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| Partido Comunista Colombiano |
Declaración política PCC
El contexto en el que examinamos el nuevo gobierno, el desarrollo de la lucha popular y las tareas del PCC, toma en cuenta cinco criterios guía a considerar:
- América Latina confronta una contraofensiva de la derecha orientada a desestabilizar los gobiernos democráticos y a reformatear y consolidar los regímenes aliados del imperialismo
- Importa resaltar el contenido de clase del continuismo en el actual gobierno colombiano como aspecto predominante frente a las rectificaciones y cambios de forma
- El rechazo al modelo económico y social del gobierno Santos exige la lucha por acuerdos de solución política para poner fin a la guerra, el retiro de las tropas extranjeras, la soberanía frente al saqueo de las riquezas naturales, el cese de la criminalización de los opositores y dirigentes populares, la vigencia plena de las libertades y derechos
- El partido debe vincular su trabajo teórico y práctico a los desarrollos acelerados de los movimientos de los trabajadores, de sus expresiones regionales y etnosociales que reflejan un nuevo momento de las luchas de masas en gestación
- En el marco del Bicentenario y el de 80 Aniversario el norte de la lucha de los comunistas, de los revolucionarios y demócratas pasa por el fortalecimiento de la unidad de la izquierda, su contribución positiva a la consolidación del Polo como instrumento político
Los resultados electorales de mayo y junio
La elección presidencial en donde Santos logra reunir un volumen de más de nueve millones de votos congregó el uribismo, incluso al propio Uribe quien no pudo imponer su candidato como nominado oficial del partido conservador.
El resultado electoral de mayo y de junio muestra una relativa reducción de la oposición. El Polo con una votación de 1.340.000 votos, prácticamente baja a la mitad su fuerza de 4 años antes. Y la bajísima votación del candidato liberal, de alrededor de 600.000 votos, estuvo marcada por la desbandada de sus parlamentarios hacia la candidatura de Santos. El partido Verde aparece sin una definición política, menos aún como fuerza opositora.
Dos aspectos se pueden destacar: con la consigna de “prosperidad democrática”, Santos llama a la unión nacional y reagrupa fuerzas del antiguo uribismo, pero también algunos sectores críticos. Esto explica la incorporación de Cambio Radical y de su jefe del señor Vargas Lleras al frente del Mininterior. Por otra parte, logra atraer al partido liberal. Por fuera de la unión nacional está el PIN que votó por Santos y ha pedido ingresar en dicho agrupamiento.
Es necesario señalar que las diferencias de Santos y Uribe corresponden a enfoques distintos sobre aspectos que no comprometen la reproducción del poder de la gran burguesía. Washington, de su parte, expresó en su momento su oposición a la reelección de Uribe. Tales diferencias no justifican las ilusiones del oportunismo en una pretendida tendencia progresista y humanitaria, representada por el Vicepresidente Garzón. Tampoco tiene sustento en la realidad la tentación en sectores del propio PDA e inclusive del PCC, en el sentido de pensar posible una colaboración con el gobierno como lo ha planteado Petro en el plano de la política agraria, en el tema de la restitución a las víctimas y el del agua, como aspectos puntuales de una supuesta coincidencia.
Sobre el continuismo
El gobierno de Santos refleja en sus rasgos principales la continuidad de las líneas económicas y sociales del proyecto de clase que se desenvolvió en los últimos ocho años del gobierno uribista y que a su vez es una continuación de las políticas tradicionales de la gran burguesía colombiana.
Con Santos un sector representativo de la gran burguesía tradicional aliada de Washington asume las riendas del poder ejecutivo; este sector coloca los intereses de clase por encima de los desbordes autoritarios y personalistas que caracterizaron el gobierno de Álvaro Uribe. Un elemento demostrativo es la rectificación de la política exterior de confrontación con Venezuela puesta en práctica inmediatamente después de la posesión del nuevo gobierno y su acercamiento a Unasur frente al intento de golpe en Ecuador. La actitud de dialogo hacia las cortes muestra un estilo diferente que esconde de todas maneras la iniciativa de una reforma de la justicia y de la rama jurisdiccional, de profunda inspiración de derecha.
La incorporación de Angelino Garzón como aliado incondicional en la vicepresidencia, impuesta por Santos frente a la presión de la ultraderecha uribista y de otros sectores que se oponían a esa amalgama política, tiene un claro sentido cuando se observa la política de división sindical, de justificación de la política represiva del gobierno frente al sindicalismo, el fomento del paralelismo sindical que se conjuga con un enfoque corporativista de cooptación de grupos de afrocolombianos, de indígenas, de la mujer y la juventud.
La seguridad democrática y concretamente los operativos de guerra con intervención directa y directiva del Comando sur de los EEUU, constituye el eje principal de la política represiva del régimen. Aunque la Corte Constitucional declaró inexistente el tratado de cesión de las siete bases militares, Juan Manuel Santos ha establecido un acuerdo con Obama para no precipitar una discusión sobre este tema en el congreso colombiano, continuar con el Plan Colombia en cuanto a financiamiento militar, aunque disminuido en algunos montos; la presencia de asesores militares y de contratistas, en el desarrollo de las operaciones y en varios acantonamientos militares en todo el territorio nacional. Los bombardeos en el Putumayo y más recientemente en La Macarena con el asesinato del dirigente guerrillero Jorge Briceño contaron con la participación directa de EEUU mediante la utilización de bombas inteligentes. De hecho se demuestra que si existe un conflicto político-militar en el país que tiene aspectos de una guerra civil, mientras el Estado colombiano no tiene una política de paz y el presidente Santos no ha formulado nada al respecto, ni siquiera en el nivel de los acuerdos humanitarios y de humanización de la guerra.
La denominada degradación del conflicto en el fondo está mostrando la crueldad de la matanza entre colombianos, que se acentúa con la participación de un ejército extranjero en la dirección de las operaciones y el contenido de clase que el gobierno vierte y expresa a través de la propaganda de guerra, la euforia militarista y la embriaguez del discurso por la muerte de un jefe guerrillero mostrado como el único causante de la crueldad y de los estragos en la vida económica-social y política del país. Sobre el tapete se ha puesto la necesidad de ponerle fin a la guerra como lo están planteando los sectores progresistas a nivel mundial. Esta forma de la confrontación no tiene una solución militar. La política de guerra del Estado en este momento se basa en la lógica de una salida militar, de un exterminio de la insurgencia para arrodillarla hacia la rendición y lo que eso implica es una expansión y crudelización del conflicto en todos los aspectos, con las respectivas respuestas que son previsibles del bando contrario.
El tema a considerar es cómo ponerle fin a la guerra contra la insurgencia y contra la población civil, que se expresa en el desconocimiento del DIH, en los continuos bombardeos en zonas pobladas, en la criminalización de los opositores, en las desapariciones y asesinatos de dirigentes agrarios y sindicales, en las amenazas, en el refugio interno masivo y en la pretendida limpieza social. Este punto tiene audiencia mundial y latinoamericana muy fuerte, en contraposición a la tendencia de extender el conflicto a los países vecinos como parte de la ofensiva derechista en la que el régimen colombiano se hizo instrumento de los halcones norteamericanos para desestabilizar los regímenes democráticos en Ecuador y Venezuela. Ponerle fin al conflicto armado en Colombia implica sobre todo una gran decisión nacional, con intervención democrática y popular, en la búsqueda de una salida de otra naturaleza. Los comunistas hemos clamado por una solución política por la vía del diálogo y la negociación. La tarea del momento está en la necesidad de derrotar la solución militar que pregona el régimen con el apoyo del imperialismo. Se requiere crear las condiciones políticas e ideológicas para aclimatar una paz justa, democrática y en soberanía. La vía de la salida política reclama la intervención social y popular en el país, con el apoyo activo de las fuerzas pacifistas en el plano internacional. Los gobiernos hermanos y los movimientos antiimperialistas de Latinoamérica y el mundo comprenden la urgencia de neutralizar la utilización del conflicto colombiano como un pretexto para la desestabilización de los procesos democráticos y el favorecimiento de formas de intervencionismo militar en América latina.
La continuidad de una política de clase.
La política económica del gobierno de Santos está concebida para dar continuidad a la estrategia de acumulación capitalista que se adelanta en el país desde hace varias décadas. En sentido estricto, podría afirmarse que se asistirá a una profundización del proceso de neoliberalización a juzgar por el paquete de reformas que ha sido presentado por el Gobierno al Congreso.
De manera particular debe destacarse la pretensión de avanzar en la constitucionalización del modelo neoliberal. A los diseños de la Constitución de 1991 de una banca central autónoma, que han facilitado la imposición de una política monetaria y cambiaria que privilegia el control de la inflación, se le pretende agregar ahora el llamado derecho a la sostenibilidad fiscal. Con ello, se busca darle fundamento constitucional a la llamada regla fiscal, esto es, a la imposición de una política de una austeridad fiscal selectiva para generar un superávit primario que permita garantizar el pago del servicio de la deuda pública. Se trata de un ataque certero al mandato constitucional de garantizar derechos fundamentales en momentos en que, por una parte, se incrementan las demandas ciudadanas y la presión internacional por una reparación integral de las víctimas del conflicto social y armado y, en especial, del modelo narcoparamilitar de acumulación por desposesión. Y por la otra, en que se exige una respuesta estatal con disposición de recursos para enfrentar el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población, expresado en el nivel de desempleo (cerca del 13%, el más alto de América Latina), los elevados índices de informalidad (entre el 59% y el 64%, según las fuentes), y la tendencia creciente a la flexibilización y la precarización del trabajo.
