La Cumbre Social y Política se realiza en un momento de importantes definiciones para el presente y futuro democrático en Colombia. Las élites reaccionarias vienen agrupando a diversas vertientes de la política tradicional alrededor de la continuidad del régimen autoritario y guerrerista de la “Seguridad Democrática”. El acuerdo militar que de manera omnímoda le entrega al imperialismo norteamericano siete bases en el territorio nacional, constituye un instrumento político de la reacción para prolongar por un tercer periodo el mandato del presidente Uribe. La profundización de la crisis fronteriza es consecuencia de la extensión del Plan Colombia al Sistema Andino, que con la ubicación de la IV Flota Naval del los EEUU en el mar Caribe, se ciernen como amenaza intervencionista a los procesos de transición democrática en Venezuela y Ecuador.
La política orientada a desconocer UNASUR y que ha puesto en crisis las relaciones de convivencia en América Latina es un reflejo de la línea derechista del régimen colombiano actual. La crisis económica ha golpeado de manera sensible amplios sectores sociales y de los trabajadores. La tendencia recesiva en importantes ramas de la producción, la creciente pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la demanda, la precarización laboral y el aumento de la pobreza son signos inequívocos del agotamiento del modelo neoliberal y la confianza inversionista. Es la consecuencia de la política que privatiza los servicios públicos esenciales, subasta las empresas nacionales y los recursos naturales a las grandes multinacionales y el capital financiero transnacional. Todo con el único fin de acondicionar al país a la expansión del capital globalizado a través de los tratados de libre comercio, de contratos y concesiones para los megaproyectos que destruyen el medio ambiente y financian el paramilitarismo que expulsa comunidades enteras y pueblos ancestrales de sus territorios milenarios.
El desplazamiento forzado, que ya supera los cuatro millones, es una consecuencia de la prolongación de la política contrainsurgente, de carácter permanente que agencia el Estado y con la que confronta el conflicto armado y la rebeldía social de masas. La expropiación violenta de la tierra y la legalización de títulos (gracias a la ley de justica y paz) ha fortalecido el latifundio, mientras que el lucrativo negocio de los agrocombustibles es subsidiado con los recursos públicos. La pequeña producción campesina es asfixiada por el aumento de los costos, la monopolización de los mercados y la competencia desleal. La contra reforma agraria está conduciendo peligrosamente al país al desabastecimiento y la pérdida de la soberanía alimentaria.
Este cuadro socio – económico explica el escandaloso crecimiento de las desigualdades en la sociedad colombiana. La acelerada pérdida de los derechos sociales y políticos es producto de la negación mercantilista del acceso universal a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda digna. La feroz ofensiva patronalista desatada contra el movimiento sindical está asociada al exterminio físico de dirigentes y organizaciones debilitando su capacidad de respuesta.
Colombia demanda con urgencia un cambio político. La premisa para alcanzar la paz democrática y con ella el restablecimiento de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales es precisamente derrotar a Uribe y su proyecto político en el 2010. Pero además, es necesario comprender que esto no es posible sin la unidad entre las diversas luchas del pueblo y su intervención en la contienda política electoral a través de la conformación de un bloque alternativo de fuerzas, surgido de una amplia convergencia social y popular en la cual puedan integrarse los partidos y movimientos políticos que se identifiquen con un programa democrático de unidad popular. Sólo a través de la unión de muchas voluntades y propósitos se logrará la fuerza suficiente para derrotar el proyecto de reelección indefinida de la ultraderecha colombiana.
Este crisol de la unidad popular puede ser la Cumbre Social y Política si la miramos como un proceso y no como un evento más en Bogotá. No basta entonces con sólo visibilizar las luchas sectoriales y construir una agenda de los movimientos sociales. A estos esfuerzos debe sumarse una apuesta programática unitaria. Por ende, es preciso delinear con claridad los ejes programáticos de la acción llamada a interpelar en la movilización social la política del actual gobierno. Este programa debe propiciar acercamientos con los partidos y movimientos políticos a fin de crear las condiciones para forjar una gran alianza, que permita enfrentar como un gran bloque de oposición al candidato - presidente en la primera vuelta en el 2010. Esto es lo principal en la búsqueda de un cambio en la dirección política y en la composición del poder en Colombia.
