Antropólogo de la Universidad Nacional, Magíster en Análisis Político, y Relaciones ales

martes, 5 de agosto de 2008

Verdades de la masacre de San José de Apartadó


Procuraduría elevó pliego de cargos contra nueve militares por la incursión paramilitar de febrero de 2005. Se ordenaron nuevas investigaciones a dos compañías del Ejército. La masacre de San José de Apartadó fue perpetrada en febrero de 2005 por los paramilitares en complicidad, al parecer, con miembros de la XVII Brigada del Ejército.


Casi 42 meses después de la brutal masacre de 8 campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en hechos ocurridos el 21 y el 22 de febrero de 2005, la Procuraduría General de la Nación, apoyada en la investigación que paralelamente ha venido realizando un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, y dentro de la cual hay varios oficiales y suboficiales detenidos, concluyó que existen evidencias sólidas que comprometen a por lo menos nueve militares con 60 miembros del bloque Héroes de Tolová de las autodefensas, que perpetraron el múltiple asesinato. Siga..




Asesinan líder desplazado en Antioquia



El joven de solo18 años fue asesinado a pocos metros de su casa. Hasta ahora se desconocen los autores del crimen.
Alexander Gómez era un joven activo y con fuerte sentido de la responsabilidad social, tanto que a sus escasos 18 años fungía como presidente de la Acción Comunal de su vereda, Santa Bárbara, en la zona rural del municipio de San Luís, Antioquia, y miembro de una organización de población desplazada llamada La Legión del Afecto.

Pero su naciente vocación de líder social fue truncada el pasado 25 de julio cuando hombres armados le propinaron dos disparos mientras se dirigía de su casa al trabajo. Al día siguiente de su desaparición, personas de la comunidad encontraron su cadáver en las inmediaciones de la escuela veredal. Siga..



Human Rights Watch cree que la reforma de Uribe amenaza investigación "parapolítica"

Por Caracol Radio
La reforma constitucional que impulsa el presidente colombiano, Alvaro Uribe, atenta contra la obligación de rendir cuentas y favorece a los parlamentarios aliados del mandatario investigados por la "parapolítica", afirmó hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

El grupo humanitario criticó en un comunicado una propuesta en particular que, a su juicio, le quitaría a la Corte Suprema en ese país la función de investigar a políticos involucrados en el escándalo de la "parapolítica".
"Es evidente que la intención de Uribe es retirarle a la institución que más ha hecho por descubrir y confrontar la influencia paramilitar en el Congreso la facultad de investigar a congresistas", dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de HRW.
"Esta propuesta no tiene un propósito distinto que el de ayudar a los miembros de la coalición de Uribe a librarse de la justicia", agregó.

La propuesta indica que los procesos penales serían llevados por un tribunal local, el Tribunal Superior de Bogotá, y la Corte Suprema solo conocería de las apelaciones.

Pero el texto de esa reforma "no es claro con respecto a quién estará a cargo de las investigaciones: si los fiscales de la Fiscalía General de la Nación o los jueces del tribunal de Bogotá", precisó HRW.

De esta forma, la reforma propuesta afectaría las investigaciones "sin precedentes" que adelanta la sala penal de la Corte Suprema acerca de la infiltración de paramilitares en el Congreso colombiano, indicó la organización.

El grupo recordó que más de 60 congresistas de la coalición de Uribe son objeto de investigación, y más de 30 de ellos están detenidos por colaboración con los paramilitares.

Entre los políticos encarcelados como producto de las investigaciones figura el senador Mario Uribe, primo del presidente y uno de sus aliados políticos más cercanos durante muchos años.
También se encuentra el senador Carlos García, presidente del partido "la U", afín a Uribe, cuya captura la corte ordenó el 25 de julio de este año.

La organización destacó que Uribe y varios miembros de su gabinete han atacado en reiteradas ocasiones a la Corte Suprema, "haciendo acusaciones cuestionables e incluso llamando a los magistrados por teléfono para indagar acerca de investigaciones en curso".

HRW reconoció que existen problemas en torno al debido proceso judicial, en particular el hecho de que la sala penal de la Corte Suprema está a cargo tanto de las investigaciones como del juicio de los congresistas, y no hay ningún recurso para apelar sus decisiones.

Sin embargo, añadió, existen otras soluciones a esos problemas que no perjudicarían las investigaciones de la parapolítica y para las cuales "no sería necesario retirarle a la Corte Suprema la competencia sobre las investigaciones a congresistas".

"Esta invocación orwelliana del debido proceso que hace el Gobierno pareciera apuntar, principalmente, a encubrir su intención de darles un golpe fatal a las investigaciones de la parapolítica", agregó Vivanco.

El 20 por ciento de los miembros del Congreso están bajo investigación o están detenidos, y el Gobierno de Uribe tiene una amplia mayoría en el Congreso.

Ante ese escenario, es poco probable que las reformas propuestas afronten gran resistencia, y si finalmente son aprobadas, "probablemente afectarían no solo casos futuros, sino también investigaciones ya iniciadas por la Corte Suprema", lamentó Vivanco.


INTERNACIONAL

Preparan protestas en EE.UU. contra reunión republicana
Washington.— Diversas organizaciones ambientalistas antibélicas, de izquierda y de veteranos preparan manifestaciones contra la Convención Nacional del Partido Republicano, a celebrarse en el estado norteamericano de Minnesota.
La televisora CNN destacó que los grupos, que también incluyen a activistas a favor de los derechos de los inmigrantes, planean tomar las calles de la ciudad de St Paul, donde se realizará la reunión del 1 al 4 de septiembre venidero. Siga..


Ciudades italianas militarizadas con tres mil soldados a partir de este lunes TeleSUR Tres mil militares italianos comenzaron este lunes a tomar posiciones en las principales ciudades del país, en una medida que, según el Gobierno de Silvio Berlusconi, mejorará la seguridad y el orden pero que generó polémicas y que algunos consideraron inútil.
Los soldados comenzaron a patrullar las calles y vigilar objetivos "sensibles", monumentos, embajadas, estaciones de ferrocarril y centros de inmigración en las principales ciudades peninsulares con el objetivo de “reforzar la seguridad”, informó la agencia italiana Ansa. Siga..




TeleSUR Siete países crearon este lunes en Buenos Aires la Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz (Alcopaz), destinada a la capacitación del personal que participe en misiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay firmaron el estatuto de conformación de la entidad, integrada por los centros de entrenamiento para misiones de paz de estos países, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa de Argentina, que durante el primer año tendrá la presidencia de la asociación a su cargo. Siga..







Revelan presiones de seguridad israelí para reclutar a palestinos
Tel Aviv, 4 ago (PL) Agentes de la inteligencia de Israel condicionan el tratamiento médico de algunos palestinos en este país a que funjan como informantes en los territorios ocupados, reveló hoy un grupo de derechos humanos.
Al menos a 30 personas provenientes de la Franja de Gaza se les han negado los servicios asistenciales por no suministrar información al Shin Bet (la agencia de seguridad israelí), aseguró la organización Físicos por los Derechos Humanos, con sede en esta capital. Siga..


Comienza histórico juicio contra dos represores argentinos
Buenos Aires, 5 ago (PL) Una corte de la provincia argentina de Tucumán comenzará hoy a juzgar a los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la última dictadura (1976-1983).
Fuentes judiciales informaron que en la sesión de este martes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal leerá la acusación que pesa contra los militares retirados por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, en 1976. Siga..



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