En la madrugada del 17 de enero de 2001, varios paramilitares al mando de Rodrigo Mercado Pelufo alias 'Cadena' irrumpieron al correguimiento de Chengue en San Onofre, Sucre, y asesinaron a 27 personas. Diez años después el crimen y sus cómplices están sin juzgar.
Eran las 3 de la madrugada del 17 de enero de 2001 cuando los pobladores de Chengue escucharon un tropel. Ochenta miembros de las Auc entraron esa noche al pequeño caserío encumbrado en los Montes de María, Sucre. Pateando puertas sacaron a los hombres de las casas y los concentraron en la plaza. Margarita Romero, en ese entonces de 15 años, sintió el alboroto y se asomó al patio. De inmediato comprendió que los paras habían venido a cumplir con la promesa que tantas veces se escuchó como rumor: venían a acabar con el pueblo.
Aterrada, se sentó a esperar su turno. Minutos después dos hombres entraron a su casa y se la llevaron hasta la plaza. Allí, había 23 hombres de Chengue tendidos en el piso, boca abajo. Eran los esposos, hermanos, padres de más de 50 mujeres, reunidas frente a ellos. Uno a uno los iban llamando, los hacían caminar hacia una calle detrás de la plaza, supuestamente para verificar su nombre en un computador. Pero el silencio de la noche delataba lo que estaba ocurriendo. "Apenas se escuchaba el machete", dice Margarita. Todos pasaron por el cadalso. Los mataron con 'la mona', un garrote hecho para partir piedras. Un golpe seco bastaba. No hubo disparos.
Cuando el alba despuntaba, los paramilitares casi habían terminado su labor. Encerraron a las mujeres y le prendieron fuego a cuanto pudieron. En total 25 casas. "Inclusive la de don Evelio López que era la más linda, con una lamparita afuera. A él le mataron un hijo que era retrasado mental", dice otra de las mujeres.
Los paramilitares se fueron sin problema y recorriendo la carretera de Macayepo, Chinulito, hasta la finca El Palmar de San Onofre, desde donde se planeó este horrendo crimen. Ese día murió Chengue.
La justicia y la impunidad
El 19 de octubre de 2009, un juzgado de Sincelejo condenó a la Nación por su omisión en el crimen y ordenó que pagar 2.500 millones de pesos a 195 familiares de las 27 víctimas de la masacre de Chengue.
En su fallo el juez declaró que la Policía y la Infantería de Marina no hicieron nada para proteger a los habitantes de Chengue. Los pobladores llevaban seis meses alertando a las autoridades sobre las amenazas de los paramilitares de los Héroes de los Montes de María del Bloque Norte de las AUC de cometer una masacre.
El juez de Sincelejo también confirmó que algunos miembros de las fuerzas armadas colaboraron con los ‘paras’, al dejar que ingresaran y salieran del pueblo sin problemas. La sentencia además le ordenó a la Nación levantar un monumento en Chengue en memoria de las víctimas de la masacre.
Recientemente, Ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, alias 'Juancho Dique' reconoció haber sido responsable de la masacre y aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.
El ex paramilitar fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo a 23 años y ocho meses de prisión, por su responsabilidad en la masacre de 28 campesinos del corregimiento Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).
El Juzgado concluyó que los daños sufridos por los demandantes les son imputables a las entidades demandadas, en este caso a la Nación, al Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por omisión debido a la ausencia de Fuerza Pública en Chenque y sus alrededores.
Entre el año 2000 y el año 2004, los paramilitares realizaron 16 masacres, que dejaron como saldo un total de 77 víctimas. Estos acontecimientos a su vez precedieron episodios de desplazamiento masivo de familias del departamento hacía distintas zonas del país, ocasionando una grave crisis humanitaria.
El 7 de Noviembre de 2005 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana por la masacre, alegando que el Estado colombiano violó varias normas consagradas en la Convención Americana. El 23 de Julio de 2007, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y se espera que analice la demanda.