De aceptarse las estimaciones sobre ingresos adicionales por 80.000 millones de dólares durante la próxima década, fruto del inmisericorde saqueo de nuestros recursos mineros y de hidrocarburos por parte del capital transnacional, es evidente que el límite que hoy se le quiere poner al gasto social busca hacer sostenible fiscalmente, como ya se dijo, el pago de la deuda, la solución militar al conflicto armado y además liberar recursos para contribuir a la financiación de la infraestructura requerida por el proyecto de acumulación extractivista.
Ello también explica el porqué de la reforma constitucional al régimen de regalías. Más allá del hecho de su robo por la “clase política” regional, por cierto, de la misma que ha contribuido a sostener el proyecto uribista de la “seguridad democrática”, lo que está en juego son los diseños que manda el ordenamiento jurídico para la distribución y la gestión de esos recursos. Si bien es cierto que el proyecto de acto legislativo prevé un porcentaje para compensar las diferencias en el desarrollo interregional, lo cual es positivo, en realidad ese no es más que el atractivo con el que se quiere vender una reforma que busca centralizar el manejo de buena parte de las regalías en el Banco de la República, a fin de disponerlas en función de los propósitos neoliberales de la política económica. En particular, debe esperarse su disposición para la financiación de proyectos infraestructurales. En ese contexto debe ser leído el proyecto de ley de ordenamiento territorial.
El alistamiento estructural de la política económica se aprecia por otra parte, en los proyectos de reforma al régimen de seguridad social en salud y al régimen de educación superior. En el caso del régimen de salud se trata primordialmente de garantizar la rentabilidad del negocio de las EPS. En educación superior, se busca profundizar la estrategia de desfinanciación de las universidades públicas y de incrementar la presión hacia políticas privatizadoras.
El proyecto de ley de restitución de tierras, además de representar un intento de lavado a la fachada ensangrentada del régimen de la seguridad democrática, si se mira desde el punto de vista económico, tiene como preocupación central el desarrollo del mercado de tierras en momentos en los que la estrategia de acumulación minera, de hidrocarburos y de agrocombustibles demanda la aclaración de derechos de propiedad espurios, adquiridos a sangre y fuego, forzando el desplazamiento de millones de colombianos. La legalización de la propiedad o su restitución se constituye en una movida clave para la posterior compraventa o para su incorporación en el mercado de capitales si eventuales pagos o indemnizaciones ocurren con bonos de tesorería. A una expropiación violenta, le siguen ahora diseños legales que buscan mostrar relaciones “modernas” con derechos de propiedad legalmente adquiridos, sin que ello represente modificación alguna en lo esencial de la estrategia capitalista de alistamiento del territorio para la explotación transnacional.
El alistamiento estructural de la política económica se aprecia por otra parte, en los proyectos de reforma al régimen de seguridad social en salud y al régimen de educación superior. En el caso del régimen de salud se trata primordialmente de garantizar la rentabilidad del negocio de las EPS. En educación superior, se busca profundizar la estrategia de desfinanciación de las universidades públicas y de incrementar la presión hacia políticas privatizadoras.
El proyecto de ley de formalización y de primer empleo, retirado transitoriamente por el Gobierno, prosigue con la estrategia de flexibilización laboral, y dice buscar la generación de empleo y la formalización de informales con medidas cosméticas a través de un régimen de incentivos tributarios al “autoempleo” y a pequeños empresarios, de dudosa consistencia y posibilidad de financiación.
Al tiempo que se han emprendido las mencionadas reformas, el gobierno de Santos ha tenido que enfrentar –con las mismas recetas neoliberales- la herencia macroeconómica de los gobiernos de Uribe: un hueco de cerca de 24 billones de pesos, acompañado de una deuda pública en ascenso (184.95 billones a junio de 2010; de ellos 127, 58 billones, interna y 57.36 billones, externa). Y ha mantenido y consolidado el régimen de incentivos extremos al gran capital.
En suma, con el paquete de reformas económicas neoliberales en curso asistimos a la mayor fundamentación de un proyecto político-económico que acentúa la transnacionalización y la desnacionalización de la economía con base en la reprimarización y la terciarización precaria. Para su diseño Santos se ha rodeado de un equipo de tecnócratas de reconocida trayectoria, que goza de la confianza del gran capital y de los organismos multilaterales.
Un ambiente que conspira contra las libertades.
No se observa un deslinde claro del gobierno Santos con las mafias narco paramilitares incrustadas en el Estado. Así lo demuestran la permanencia en su cargo del jefe del DAS, no obstante estar seriamente cuestionado y denunciado por sus subalternos; la lentitud de la Fiscalía para actuar en el desarrollo de estas investigaciones, tomar medidas que golpeen seriamente las causas de toda la política de espionaje y de persecución a la oposición, las cortes, los sindicalistas. La vinculación del DAS, en alianza con los paramilitares, en la liquidación de dirigentes activistas y voceros de los trabajadores y de la izquierda en el país, como ha sido denunciado, es clara señal de una política ordenada desde la propia presidencia.
La Corte Suprema de Justicia, que sostuvo serias contradicciones con Uribe, ha negociado con Santos posponer a 2011 una nueva contra reforma destinada a limitar la tutela, reducir los poderes de la Corte Constitucional y modificar la forma de elección del fiscal general. La Procuraduría ha condenado a Piedad Córdoba a la destitución y la inhabilidad política por 18 años, en una abierta demostración de persecución política, criminalización de la búsqueda de la paz e instauración del delito de opinión. Esa agresiva actitud se perfila contra la senadora Gloria Inés Ramírez, el secretario general del PCC y dirigentes del Polo. Otras medidas del Procurador, personaje proveniente del extremismo confesionalista, indican una conducta medieval frente a temas como el aborto, la libertad sexual y una obsecuencia uribista en sus conceptos sobre la reelección o el tratado sobre bases militares. Se producen medidas contra algunos de los funcionarios vinculados con la casa de Nariño y dejando por fuera el señalamiento de fondo de las responsabilidades en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez. La comisión de acusaciones de la Cámara, de mayoría uribista, quiere soslayar la investigación de fondo sobre la responsabilidad del ex presidente. De hecho algunas demandas han sido interpuestas ante la Corte Penal Internacional al cerrarse las posibilidades internas de un juzgamiento de acuerdo con la constitución vigente.
Los debates del Polo en Cámara y Senado han desenmascarado ante el mundo los cementerios clandestinos como el caso La Macarena y puesto de manifiesto el abundante número de otros en distintos lugares del país. Una experiencia muy rica ha dejado la audiencia internacional y la visita de personalidades que han comprobado la falsedad de los desmentidos de los mandos militares y del gobierno. Las denuncias sobre los denominados falsos positivos o asesinatos por parte de autoridades, continúan en el primer plano de los señalamientos por parte de las distintas organizaciones de DDHH en el país y el exterior.
En lo que va transcurrido del año han sido asesinados 46 líderes de proyectos de restitución de tierras arrebatadas por grupos paramilitares, ocho de ellos en la región del Urabá antioqueño, como fue el caso de Hernando Pérez, ultimado a escasas tres horas después de haber recibido los títulos de propiedad de 34 familias que habían sido desposeídas. La lucha por la tierra y la reparación de las víctimas exige la movilización unitaria y organizada de los movimientos populares agrarios, indígenas y afros como interlocutores legítimos.
Se acentúan las detenciones arbitrarias en complicidad con el paramilitarismo contra dirigentes populares. El sindicalista Carmelo Agámez, el líder popular de Barrancabermeja David Rabelo, miembro del comité central del PCC y el ex concejal de Rivera, Huila, Gil Trujillo, conforman, junto al profesor Miguel Ángel Beltrán y la socióloga Liliany Obando, un grupo de presos políticos por cuya libertad se hace preciso mover las fuerzas de la solidaridad.
El PCC debe reafirmar iniciativas para reactivar la lucha por las libertades: la necesidad de una ley de víctimas que garantice la verdad, la justicia y la reparación; la creación de una Comisión de la Verdad, como lo ha propuesto la Corte Suprema, entre otras.
El papel de la izquierda en la coyuntura actual.
Es un hecho que la izquierda, encabezada por el PDA, no logró crear una propuesta alternativa clara frente al continuismo uribista en todo el proceso electoral que culminó con las elecciones de este año. En tales condiciones, como lo señaló la Resolución política del Pleno de abril del presente, el PCC llamó a votar por Gustavo Petro y Clara López “como un acto responsable de solidaridad con la unidad del Polo”. Y agregó que respaldaba “los puntos del programa de Petro que se identifican con el Ideario de Unidad”.
Una explicación posible está en el debilitamiento del PDA, claro reflejo de los distintos episodios de sus crisis internas, cuya característica principal ha sido la pretensión de las tendencias conciliadoras de llevar a la liquidación el proceso unitario encarnado por el Polo. De manera consciente, tales tendencias replican las pretensiones de la derecha de crear una izquierda domesticada o manejable. Estas tendencias conciliadoras proponen el acercamiento con el gobierno de Santos, pasando por encima de las propias reglas estatutarias e imponer, por vías de hecho, una política distinta al proceso que representa el Polo.
La reflexión sobre el papel del PDA como proceso unitario y su relación con el horizonte de las luchas sociales en la perspectiva del desarrollo político implica su proyección, acercamiento y alianza con otras fuerzas en función de la conformación de un vasto movimiento o un amplio frente que permita plantearse grandes objetivos para la democratización del país y la paz.
