Vía Blackberry, Uribe defiende sus tres huevitos

 Uribe defiende sus tres huevitos

Durante las pasadas elecciones, el entonces presidente Álvaro Uribe le hizo campaña a Juan Manuel Santos apelando a la metáfora de la gallina ‘Doña Rumbo’ y sus tres huevitos. Ahora, cuando Uribe ve que por lo menos uno de esos huevitos está a punto de ‘enguararse’ redobla sus esfuerzos para ganarle al presidente Santos el pulso por el liderazgo de la U en el Congreso.

La pugna entre santistas y uribistas se está dando en dos escenarios, que se tienen que definir esta semana. El más visible es el de la Ley de Víctimas, donde personas cercanas al expresidente dentro de la U –incluido su director Juan Lozano- han decidido reabrir la discusión para diferenciar entre las victimas de los grupos armados ilegales y las del Estado.

La otra –que se está dando más a puerta cerrada– es alrededor de la reforma tributaria y, más específicamente, sobre el tema de la eliminación del 30 por ciento de la exención para las inversiones en activos fijos.

Esta exención, creada en diciembre de 2003 por el gobierno de Álvaro Uribe como un estímulo a la inversión, consiste en deducirle a las empresas el 30 por ciento del impuesto de renta si invierten en maquinaria. El beneficio tributario se estableció inicialmente por tres años, pero en diciembre de 2006 Uribe volvió la política permanente.

Aunque el gobierno de Uribe siempre defendió que esta exención había impulsado la inversión, un estudio de los economistas Marcela Meléndez (Econ Estudio) y Arturo Galindo (BID), publicado en marzo de 2010, demostró que esto no fue así.

Según los investigadores, si bien es cierto que cuando se creó esta deducción en 2003, la inversión se disparó (venía creciendo en promedio un 8 por ciento durante la primera mitad de la década y entre 2004 y 2007 saltó a un promedio del 16 por ciento), no fue gracias a la exención.

Después de controlar los demás factores económicos del momento, Meléndez y Galindo demuestran que el auge en la inversión obedeció más a factores macroeconómicos, como mayores flujos de capital, que a la política tributaria. Una de las razones para esto, dicen, podría ser que la deducción podría no haber sido lo suficientemente grande como para afectar la inversión de manera significativa.

El Ministerio de Hacienda calcula que esta exención a los empresarios le cuesta al país cada año cuatro billones de pesos (cuatro millones de millones de pesos). Es decir, que con lo dado a los empresarios en los últimos siete años se pagaría más de la mitad de lo que cuesta la Ley de Víctimas, cuyas implicaciones fiscales han sido gran motivo de preocupación para los uribistas.

En diferentes foros, el ministro Juan Carlos Echeverry ha explicado cómo este beneficio tributario no es sostenible, ni justo, ni útil socialmente. Por eso, cuando lanzaron el proyecto de ley de Primer Empleo a inicios del gobierno, acordaron en la Mesa de Unidad Nacional y con el sector privado su desmonte.

Sin embargo, no fue acordado con el expresidente Uribe y él no da su brazo a torcer en este punto, que considera uno de los ejes de su política de confianza inversionista.

La Silla Vacía confirmó que durante los debates, Uribe les ha mandado insistentes mensajes de texto y chats a los blackberry de los congresistas de la U, haciendo lobby a favor de mantener la exención. Y su presión ha sido tan efectiva que ya los de la U le han hecho saber al Gobierno que votarán en contra de su eliminación.

“Yo no dudo que en áreas como la minería y el petróleo tiene sentido desmontar esta exención porque con exención o sin ella invertirían”, explicó Juan Lozano a La Silla Vacía. “Pero en otros sectores, donde esto ha servido para promover una modernización de la base productiva, para lograr una expansión empresarial, quitarla puede tener un efecto negativo sobre la economía”.

Lozano admitió que “este es un punto de preocupación para el expresidente” pero dice que, independientemente de la opinión de Uribe, su posición es que dadas las implicaciones de desmontar esta exención, la U tiene que contar con todos los elementos de juicio antes de apoyar la iniciativa y que por eso le pidieron al ministro Echeverry más información.

Otro punto de honor: las víctimas del Estado

Una posición similar –“de estudiar más a fondo la iniciativa”– ha asumido Lozano respecto a otro punto de honor para el expresidente Uribe: el procedimiento para reparar a las víctimas del Estado.

La semana pasada, durante el debate al proyecto de ley en la plenaria de la Cámara, el senador de La U, Manuel Enríquez Rosero, uno de los consentidos de Uribe, advirtió que “la bancada se comprometió a defender la propuesta de que habrá responsabilidad por parte de agentes del Estado sólo cuando haya sentencia previa tramitada mediante procedimiento abreviado”.

La propuesta de diferenciar entre las víctimas de los agentes del Estado y las de los grupos armados ilegales también fue respaldada por el director del Partido. Lozano dijo que sobre los funcionarios públicos recae una presunción de buena fe y que por ende, el tratamiento a las víctimas de agentes del Estado no puede ser idéntica a la de las víctimas de la guerrilla y de los paramilitares.

Esta diferenciación entre víctimas ha sido defendida a capa y espada por el expresidente Uribe. En una entrevista que concedió al diario El Colombiano, de Medellín, este fin de semana el exmandatario volvió a decir que equiparar la Fuerza Pública con los grupos armados y tratar a las víctimas de ambos por igual podría generar "desmotivaciones de la Fuerza Pública". Y ha trinado varias veces lo mismo durante el fin de semana.