La Procuraduría
El paramilitar Elkin Valdiris les contó a las autoridades que la noche anterior a la masacre el grupo de asesinos, encabezados por un sujeto conocido con el alias de ‘Juancho’, se había topado con una patrulla policial en San Onofre. Cuando la Fiscalía investigó este suceso encontró que en efecto unos agentes le habían reportado al teniente Jaime Humberto Gutiérrez Muñoz, comandante del puesto de Policía en esa población, que tres camiones repletos de hombres armados y vestidos de camuflado, que se dirigían hacia el sur de San Onofre, casi los arrollan a las 7:30 de la noche del 16 de enero.
Desde el momento en que le informaron de este incidente el teniente Gutiérrez declaró que había hecho una serie de llamadas a sus superiores, siguiendo el conducto regular, para que las autoridades competentes llevaran a cabo la acción que fuera pertinente. Así quedó consignado en los expedientes judiciales. En éstos además constan testimonios que aseguran que la cadena de llamadas entre los oficiales de la Policía y los de la Armada alcanzó su cúspide cuando el teniente coronel Miguel Angel Yunis, del Batallón Fluvial de Infantería de Marina 3, habló de la situación con el general Quiñones, comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina.
Según un documento de la Armada, sus oficiales consideraron que los datos que recibieron de la Policía eran incompletos, generales y con muchos vacíos. Pese a ello trataron de confirmarlos y alertaron a las unidades que tenían en la zona, que estaban dispuestas para prevenir el anunciado ataque de las AUC, e hicieron retenes sobre la vía entre San Onofre y Tolú Viejo.
Sin embargo, la investigación de la Procuraduría sobre la masacre da cuenta de que en la mañana en que los paramilitares cometieron el crimen, un suboficial de la Armada se reunió con el paramilitar Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, jefe del bloque Montes de María. El encuentro ocurrió en la finca El Palmar, en el municipio de San Onofre, donde el militar le entregó armas, camuflados y municiones a cambio de “un fajo de billetes”.
A las 11 de la noche del mismo día, dos policías reportaron haber visto tres camiones llenos de hombres vestidos de camuflado y armamento de largo alcance en la vía que de San Onofre conduce a Toluviejo.
En los libros de comando de la Policía de Sucre consta que antes de las 12, el coronel Rodrigo Quiñónez, entonces comandante de la primera brigada de Infantería de Marina, fue informado del tránsito de los vehículos con paramilitares.
Después, él les ordenó a sus subalternos verificar la información, a pesar de que “desde ese momento podía ser calificada como clara, actual y seria”, según lo considera la Procuraduría. “Se tornaba irrelevante e inocua una labor de análisis y verificación de los datos”, señala ese ente de control.
Por eso, a la compañía Dragón, que se encontraba cerca de Chengue, a unos ocho kilómetros, nunca le dijeron nada sobre los tres camiones que viajaban por la vía hacia ese corregimiento.
La Procuraduría consideró en su momento, que desde cuando le avisaron al coronel Quiñónez de la presencia de los paramilitares, hasta la hora de la masacre (4:45 de la mañana, aproximadamente), tuvo suficiente tiempo para que sus tropas reaccionaran. Además, “tenía a su disposición los recursos logísticos idóneos para impedir el hecho, y concretamente camiones y helicópteros para transportar la tropa”.
Para el ente de control, los militares sólo reaccionaron después de haberse cometido la masacre. Por eso, ordenó sanciones disciplinarias contra cinco oficiales y suboficiales de la Armada Nacional.
En 2005, el entonces representante Gustavo Petro hizo un debate sobre el paramilitarismo en Sucre. En su intervención, dijo que no entendía por qué la Procuraduría había sido tan drástica con los militares y no con los policías. Para él, éstos fueron quienes realmente permitieron el tránsito de los hombres que masacraron a los campesinos de Chengue.
Según dice, hay evidencias de que en los libros de la Policía de Sucre fueron borradas las horas en que vieron los camiones con hombres armados y vestidos de camuflado. “Eso ocurrió a las 7 y media de la noche, y no a las 11, como dicen”, manifestó Petro.
Con base en testimonios, el entonces representantes denunció que “hasta hubo intercambio de gritos entre los uniformados y los hombres de los camiones”. Pero “sólo vinieron a comunicarle la presencia de los paramilitares a los oficiales de la Armada a las 11, cuando ya ellos estaban en Chengue. Allí esperaron para atacar al amanecer”. Luego, aseveró que “no hay sanciones contra los policías y sí contra los militares, que fueron los únicos que se movieron esa noche”.