Uno de los puntos del debate pregunta cuál es el camino que el Polo debe tomar en una política de alianzas. Las tendencias conciliadores han planteado insistentemente y ahora lo hacen con una actitud mucho más agresiva, la idea de acercarse a los partidos del centro y reorientar la política del Polo hacia la derecha. Esta propuesta entra en choque con la realidad misma del PDA y la esencia de un proceso que ha conducido a unificar tendencias muy diversas de la izquierda colombiana en una forma de unidad de acción política incluyente de partidos y sectores sociales, en el marco de una propuesta de izquierda, que se desnaturaliza si cambia su orientación política fundamental.
Hay que decir que los sectores de la izquierda en el seno del Polo hemos carecido de la suficiente capacidad para desarrollar con un criterio de amplitud, de profundización y de audacia, iniciativas propias, propuestas avanzadas de articulación de la lucha del Polo con las luchas sociales. Está claro que los procesos electorales y la acción parlamentaria tienen una trascendental importancia para la izquierda, la lucha popular y el desarrollo del Polo. Precisamente por eso se ha tornado necesario abrir una discusión estratégica sobre hacia dónde debe orientarse la unidad de la izquierda en las actuales coyunturas, cómo superar los cuellos de botella y los atajos por donde se ha pretendido desviar la orientación original, profundamente creativa y atractiva del Polo en dirección hacia amplios sectores del pueblo y la opinión democrática.
Qué significa unir la izquierda y fortalecer el Polo.
Proponemos mirar con especial atención los recientes procesos regionales y etnosociales que han protagonizado movilizaciones, huelgas y marchas de gran significado en términos de denuncia, agitación de objetivos de lucha popular y de coordinación. No se trata de acciones espontaneas, conllevan esfuerzos conscientes de organización, de logística y preparación con el apoyo de sectores revolucionarios. Reflejan una tendencia objetiva al crecimiento de la izquierda política en Colombia, como una contrapartida, en parte, a la desintegración del bipartidismo y una respuesta, en parte, al surgimiento de los partidos regionales del narco paramilitarismo, que han opacado las denuncias y bloqueado las posibilidades de acción del movimiento popular. Una forma concreta de la llamada derechización del país ha sido el copamiento por la derecha de los gobiernos regionales y de las instituciones electivas en la mayor parte de las regiones del país.
El Polo como proceso de unidad debe comprender que no toda la izquierda está en su seno y que su proyecto actual tiene que ampliarse, aproximarse, crear las condiciones de unidad de acción y de compromisos políticos adecuados que hagan posible desarrollar con mucho mayor ímpetu el proceso de unidad. El Polo puede aportar su desarrollo programático y su experiencia de lucha en el nivel político por un cambio democrático en el país. Tal cambio, entendido en términos de poder, implica una solución política del conflicto armado, una reforma agraria como solución del problema de la tierra; una reforma urbana que implique la posibilidad del acceso a la vivienda y a las garantías sociales para los nuevos pobladores; y un avance también hacia conquistas en la democratización de la salud, la educación, el saneamiento ambiental y calidad de vida para la inmensa mayoría de la población colombiana.
Por lo tanto nuestro planteamiento insiste en la necesaria aproximación del Polo y de la izquierda emergente en desarrollo como parte de una estrategia de ampliación de la fuerza política popular y de la perspectiva de un gran frente avanzado, democrático, patriótico, de fuerzas, de movimientos, organizaciones, núcleos y personas dispuestos a trabajar en todos los campos de la lucha democrática por una gran transformación en el país. En lo inmediato este acercamiento y esta búsqueda de nuevas formas de unidad de acción implican dar paso al impulso de nuevas movilizaciones sociales con base en la mayor coordinación de las acciones diversas y el rescate de la práctica de la solidaridad entre todas las luchas de los trabajadores y de los sectores democráticos.
Hemos hecho un llamado a que ningún sector democrático, popular o ninguna fuerza de la izquierda se sienta sola en la acción que adelanta; que se sepa que el respaldo y que la batalla por la libertad política, por las libertades públicas, por los derecho fundamentales del pueblo, de los distintos sectores de la sociedad y de los pueblos que integran Colombia, nos conciernen a todos. Que se sepa que estamos trabajando en la misma dirección, que se buscan objetivos semejantes, que por lo tanto la solidaridad y el acompañamiento son parte necesaria de la integridad de las luchas del presente y del futuro hacia un gran cambio del régimen político y social en Colombia.
Justamente en razón de esto hemos insistido en la necesidad de convergencias unitarias hacia las elecciones regionales y locales de 2011. Pensamos que el abstencionismo electoral no puede ser un pretexto hoy frente a la necesidad de confrontar a la ultra derecha que el proyecto uribista intenta liderar nacionalmente para buscar la recuperación del gobierno en el año 2014.
La sana autocrítica de las experiencias de gobierno del Polo.
Este es un gran reto en el cual va a ser necesario el avance de las fuerzas democráticas no solamente en las grandes ciudades, como en el caso de Bogotá, sino también en todos los departamentos y en todas las regiones del país. Esta discusión implica abrir el Polo en función de la participación de otros sectores en el desarrollo del proceso electoral unitario, con formas de participación y de complementación que hagan posible la participación de nuevas fuerzas, para ampliar cuantitativamente las expectativas de alcanzar posiciones, con una política y con un compromiso que no pueden ser copia ni réplica de los mecanismos de clientelismo y de corrupción que dominan el espectro de la política tradicional en el país.
Por lo tanto, la ampliación unitaria del Polo exige una renovación de las costumbres políticas desde la izquierda, con el espíritu de denunciar desde el control político pero también de llevar propuestas que respondan al reclamo por los derechos de la gente a nivel local y de los departamentos, como parte de la batalla nacional por un gobierno democrático. Esto implica dos actitudes que queremos desarrollar: por una parte el compromiso de contribuir a fortalecer la unidad y la organicidad del PDA en todo el país; al mismo tiempo analizar con sentido crítico y autocritico las experiencias de los gobiernos donde el Polo ha tenido incidencia. Tal es el caso de la capital de la República, el punto más significativo de las experiencias de dos gobiernos del Polo donde se resumen los elementos de un balance crítico que pueden reseñarse así:
- La tendencia de los gobernantes del Polo a no gobernar con dirigentes, cuadros y técnicos de izquierda en el desarrollo de sus proyectos de gobierno.
- La tendencia a conciliar desde adentro del gobierno local con los aparatos del control político tradicional y con los contratistas que absorben y monopolizan la mayor parte de los dineros del estado como operadores de todas aquellas obras públicas que el Estado ya no realiza porque las ha entregado a manos privadas en el marco de la reestructuración neoliberal del Estado.
- La poca importancia a la organización del Polo a nivel popular, a nivel local, a nivel de los espacios de intervención popular, más allá de los momentos electorales desde las directrices de gobierno, precisamente por temor de que las bases sociales del Polo se conviertan en fuerzas de presión para el cumplimiento de los objetivos democráticos planteados programáticamente por el movimiento en el desarrollo de la lucha por el gobierno.
Estas y otras observaciones críticas no deben ser silenciadas sino compartidas con las bases del Polo, en un examen sereno y con propuestas concretas de rectificación. En el caso del Distrito Capital proponemos los siguientes puntos:
- Revisión de los decretos, medidas lesivas y correcciones alternativas en el Plan Centro y Ciudad Salud con participación real de los pobladores
- Suspensión de la explotación de la cuenca del Tunjuelo, medidas de indemnización a la ciudad por el daño ambiental causado
- Establecimiento de la tarifa diferencial del transporte para estudiantes, personas con discapacidad y mayores de 62 años
- Concertación con los vecinos de Engativá y Fontibón del Plan zonal del aeropuerto Eldorado
- Recuperación del control efectivo del distrito sobre la ETB como empresa pública estratégica
- Conformación de zonas de reserva campesina en las localidades de Usme y Sumapaz
Estos análisis son indispensables además si el Polo se propone sostener su presencia como gobierno en Bogotá, ante la ofensiva mediático propagandística de la derecha que ha focalizado aspectos en muchos casos de forma injusta o tergiversada para ocultar los logros del gobierno distrital y exagerar las falencias y las equivocaciones, evidentes tanto en el gobierno de Garzón como en el de Moreno. Es necesario establecer una justa relación entre las criticas orientadas a la corrección de las fallas, limitaciones y debilidades de la Administración con la reivindicación de los logros en materia de gratuidad de la educación pública, de comedores comunitarios, de medidas de atención a la población en desplazamiento forzado, de desarrollo de la salud a nivel de las localidades, de la atención primaria y la vacunación, de aspectos de la seguridad ciudadana, de tolerancia y apoyo a los derechos humanos en contraste con el modelo represivo que ha pretendido imponer la seguridad democrática. Un ejemplo negativo ha sido la discusión sobre el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá, por la enorme desinformación para la inmensa mayoría de la población, por las prácticas equivocadas en materia de la denominada ”participación” ciudadana, que es una caricatura de tal propósito.
La enseñanza a extraer en una perspectiva de futuro, hacia los gobiernos locales, pero también hacia la configuración de un proyecto de cambio democrático en el país, es cómo debe y puede gobernar la izquierda a partir de las puntos programáticos del cambio, con medidas políticas que afecten las bases de sustentación de la dominación de clase de la derecha y que le abran puertas al movimiento popular para intervenir, de manera decisoria, en el establecimiento de políticas que democraticen la ciudad.
Para una valoración de la lucha sindical y las movilizaciones sociales.
