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| Comparecencia del ministro Golborne ante la prensa, antes del fracaso proceso. (Radiosantiago.cl) |
Agencias
La Asamblea Ciudadana de la región, propulsora del paro contra el alza del gas, suspendió el proceso en rechazo a una reunión paralela del Gobierno con los alcaldes.
La Asamblea Ciudadana de la región, propulsora del paro contra el alza del gas, suspendió el proceso en rechazo a una reunión paralela del Gobierno con los alcaldes.
Fracasó este lunes la reunión entre el Gobierno de Chile y la Asamblea Ciudadana de la provincia de Magallanes, tras una extensa jornada de negociaciones para buscar una salida al conflicto generado tras el anuncio del alza en el precio del gas en esa región.
El vocero de la Asamblea, José Hernández, afirmó “nosotros estábamos negociando, (…) pero cuando nos enteramos que en mesa aparte se negociaba con los alcaldes y concejales, le expresamos al ministro (Laurence) Golborne que eso no correspondía y que en ese escenario no podemos seguir conversando”.
Hernández cuestionó a los alcaldes de Magallanes pues en su opinión no debieron prestarse para negociaciones paralelas.
El diario La Tercera de Chile afirma en su sitio web que la Asamblea sostuvo que actúan a través del mandato de la ciudadanía y continuarán las paralizaciones de Magallanes, que ya se extienden por seis días.
El propio ministro Golborne, quién viajó hoy a Punta Arenas, a 2.300 kilómetros al sur de Santiago, para reactivar las negociaciones, confirmó a los periodistas el fracaso de la mesa de diálogo.
Golborne insistió que se mantiene el alza del tres por ciento, aunque aseguró que los subsidios para las familias más humildes se han duplicado “lo que significará que prácticamente no existe el alza”.
El ministro sostuvo a los periodistas que se mantendrá en la zona “porque tiene la esperanza” de que las conversaciones vuelvan a empezar y que no le cabe duda de que se llegará a una solución.
En tanto, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que permite a las autoridades perseguir judicialmente a quienes alteren las actividades habituales con bloqueos de calles o caminos, fue rechazada por diversos sectores políticos y sociales, que temen una radicalización de las protestas en la región.
El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que hace unos meses fue mediador en la solución de una huelga de hambre de presos mapuches, consideró “grave” la medida, anunciada la noche del domingo y reiterada este lunes por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
El paro fue convocado por la Asamblea Ciudadana, que aglutina a diversas organizaciones gremiales y sociales de la región, en rechazo a una subida del 16,8 por ciento en el precio del gas, principal combustible de la zona, que además es la única donde se produce y se vende subsidiado a sus habitantes.
El Gobierno anunció una reducción del alza, a sólo un tres por ciento y mantener ese precio hasta octubre próximo, pero la oferta fue rechazada por la comunidad.
Entre la noche del domingo y madrugada del lunes hubo nuevas manifestaciones y algunos disturbios aislados en Punta Arenas, donde dos carabineros resultaron lesionados en un incidente con pobladores, según fuentes policiales.
Según el senador por la zona Carlos Bianchi, unas 8.000 personas se manifestaron en las calles de Punta Arenas en rechazo a la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que también fue rechazada por el alcalde de Punta Arenas, Mimica.
A su juicio, la medida equivale “a apagar un incendio con gasolina”; mientras la diputada por la zona Carolina Goic, en declaraciones a radio Cooperativa, la consideró “una provocación” y “una estrategia equivocada” para tratar de quebrar a la Asamblea Ciudadana.
Dalivor Eterovic, dirigente regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y uno de los portavoces de la Asamblea, acusó al Gobierno de ser “autoritario y violento”, y de estar acostumbrado a a resolver los problemas mediante la violencia.
“Lo hizo en Isla de Pascua, en La Araucanía, y ahora pretende hacerlo en Magallanes”, sostuvo, en declaraciones a la misma radio.Para el presidente del Senado, el democristiano Jorge Pizarro, la medida “es un acto más de abuso y de autoritarismo”.
El vocero de la Asamblea, José Hernández, afirmó “nosotros estábamos negociando, (…) pero cuando nos enteramos que en mesa aparte se negociaba con los alcaldes y concejales, le expresamos al ministro (Laurence) Golborne que eso no correspondía y que en ese escenario no podemos seguir conversando”.
Hernández cuestionó a los alcaldes de Magallanes pues en su opinión no debieron prestarse para negociaciones paralelas.
El diario La Tercera de Chile afirma en su sitio web que la Asamblea sostuvo que actúan a través del mandato de la ciudadanía y continuarán las paralizaciones de Magallanes, que ya se extienden por seis días.
El propio ministro Golborne, quién viajó hoy a Punta Arenas, a 2.300 kilómetros al sur de Santiago, para reactivar las negociaciones, confirmó a los periodistas el fracaso de la mesa de diálogo.
Golborne insistió que se mantiene el alza del tres por ciento, aunque aseguró que los subsidios para las familias más humildes se han duplicado “lo que significará que prácticamente no existe el alza”.
El ministro sostuvo a los periodistas que se mantendrá en la zona “porque tiene la esperanza” de que las conversaciones vuelvan a empezar y que no le cabe duda de que se llegará a una solución.
En tanto, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que permite a las autoridades perseguir judicialmente a quienes alteren las actividades habituales con bloqueos de calles o caminos, fue rechazada por diversos sectores políticos y sociales, que temen una radicalización de las protestas en la región.
El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que hace unos meses fue mediador en la solución de una huelga de hambre de presos mapuches, consideró “grave” la medida, anunciada la noche del domingo y reiterada este lunes por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
El paro fue convocado por la Asamblea Ciudadana, que aglutina a diversas organizaciones gremiales y sociales de la región, en rechazo a una subida del 16,8 por ciento en el precio del gas, principal combustible de la zona, que además es la única donde se produce y se vende subsidiado a sus habitantes.
El Gobierno anunció una reducción del alza, a sólo un tres por ciento y mantener ese precio hasta octubre próximo, pero la oferta fue rechazada por la comunidad.
Entre la noche del domingo y madrugada del lunes hubo nuevas manifestaciones y algunos disturbios aislados en Punta Arenas, donde dos carabineros resultaron lesionados en un incidente con pobladores, según fuentes policiales.
Según el senador por la zona Carlos Bianchi, unas 8.000 personas se manifestaron en las calles de Punta Arenas en rechazo a la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que también fue rechazada por el alcalde de Punta Arenas, Mimica.
A su juicio, la medida equivale “a apagar un incendio con gasolina”; mientras la diputada por la zona Carolina Goic, en declaraciones a radio Cooperativa, la consideró “una provocación” y “una estrategia equivocada” para tratar de quebrar a la Asamblea Ciudadana.
Dalivor Eterovic, dirigente regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y uno de los portavoces de la Asamblea, acusó al Gobierno de ser “autoritario y violento”, y de estar acostumbrado a a resolver los problemas mediante la violencia.
“Lo hizo en Isla de Pascua, en La Araucanía, y ahora pretende hacerlo en Magallanes”, sostuvo, en declaraciones a la misma radio.Para el presidente del Senado, el democristiano Jorge Pizarro, la medida “es un acto más de abuso y de autoritarismo”.
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