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| Premio Novel de la Paz |
Por: Amy Goodman.-Democracy Now!
El mismo día que el Presidente Obama lanzó oficialmente su campaña para la reelección, el fiscal general de su gobierno, Eric Holder, anunció que el juicio de los principales sospechosos de los ataques del 11-S no tendrá lugar en tribunales federales, sino mediante polémicas comisiones militares en Guantánamo. Holder culpó a los miembros del Congreso quienes, según afirmó, “han intervenido e impuesto limitaciones que impiden al gobierno llevar a juicio, en Estados Unidos, a un prisionero de Guantánamo.” Sin embargo, un caso de Guantánamo será juzgado en Nueva York. No, no se trata del juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, ni de ninguno de sus presuntos cómplices. Esta semana, se expondrán ante la Corte Suprema del estado de Nueva York los argumentos contra John Leso, un psicólogo acusado de participar en procedimientos de tortura llevados a cabo en la prisión de Guantánamo, que Obama prometió clausurar, pero no cumplió.
El mismo día que el Presidente Obama lanzó oficialmente su campaña para la reelección, el fiscal general de su gobierno, Eric Holder, anunció que el juicio de los principales sospechosos de los ataques del 11-S no tendrá lugar en tribunales federales, sino mediante polémicas comisiones militares en Guantánamo. Holder culpó a los miembros del Congreso quienes, según afirmó, “han intervenido e impuesto limitaciones que impiden al gobierno llevar a juicio, en Estados Unidos, a un prisionero de Guantánamo.” Sin embargo, un caso de Guantánamo será juzgado en Nueva York. No, no se trata del juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, ni de ninguno de sus presuntos cómplices. Esta semana, se expondrán ante la Corte Suprema del estado de Nueva York los argumentos contra John Leso, un psicólogo acusado de participar en procedimientos de tortura llevados a cabo en la prisión de Guantánamo, que Obama prometió clausurar, pero no cumplió.
La causa fue presentada por la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) en representación de Steven Reisner, psicólogo de Nueva York y asesor de Médicos por los Derechos Humanos. En torno a Reisner se agrupa una creciente cantidad de psicólogos que se manifiestan contra la participación de psicólogos en los programas de interrogatorios del gobierno de Estados Unidos, los cuales, en su opinión, equivalen a la tortura. A diferencia de la Asociación Médica Estadounidense y de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología, la mayor asociación de psicólogos del mundo, se ha negado a implementar una resolución aprobada por sus miembros que prohíbe a los mismos participar de interrogatorios en lugares donde se viola el derecho internacional o la Convención de Ginebra. El Dr. Reisner es hijo de sobrevivientes del holocausto y se postula a presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, en parte para obligar al cumplimiento de esta resolución.
El Dr. John Francis Leso es comandante del ejército de Estados Unidos y ex jefe del servicio de psicología clínica del Centro Médico Walter Reed de Washington D.C. Según el comité de Justicia y Responsabilidad, CJA, el Dr. Leso “dirigió el primer Equipo de Asesoramiento en Ciencias del Comportamiento (BSCT, por sus siglas en inglés) en Guantánamo, entre junio de 2002 y enero de 2003.” Allí fue “coautor de un memorando de políticas de interrogatorio que incorporaban técnicas ilegales adaptadas a partir de métodos utilizados por los gobiernos de China y Corea del Norte contra los prisioneros de guerra de Estados Unidos.”
Reisner entabló una demanda ante el organismo del Estado de Nueva York encargado de otorgar la habilitación a los psicólogos, la Oficina de Disciplina Profesional de Nueva York (OPD, por sus siglas en inglés), por la que solicita se lleve a cabo una investigación y se tomen las medidas disciplinarias que correspondan. Reisner explicó por qué optó por este camino: “Los profesionales de la salud están sujetos a valores morales más altos aún que los interrogadores o los hombres y mujeres del ejército. Están sujetos a un código de ética y este código de ética surge del hecho de que las personas somos más vulnerables ante los profesionales de la salud porque ellos están al tanto de información privada, de debilidades, de problemas psicológicos y físicos, y están al tanto de esa información porque juran no abusar de ella para causar daño. Por lo tanto, cuando profesionales de la salud utilizan esa información y su conocimiento para causar daño, hay que someterlos a sus obligaciones éticas y asegurarse de que esas personas rindan cuentas de sus acciones y se les revoque su licencia de ser necesario.”
La Oficina de Disciplina Profesional de Nueva York se negó a investigar, y por ese motivo Reisner procura obtener una orden judicial que obligue a ese organismo a llevar a cabo una investigación.
El Comandante Leso recomendó tres categorías de intensidad para los interrogatorios en Guantánamo en función de la capacidad de resistencia del prisionero. La “Categoría III” incluye “20 horas de interrogatorio diario, estricto aislamiento sin derecho a visitas de profesionales de la salud o del Comité Internacional de la Cruz Roja, restricciones alimentarias durante 24 horas una vez a la semana, escenarios diseñados para convencer al prisionero de que podría pasar por una experiencia dolorosa o fatal, consecuencias físicas no consideradas lesiones, desnudez y exposición al frío o agua fría hasta el momento en que el prisionero comience a temblar.”