En el encuentro de fuerzas de la izquierda organizado con motivo del 80 aniversario del PCC, hemos propuesto una visión del Polo orientada a valorar el significado social y político de las movilizaciones de masas que en los últimos años han llevado a las marchas masivas en regiones y entre ciudades; a la Minga nacional indígena, a las marchas juveniles por el Bicentenario, a las Marchas patrióticas, al Congreso de los pueblos, a los cabildos sociales que se han constituido y que convergen en movilizaciones muy significativas hacia el centro político del país Desde luego, no estamos ante el auge de la lucha social y popular en el país. El momento es todavía de defensiva y de resistencia.
Una pregunta cuya respuesta habrá que seguir buscando es porqué, en medio de las penurias de la política social y de la miseria creciente en muchas regiones del país, no existe ese anhelado auge de la lucha popular. Hay que tener en cuenta el debilitamiento de los movimientos sindicales, la propaganda antisindical del gobierno y de los medios. También deben tomarse en cuenta las inconsecuencias de las luchas parcializadas y dispersas que en muchos momentos se han desarrollado sin contar con la coordinación y la solidaridad suficientes del conjunto de otros espacios del movimiento social y popular
Como lo señaló el Activo nacional sindical de militantes comunistas, existen factores internos y externos que han llevado a un reflujo el movimiento sindical, entre los cuales la guerra sucia, la crisis ideológica, el “ambiente de conciliación y concertación con el modelo”, la brecha generacional, la debilidad del partido “en sectores importantes de la producción” y la necesidad de fortalecer la educación clasista y partidaria entre los trabajadores. (ANSMC, julio 2 y 3 de 2010, Ibagué).
Otros factores, sin embargo, inciden hoy en los cambios en el proletariado, a la vez que en su crecimiento y reubicación espacial. La desindustrialización, por ejemplo, ha afectado el perfil de las empresas y cordones industriales en las principales ciudades. La flexibilización y la deslaboralización, han creado el creciente contingente de trabajadores que hoy deben laborar por fuera de la normatividad del Código del Trabajo, especialmente en el sector terciario o de los servicios. Más significativo aún, la reprimarización de la economía, por efecto de la transnacionalización, los megaproyectos energéticos, mineros e hídricos están creando nuevos espacios de la concentración obrera en condiciones de sobre explotación. A su vez, la reconversión de la agroindustria azucarera y del modelo de plantación de palma africana para la producción de agrocombustibles, en el contexto de la crisis petrolera de Estados Unidos, genera condiciones de intensificación y extensión de los procesos y cultivos con grave deterioro de las condiciones salariales. La nueva espacialización de la explotación capitalista está ensanchando la composición social obrera que ha comenzado a expresarse nacionalmente en la lucha de clases, mostrando nuevos elementos de la subjetividad y la influencia de los factores revolucionarios que han incidido en sus formas de organización y formación política. Tenemos que mirar con criterio afirmativo estos procesos y asumir el reto que plantean desde el punto de vista de su integración orgánica en el proyecto político transformador, en cuya construcción contribuye el PCC.
Importa por lo tanto, antes tomar en cuenta aquello que se ha logrado materializar en estas movilizaciones que tienen ciertas características importantes. Las marchas indígenas implicaron una radicalización de las luchas indígenas del país en comparación con episodios o momentos anteriores; la minga nacional y popular indígena de finales del 2008, planteó reivindicaciones desde la lucha por la tierra, por la defensa de la cultura, por la defensa de la autonomía indígena, pero también por la defensa de las regiones frente a los macroproyectos mineros y agroindustriales, frente a la política de seguridad democrática, la guerra del Estado y los intentos del gobierno de Álvaro Uribe de implicar al movimiento indígena en acciones contrainsurgentes en distintas regiones del país, particularmente en el departamento del Cauca.
El paro de los trabajadores corteros de caña, como los paros de trabajadores palmeros en el Magdalena medio o de los trabajadores del níquel en Cerro Matoso, han tenido un fuerte impacto en la lucha de clase social en el país. Especialmente el paro azucarero puso de presente la sobre explotación a que están sometidos los trabajadores de esta rama, en la medida que el gobierno de Uribe le dio un vuelco a la producción azucarera para transformarla de producto alimentario para las necesidades nacionales o para la exportación, en producción de etanol destinado a suplir las necesidades energéticas de los EEUU.
Esta lucha de los trabajadores en medio de la penuria de sus condiciones de vida mostró un muy alto desarrollo de la conciencia, sin contar con formas de organización sindical, que han sido un vehículo histórico de formación de una conciencia de clase y de lucha de los trabajadores colombianos. Todo esto lleva a reflexiones que tienen que ser maduradas y desplegadas hacia adelante. No se trata del fin del sindicalismo, es un reto a la lucha sindical y a las modalidades de los procesos de unidad de acción. Y es un reclamo en relación con la necesidad de abrir los espacios de la organización a categorías de trabajadores que están vinculados laboralmente por fuera de las normas del código de trabajo y por fuera del concepto de una relación laboral directa con un patrono claramente definido. Las expresiones de lucha de estas categorías obreras entran en choque directo con las nuevas políticas de clase introducidas por la flexibilización laboral y de desregularización del trabajo que hoy predominan en ramas enteras de la economía.
Este último año el país vio desarrollar importantes movimientos: la Marcha patriótica, marchas indígenas también, pero igualmente el Congreso de los pueblos, que plantean puntos de convergencia y unidad de acción. Lo interesante de estos procesos es que proponen la discusión sobre plataformas y mandatos que buscan abrir un horizonte de lucha de movimientos que recogen diversas sensibilidades regionales del país, sobre la base de establecer puntos de coincidencia, en el marco de la acción de masas abierta para la movilización en los escenarios legales de la vida política y social del país.
Un elemento que caracteriza estas movilizaciones es la tendencia al compromiso político con una postura crítica al régimen y de aproximación a objetivos de lucha que recogen reivindicaciones muy sentidas de los movimientos populares y de las distintas categorías de organizaciones regionales, étnicas, de la diversidad sexual, estudiantiles, femeninas, juveniles y de trabajadores, que aspiran a conformar modos de organización nacional más allá del puro empeño regional; que, de alguna manera, son parte aun inorgánica de procesos de reagrupamiento popular que se identifican en la acción, en los planos de la protesta social masiva y de la movilización convergente, desde los territorios hacia la capital del país.
Nuestra propuesta guarda coherencia con la magnitud y la importancia de estas expresiones dinámicas: participación con espíritu unitario; disposición a contribuir con nuestro acervo y a aprender de sus experiencias; búsqueda de afinidades programáticas, de escenarios comunes y de agendas de acción práctica conjunta; acompañamiento y solidaridad frente a las agresiones del poder; propuesta de coordinación conjunta con la Gran Coalición Democrática y el Polo. Saludamos el empeño y la convocatoria unitarios y les correspondemos con una actitud de interés sincero, respetuoso, sereno y constructivo, como corresponde a la conducta responsable y solidaria de los comunistas.
El 80 aniversario y las tareas del PCC.
En el cómo compaginar la feliz coincidencia del Bicentenario y del 80 aniversario de la fundación del PCC, la dirección convino un encuentro abierto, amplio para el debate, apto para abordar los ángulos difíciles y complejos, los que el afán de la lucha diaria obliga a dejar para más tarde. Además, proponerlo como el punto de partida de nuevos escenarios para el análisis, la consideración respetuosa de enfoques y posiciones diversos, todos ellos necesarios a la construcción de miradas estratégicas e iniciativas para la lucha popular.
Recuperar el debate estratégico es, sin duda, una tarea central y una necesidad fundamental para la izquierda colombiana, tanto en la construcción de la práctica diaria como, especialmente en la lucha de ideas. En las condiciones actuales es obligatorio traducir a la práctica de la acción popular los elementos destacables y útiles que sistematizan las experiencias latinoamericanas y propias.
La experiencia del Encuentro de la izquierda ha sido positiva. La elaboración y divulgación de las Tesis ha ayudado a estimular otros debates y a elevar el nivel de las discusiones. Sobre todo, ha permitido reafirmar la identidad del PCC como promotor e impulsor de la unidad popular desde el valor y el significado de su propia historia, que es en gran medida la historia de la izquierda colombiana. Este significativo logro debe ser complementado con el mayor compromiso del conjunto de la militancia, partidaria y juvenil, en las tareas de fortalecer el Polo y en el desarrollo de iniciativas populares que desarrollen la línea unitaria.
Hay que destacar la Marcha juvenil por el Bicentenario, desarrollada en territorio boyacense por la JUCO. Este evento logró reunir otros sectores y divulgar la convocatoria del Festival Nacional de la Juventud previsto para noviembre próximo. El Festival de Voz, en vísperas de la Marcha patriótica tuvo una feliz culminación, con notable y variada participación popular. En el marco conmemorativo falta por concluir el Concurso nacional de poesía 80 Aniversario, convocado con el patrocinio del semanario.
La agenda de 2011 pone en primer plano las elecciones locales de octubre. Se ha iniciado el proceso de las consultas internas y realizado el Encuentro Acción popular, poder local y movilización social, que se ha constituido en experiencia pionera en la formación de liderazgos para el control político y propuestas alternativas para gobiernos locales y cuerpos representativos municipales y departamentales. La tarea principal es la elaboración del Plan de campaña del PCC. Defender los concejos donde tenemos presencia y proponer alianzas para ganar nuevos espacios. Así mismo, el PCC debe trabajar a fondo con su línea unitaria en la conformación de direcciones del Polo el domingo 21 de noviembre, la reunión de la dirección nacional, prevista para los días 25 y 26 de noviembre, y en el Grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, 27 y 28 de noviembre. Este pleno debe concretar la realización de la Conferencia nacional sobre programa y estatutos, acordada por el 20 congreso del partido.