Con información de Semana
Eran las 3 de la madrugada del 17 de enero de 2001 cuando los pobladores de Chengue escucharon un tropel. Ochenta miembros de las Auc entraron esa noche al pequeño caserío encumbrado en los Montes de María, Sucre. Pateando puertas sacaron a los hombres de las casas y los concentraron en la plaza. Margarita Romero, en ese entonces de 15 años, sintió el alboroto y se asomó al patio. De inmediato comprendió que los paras habían venido a cumplir con la promesa que tantas veces se escuchó como rumor: venían a acabar con el pueblo.
Aterrada, se sentó a esperar su turno. Minutos después dos hombres entraron a su casa y se la llevaron hasta la plaza. Allí, había 23 hombres de Chengue tendidos en el piso, boca abajo. Eran los esposos, hermanos, padres de más de 50 mujeres, reunidas frente a ellos. Uno a uno los iban llamando, los hacían caminar hacia una calle detrás de la plaza, supuestamente para verificar su nombre en un computador. Pero el silencio de la noche delataba lo que estaba ocurriendo. "Apenas se escuchaba el machete", dice Margarita. Todos pasaron por el cadalso. Los mataron con 'la mona', un garrote hecho para partir piedras. Un golpe seco bastaba. No hubo disparos.
Cuando el alba despuntaba, los paramilitares casi habían terminado su labor. Encerraron a las mujeres y le prendieron fuego a cuanto pudieron. En total 25 casas. "Inclusive la de don Evelio López que era la más linda, con una lamparita afuera. A él le mataron un hijo que era retrasado mental", dice otra de las mujeres.
Los paramilitares se fueron sin problema y recorriendo la carretera de Macayepo, Chinulito, hasta la finca El Palmar de San Onofre, desde donde se planeó este horrendo crimen. Ese día murió Chengue.
La justicia y la impunidad
El 19 de octubre de 2009, un juzgado de Sincelejo condenó a la Nación por su omisión en el crimen y ordenó que pagar 2.500 millones de pesos a 195 familiares de las 27 víctimas de la masacre de Chengue.
En su fallo el juez declaró que la Policía y la Infantería de Marina no hicieron nada para proteger a los habitantes de Chengue. Los pobladores llevaban seis meses alertando a las autoridades sobre las amenazas de los paramilitares de los Héroes de los Montes de María del Bloque Norte de las AUC de cometer una masacre.
El juez de Sincelejo también confirmó que algunos miembros de las fuerzas armadas colaboraron con los ‘paras’, al dejar que ingresaran y salieran del pueblo sin problemas. La sentencia además le ordenó a la Nación levantar un monumento en Chengue en memoria de las víctimas de la masacre.
Recientemente, Ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, alias 'Juancho Dique' reconoció haber sido responsable de la masacre y aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.
El ex paramilitar fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo a 23 años y ocho meses de prisión, por su responsabilidad en la masacre de 28 campesinos del corregimiento Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).
El Juzgado concluyó que los daños sufridos por los demandantes les son imputables a las entidades demandadas, en este caso a la Nación, al Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por omisión debido a la ausencia de Fuerza Pública en Chenque y sus alrededores.
Entre el año 2000 y el año 2004, los paramilitares realizaron 16 masacres, que dejaron como saldo un total de 77 víctimas. Estos acontecimientos a su vez precedieron episodios de desplazamiento masivo de familias del departamento hacía distintas zonas del país, ocasionando una grave crisis humanitaria.
El 7 de Noviembre de 2005 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana por la masacre, alegando que el Estado colombiano violó varias normas consagradas en la Convención Americana. El 23 de Julio de 2007, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y se espera que analice la demanda.
La Procuraduría
El paramilitar Elkin Valdiris les contó a las autoridades que la noche anterior a la masacre el grupo de asesinos, encabezados por un sujeto conocido con el alias de ‘Juancho’, se había topado con una patrulla policial en San Onofre. Cuando la Fiscalía investigó este suceso encontró que en efecto unos agentes le habían reportado al teniente Jaime Humberto Gutiérrez Muñoz, comandante del puesto de Policía en esa población, que tres camiones repletos de hombres armados y vestidos de camuflado, que se dirigían hacia el sur de San Onofre, casi los arrollan a las 7:30 de la noche del 16 de enero.