Se cree que Leso habría participado en el interrogatorio de Mohammed al-Qahtani, un hombre joven detenido en Afganistán al que llaman el “secuestrador 20.” El interrogatorio de Al-Qahtani fue tan severo que luego fueron retirados los cargos en su contra. Al-Qahtani está representado por el Centro por los Derechos Constitucionales, el cual, en respuesta al anuncio del Fiscal General Holder, afirmó: “El gobierno de Obama ha admitido su fracaso político hoy al anunciar que juzgará a los acusados de los ataques del 11-S mediante el profundamente viciado sistema de comisiones militares en lugar de hacerlo en tribunales civiles según el Artículo III como se había previsto inicialmente. Al mismo tiempo que Estados Unidos exhorta a la aplicación del Estado de derecho en Medio Oriente, lo subvierte en su propia casa.”
Es larga la lista de nombres de funcionarios estadounidenses implicados en la tortura, sin embargo, ni uno solo de ellos ha enfrentado cargos: George W. Bush, Donald Rumsfeld, John Yoo, Alberto Gonzales y los psicólogos Coronel Larry James y John Leso, entre otros. Al tiempo que en todo el mundo se celebra la “primavera árabe”, en Estados Unidos deberíamos volver la página y celebrar también una “primavera estadounidense”, una que rechace la tortura y no tenga miedo de hacer uso de su sistema judicial para juzgar a terroristas o torturadores.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2011 Amy Goodman
El Dr. John Francis Leso es comandante del ejército de Estados Unidos y ex jefe del servicio de psicología clínica del Centro Médico Walter Reed de Washington D.C. Según el comité de Justicia y Responsabilidad, CJA, el Dr. Leso “dirigió el primer Equipo de Asesoramiento en Ciencias del Comportamiento (BSCT, por sus siglas en inglés) en Guantánamo, entre junio de 2002 y enero de 2003.” Allí fue “coautor de un memorando de políticas de interrogatorio que incorporaban técnicas ilegales adaptadas a partir de métodos utilizados por los gobiernos de China y Corea del Norte contra los prisioneros de guerra de Estados Unidos.”
Reisner entabló una demanda ante el organismo del Estado de Nueva York encargado de otorgar la habilitación a los psicólogos, la Oficina de Disciplina Profesional de Nueva York (OPD, por sus siglas en inglés), por la que solicita se lleve a cabo una investigación y se tomen las medidas disciplinarias que correspondan. Reisner explicó por qué optó por este camino: “Los profesionales de la salud están sujetos a valores morales más altos aún que los interrogadores o los hombres y mujeres del ejército. Están sujetos a un código de ética y este código de ética surge del hecho de que las personas somos más vulnerables ante los profesionales de la salud porque ellos están al tanto de información privada, de debilidades, de problemas psicológicos y físicos, y están al tanto de esa información porque juran no abusar de ella para causar daño. Por lo tanto, cuando profesionales de la salud utilizan esa información y su conocimiento para causar daño, hay que someterlos a sus obligaciones éticas y asegurarse de que esas personas rindan cuentas de sus acciones y se les revoque su licencia de ser necesario.”
La Oficina de Disciplina Profesional de Nueva York se negó a investigar, y por ese motivo Reisner procura obtener una orden judicial que obligue a ese organismo a llevar a cabo una investigación.
El Comandante Leso recomendó tres categorías de intensidad para los interrogatorios en Guantánamo en función de la capacidad de resistencia del prisionero. La “Categoría III” incluye “20 horas de interrogatorio diario, estricto aislamiento sin derecho a visitas de profesionales de la salud o del Comité Internacional de la Cruz Roja, restricciones alimentarias durante 24 horas una vez a la semana, escenarios diseñados para convencer al prisionero de que podría pasar por una experiencia dolorosa o fatal, consecuencias físicas no consideradas lesiones, desnudez y exposición al frío o agua fría hasta el momento en que el prisionero comience a temblar.”
Se cree que Leso habría participado en el interrogatorio de Mohammed al-Qahtani, un hombre joven detenido en Afganistán al que llaman el “secuestrador 20.” El interrogatorio de Al-Qahtani fue tan severo que luego fueron retirados los cargos en su contra. Al-Qahtani está representado por el Centro por los Derechos Constitucionales, el cual, en respuesta al anuncio del Fiscal General Holder, afirmó: “El gobierno de Obama ha admitido su fracaso político hoy al anunciar que juzgará a los acusados de los ataques del 11-S mediante el profundamente viciado sistema de comisiones militares en lugar de hacerlo en tribunales civiles según el Artículo III como se había previsto inicialmente. Al mismo tiempo que Estados Unidos exhorta a la aplicación del Estado de derecho en Medio Oriente, lo subvierte en su propia casa.”
Es larga la lista de nombres de funcionarios estadounidenses implicados en la tortura, sin embargo, ni uno solo de ellos ha enfrentado cargos: George W. Bush, Donald Rumsfeld, John Yoo, Alberto Gonzales y los psicólogos Coronel Larry James y John Leso, entre otros. Al tiempo que en todo el mundo se celebra la “primavera árabe”, en Estados Unidos deberíamos volver la página y celebrar también una “primavera estadounidense”, una que rechace la tortura y no tenga miedo de hacer uso de su sistema judicial para juzgar a terroristas o torturadores.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2011 Amy Goodman
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