Bogotá, octubre 22 de 2010
- América Latina confronta una contraofensiva de la derecha orientada a desestabilizar los gobiernos democráticos y a reformatear y consolidar los regímenes aliados del imperialismo
- Importa resaltar el contenido de clase del continuismo en el actual gobierno colombiano como aspecto predominante frente a las rectificaciones y cambios de forma
- El rechazo al modelo económico y social del gobierno Santos exige la lucha por acuerdos de solución política para poner fin a la guerra, el retiro de las tropas extranjeras, la soberanía frente al saqueo de las riquezas naturales, el cese de la criminalización de los opositores y dirigentes populares, la vigencia plena de las libertades y derechos
- El partido debe vincular su trabajo teórico y práctico a los desarrollos acelerados de los movimientos de los trabajadores, de sus expresiones regionales y etnosociales que reflejan un nuevo momento de las luchas de masas en gestación
- En el marco del Bicentenario y el de 80 Aniversario el norte de la lucha de los comunistas, de los revolucionarios y demócratas pasa por el fortalecimiento de la unidad de la izquierda, su contribución positiva a la consolidación del Polo como instrumento político
Los resultados electorales de mayo y junio
La elección presidencial en donde Santos logra reunir un volumen de más de nueve millones de votos congregó el uribismo, incluso al propio Uribe quien no pudo imponer su candidato como nominado oficial del partido conservador.
El resultado electoral de mayo y de junio muestra una relativa reducción de la oposición. El Polo con una votación de 1.340.000 votos, prácticamente baja a la mitad su fuerza de 4 años antes. Y la bajísima votación del candidato liberal, de alrededor de 600.000 votos, estuvo marcada por la desbandada de sus parlamentarios hacia la candidatura de Santos. El partido Verde aparece sin una definición política, menos aún como fuerza opositora.
Dos aspectos se pueden destacar: con la consigna de “prosperidad democrática”, Santos llama a la unión nacional y reagrupa fuerzas del antiguo uribismo, pero también algunos sectores críticos. Esto explica la incorporación de Cambio Radical y de su jefe del señor Vargas Lleras al frente del Mininterior. Por otra parte, logra atraer al partido liberal. Por fuera de la unión nacional está el PIN que votó por Santos y ha pedido ingresar en dicho agrupamiento.
Es necesario señalar que las diferencias de Santos y Uribe corresponden a enfoques distintos sobre aspectos que no comprometen la reproducción del poder de la gran burguesía. Washington, de su parte, expresó en su momento su oposición a la reelección de Uribe. Tales diferencias no justifican las ilusiones del oportunismo en una pretendida tendencia progresista y humanitaria, representada por el Vicepresidente Garzón. Tampoco tiene sustento en la realidad la tentación en sectores del propio PDA e inclusive del PCC, en el sentido de pensar posible una colaboración con el gobierno como lo ha planteado Petro en el plano de la política agraria, en el tema de la restitución a las víctimas y el del agua, como aspectos puntuales de una supuesta coincidencia.
Sobre el continuismo
El gobierno de Santos refleja en sus rasgos principales la continuidad de las líneas económicas y sociales del proyecto de clase que se desenvolvió en los últimos ocho años del gobierno uribista y que a su vez es una continuación de las políticas tradicionales de la gran burguesía colombiana.
Con Santos un sector representativo de la gran burguesía tradicional aliada de Washington asume las riendas del poder ejecutivo; este sector coloca los intereses de clase por encima de los desbordes autoritarios y personalistas que caracterizaron el gobierno de Álvaro Uribe. Un elemento demostrativo es la rectificación de la política exterior de confrontación con Venezuela puesta en práctica inmediatamente después de la posesión del nuevo gobierno y su acercamiento a Unasur frente al intento de golpe en Ecuador. La actitud de dialogo hacia las cortes muestra un estilo diferente que esconde de todas maneras la iniciativa de una reforma de la justicia y de la rama jurisdiccional, de profunda inspiración de derecha.
La incorporación de Angelino Garzón como aliado incondicional en la vicepresidencia, impuesta por Santos frente a la presión de la ultraderecha uribista y de otros sectores que se oponían a esa amalgama política, tiene un claro sentido cuando se observa la política de división sindical, de justificación de la política represiva del gobierno frente al sindicalismo, el fomento del paralelismo sindical que se conjuga con un enfoque corporativista de cooptación de grupos de afrocolombianos, de indígenas, de la mujer y la juventud.
La seguridad democrática y concretamente los operativos de guerra con intervención directa y directiva del Comando sur de los EEUU, constituye el eje principal de la política represiva del régimen. Aunque la Corte Constitucional declaró inexistente el tratado de cesión de las siete bases militares, Juan Manuel Santos ha establecido un acuerdo con Obama para no precipitar una discusión sobre este tema en el congreso colombiano, continuar con el Plan Colombia en cuanto a financiamiento militar, aunque disminuido en algunos montos; la presencia de asesores militares y de contratistas, en el desarrollo de las operaciones y en varios acantonamientos militares en todo el territorio nacional. Los bombardeos en el Putumayo y más recientemente en La Macarena con el asesinato del dirigente guerrillero Jorge Briceño contaron con la participación directa de EEUU mediante la utilización de bombas inteligentes. De hecho se demuestra que si existe un conflicto político-militar en el país que tiene aspectos de una guerra civil, mientras el Estado colombiano no tiene una política de paz y el presidente Santos no ha formulado nada al respecto, ni siquiera en el nivel de los acuerdos humanitarios y de humanización de la guerra.
La denominada degradación del conflicto en el fondo está mostrando la crueldad de la matanza entre colombianos, que se acentúa con la participación de un ejército extranjero en la dirección de las operaciones y el contenido de clase que el gobierno vierte y expresa a través de la propaganda de guerra, la euforia militarista y la embriaguez del discurso por la muerte de un jefe guerrillero mostrado como el único causante de la crueldad y de los estragos en la vida económica-social y política del país. Sobre el tapete se ha puesto la necesidad de ponerle fin a la guerra como lo están planteando los sectores progresistas a nivel mundial. Esta forma de la confrontación no tiene una solución militar. La política de guerra del Estado en este momento se basa en la lógica de una salida militar, de un exterminio de la insurgencia para arrodillarla hacia la rendición y lo que eso implica es una expansión y crudelización del conflicto en todos los aspectos, con las respectivas respuestas que son previsibles del bando contrario.
El tema a considerar es cómo ponerle fin a la guerra contra la insurgencia y contra la población civil, que se expresa en el desconocimiento del DIH, en los continuos bombardeos en zonas pobladas, en la criminalización de los opositores, en las desapariciones y asesinatos de dirigentes agrarios y sindicales, en las amenazas, en el refugio interno masivo y en la pretendida limpieza social. Este punto tiene audiencia mundial y latinoamericana muy fuerte, en contraposición a la tendencia de extender el conflicto a los países vecinos como parte de la ofensiva derechista en la que el régimen colombiano se hizo instrumento de los halcones norteamericanos para desestabilizar los regímenes democráticos en Ecuador y Venezuela. Ponerle fin al conflicto armado en Colombia implica sobre todo una gran decisión nacional, con intervención democrática y popular, en la búsqueda de una salida de otra naturaleza. Los comunistas hemos clamado por una solución política por la vía del diálogo y la negociación. La tarea del momento está en la necesidad de derrotar la solución militar que pregona el régimen con el apoyo del imperialismo. Se requiere crear las condiciones políticas e ideológicas para aclimatar una paz justa, democrática y en soberanía. La vía de la salida política reclama la intervención social y popular en el país, con el apoyo activo de las fuerzas pacifistas en el plano internacional. Los gobiernos hermanos y los movimientos antiimperialistas de Latinoamérica y el mundo comprenden la urgencia de neutralizar la utilización del conflicto colombiano como un pretexto para la desestabilización de los procesos democráticos y el favorecimiento de formas de intervencionismo militar en América latina.
La continuidad de una política de clase.
La política económica del gobierno de Santos está concebida para dar continuidad a la estrategia de acumulación capitalista que se adelanta en el país desde hace varias décadas. En sentido estricto, podría afirmarse que se asistirá a una profundización del proceso de neoliberalización a juzgar por el paquete de reformas que ha sido presentado por el Gobierno al Congreso.
De manera particular debe destacarse la pretensión de avanzar en la constitucionalización del modelo neoliberal. A los diseños de la Constitución de 1991 de una banca central autónoma, que han facilitado la imposición de una política monetaria y cambiaria que privilegia el control de la inflación, se le pretende agregar ahora el llamado derecho a la sostenibilidad fiscal. Con ello, se busca darle fundamento constitucional a la llamada regla fiscal, esto es, a la imposición de una política de una austeridad fiscal selectiva para generar un superávit primario que permita garantizar el pago del servicio de la deuda pública. Se trata de un ataque certero al mandato constitucional de garantizar derechos fundamentales en momentos en que, por una parte, se incrementan las demandas ciudadanas y la presión internacional por una reparación integral de las víctimas del conflicto social y armado y, en especial, del modelo narcoparamilitar de acumulación por desposesión. Y por la otra, en que se exige una respuesta estatal con disposición de recursos para enfrentar el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población, expresado en el nivel de desempleo (cerca del 13%, el más alto de América Latina), los elevados índices de informalidad (entre el 59% y el 64%, según las fuentes), y la tendencia creciente a la flexibilización y la precarización del trabajo.
