo de 2008 y agosto de 2009 para que fueran juzgados por delitos de narcotráfico.
La colaboración paramilitar se redujo notablemente luego de esta medida, y varios comandantes se negaron a continuar declarando por temor que sus familiares en Colombia sufran represalias.
Abusos e impunidad de militares
En los últimos años, se han atribuido al Ejército colombiano una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales de civiles, incluida la ejecución de "falsos positivos", término con el cual se alude a los casos en que, ante la presión por demostrar resultados, los miembros del Ejército asesinan civiles y luego informan que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos. Las ejecuciones se habrían producido en todo el país e involucran a diversas brigadas del Ejército.
Pese a que la cantidad de falsos positivos se redujo significativamente desde 2009, el problema aún persiste. Si bien el gobierno no lleva un registro de datos estadísticos sobre estos casos, en mayo de 2010 la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.366 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, que dejaron un saldo de más de 2.300 víctimas. Sólo se han dictado sentencias en 63 casos.
La resistencia por parte del sistema de justicia militar a remitir los casos a los tribunales ordinarios impidió que se juzgaran casos de ejecución extrajudicial. Los tribunales militares remitieron 266 casos durante 2009, pero tan sólo 7 entre enero y septiembre de 2010.
Violencia contra sindicalistas
Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, y según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.800 los asesinatos denunciados desde 1986. Gran parte de estos asesinatos se atribuyen a paramilitares y a sus grupos sucesores.
Si bien la cantidad de homicidios se redujo a 39 en 2007, las estadísticas continúan siendo alarmantes: según la ENS, se produjeron 52 asesinatos en 2008, 47 en 2009, y 36 entre enero y el 15 de septiembre de 2010. Las amenazas contra sindicalistas -en su mayoría, atribuidas a grupos sucesores de los paramilitares- han aumentado desde 2007.
En estos casos, la impunidad ha sido la regla: sólo el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados por la unidad de la Fiscalía General de la Nación encargada de la investigación penal de estos delitos.
Si bien la fiscalía ha iniciado investigaciones de más de 1.300 casos de violencia anti-sindical (incluidos varios cientos que no aparecen en la lista de la ENS), sólo ha obtenido condenas en el 14 por ciento de estos casos. Existe además la preocupación de que las investigaciones se efectúen de manera fragmentada y no tengan en cuenta si el móvil del crimen estuvo relacionado con las actividades sindicales de las víctimas.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos suelen ser víctimas de ataques y amenazas. Según la ONG Somos Defensores, 7 defensores fueron asesinados y 51 recibieron amenazas durante la primera mitad de 2010. Una coalición de ONG colombianas e internacionales denunció que entre julio y el 15 de octubre de 2010 fueron asesinados 30 defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Más de 40 líderes de grupos de víctimas que exigían la recuperación de tierras han sido asesinados desde que comenzó el proceso de Justicia y Paz en 2005. En 2010, se informó el asesinato de varios líderes de comunidades afrocolombianas e indígenas. La impunidad de estos crímenes contribuye a que se sigan produciendo.
El Presidente Santos ha repudiado públicamente las amenazas contra defensores de derechos humanos, y esto supone una mejora respecto de su estigmatización durante el gobierno del Presidente Uribe.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que monitorea la situación de los derechos humanos en Colombia, emite periódicamente "informes de riesgo" en los cuales advierte sobre amenazas contra comunidades y personas. Otras autoridades colombianas en ocasiones han ignorado estos informes y no han tomado las medidas necesarias para prevenir los abusos.
Vigilancia ilegal
En febrero de 2009, Semana, la principal revista de noticias colombiana, informó que el servicio de inteligencia nacional (DAS), que depende directamente de la presidencia, durante años ha implementado prácticas como la intervención ilegal y generalizada de teléfonos y mensajes de correo electrónico, así como seguimiento de sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema.
Los documentos del DAS señalan que entre las presuntas actividades criminales se incluyen amenazas de muerte y campañas de difamación que tienen por objeto vincular a las personas que sufren esta persecución con las guerrillas.
La Fiscalía General de la Nación ha comenzado una investigación de decenas de ex funcionarios y miembros actuales del DAS, entre ellos, su actual director y varios de sus predecesores.
Según versiones de ex funcionarios del DAS, esta vigilancia ilegal habría sido ordenada por funcionarios de alto rango del gobierno de Uribe. En octubre de 2010, la Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias contra el secretario general del Presidente Uribe y otros tres ex directores del DAS por su participación en la vigilancia.
Actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2010, aportó cerca de US$ 673 millones -principalmente en ayuda militar y policial-, si bien el porcentaje destinado a asistencia social y económica es cada vez mayor.
Pese a que el 30 por ciento de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está condicionada al cumplimiento de requisitos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha exigido sistemáticamente su cumplimiento.
Por segunda vez durante la presidencia de Barack Obama, en septiembre de 2010 el Departamento de Estado certificó que Colombia cumplía con los requisitos de derechos humanos. No obstante, la certificación otorgada por el Departamento de Estado en 2010 incluyó un memorando exhaustivo que menciona los graves problemas de derechos humanos que existen en Colombia.
El Congreso estadounidense ha postergado la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia hasta que existan "pruebas concretas de resultados sostenidos" en relación con la impunidad de la violencia contra sindicalistas y el rol de los grupos paramilitares.
El Reino Unido habría reducido su asistencia militar a Colombia durante 2009, aparentemente en respuesta a los escándalos sobre vigilancia ilegal y ejecuciones extrajudiciales. La Unión Europea proporciona asistencia social y económica a Colombia y ha brindado ayuda a los programas de desmovilización paramilitar del gobierno.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, responsable de verificar las desmovilizaciones paramilitares, emitió informes en 2009 y 2010 en los cuales expresó su preocupación por las actividades de los grupos sucesores de los paramilitares.
La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional continúa monitoreando las investigaciones locales de los crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra activa en Colombia y ha asumido el monitoreo de la estructura de control interno del Ejército.
En octubre de 2010, el Congreso colombiano aprobó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta Convención entrará en vigor una vez que sea firmada por el Presidente Santos y aprobada por la Corte Constitucional.
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