 |
| Apoyo a Piedad Córdoba |
"La persecución contra Piedad Córdoba se ha convertido en espectáculo mediático al que contribuye, en su estilo, la Procuraduría. El principio de solidaridad frente a la injusticia, la discriminación, el maltrato es un rasgo irrenunciable de la izquierda. En la lucha contra el sistema nadie debe sentirse solo (a). La solidaridad construye confianza y la confianza es base de la unidad".
Continúa la persecución del procurador contra Piedad Córdoba
Con desconcierto me enteré del comunicado de prensa realizada, publicada y reenviada por la Procuraduría donde se afirmaba en primicia tendenciosa que yo pretendía recibir en una conciliación de 85 millones de pesos a título de indemnización con el fin de no realizar acción judicial para mi reintegro al cargo de Senadora de la República. Acto seguido, rápidamente la noticia fue difundida, sin constatación, en los principales portales de noticias del país y el mundo, con el efecto consecuente del repudio nacional y violentos agravios en mi contra.
El titular de la nota de prensa de la Procuraduría cumplió con su objetivo de desinformar, deshonrar y mancillar una vez más mi reputación e imagen ante la opinión pública nacional e internacional, considero entonces, una justa causa exponer ante la opinión pública lo que efectivamente se pidió, no sin antes aclarar que a diciembre 21 del año pasado tome la decisión de realizar un proceso de ruptura con la Procuraduría, manifesté desde ese momento no presentar recurso alguno en los procesos que se siguen hacia mí en ese organismo, ya que era una verdad sabida que no tenía, tengo, ni tendré ninguna garantía de respeto al derecho a la defensa y al debido proceso, mientras Alejandro Ordoñez Maldonado ostente el cargo de Procurador General de la Nación.
No obstante, nunca he descartado mi intención de asistir a otras instancias que garanticen neutralidad e imparcialidad en sus decisiones jurisdiccionales y es así que preparé diferentes acciones para recuperar mi derecho a ser congresista, el cual fue absurdamente arrebatado por una decisión inconstitucional, ilegal e ilegítima para quien el adjetivo de prevaricador es un justo título a su saga de arbitrariedades y aberraciones jurídicas.
En ese orden de ideas y con el único objetivo de que mi caso sea conocido por el Consejo de Estado, realice la solicitud de conciliación donde convoque a la Procuraduría, ya que el artículo 3 de la Ley 1285 de 2009 que es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 (creado en el Gobierno de Uribe Vélez) en el artículo 2 y el Código Contencioso Administrativo que es la Ley 1437 de 2011 sancionada el 18 de Enero de esta anualidad en el artículo 161 establece la necesidad de adelantar esta diligencia como requisito de procedibilidad, so pena de rechazo de la demanda.
Sé muy bien que ese paso es como arar en tierra no fértil porque ante un fallo improcedente y politizado no existe la menor posibilidad de conciliación, lo hice porque debía agotar el conducto legal para preservar el debido proceso, y así continuar el trámite en el Consejo de Estado, de todo esto se armo un ruido innecesario y doloroso para mi honra, ya que en ningún escenario he mercantilizado, ni le he puesto valor a mi proceso, mi convicción siempre ha sido que es un derechomi reintegro al Congreso, para convalidar el mandato ciudadano de más de 70.000 colombianas y colombianos que depositaron su confianza hacia mí, en las urnas.
El tratamiento dado a mi legítima petición por parte del Procurador comprueba una vez más la planeada y sistemática persecución en mi contra queservirá para explicarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este 26 de marzo en Washington, la cadena sistemática de infamias, calumnias y montajes realizados por diferentes funcionarios del Estado en mi contra y así desenmascarar la falacia diseñada por un mendaz prevaricador.
Fui inhabilitada y destituida ilegítima e ilegalmente por defender una Causa Justa, la paz en Colombia.
Piedad Córdoba Ruíz
PCR/PCC
Continúa la persecución del procurador contra Piedad Córdoba
Con desconcierto me enteré del comunicado de prensa realizada, publicada y reenviada por la Procuraduría donde se afirmaba en primicia tendenciosa que yo pretendía recibir en una conciliación de 85 millones de pesos a título de indemnización con el fin de no realizar acción judicial para mi reintegro al cargo de Senadora de la República. Acto seguido, rápidamente la noticia fue difundida, sin constatación, en los principales portales de noticias del país y el mundo, con el efecto consecuente del repudio nacional y violentos agravios en mi contra.
El titular de la nota de prensa de la Procuraduría cumplió con su objetivo de desinformar, deshonrar y mancillar una vez más mi reputación e imagen ante la opinión pública nacional e internacional, considero entonces, una justa causa exponer ante la opinión pública lo que efectivamente se pidió, no sin antes aclarar que a diciembre 21 del año pasado tome la decisión de realizar un proceso de ruptura con la Procuraduría, manifesté desde ese momento no presentar recurso alguno en los procesos que se siguen hacia mí en ese organismo, ya que era una verdad sabida que no tenía, tengo, ni tendré ninguna garantía de respeto al derecho a la defensa y al debido proceso, mientras Alejandro Ordoñez Maldonado ostente el cargo de Procurador General de la Nación.
No obstante, nunca he descartado mi intención de asistir a otras instancias que garanticen neutralidad e imparcialidad en sus decisiones jurisdiccionales y es así que preparé diferentes acciones para recuperar mi derecho a ser congresista, el cual fue absurdamente arrebatado por una decisión inconstitucional, ilegal e ilegítima para quien el adjetivo de prevaricador es un justo título a su saga de arbitrariedades y aberraciones jurídicas.
En ese orden de ideas y con el único objetivo de que mi caso sea conocido por el Consejo de Estado, realice la solicitud de conciliación donde convoque a la Procuraduría, ya que el artículo 3 de la Ley 1285 de 2009 que es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 (creado en el Gobierno de Uribe Vélez) en el artículo 2 y el Código Contencioso Administrativo que es la Ley 1437 de 2011 sancionada el 18 de Enero de esta anualidad en el artículo 161 establece la necesidad de adelantar esta diligencia como requisito de procedibilidad, so pena de rechazo de la demanda.
Sé muy bien que ese paso es como arar en tierra no fértil porque ante un fallo improcedente y politizado no existe la menor posibilidad de conciliación, lo hice porque debía agotar el conducto legal para preservar el debido proceso, y así continuar el trámite en el Consejo de Estado, de todo esto se armo un ruido innecesario y doloroso para mi honra, ya que en ningún escenario he mercantilizado, ni le he puesto valor a mi proceso, mi convicción siempre ha sido que es un derechomi reintegro al Congreso, para convalidar el mandato ciudadano de más de 70.000 colombianas y colombianos que depositaron su confianza hacia mí, en las urnas.
El tratamiento dado a mi legítima petición por parte del Procurador comprueba una vez más la planeada y sistemática persecución en mi contra queservirá para explicarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este 26 de marzo en Washington, la cadena sistemática de infamias, calumnias y montajes realizados por diferentes funcionarios del Estado en mi contra y así desenmascarar la falacia diseñada por un mendaz prevaricador.
Fui inhabilitada y destituida ilegítima e ilegalmente por defender una Causa Justa, la paz en Colombia.
Piedad Córdoba Ruíz
PCR/PCC
No hay comentarios:
Publicar un comentario