De aceptarse las estimaciones sobre ingresos adicionales por 80.000 millones de dólares durante la próxima década, fruto del inmisericorde saqueo de nuestros recursos mineros y de hidrocarburos por parte del capital transnacional, es evidente que el límite que hoy se le quiere poner al gasto social busca hacer sostenible fiscalmente, como ya se dijo, el pago de la deuda, la solución militar al conflicto armado y además liberar recursos para contribuir a la financiación de la infraestructura requerida por el proyecto de acumulación extractivista.
Ello también explica el porqué de la reforma constitucional al régimen de regalías. Más allá del hecho de su robo por la “clase política” regional, por cierto, de la misma que ha contribuido a sostener el proyecto uribista de la “seguridad democrática”, lo que está en juego son los diseños que manda el ordenamiento jurídico para la distribución y la gestión de esos recursos. Si bien es cierto que el proyecto de acto legislativo prevé un porcentaje para compensar las diferencias en el desarrollo interregional, lo cual es positivo, en realidad ese no es más que el atractivo con el que se quiere vender una reforma que busca centralizar el manejo de buena parte de las regalías en el Banco de la República, a fin de disponerlas en función de los propósitos neoliberales de la política económica. En particular, debe esperarse su disposición para la financiación de proyectos infraestructurales. En ese contexto debe ser leído el proyecto de ley de ordenamiento territorial.
El alistamiento estructural de la política económica se aprecia por otra parte, en los proyectos de reforma al régimen de seguridad social en salud y al régimen de educación superior. En el caso del régimen de salud se trata primordialmente de garantizar la rentabilidad del negocio de las EPS. En educación superior, se busca profundizar la estrategia de desfinanciación de las universidades públicas y de incrementar la presión hacia políticas privatizadoras.
El proyecto de ley de restitución de tierras, además de representar un intento de lavado a la fachada ensangrentada del régimen de la seguridad democrática, si se mira desde el punto de vista económico, tiene como preocupación central el desarrollo del mercado de tierras en momentos en los que la estrategia de acumulación minera, de hidrocarburos y de agrocombustibles demanda la aclaración de derechos de propiedad espurios, adquiridos a sangre y fuego, forzando el desplazamiento de millones de colombianos. La legalización de la propiedad o su restitución se constituye en una movida clave para la posterior compraventa o para su incorporación en el mercado de capitales si eventuales pagos o indemnizaciones ocurren con bonos de tesorería. A una expropiación violenta, le siguen ahora diseños legales que buscan mostrar relaciones “modernas” con derechos de propiedad legalmente adquiridos, sin que ello represente modificación alguna en lo esencial de la estrategia capitalista de alistamiento del territorio para la explotación transnacional.
El alistamiento estructural de la política económica se aprecia por otra parte, en los proyectos de reforma al régimen de seguridad social en salud y al régimen de educación superior. En el caso del régimen de salud se trata primordialmente de garantizar la rentabilidad del negocio de las EPS. En educación superior, se busca profundizar la estrategia de desfinanciación de las universidades públicas y de incrementar la presión hacia políticas privatizadoras.
El proyecto de ley de formalización y de primer empleo, retirado transitoriamente por el Gobierno, prosigue con la estrategia de flexibilización laboral, y dice buscar la generación de empleo y la formalización de informales con medidas cosméticas a través de un régimen de incentivos tributarios al “autoempleo” y a pequeños empresarios, de dudosa consistencia y posibilidad de financiación.
Al tiempo que se han emprendido las mencionadas reformas, el gobierno de Santos ha tenido que enfrentar –con las mismas recetas neoliberales- la herencia macroeconómica de los gobiernos de Uribe: un hueco de cerca de 24 billones de pesos, acompañado de una deuda pública en ascenso (184.95 billones a junio de 2010; de ellos 127, 58 billones, interna y 57.36 billones, externa). Y ha mantenido y consolidado el régimen de incentivos extremos al gran capital.
En suma, con el paquete de reformas económicas neoliberales en curso asistimos a la mayor fundamentación de un proyecto político-económico que acentúa la transnacionalización y la desnacionalización de la economía con base en la reprimarización y la terciarización precaria. Para su diseño Santos se ha rodeado de un equipo de tecnócratas de reconocida trayectoria, que goza de la confianza del gran capital y de los organismos multilaterales.
Un ambiente que conspira contra las libertades.
No se observa un deslinde claro del gobierno Santos con las mafias narco paramilitares incrustadas en el Estado. Así lo demuestran la permanencia en su cargo del jefe del DAS, no obstante estar seriamente cuestionado y denunciado por sus subalternos; la lentitud de la Fiscalía para actuar en el desarrollo de estas investigaciones, tomar medidas que golpeen seriamente las causas de toda la política de espionaje y de persecución a la oposición, las cortes, los sindicalistas. La vinculación del DAS, en alianza con los paramilitares, en la liquidación de dirigentes activistas y voceros de los trabajadores y de la izquierda en el país, como ha sido denunciado, es clara señal de una política ordenada desde la propia presidencia.
La Corte Suprema de Justicia, que sostuvo serias contradicciones con Uribe, ha negociado con Santos posponer a 2011 una nueva contra reforma destinada a limitar la tutela, reducir los poderes de la Corte Constitucional y modificar la forma de elección del fiscal general. La Procuraduría ha condenado a Piedad Córdoba a la destitución y la inhabilidad política por 18 años, en una abierta demostración de persecución política, criminalización de la búsqueda de la paz e instauración del delito de opinión. Esa agresiva actitud se perfila contra la senadora Gloria Inés Ramírez, el secretario general del PCC y dirigentes del Polo. Otras medidas del Procurador, personaje proveniente del extremismo confesionalista, indican una conducta medieval frente a temas como el aborto, la libertad sexual y una obsecuencia uribista en sus conceptos sobre la reelección o el tratado sobre bases militares. Se producen medidas contra algunos de los funcionarios vinculados con la casa de Nariño y dejando por fuera el señalamiento de fondo de las responsabilidades en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez. La comisión de acusaciones de la Cámara, de mayoría uribista, quiere soslayar la investigación de fondo sobre la responsabilidad del ex presidente. De hecho algunas demandas han sido interpuestas ante la Corte Penal Internacional al cerrarse las posibilidades internas de un juzgamiento de acuerdo con la constitución vigente.
Los debates del Polo en Cámara y Senado han desenmascarado ante el mundo los cementerios clandestinos como el caso La Macarena y puesto de manifiesto el abundante número de otros en distintos lugares del país. Una experiencia muy rica ha dejado la audiencia internacional y la visita de personalidades que han comprobado la falsedad de los desmentidos de los mandos militares y del gobierno. Las denuncias sobre los denominados falsos positivos o asesinatos por parte de autoridades, continúan en el primer plano de los señalamientos por parte de las distintas organizaciones de DDHH en el país y el exterior.
En lo que va transcurrido del año han sido asesinados 46 líderes de proyectos de restitución de tierras arrebatadas por grupos paramilitares, ocho de ellos en la región del Urabá antioqueño, como fue el caso de Hernando Pérez, ultimado a escasas tres horas después de haber recibido los títulos de propiedad de 34 familias que habían sido desposeídas. La lucha por la tierra y la reparación de las víctimas exige la movilización unitaria y organizada de los movimientos populares agrarios, indígenas y afros como interlocutores legítimos.
Se acentúan las detenciones arbitrarias en complicidad con el paramilitarismo contra dirigentes populares. El sindicalista Carmelo Agámez, el líder popular de Barrancabermeja David Rabelo, miembro del comité central del PCC y el ex concejal de Rivera, Huila, Gil Trujillo, conforman, junto al profesor Miguel Ángel Beltrán y la socióloga Liliany Obando, un grupo de presos políticos por cuya libertad se hace preciso mover las fuerzas de la solidaridad.
El PCC debe reafirmar iniciativas para reactivar la lucha por las libertades: la necesidad de una ley de víctimas que garantice la verdad, la justicia y la reparación; la creación de una Comisión de la Verdad, como lo ha propuesto la Corte Suprema, entre otras.
El papel de la izquierda en la coyuntura actual.
Es un hecho que la izquierda, encabezada por el PDA, no logró crear una propuesta alternativa clara frente al continuismo uribista en todo el proceso electoral que culminó con las elecciones de este año. En tales condiciones, como lo señaló la Resolución política del Pleno de abril del presente, el PCC llamó a votar por Gustavo Petro y Clara López “como un acto responsable de solidaridad con la unidad del Polo”. Y agregó que respaldaba “los puntos del programa de Petro que se identifican con el Ideario de Unidad”.
Una explicación posible está en el debilitamiento del PDA, claro reflejo de los distintos episodios de sus crisis internas, cuya característica principal ha sido la pretensión de las tendencias conciliadoras de llevar a la liquidación el proceso unitario encarnado por el Polo. De manera consciente, tales tendencias replican las pretensiones de la derecha de crear una izquierda domesticada o manejable. Estas tendencias conciliadoras proponen el acercamiento con el gobierno de Santos, pasando por encima de las propias reglas estatutarias e imponer, por vías de hecho, una política distinta al proceso que representa el Polo.
La reflexión sobre el papel del PDA como proceso unitario y su relación con el horizonte de las luchas sociales en la perspectiva del desarrollo político implica su proyección, acercamiento y alianza con otras fuerzas en función de la conformación de un vasto movimiento o un amplio frente que permita plantearse grandes objetivos para la democratización del país y la paz.
