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| La Procuraduría colombiana denuncia que los damnificados residen en refugios precarios a la orilla de las carreteras. (Foto: Flickr) |
La Procuraduría General de Colombia denunció que, en los norteños departamentos de Bolívar y Atlántico, algunas de las personas damnificadas a consecuencia de la ola invernal que azotó al país suramericano a finales del pasado año se encuentran en situación crítica.
Durante una visita que funcionarios de la Procuraduría realizaron a la zona, se comprobó que las personas afectadas por las lluvias viven en condiciones inhóspitas, según reseña una nota de prensa publicada en el sitio web de ese órgano del Estado colombiano.
El Ministerio Público indica que muchos de los damnificados residen en viviendas de precaria construcción (cambuches), algunas de ellas hechas con materiales como cartón y zinc, a la orilla de las carreteras, esin acceso a ninguna fuente de agua potable ni servicios sanitarios, bajo fuertes y constantes cambios de temperatura.
Además, la Procuraduría denuncia que en las zonas aún anegadas se evidencia que varios damnificados han construido refugios en condiciones aún más críticas.
A varias semanas de las inundaciones, algunos damnificados expresan que aún no han recibido ninguna ayuda humanitaria, ni siquiera alimentos.
Ante la situación, la Procuraduría ha realizado un llamado al Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para que se agilice la gestión de entrega de ayuda a las personas afectadas por la ola invernal, así como para habilitar albergues temporales con mínimas condiciones de salubridad.
Uno de los municipios más afectados en el sur del Atlántico es Campo de la Cruz, que quedó totalmente inundado por la ruptura de un dique.
El alcalde local, Carlos Gutiérrez Cote, según denuncian los afectados, no ha asumido ninguna de las gestiones en relación con la atención a los damnificados, razón por la cual la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra.
El pasado 6 de enero, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, extendió por 20 días más el estado de emergencia económica, social y ecológica para seguirle haciendo frente a los desastres causados por la temporada de lluvias que, al cierre de 2010, dejó 310 muertos y dos millones 220 mil damnificados.
El estado de excepción inicialmente adoptado el pasado 7 de diciembre por 30 días y dentro de los cuales se emitieron 25 decretos, se prolongará hasta el 28 de este mes.
La Constitución permite al Gobierno adoptar emergencias hasta por 30 días, prorrogables a 90, tiempo en el cual el presidente puede adoptar toda clase de medidas con fuerza de ley sin que estas pasen por el Congreso.
teleSUR-PGR-Caracol/MFD
Durante una visita que funcionarios de la Procuraduría realizaron a la zona, se comprobó que las personas afectadas por las lluvias viven en condiciones inhóspitas, según reseña una nota de prensa publicada en el sitio web de ese órgano del Estado colombiano.
El Ministerio Público indica que muchos de los damnificados residen en viviendas de precaria construcción (cambuches), algunas de ellas hechas con materiales como cartón y zinc, a la orilla de las carreteras, esin acceso a ninguna fuente de agua potable ni servicios sanitarios, bajo fuertes y constantes cambios de temperatura.
Además, la Procuraduría denuncia que en las zonas aún anegadas se evidencia que varios damnificados han construido refugios en condiciones aún más críticas.
A varias semanas de las inundaciones, algunos damnificados expresan que aún no han recibido ninguna ayuda humanitaria, ni siquiera alimentos.
Ante la situación, la Procuraduría ha realizado un llamado al Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para que se agilice la gestión de entrega de ayuda a las personas afectadas por la ola invernal, así como para habilitar albergues temporales con mínimas condiciones de salubridad.
Uno de los municipios más afectados en el sur del Atlántico es Campo de la Cruz, que quedó totalmente inundado por la ruptura de un dique.
El alcalde local, Carlos Gutiérrez Cote, según denuncian los afectados, no ha asumido ninguna de las gestiones en relación con la atención a los damnificados, razón por la cual la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra.
El pasado 6 de enero, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, extendió por 20 días más el estado de emergencia económica, social y ecológica para seguirle haciendo frente a los desastres causados por la temporada de lluvias que, al cierre de 2010, dejó 310 muertos y dos millones 220 mil damnificados.
El estado de excepción inicialmente adoptado el pasado 7 de diciembre por 30 días y dentro de los cuales se emitieron 25 decretos, se prolongará hasta el 28 de este mes.
La Constitución permite al Gobierno adoptar emergencias hasta por 30 días, prorrogables a 90, tiempo en el cual el presidente puede adoptar toda clase de medidas con fuerza de ley sin que estas pasen por el Congreso.
teleSUR-PGR-Caracol/MFD
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