Claudia LópezEl gobierno de los Estados Unidos, no la justicia colombiana, tiene el mayor acumulado de información sobre las causas y secuelas de la guerra y la corrupción en Colombia.
¿Qué piensa hacer el gobierno de Barack Obama con esa información? ¿Seguirá la política de sus antecesores de usarla para chantajear al Presidente de turno, obtener de los chantajeados la mejor tajada para sus intereses y dejarnos a los colombianos con los costos y la corruptela? ¿Por qué el despliegue militar de los Estados Unidos en América Latina se concentra en Colombia? ¿Por puro gusto y amistad? ¿O porque ningún otro país combina tan formidablemente posición estratégica, puertas abiertas y gobiernos chantajeables?
La verdad plana y llana es que el gobierno de Bush en Estados Unidos y el de Uribe en Colombia mintieron hace un año cuando dijeron que tenían mecanismos de cooperación judicial para asegurar que el proceso de justicia y paz de los extraditados continuaría. No hay cooperación, ni mecanismos claros y, en consecuencia, la verdad y la justicia están deliberadamente obstruidas. Ambos gobiernos saben perfectamente que cooperación judicial quiere decir: 1. Protección a testigos, 2. Fluidez en tiempo real de la información judicial obtenida en Estados Unidos hacia los procesos judiciales en Colombia y 3. Facilidad logística y judicial para la operación de la justicia y las víctimas colombianas en Estados Unidos. Nada de eso está ocurriendo.
Que el Gobierno colombiano quiera que la verdad se entierre, no sorprende. Su rabo de paja lo explica. Pero que el de Estados Unidos lo acolite y nos deje a los colombianos maniatados para hacer justicia no es del todo comprensible. Dirán que han logrado desbaratar a los carteles y que aunque los que gobiernan ahora estuvieron ligados a ellos, han logrado comprometerlos para que no sigan en esas andanzas. ¿De verdad se creen ese cuento? ¿A sabiendas de que ’alias Santiago’ es cabeza del cartel de Medellín y la Oficina de Envigado de hoy? ¿De verdad creen que los gobernantes y el establecimiento político de hoy son menos funcionales a la operación de ese cartel que ayer? ¿Y que la extradición de los paramilitares, el asesinato de los testigos, la obstrucción de la verdad y la justicia y la segunda reelección nada tienen que ver con su impunidad?
Hoy, 20 años después, un ex presidente colombiano recuerda que el embajador de Estados Unidos de su época le dijo que su director del DAS era ficha del cartel de Cali. Supone uno que también concluyeron en esa conversación que ese hecho era menor frente al logro que juntos -DAS, gringos y carteles, incluido el de Cali- habían tenido en dar de baja a Pablo Escobar. De hecho, Maza Márquez se fue del cargo con honores y reconocimientos del gobierno de Estados Unidos y de Colombia.
El general y el embajador que lo denunció se fueron, pero los ’Pepes’ se quedaron. Con el proceso 8.000, el cartel de Medellín, versión ’Pepes’, se despachó al cartel de Cali y se expandió bajo la franquicia de las Auc. Con esa franquicia, los narcotraficantes del cartel de Medellín, herederos de Escobar, como los Castaño, redujeron su exposición penal por casi dos décadas, se legitimaron bajo la bandera antisubversiva y expandieron no sólo el narcotráfico sino su entramado mafioso por la política y la economía colombianas y ahora posan de empresarios, prestigiosos gobernantes y hasta "intelectuales" de "centros de pensamiento".
Si algo va quedando claro en estos años, basta repasar la prensa de la semana pasada, es que sectores del Establecimiento colombiano han sido los principales ejecutores de la combinación de todas las formas de lucha. Y que han contado para ello con el silencio cómplice de sectores de Estados Unidos, que primero los acolitan, luego los aprietan y siempre los extorsionan. Y mientras tanto, a los millones de víctimas y ciudadanos decentes que confiamos en los valores de la democracia norteamericana, y que exponemos el pellejo contra esa mafia, siempre nos dejan colgados de la brocha y viendo un chispero. ¿Hasta cuándo?
¿Qué piensa hacer el gobierno de Barack Obama con esa información? ¿Seguirá la política de sus antecesores de usarla para chantajear al Presidente de turno, obtener de los chantajeados la mejor tajada para sus intereses y dejarnos a los colombianos con los costos y la corruptela? ¿Por qué el despliegue militar de los Estados Unidos en América Latina se concentra en Colombia? ¿Por puro gusto y amistad? ¿O porque ningún otro país combina tan formidablemente posición estratégica, puertas abiertas y gobiernos chantajeables?