Uno de los puntos del debate pregunta cuál es el camino que el Polo debe tomar en una política de alianzas. Las tendencias conciliadores han planteado insistentemente y ahora lo hacen con una actitud mucho más agresiva, la idea de acercarse a los partidos del centro y reorientar la política del Polo hacia la derecha. Esta propuesta entra en choque con la realidad misma del PDA y la esencia de un proceso que ha conducido a unificar tendencias muy diversas de la izquierda colombiana en una forma de unidad de acción política incluyente de partidos y sectores sociales, en el marco de una propuesta de izquierda, que se desnaturaliza si cambia su orientación política fundamental.
Hay que decir que los sectores de la izquierda en el seno del Polo hemos carecido de la suficiente capacidad para desarrollar con un criterio de amplitud, de profundización y de audacia, iniciativas propias, propuestas avanzadas de articulación de la lucha del Polo con las luchas sociales. Está claro que los procesos electorales y la acción parlamentaria tienen una trascendental importancia para la izquierda, la lucha popular y el desarrollo del Polo. Precisamente por eso se ha tornado necesario abrir una discusión estratégica sobre hacia dónde debe orientarse la unidad de la izquierda en las actuales coyunturas, cómo superar los cuellos de botella y los atajos por donde se ha pretendido desviar la orientación original, profundamente creativa y atractiva del Polo en dirección hacia amplios sectores del pueblo y la opinión democrática.
Qué significa unir la izquierda y fortalecer el Polo.
Proponemos mirar con especial atención los recientes procesos regionales y etnosociales que han protagonizado movilizaciones, huelgas y marchas de gran significado en términos de denuncia, agitación de objetivos de lucha popular y de coordinación. No se trata de acciones espontaneas, conllevan esfuerzos conscientes de organización, de logística y preparación con el apoyo de sectores revolucionarios. Reflejan una tendencia objetiva al crecimiento de la izquierda política en Colombia, como una contrapartida, en parte, a la desintegración del bipartidismo y una respuesta, en parte, al surgimiento de los partidos regionales del narco paramilitarismo, que han opacado las denuncias y bloqueado las posibilidades de acción del movimiento popular. Una forma concreta de la llamada derechización del país ha sido el copamiento por la derecha de los gobiernos regionales y de las instituciones electivas en la mayor parte de las regiones del país.
El Polo como proceso de unidad debe comprender que no toda la izquierda está en su seno y que su proyecto actual tiene que ampliarse, aproximarse, crear las condiciones de unidad de acción y de compromisos políticos adecuados que hagan posible desarrollar con mucho mayor ímpetu el proceso de unidad. El Polo puede aportar su desarrollo programático y su experiencia de lucha en el nivel político por un cambio democrático en el país. Tal cambio, entendido en términos de poder, implica una solución política del conflicto armado, una reforma agraria como solución del problema de la tierra; una reforma urbana que implique la posibilidad del acceso a la vivienda y a las garantías sociales para los nuevos pobladores; y un avance también hacia conquistas en la democratización de la salud, la educación, el saneamiento ambiental y calidad de vida para la inmensa mayoría de la población colombiana.
Por lo tanto nuestro planteamiento insiste en la necesaria aproximación del Polo y de la izquierda emergente en desarrollo como parte de una estrategia de ampliación de la fuerza política popular y de la perspectiva de un gran frente avanzado, democrático, patriótico, de fuerzas, de movimientos, organizaciones, núcleos y personas dispuestos a trabajar en todos los campos de la lucha democrática por una gran transformación en el país. En lo inmediato este acercamiento y esta búsqueda de nuevas formas de unidad de acción implican dar paso al impulso de nuevas movilizaciones sociales con base en la mayor coordinación de las acciones diversas y el rescate de la práctica de la solidaridad entre todas las luchas de los trabajadores y de los sectores democráticos.
Hemos hecho un llamado a que ningún sector democrático, popular o ninguna fuerza de la izquierda se sienta sola en la acción que adelanta; que se sepa que el respaldo y que la batalla por la libertad política, por las libertades públicas, por los derecho fundamentales del pueblo, de los distintos sectores de la sociedad y de los pueblos que integran Colombia, nos conciernen a todos. Que se sepa que estamos trabajando en la misma dirección, que se buscan objetivos semejantes, que por lo tanto la solidaridad y el acompañamiento son parte necesaria de la integridad de las luchas del presente y del futuro hacia un gran cambio del régimen político y social en Colombia.
Justamente en razón de esto hemos insistido en la necesidad de convergencias unitarias hacia las elecciones regionales y locales de 2011. Pensamos que el abstencionismo electoral no puede ser un pretexto hoy frente a la necesidad de confrontar a la ultra derecha que el proyecto uribista intenta liderar nacionalmente para buscar la recuperación del gobierno en el año 2014.
La sana autocrítica de las experiencias de gobierno del Polo.
Este es un gran reto en el cual va a ser necesario el avance de las fuerzas democráticas no solamente en las grandes ciudades, como en el caso de Bogotá, sino también en todos los departamentos y en todas las regiones del país. Esta discusión implica abrir el Polo en función de la participación de otros sectores en el desarrollo del proceso electoral unitario, con formas de participación y de complementación que hagan posible la participación de nuevas fuerzas, para ampliar cuantitativamente las expectativas de alcanzar posiciones, con una política y con un compromiso que no pueden ser copia ni réplica de los mecanismos de clientelismo y de corrupción que dominan el espectro de la política tradicional en el país.
Por lo tanto, la ampliación unitaria del Polo exige una renovación de las costumbres políticas desde la izquierda, con el espíritu de denunciar desde el control político pero también de llevar propuestas que respondan al reclamo por los derechos de la gente a nivel local y de los departamentos, como parte de la batalla nacional por un gobierno democrático. Esto implica dos actitudes que queremos desarrollar: por una parte el compromiso de contribuir a fortalecer la unidad y la organicidad del PDA en todo el país; al mismo tiempo analizar con sentido crítico y autocritico las experiencias de los gobiernos donde el Polo ha tenido incidencia. Tal es el caso de la capital de la República, el punto más significativo de las experiencias de dos gobiernos del Polo donde se resumen los elementos de un balance crítico que pueden reseñarse así:
- La tendencia de los gobernantes del Polo a no gobernar con dirigentes, cuadros y técnicos de izquierda en el desarrollo de sus proyectos de gobierno.
- La tendencia a conciliar desde adentro del gobierno local con los aparatos del control político tradicional y con los contratistas que absorben y monopolizan la mayor parte de los dineros del estado como operadores de todas aquellas obras públicas que el Estado ya no realiza porque las ha entregado a manos privadas en el marco de la reestructuración neoliberal del Estado.
- La poca importancia a la organización del Polo a nivel popular, a nivel local, a nivel de los espacios de intervención popular, más allá de los momentos electorales desde las directrices de gobierno, precisamente por temor de que las bases sociales del Polo se conviertan en fuerzas de presión para el cumplimiento de los objetivos democráticos planteados programáticamente por el movimiento en el desarrollo de la lucha por el gobierno.
Estas y otras observaciones críticas no deben ser silenciadas sino compartidas con las bases del Polo, en un examen sereno y con propuestas concretas de rectificación. En el caso del Distrito Capital proponemos los siguientes puntos:
- Revisión de los decretos, medidas lesivas y correcciones alternativas en el Plan Centro y Ciudad Salud con participación real de los pobladores
- Suspensión de la explotación de la cuenca del Tunjuelo, medidas de indemnización a la ciudad por el daño ambiental causado
- Establecimiento de la tarifa diferencial del transporte para estudiantes, personas con discapacidad y mayores de 62 años
- Concertación con los vecinos de Engativá y Fontibón del Plan zonal del aeropuerto Eldorado
- Recuperación del control efectivo del distrito sobre la ETB como empresa pública estratégica
- Conformación de zonas de reserva campesina en las localidades de Usme y Sumapaz
Estos análisis son indispensables además si el Polo se propone sostener su presencia como gobierno en Bogotá, ante la ofensiva mediático propagandística de la derecha que ha focalizado aspectos en muchos casos de forma injusta o tergiversada para ocultar los logros del gobierno distrital y exagerar las falencias y las equivocaciones, evidentes tanto en el gobierno de Garzón como en el de Moreno. Es necesario establecer una justa relación entre las criticas orientadas a la corrección de las fallas, limitaciones y debilidades de la Administración con la reivindicación de los logros en materia de gratuidad de la educación pública, de comedores comunitarios, de medidas de atención a la población en desplazamiento forzado, de desarrollo de la salud a nivel de las localidades, de la atención primaria y la vacunación, de aspectos de la seguridad ciudadana, de tolerancia y apoyo a los derechos humanos en contraste con el modelo represivo que ha pretendido imponer la seguridad democrática. Un ejemplo negativo ha sido la discusión sobre el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá, por la enorme desinformación para la inmensa mayoría de la población, por las prácticas equivocadas en materia de la denominada ”participación” ciudadana, que es una caricatura de tal propósito.
La enseñanza a extraer en una perspectiva de futuro, hacia los gobiernos locales, pero también hacia la configuración de un proyecto de cambio democrático en el país, es cómo debe y puede gobernar la izquierda a partir de las puntos programáticos del cambio, con medidas políticas que afecten las bases de sustentación de la dominación de clase de la derecha y que le abran puertas al movimiento popular para intervenir, de manera decisoria, en el establecimiento de políticas que democraticen la ciudad.
Para una valoración de la lucha sindical y las movilizaciones sociales.
