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| Concejal Jaime Caicedo |
Boletín de prensa
• Con lo que vale el proyecto de autopistas, puede construirse más de una nueva línea del metro que transporta millones de personas/año
• Bogotá deberá asumir todos los riesgos del proyecto para asegurar ganancias de concesionarios
Fuertes críticas al proyecto de construcción de autopistas urbanas formuló el concejal Jaime Caicedo Turriago en el transcurso del debate citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo. Reveló que el proyecto está concebido para que los grandes consorcios de la construcción obtengan altas tasas de retribución y los conductores particulares puedan transitar a grandes velocidades, limitando el uso de las vías a la gran mayoría que se moviliza en el transporte público.
Caicedo Turriago, con base en el estudio realizado por la Corporación Andina de Fomento, indicó que el costo calculado del proyecto supera los $5.4 billones para la construcción y mantenimiento de 13 corredores viales que suman recorridos por 169,1 kilómetros a lo largo de vías troncales actuales como la Avenida Boyacá, la NQS, la Avenida 68, la calle 100 y la 170, entre otras. “Lo increíble de esto es que las autopistas no serán nuevas vías, sino las mismas troncales principales con que hoy cuenta la ciudad. Luego, la gran mayoría de los habitantes va a quedar encerrada, sin poder usar las actuales vías”.
Señaló que “el proyecto de autopistas urbanas no sería tan regresivo para los intereses de la mayoría de los ciudadanos si hubiese sido diseñado para subsanar los grandes inconvenientes de que adolece el sistema de transporte masivo, que equivale al 95.3% de los viajes que se realizan en la ciudad. Pero lo que vemos es que, en primera instancia, se ponen por encima los intereses de los grandes inversionistas privados a quienes se les aseguran rentabilidades del 18%, y por otro lado sólo se piensa en el pequeño porcentaje de particulares que tienen vehículo privado. Esto va en contravía de las políticas aplicadas en el mundo, donde se desestimula el uso del carro particular y se complementan y mejoran sustancialmente los sistemas públicos masivos”.
Continuó diciendo que “a mi juicio, el proyecto contempla otro factor sumamente negativo: de acuerdo con el estudio de la CAF, si los estudios y diseños de la infraestructura que se pretende concesionar no tienen el nivel de detalle suficiente para que los concesionarios puedan asumir los riesgos asociados a la construcción, será necesario que el Distrito Capital asuma total o parcialmente dichos riesgos. Es decir, lo ancho para ellos con todas las garantías y lo angosto para el Distrito, con todos los riesgos. Esta es la perversa mentalidad que se ha impuesto en los gobiernos, una especie de tendencia garantista a ultranza de las facilidades para los contratistas a expensas de las finanzas estatales. Ya tenemos duros ejemplos de las consecuencias de esta política”.
Denunció que los concesionarios se apropiarán de las autopistas con peajes y excluirán el transporte público y los carriles libres en algunas vías, como por ejemplo la autopista ALO, el corredor NQS y otras más, sin contar con que prohibirá la circulación de motocicletas por esas vías concesionadas. “Qué decir de los impactos ambientales severos o críticos en humedales como Torca y Córdoba, la reserva forestal nacional de los cerros orientales y el desplazamiento social que provocarán en diversas zonas densamente pobladas”.
Caicedo criticó duramente el hecho de que el proyecto de autopistas urbanas no sólo viola flagrantemente el artículo 24 de la Constitución que habla del derecho a la libre circulación por el territorio nacional al limitar el acceso a las vías únicamente a quienes tengan cómo pagar los peajes, si no que promueve la segregación socio espacial. “Esta es una ciudad que de suyo ofrece una enorme discriminación entre los habitantes del norte y los del sur. Ahora se verá incentivada por un proyecto que estimula el uso de las vías para quienes tienen dinero”.
Propuso como alternativas acelerar la construcción no de una sino de varias líneas de metro, pues con los dineros que se requieren para las autopistas se pueden construir casi 1.5 líneas más de las que se tienen hoy contempladas. Además, dijo que se requiere mejorar el sistema Transmilenio eliminando las concesiones y creando empresas operadoras que permitan incrementar los recursos para malla vial y nueva infraestructura. También, democratizar aún más el Sistema Integrado de Transporte, impulsar los horarios escalonados para empleados y trabajadores y desarrollar carriles preferenciales para vehículos con dos o más pasajeros.