“Por eso vengo sosteniendo que, para reparar a quien alega ser víctima de un agente del Estado, por lo menos se debería exigir una sentencia judicial que resulte de un proceso abreviado”, dijo Uribe. Al parecer –porque no lo dice públicamente– su principal preocupación es que la indemnización de las víctimas del Estado termine configurando una prueba de sistematicidad de crímenes del Estado que puede ser usado después por sus enemigos para llevarlo a tribunales internacionales (ver artículo).

Juan Lozano dice que esta diferenciación entre unas víctimas y otras es una posición que vienen planteando desde el principio los congresistas antiguos de la U, que son más o menos la mitad de la bancada. Sin embargo, el presidente Santos, que se supone es el líder natural de su partido, ha reiterado desde que presentó personalmente el proyecto acordado por la Mesa de Unidad Nacional que no habrá ninguna diferencia en el tratamiento entre las víctimas de las guerrillas y los paras y las de los agentes del Estado.

"La insistencia del partido de la U de excluir víctimas de agentes de Estado de la indemnización administrativa devuelve años la discusión", dijo a La Silla Vacía Guillermo Rivera, ponente liberal de la iniciativa. "Eso fue lo que impidió que nos pusieramos de acuerdo con el Expresidente Uribe y fue justo con lo que desde el primer momento el Presidente Santos marcó diferencia con su antecesor. Santos aceptó la tesis de que no se podían discriminar víctimas en consideración al tipo de victimario, lo que sin duda significaría trato discriminatorio y desconocimiento de los principios internacionales, como por ejemplo los consignados en la resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que Colombia participó y acogió".

Esta discriminación fuera de poner en riesgo el respaldo de la Corte Constitucional amenaza también la cooperación internacional –sobre todo la de la Unión Europea– para poner a andar esa ley.

Lo paradójico es que la posición defendida por Enríquez Rosero y Lozano va incluso en contravía de lo acordado la semana pasada por los ponentes de la ley con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar. En cabeza del viceministro Rafael Guarín, quien es cercano a Uribe, el sector castrense había manifestado su temor de que, al reparar a las víctimas de soldados y policías, el Estado estuviera aceptando de facto la comisión de un hecho ilegal, que pudiera dar pie a procesos penales y de responsabilidad del Estado.

En esta reunión en Palacio, con la presencia del presidente Santos, los ponentes aceptaron incluir un artículo en la Ley de Víctimas que dijera explícitamente que en el expediente de reparación a las víctimas del Estado se borraría el nombre del potencial victimario para evitar que de este proceso administrativo de reparación se derivaran juicios penales. Con esto, tanto la cúpula como el Ministerio de Defensa quedaron tranquilos. Y los ponentes confiaban que superado ese impasse, esta semana se aprobaría tal cual la Ley en la Cámara de Representantes.

Pero Juan Lozano dijo a La Silla Vacía que cuando se discutió en esa reunión con el Presidente lo de las víctimas del Estado solo estaban presentes los liberales, porque no lo habían invitado ni a él ni al presidente del Partido Conservador y que solo cuando el Presidente Santos se percató de eso los mandó a llamar. Pero que cuando llegaron, la reunión estaba por terminar y que esa es la razón por la cual no se acordó ni con La U ni con los conservadores si debería o no incluirse un juicio sumario sobre agentes del Estado previo a la reparación.

Es cierto que a Lozano y al director de la U los llamaron tarde cuando se dieron cuenta que Guillermo Rivera había llegado a la reunión con Rafael Pardo, el director del Partido Liberal. Pero desde el principio del encuentro estaban todos los ponentes de los partidos de la Unidad Nacional, incluidos los de la U y los conservadores. Por parte de la U estaba además Armando Benedetti, que jugó un papel clave en la concertación. Y por parte de los conservadores estaban los representantes Óscar Fernando Bravo y Juan Carlos García.

Lozano dijo a La Silla Vacía que pese a las dudas que aún tienen, La U hará quórum y apoyará la ley para que haga tránsito y que en todo caso, la deteminación final se adoptará en el Senado.

Según dijo a La Silla Vacía un congresista que le oyó decir a un colega cercano a Uribe, la estrategia que el expresidente sugirió a sus alfiles en el Congreso era reventar la coalición impidiendo que la Ley de Víctimas saliera adelante como fue acordada en la Mesa de Unidad Nacional. En términos concretos, la estrategia sería hacerle modificaciones de último momento –como la propuesta del PIN de eliminar la reparación administrativa– para dejar sin dientes la ley y provocar la salida de los liberales y de Cambio Radical de la coalición. En los próximos días se verá si la llevan a cabo.

En conclusión, ‘la aplanadora’ de Santos se enfrentará esta semana a su primera gran prueba y ya dependerá de los ministros Echeverry, Germán Vargas Lleras y Juan Camilo Restrepo, e incluso del mismo Presidente, demostrar qué tan comprometidos están con estas iniciativas. 

Dependiendo de cómo se resuelvan estos dos puntos claves para el Gobierno en la Ley de Víctimas y la Tributaria, esta semana se sabrá si en La U manda en realidad Uribe o si sigue siendo el partido del Presidente Santos.

La Silla Vacia