A continuación aportamos al debate 5 ejes como base programática para la construcción unitaria de una política de alianzas para el movimiento obrero y popular:
1. RECHAZO A LAS BASES MILITARES AL SERVICIO DEL COMANDO SUR, DE LA IV FLOTA, DEL PLAN COLOMBIA, DEL TLC Y EN FAVOR DE LA UNIDAD E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. En este sentido es esencial el rechazo a toda forma de intervencionismo militar e injerencia en los asuntos internos, para lo cual es imprescindible la terminación del Plan Colombia y los acuerdos de cooperación militar que involucre la presencia de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Colombia no puede seguir aislada de las dinámicas de cambio en el continente. Es preciso promover una política exterior basada en la solidaridad, la amistad, la cooperación, el apoyo mutuo y la construcción de alianzas estratégicas en función de un proyecto de integración emancipadora de los pueblos de nuestra América.2. UNIDAD PARA UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO DE AMPLIA CONVERGENCIA Y COALICIÓN POPULAR. Ello implica defender y ampliar las libertades y garantías consagradas en la carta del 91, el pleno respeto de los derechos humanos y de los derechos de los (las) trabajadores (as). Además es necesario impulsar desde abajo y con amplios sectores de la sociedad, un proceso constituyente que permita devolverle el protagonismo a los ciudadanos en los cambios profundos que requiere el país para alcanzar la democracia plena, la justica social y la paz.
3. DESMONTE DEL MODELO NEOLIBERAL Y ADOPCIÓN DE UN PROGRAMA DE REFORMAS QUE RECUPERE EL CONTROL SOCIAL SOBRE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS. Es necesario que el nuevo gobierno ponga en marcha un plan de emergencia para la recuperación del empleo digno a partir de la inversión pública con participación de los trabajadores y las comunidades que comprometa la empresa privada. Esta política debe permitir la redistribución del ingreso, la restauración progresiva de los derechos sociales y el reforzamiento de la educación pública de calidad en todos los niveles y territorios del país. Este viraje implica la renuncia al TLC con los EEUU, el control de capitales y cambios, y la reorientación hacia la cooperación económica estratégica en el marco de la unidad e integración latinoamericanas. A lo que deben agregarse medidas de reforma agraria, con restitución de tierras a los refugiados internos, la creación de reservas campesinas, el crédito, la asistencia técnica y el desarrollo de una política de seguridad alimentaria y preservación del medio ambiente.
4. ACUERDO NACIONAL DE PAZ QUE PERMITA UNA SOLUCIÓN POLÍTICA Y PACÍFICA DEL CONFLICTO INTERNO. La decisión política de poner fin a la guerra está asociada a las reformas sociales y políticas que permitan superar las causas estructurales de la confrontación armada. Las partes deberán comprometerse al cese de hostilidades para iniciar por vía del diálogo un proceso de negociación que conduzca hacia un tratado de paz justo y democrático, con participación amplia de la sociedad y con plenas garantías para la verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición para las víctimas del conflicto armado en toda su dimensión histórica. Este acuerdo de paz deberá ser ratificado popularmente en un plebiscito. El impulso del intercambio humanitario deber ser un primer paso para avanzar en esta dirección.
5. PLAN NACIONAL Y MULTILATERAL CONTRA LAS DROGAS Y APOYO INTERNACIONAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE NARCOECONOMÍAS. Una política efectiva de lucha contra el narcotráfico debe superar como eje central el aspecto de la prohibición. No es con fumigaciones indiscriminadas, la ruina de la pequeña economía campesina y del medio ambiente como se va a romper el círculo vicioso del negocio de estupefacientes. Sólo a través de la recuperación de la producción agrícola, de una reforma agraria que redistribuya la tierra, de subsidios a la producción alimentaria y una apuesta efectiva por una política de paz que permita el retorno al campo, puede lograrse la sustitución de las narcoeconomías y la derrota de los carteles y mafias con todo su poder corruptor de la sociedad y las instituciones del Estado.
Aportes del Partido Comunista Colombiano, PCC, a la Cumbre Social y Política. Bogotá D.C. 20 al 22 de agosto de 2009.
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