JCT
• Con lo que vale el proyecto de autopistas, puede construirse más de una nueva línea del metro que transporta millones de personas/año
• Bogotá deberá asumir todos los riesgos del proyecto para asegurar ganancias de concesionarios
Fuertes críticas al proyecto de construcción de autopistas urbanas formuló el concejal Jaime Caicedo Turriago en el transcurso del debate citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo. Reveló que el proyecto está concebido para que los grandes consorcios de la construcción obtengan altas tasas de retribución y los conductores particulares puedan transitar a grandes velocidades, limitando el uso de las vías a la gran mayoría que se moviliza en el transporte público.
Caicedo Turriago, con base en el estudio realizado por la Corporación Andina de Fomento, indicó que el costo calculado del proyecto supera los $5.4 billones para la construcción y mantenimiento de 13 corredores viales que suman recorridos por 169,1 kilómetros a lo largo de vías troncales actuales como la Avenida Boyacá, la NQS, la Avenida 68, la calle 100 y la 170, entre otras. “Lo increíble de esto es que las autopistas no serán nuevas vías, sino las mismas troncales principales con que hoy cuenta la ciudad. Luego, la gran mayoría de los habitantes va a quedar encerrada, sin poder usar las actuales vías”.
Señaló que “el proyecto de autopistas urbanas no sería tan regresivo para los intereses de la mayoría de los ciudadanos si hubiese sido diseñado para subsanar los grandes inconvenientes de que adolece el sistema de transporte masivo, que equivale al 95.3% de los viajes que se realizan en la ciudad. Pero lo que vemos es que, en primera instancia, se ponen por encima los intereses de los grandes inversionistas privados a quienes se les aseguran rentabilidades del 18%, y por otro lado sólo se piensa en el pequeño porcentaje de particulares que tienen vehículo privado. Esto va en contravía de las políticas aplicadas en el mundo, donde se desestimula el uso del carro particular y se complementan y mejoran sustancialmente los sistemas públicos masivos”.
Continuó diciendo que “a mi juicio, el proyecto contempla otro factor sumamente negativo: de acuerdo con el estudio de la CAF, si los estudios y diseños de la infraestructura que se pretende concesionar no tienen el nivel de detalle suficiente para que los concesionarios puedan asumir los riesgos asociados a la construcción, será necesario que el Distrito Capital asuma total o parcialmente dichos riesgos. Es decir, lo ancho para ellos con todas las garantías y lo angosto para el Distrito, con todos los riesgos. Esta es la perversa mentalidad que se ha impuesto en los gobiernos, una especie de tendencia garantista a ultranza de las facilidades para los contratistas a expensas de las finanzas estatales. Ya tenemos duros ejemplos de las consecuencias de esta política”.
Denunció que los concesionarios se apropiarán de las autopistas con peajes y excluirán el transporte público y los carriles libres en algunas vías, como por ejemplo la autopista ALO, el corredor NQS y otras más, sin contar con que prohibirá la circulación de motocicletas por esas vías concesionadas. “Qué decir de los impactos ambientales severos o críticos en humedales como Torca y Córdoba, la reserva forestal nacional de los cerros orientales y el desplazamiento social que provocarán en diversas zonas densamente pobladas”.
Caicedo criticó duramente el hecho de que el proyecto de autopistas urbanas no sólo viola flagrantemente el artículo 24 de la Constitución que habla del derecho a la libre circulación por el territorio nacional al limitar el acceso a las vías únicamente a quienes tengan cómo pagar los peajes, si no que promueve la segregación socio espacial. “Esta es una ciudad que de suyo ofrece una enorme discriminación entre los habitantes del norte y los del sur. Ahora se verá incentivada por un proyecto que estimula el uso de las vías para quienes tienen dinero”.
Propuso como alternativas acelerar la construcción no de una sino de varias líneas de metro, pues con los dineros que se requieren para las autopistas se pueden construir casi 1.5 líneas más de las que se tienen hoy contempladas. Además, dijo que se requiere mejorar el sistema Transmilenio eliminando las concesiones y creando empresas operadoras que permitan incrementar los recursos para malla vial y nueva infraestructura. También, democratizar aún más el Sistema Integrado de Transporte, impulsar los horarios escalonados para empleados y trabajadores y desarrollar carriles preferenciales para vehículos con dos o más pasajeros.
JCT
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