Boletín de prensa
• El argumento es que ha ejercido dominio de las áreas donde están las subestaciones eléctricas de los conjuntos residenciales
Una grave amenaza se cierne sobre todos los conjuntos residenciales y multifamiliares de la ciudad por cuenta de las acciones legales que Codensa emprendió contra 13 edificios de apartamentos en la ciudad para tomar posesión de las áreas comunes donde se encuentran las subestaciones eléctricas que los alimentan de energía, alegando que ha ejercido servidumbre por más de 10 años, debido a lo cual adquiriría el derecho a que los propietarios le escrituren dichas áreas.
La denuncia fue hecha por el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo Turriago, gracias a las evidencias que los propietarios de los edificios demandados le suministraron. En efecto, Codensa ha emprendido acciones legales contra 13 conjuntos residenciales localizados en distintos puntos de la ciudad, ante lo cual los afectados no sólo han manifestado su indignación, sino que han debido tomar medidas de protección y vigilancia constante de sus áreas comunes para impedir que la multinacional lleve a cabo sus turbios propósitos.
No obstante que se tiene información de estos 13 procesos, las mismas fuentes indican que Codensa tiene en proceso cientos de demandas de pertenencia o adquisición por prescripción de servidumbre de energía eléctrica en diferentes juzgados de Bogotá. De acuerdo con Jaime Caicedo “la potencial amenaza de Codensa recae sobre todos los conjuntos residenciales y edificios que por más de diez años tengan dentro de sus áreas comunes subestaciones eléctricas. Es decir que la situación tiene graves alcances para la ciudad”, señaló.
El concejal del PDA argumentó que “los dueños legítimos de las áreas comunes y de las subestaciones de energía eléctrica, son los propietarios que compraron los predios, como consta en las escrituras y en los reglamentos de propiedad horizontal. Codensa, a quien de buena fe y de acuerdo con las disposiciones legales, los propietarios permiten sin restricción alguna ingresar a los conjuntos residenciales para hacer mantenimiento periódico a las subestaciones de energía eléctrica, no puede violar el principio de la confianza legal y exigir una supuesta posesión para que se le entreguen estos bienes que pertenecen legítimamente a la comunidad”.
Consecuencias de la privatización de servicios públicos
Caicedo Turriago dijo que las pretensiones de Codensa “muestran hasta donde pueden llegar las consecuencias de la privatización de una empresa estatal y deben alertar a la ciudadanía de lo que puede pasar con la ETB si se llega a vender, ya que un socio capitalista también puede alegar supuestas servidumbres y posesiones sobre las cajas de teléfonos y las áreas comunes para apoderarse de dichos elementos que fueron pagados por los propietarios al momento de adquirir sus apartamentos”.
Insistió en que de prosperar las mezquinas intenciones de Codensa se violaría flagrantemente el articulo 9 de la Ley 142 de 1994, que garantiza a los usuarios el derecho a la libre elección del prestador del servicio, pues los propietarios quedarían sujetos a las imposiciones de esta empresa privada, y a cobros de arrendamiento para prestar el servicio, la suspensión del mismo o la venta de las subestaciones.
El cabildante recordó que no es la primera vez que esta multinacional arremete contra los intereses de la ciudad puesto que no contenta con hacerse al 48% de las acciones de la empresa de Energía Eléctrica, en un cuestionado proceder del entonces alcalde Antanas Mockus, logró que por la vía de la devolución del capital aportado la compra de la EEB le saliera prácticamente gratis. “Gracias a las altísimas tarifas que Codensa le cobra a los bogotanos y bogotanas, obtiene adicionalmente enormes utilidades que no revierten en mayores beneficios para la ciudad y que son exportadas a los países de origen de los capitalistas aportantes”.
El concejal Jaime Caicedo solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo y de la Personería Distrital para defender los intereses de los miles de propietarios que se verán expropiados por cuenta de los apetitos de la multinacional Codensa.
