Concejal Jaime Caicedo· La intención democratizadora de la propiedad del sistema, según está proyectado, no es más que un saludo a la bandera.
· El sistema tarifario propuesto implicará sobrecostos para los usuarios.
El nuevo sistema de transporte integrado para la capital parece un proyecto direccionado para perpetuar la concentración del capital en las 12 familias que manejan el negocio del transporte en la capital”, dijo el concejal Jaime Caicedo Turriago, al tiempo que advirtió no quedó incluida la tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y discapacitados.
El concejal del Polo Democrático llamó la atención respecto de que la intención democratizadora del proyectado sistema “no es más que un saludo a la bandera, pues en verdad no existe opción real para que los pequeños propietarios, que son dueños del 92% de todos los vehículos circulantes, puedan entrar como propietarios del sistema y no como simples accionistas. Además, la experiencia de Transmilenio enseña que mediante maniobras de los propietarios del gran capital, con posterioridad serán excluidos a través de los procesos de capitalización”, dijo Caicedo.
El otro lunar está en función de las condiciones en que los trabajadores del sistema quedarán vinculados a las empresas, puesto que en criterio de Caicedo estarán sometidos a los sistemas informales o paralelos de contratación que no garantizan su estabilidad ni los beneficios que la ley laboral prevé.
La tarifas, otra gran preocupación
El esquema tarifario sugerido va a permitir a los usuarios del SITP la utilización de uno o más servicios de transporte, bajo un esquema de cobro diferenciado por tipo de servicio, que incluye pagos adicionales por trasbordo inferiores al primer cobro. Al respecto, el concejal Jaime Caicedo se preguntó si esto “significa que además de pagar el pasaje en Transmilenio, el usuario tendrá que pagar un valor adicional, incrementando el costo de la tarifa”.
Una preocupación adicional es el hecho de que a pesar de que el proyecto defendido por el concejal Caicedo de establecer tarifas diferenciales para estudiantes, adultos mayores y discapacitados fue incluido en el Plan de Desarrollo, “en el diseño del Sistema propuesto por la Secretaría de Movilidad esta no aparece por ningún lado. Ni siquiera se prevé lo ordenado por la Ley 1171 de 2007, que obliga por lo menos a cobrar tarifa diferencial a los mayores de 62 años”.
En su opinión, “existen otros rincones oscuros en el proyecto del sistema integrado de transporte que terminan por reforzar la posición ventajosa de las 12 familias que concentran en sus manos el control del transporte capitalino, a las operadoras de Transmilenio y a las actuales empresas afiliadoras de transportadores, que no son operadoras en realidad, pero que serán favorecidas bajo las condiciones previstas para la convocatoria de las licitaciones de las 13 zonas previstas. Esto sin contar con las posibles exigencias económicas para las empresas que liciten, las cuales de seguro terminarán por sacar del sistema a los pequeños propietarios, generando una situación social dramática para miles de familias que devengan sus ingresos de la operación de uno o dos vehículos de transporte público”, declaró.
Entre las propuestas presentadas por el concejal Jaime Caicedo están la necesidad de “concertar un esquema de operación y administración en función del servicio a los ciudadanos y no de los intereses de los monopolios del transporte. En los pliegos de la licitación se deben establecer claramente condiciones que permitan una democratización real de la propiedad del sistema con presencia real de los pequeños propietarios y conceder un alto puntaje a la experiencia de los transportadores”.
Por otro lado, “deben contemplarse mecanismos financieros para apoyar a los pequeños propietarios en la conformación y sostenibilidad de empresas de transporte, para lo cual pueden emplearse recursos del Fondo Cuenta de Reorganización del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros del Distrito Capital, creado por el Acuerdo 4 del 4 de febrero de 1999, que establece que se debe facilitar la vinculación de los propietarios o de los conductores del transporte colectivo a las empresas operadoras del transporte masivo.
Por último, insistió en la imperiosa obligación del gobierno distrital de poner en funcionamiento la tarifa diferencial para jóvenes, discapacitados y adultos mayores, como una muestra de verdadero compromiso social con las poblaciones más pobres y vulnerables.
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