En el encuentro de fuerzas de la izquierda organizado con motivo del 80 aniversario del PCC, hemos propuesto una visión del Polo orientada a valorar el significado social y político de las movilizaciones de masas que en los últimos años han llevado a las marchas masivas en regiones y entre ciudades; a la Minga nacional indígena, a las marchas juveniles por el Bicentenario, a las Marchas patrióticas, al Congreso de los pueblos, a los cabildos sociales que se han constituido y que convergen en movilizaciones muy significativas hacia el centro político del país Desde luego, no estamos ante el auge de la lucha social y popular en el país. El momento es todavía de defensiva y de resistencia.
Una pregunta cuya respuesta habrá que seguir buscando es porqué, en medio de las penurias de la política social y de la miseria creciente en muchas regiones del país, no existe ese anhelado auge de la lucha popular. Hay que tener en cuenta el debilitamiento de los movimientos sindicales, la propaganda antisindical del gobierno y de los medios. También deben tomarse en cuenta las inconsecuencias de las luchas parcializadas y dispersas que en muchos momentos se han desarrollado sin contar con la coordinación y la solidaridad suficientes del conjunto de otros espacios del movimiento social y popular
Como lo señaló el Activo nacional sindical de militantes comunistas, existen factores internos y externos que han llevado a un reflujo el movimiento sindical, entre los cuales la guerra sucia, la crisis ideológica, el “ambiente de conciliación y concertación con el modelo”, la brecha generacional, la debilidad del partido “en sectores importantes de la producción” y la necesidad de fortalecer la educación clasista y partidaria entre los trabajadores. (ANSMC, julio 2 y 3 de 2010, Ibagué).
Otros factores, sin embargo, inciden hoy en los cambios en el proletariado, a la vez que en su crecimiento y reubicación espacial. La desindustrialización, por ejemplo, ha afectado el perfil de las empresas y cordones industriales en las principales ciudades. La flexibilización y la deslaboralización, han creado el creciente contingente de trabajadores que hoy deben laborar por fuera de la normatividad del Código del Trabajo, especialmente en el sector terciario o de los servicios. Más significativo aún, la reprimarización de la economía, por efecto de la transnacionalización, los megaproyectos energéticos, mineros e hídricos están creando nuevos espacios de la concentración obrera en condiciones de sobre explotación. A su vez, la reconversión de la agroindustria azucarera y del modelo de plantación de palma africana para la producción de agrocombustibles, en el contexto de la crisis petrolera de Estados Unidos, genera condiciones de intensificación y extensión de los procesos y cultivos con grave deterioro de las condiciones salariales. La nueva espacialización de la explotación capitalista está ensanchando la composición social obrera que ha comenzado a expresarse nacionalmente en la lucha de clases, mostrando nuevos elementos de la subjetividad y la influencia de los factores revolucionarios que han incidido en sus formas de organización y formación política. Tenemos que mirar con criterio afirmativo estos procesos y asumir el reto que plantean desde el punto de vista de su integración orgánica en el proyecto político transformador, en cuya construcción contribuye el PCC.
Importa por lo tanto, antes tomar en cuenta aquello que se ha logrado materializar en estas movilizaciones que tienen ciertas características importantes. Las marchas indígenas implicaron una radicalización de las luchas indígenas del país en comparación con episodios o momentos anteriores; la minga nacional y popular indígena de finales del 2008, planteó reivindicaciones desde la lucha por la tierra, por la defensa de la cultura, por la defensa de la autonomía indígena, pero también por la defensa de las regiones frente a los macroproyectos mineros y agroindustriales, frente a la política de seguridad democrática, la guerra del Estado y los intentos del gobierno de Álvaro Uribe de implicar al movimiento indígena en acciones contrainsurgentes en distintas regiones del país, particularmente en el departamento del Cauca.
El paro de los trabajadores corteros de caña, como los paros de trabajadores palmeros en el Magdalena medio o de los trabajadores del níquel en Cerro Matoso, han tenido un fuerte impacto en la lucha de clase social en el país. Especialmente el paro azucarero puso de presente la sobre explotación a que están sometidos los trabajadores de esta rama, en la medida que el gobierno de Uribe le dio un vuelco a la producción azucarera para transformarla de producto alimentario para las necesidades nacionales o para la exportación, en producción de etanol destinado a suplir las necesidades energéticas de los EEUU.
Esta lucha de los trabajadores en medio de la penuria de sus condiciones de vida mostró un muy alto desarrollo de la conciencia, sin contar con formas de organización sindical, que han sido un vehículo histórico de formación de una conciencia de clase y de lucha de los trabajadores colombianos. Todo esto lleva a reflexiones que tienen que ser maduradas y desplegadas hacia adelante. No se trata del fin del sindicalismo, es un reto a la lucha sindical y a las modalidades de los procesos de unidad de acción. Y es un reclamo en relación con la necesidad de abrir los espacios de la organización a categorías de trabajadores que están vinculados laboralmente por fuera de las normas del código de trabajo y por fuera del concepto de una relación laboral directa con un patrono claramente definido. Las expresiones de lucha de estas categorías obreras entran en choque directo con las nuevas políticas de clase introducidas por la flexibilización laboral y de desregularización del trabajo que hoy predominan en ramas enteras de la economía.
Este último año el país vio desarrollar importantes movimientos: la Marcha patriótica, marchas indígenas también, pero igualmente el Congreso de los pueblos, que plantean puntos de convergencia y unidad de acción. Lo interesante de estos procesos es que proponen la discusión sobre plataformas y mandatos que buscan abrir un horizonte de lucha de movimientos que recogen diversas sensibilidades regionales del país, sobre la base de establecer puntos de coincidencia, en el marco de la acción de masas abierta para la movilización en los escenarios legales de la vida política y social del país.
Un elemento que caracteriza estas movilizaciones es la tendencia al compromiso político con una postura crítica al régimen y de aproximación a objetivos de lucha que recogen reivindicaciones muy sentidas de los movimientos populares y de las distintas categorías de organizaciones regionales, étnicas, de la diversidad sexual, estudiantiles, femeninas, juveniles y de trabajadores, que aspiran a conformar modos de organización nacional más allá del puro empeño regional; que, de alguna manera, son parte aun inorgánica de procesos de reagrupamiento popular que se identifican en la acción, en los planos de la protesta social masiva y de la movilización convergente, desde los territorios hacia la capital del país.
Nuestra propuesta guarda coherencia con la magnitud y la importancia de estas expresiones dinámicas: participación con espíritu unitario; disposición a contribuir con nuestro acervo y a aprender de sus experiencias; búsqueda de afinidades programáticas, de escenarios comunes y de agendas de acción práctica conjunta; acompañamiento y solidaridad frente a las agresiones del poder; propuesta de coordinación conjunta con la Gran Coalición Democrática y el Polo. Saludamos el empeño y la convocatoria unitarios y les correspondemos con una actitud de interés sincero, respetuoso, sereno y constructivo, como corresponde a la conducta responsable y solidaria de los comunistas.
El 80 aniversario y las tareas del PCC.
En el cómo compaginar la feliz coincidencia del Bicentenario y del 80 aniversario de la fundación del PCC, la dirección convino un encuentro abierto, amplio para el debate, apto para abordar los ángulos difíciles y complejos, los que el afán de la lucha diaria obliga a dejar para más tarde. Además, proponerlo como el punto de partida de nuevos escenarios para el análisis, la consideración respetuosa de enfoques y posiciones diversos, todos ellos necesarios a la construcción de miradas estratégicas e iniciativas para la lucha popular.
Recuperar el debate estratégico es, sin duda, una tarea central y una necesidad fundamental para la izquierda colombiana, tanto en la construcción de la práctica diaria como, especialmente en la lucha de ideas. En las condiciones actuales es obligatorio traducir a la práctica de la acción popular los elementos destacables y útiles que sistematizan las experiencias latinoamericanas y propias.
La experiencia del Encuentro de la izquierda ha sido positiva. La elaboración y divulgación de las Tesis ha ayudado a estimular otros debates y a elevar el nivel de las discusiones. Sobre todo, ha permitido reafirmar la identidad del PCC como promotor e impulsor de la unidad popular desde el valor y el significado de su propia historia, que es en gran medida la historia de la izquierda colombiana. Este significativo logro debe ser complementado con el mayor compromiso del conjunto de la militancia, partidaria y juvenil, en las tareas de fortalecer el Polo y en el desarrollo de iniciativas populares que desarrollen la línea unitaria.
Hay que destacar la Marcha juvenil por el Bicentenario, desarrollada en territorio boyacense por la JUCO. Este evento logró reunir otros sectores y divulgar la convocatoria del Festival Nacional de la Juventud previsto para noviembre próximo. El Festival de Voz, en vísperas de la Marcha patriótica tuvo una feliz culminación, con notable y variada participación popular. En el marco conmemorativo falta por concluir el Concurso nacional de poesía 80 Aniversario, convocado con el patrocinio del semanario.
La agenda de 2011 pone en primer plano las elecciones locales de octubre. Se ha iniciado el proceso de las consultas internas y realizado el Encuentro Acción popular, poder local y movilización social, que se ha constituido en experiencia pionera en la formación de liderazgos para el control político y propuestas alternativas para gobiernos locales y cuerpos representativos municipales y departamentales. La tarea principal es la elaboración del Plan de campaña del PCC. Defender los concejos donde tenemos presencia y proponer alianzas para ganar nuevos espacios. Así mismo, el PCC debe trabajar a fondo con su línea unitaria en la conformación de direcciones del Polo el domingo 21 de noviembre, la reunión de la dirección nacional, prevista para los días 25 y 26 de noviembre, y en el Grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, 27 y 28 de noviembre. Este pleno debe concretar la realización de la Conferencia nacional sobre programa y estatutos, acordada por el 20 congreso del partido.
Bogotá, octubre 22 de 2010
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