• El argumento es que ha ejercido dominio de las áreas donde están las subestaciones eléctricas de los conjuntos residenciales
Una grave amenaza se cierne sobre todos los conjuntos residenciales y multifamiliares de la ciudad por cuenta de las acciones legales que Codensa emprendió contra 13 edificios de apartamentos en la ciudad para tomar posesión de las áreas comunes donde se encuentran las subestaciones eléctricas que los alimentan de energía, alegando que ha ejercido servidumbre por más de 10 años, debido a lo cual adquiriría el derecho a que los propietarios le escrituren dichas áreas.
La denuncia fue hecha por el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo Turriago, gracias a las evidencias que los propietarios de los edificios demandados le suministraron. En efecto, Codensa ha emprendido acciones legales contra 13 conjuntos residenciales localizados en distintos puntos de la ciudad, ante lo cual los afectados no sólo han manifestado su indignación, sino que han debido tomar medidas de protección y vigilancia constante de sus áreas comunes para impedir que la multinacional lleve a cabo sus turbios propósitos.
No obstante que se tiene información de estos 13 procesos, las mismas fuentes indican que Codensa tiene en proceso cientos de demandas de pertenencia o adquisición por prescripción de servidumbre de energía eléctrica en diferentes juzgados de Bogotá. De acuerdo con Jaime Caicedo “la potencial amenaza de Codensa recae sobre todos los conjuntos residenciales y edificios que por más de diez años tengan dentro de sus áreas comunes subestaciones eléctricas. Es decir que la situación tiene graves alcances para la ciudad”, señaló.
El concejal del PDA argumentó que “los dueños legítimos de las áreas comunes y de las subestaciones de energía eléctrica, son los propietarios que compraron los predios, como consta en las escrituras y en los reglamentos de propiedad horizontal. Codensa, a quien de buena fe y de acuerdo con las disposiciones legales, los propietarios permiten sin restricción alguna ingresar a los conjuntos residenciales para hacer mantenimiento periódico a las subestaciones de energía eléctrica, no puede violar el principio de la confianza legal y exigir una supuesta posesión para que se le entreguen estos bienes que pertenecen legítimamente a la comunidad”.
Consecuencias de la privatización de servicios públicos
Caicedo Turriago dijo que las pretensiones de Codensa “muestran hasta donde pueden llegar las consecuencias de la privatización de una empresa estatal y deben alertar a la ciudadanía de lo que puede pasar con la ETB si se llega a vender, ya que un socio capitalista también puede alegar supuestas servidumbres y posesiones sobre las cajas de teléfonos y las áreas comunes para apoderarse de dichos elementos que fueron pagados por los propietarios al momento de adquirir sus apartamentos”.
Insistió en que de prosperar las mezquinas intenciones de Codensa se violaría flagrantemente el articulo 9 de la Ley 142 de 1994, que garantiza a los usuarios el derecho a la libre elección del prestador del servicio, pues los propietarios quedarían sujetos a las imposiciones de esta empresa privada, y a cobros de arrendamiento para prestar el servicio, la suspensión del mismo o la venta de las subestaciones.
El cabildante recordó que no es la primera vez que esta multinacional arremete contra los intereses de la ciudad puesto que no contenta con hacerse al 48% de las acciones de la empresa de Energía Eléctrica, en un cuestionado proceder del entonces alcalde Antanas Mockus, logró que por la vía de la devolución del capital aportado la compra de la EEB le saliera prácticamente gratis. “Gracias a las altísimas tarifas que Codensa le cobra a los bogotanos y bogotanas, obtiene adicionalmente enormes utilidades que no revierten en mayores beneficios para la ciudad y que son exportadas a los países de origen de los capitalistas aportantes”.
El concejal Jaime Caicedo solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo y de la Personería Distrital para defender los intereses de los miles de propietarios que se verán expropiados por cuenta de los apetitos de la multinacional Codensa.
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