Desde el momento en que le informaron de este incidente el teniente Gutiérrez declaró que había hecho una serie de llamadas a sus superiores, siguiendo el conducto regular, para que las autoridades competentes llevaran a cabo la acción que fuera pertinente. Así quedó consignado en los expedientes judiciales. En éstos además constan testimonios que aseguran que la cadena de llamadas entre los oficiales de la Policía y los de la Armada alcanzó su cúspide cuando el teniente coronel Miguel Angel Yunis, del Batallón Fluvial de Infantería de Marina 3, habló de la situación con el general Quiñones, comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina.
Según un documento de la Armada, sus oficiales consideraron que los datos que recibieron de la Policía eran incompletos, generales y con muchos vacíos. Pese a ello trataron de confirmarlos y alertaron a las unidades que tenían en la zona, que estaban dispuestas para prevenir el anunciado ataque de las AUC, e hicieron retenes sobre la vía entre San Onofre y Tolú Viejo.
Sin embargo, la investigación de la Procuraduría sobre la masacre da cuenta de que en la mañana en que los paramilitares cometieron el crimen, un suboficial de la Armada se reunió con el paramilitar Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, jefe del bloque Montes de María. El encuentro ocurrió en la finca El Palmar, en el municipio de San Onofre, donde el militar le entregó armas, camuflados y municiones a cambio de “un fajo de billetes”.
A las 11 de la noche del mismo día, dos policías reportaron haber visto tres camiones llenos de hombres vestidos de camuflado y armamento de largo alcance en la vía que de San Onofre conduce a Toluviejo.
En los libros de comando de la Policía de Sucre consta que antes de las 12, el coronel Rodrigo Quiñónez, entonces comandante de la primera brigada de Infantería de Marina, fue informado del tránsito de los vehículos con paramilitares.
Después, él les ordenó a sus subalternos verificar la información, a pesar de que “desde ese momento podía ser calificada como clara, actual y seria”, según lo considera la Procuraduría. “Se tornaba irrelevante e inocua una labor de análisis y verificación de los datos”, señala ese ente de control.
Por eso, a la compañía Dragón, que se encontraba cerca de Chengue, a unos ocho kilómetros, nunca le dijeron nada sobre los tres camiones que viajaban por la vía hacia ese corregimiento.
La Procuraduría consideró en su momento, que desde cuando le avisaron al coronel Quiñónez de la presencia de los paramilitares, hasta la hora de la masacre (4:45 de la mañana, aproximadamente), tuvo suficiente tiempo para que sus tropas reaccionaran. Además, “tenía a su disposición los recursos logísticos idóneos para impedir el hecho, y concretamente camiones y helicópteros para transportar la tropa”.
Para el ente de control, los militares sólo reaccionaron después de haberse cometido la masacre. Por eso, ordenó sanciones disciplinarias contra cinco oficiales y suboficiales de la Armada Nacional.
En 2005, el entonces representante Gustavo Petro hizo un debate sobre el paramilitarismo en Sucre. En su intervención, dijo que no entendía por qué la Procuraduría había sido tan drástica con los militares y no con los policías. Para él, éstos fueron quienes realmente permitieron el tránsito de los hombres que masacraron a los campesinos de Chengue.
Según dice, hay evidencias de que en los libros de la Policía de Sucre fueron borradas las horas en que vieron los camiones con hombres armados y vestidos de camuflado. “Eso ocurrió a las 7 y media de la noche, y no a las 11, como dicen”, manifestó Petro.
Con base en testimonios, el entonces representantes denunció que “hasta hubo intercambio de gritos entre los uniformados y los hombres de los camiones”. Pero “sólo vinieron a comunicarle la presencia de los paramilitares a los oficiales de la Armada a las 11, cuando ya ellos estaban en Chengue. Allí esperaron para atacar al amanecer”. Luego, aseveró que “no hay sanciones contra los policías y sí contra los militares, que fueron los únicos que se movieron esa noche”.
Con información de Semana
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