La verdad plana y llana es que el gobierno de Bush en Estados Unidos y el de Uribe en Colombia mintieron hace un año cuando dijeron que tenían mecanismos de cooperación judicial para asegurar que el proceso de justicia y paz de los extraditados continuaría. No hay cooperación, ni mecanismos claros y, en consecuencia, la verdad y la justicia están deliberadamente obstruidas. Ambos gobiernos saben perfectamente que cooperación judicial quiere decir: 1. Protección a testigos, 2. Fluidez en tiempo real de la información judicial obtenida en Estados Unidos hacia los procesos judiciales en Colombia y 3. Facilidad logística y judicial para la operación de la justicia y las víctimas colombianas en Estados Unidos. Nada de eso está ocurriendo.
Que el Gobierno colombiano quiera que la verdad se entierre, no sorprende. Su rabo de paja lo explica. Pero que el de Estados Unidos lo acolite y nos deje a los colombianos maniatados para hacer justicia no es del todo comprensible. Dirán que han logrado desbaratar a los carteles y que aunque los que gobiernan ahora estuvieron ligados a ellos, han logrado comprometerlos para que no sigan en esas andanzas. ¿De verdad se creen ese cuento? ¿A sabiendas de que ’alias Santiago’ es cabeza del cartel de Medellín y la Oficina de Envigado de hoy? ¿De verdad creen que los gobernantes y el establecimiento político de hoy son menos funcionales a la operación de ese cartel que ayer? ¿Y que la extradición de los paramilitares, el asesinato de los testigos, la obstrucción de la verdad y la justicia y la segunda reelección nada tienen que ver con su impunidad?
Hoy, 20 años después, un ex presidente colombiano recuerda que el embajador de Estados Unidos de su época le dijo que su director del DAS era ficha del cartel de Cali. Supone uno que también concluyeron en esa conversación que ese hecho era menor frente al logro que juntos -DAS, gringos y carteles, incluido el de Cali- habían tenido en dar de baja a Pablo Escobar. De hecho, Maza Márquez se fue del cargo con honores y reconocimientos del gobierno de Estados Unidos y de Colombia.
El general y el embajador que lo denunció se fueron, pero los ’Pepes’ se quedaron. Con el proceso 8.000, el cartel de Medellín, versión ’Pepes’, se despachó al cartel de Cali y se expandió bajo la franquicia de las Auc. Con esa franquicia, los narcotraficantes del cartel de Medellín, herederos de Escobar, como los Castaño, redujeron su exposición penal por casi dos décadas, se legitimaron bajo la bandera antisubversiva y expandieron no sólo el narcotráfico sino su entramado mafioso por la política y la economía colombianas y ahora posan de empresarios, prestigiosos gobernantes y hasta "intelectuales" de "centros de pensamiento".
Si algo va quedando claro en estos años, basta repasar la prensa de la semana pasada, es que sectores del Establecimiento colombiano han sido los principales ejecutores de la combinación de todas las formas de lucha. Y que han contado para ello con el silencio cómplice de sectores de Estados Unidos, que primero los acolitan, luego los aprietan y siempre los extorsionan. Y mientras tanto, a los millones de víctimas y ciudadanos decentes que confiamos en los valores de la democracia norteamericana, y que exponemos el pellejo contra esa mafia, siempre nos dejan colgados de la brocha y viendo un chispero. ¿Hasta cuándo?
En Colombia "Guillermo Valencia Cossio tendrá que justificar $1.200 millones": FiscalíaEl ente acusador presentó documentos que reflejan un incremento patrimonial no soportado.
En el marco del juicio que se adelanta en contra del ex director de Fiscalías de Medellín, la Fiscalía presentó un informe que sobre la declaración de renta de Guillermo Valencia Cossio que refleja algunas inconsistencias.
Por ejemplo, existen 690 millones de pesos en consignaciones que no se encuentras soportadas. También, ganado y algunos bienes raíces que son considerados por la Fiscalía como incremento patrimonial no justificado.
Ante esta denuncia, la defensa de Valencia Cossio señaló que no conocía el informe que anexó el ente investigador durante la etapa de juicio.
En el marco del juicio que se adelanta en contra del ex director de Fiscalías de Medellín, la Fiscalía presentó un informe que sobre la declaración de renta de Guillermo Valencia Cossio que refleja algunas inconsistencias.
Por ejemplo, existen 690 millones de pesos en consignaciones que no se encuentras soportadas. También, ganado y algunos bienes raíces que son considerados por la Fiscalía como incremento patrimonial no justificado.
Ante esta denuncia, la defensa de Valencia Cossio señaló que no conocía el informe que anexó el ente investigador durante la etapa de juicio.
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cobertura a Carlos Alberto Montaner
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