La elección de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación abrió un debate que ocupó a la opinión pública nacional al cierre de 2008, acerca de su conveniencia frente al Ministerio Público, dadas sus particularísimas condiciones. Más allá de sus indiscutibles calidades académicas y experiencia profesional, la contradicción aparente de sus sentencias y sus creencias religiosas, filosóficas y políticas lo imposibilitan para ejercer con imparcialidad y objetividad la guarda y promoción de los derechos humanos. Exigen que su ejercicio se oriente a la protección de todos los colombianos sin distingos de raza, credo religioso y político o sexo.
En columna publicada en el periódico El Tiempo, titulada “El voto por el nuevo Procurador”, el senador Gustavo Petro pretende justificar su voto y hace una defensa de oficio del Procurador electo aduciendo como razones fundamentales para su decisión que “Alejandro Ordóñez, motu proprio, expresó su deseo de interpretar nuestro interés en la defensa de la Constitución del 91 y en especial de los derechos humanos y del medio ambiente ”.
La mala memoria acompaña al Senador Petro cuando afirma que “en solitario inicié el debate contra el paramilitarismo ”, olvidando quién abrió la discusión acerca de la infiltración paramilitar en las instituciones del Estado en la Cámara de Representantes, cuando todos callaban. Agrega Petro que sellará los acuerdos necesarios con quienes se comprometan a “…consolidar nuestro sueño de hacer prevalecer la democracia, derrotar las mafias que se tomaron al Estado y sacar a Colombia de la guerra ”. Si en realidad estas razones fueron las que lo animaron a votar por el nuevo Procurador General de la Nación, habría apoyado un candidato distinto al doctor Ordóñez, quien para nada representa ni aquello por lo que dice luchar, menos aún la filosofía y el ideario de unidad del Partido por el cual fue elegido senador.
El doctor Ordóñez ha tenido extrañas posturas jurídicas en relación con el estado mafioso en cuya derrota dice estar comprometido Gustavo Petro. Hace algunos años votó a favor de la pérdida de investidura del hoy ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. Algunos pasajes son recordados por el consejero Marco Antonio Velilla: “…Ordóñez sostuvo que en el caso de Fabio Valencia éste debía perder su investidura porque participó en las negociaciones de paz con las FARC, al tiempo que se desempeñaba como parlamentario”. El Consejo de Estado, sin embargo, no sancionó a Valencia. Por lo que Alejandro Ordóñez reaccionó en ese momento manifestando que “La sentencia parece plasmar un peligrosísimo antecedente mediante el cual todo ordenamiento jurídico podría ser desconocido so pretexto de la paz, lo cual está abriendo la compuerta a las más escandalosas decisiones judiciales ”.
En 2007, en evidente contradicción con el pronunciamiento señalado defendió la investidura del entonces senador William Montes de Oca por haber firmado el llamado Pacto de Ralito, como tampoco se declaró impedido para discutir la Ley de Justicia y Paz. Cuando Cecilia Orozco intentó entrevistarlo para el diario El Espectador, en relación con esta polémica sentencia “prefirió no hablar y en cambio envió párrafos sustanciales del fallo ”, donde entre otros sostiene que “…La firma del pacto de marras (Ralito) … aunada a la efectiva participación del congresista (Montes de Oca) en el trámite de la Ley de Justicia y Paz, no configura por sí sola, dentro de este proceso constitucional de pérdida de investidura, causal alguna que determine el levantamiento de ella…” .
Más adelante señala: “(sin embargo) la reunión de congresista con grupos al margen de la ley para refundar la patria y firmar un nuevo contrato social, resulta censurable no sólo por la investidura ostentada… sino por el desbordamiento institucional que ello supone…”. . Como por fue conocido, el Consejo de Estado negó la pérdida de investidura de Montes.
A semejantes perlas tendríamos que sumar sus posturas ideológicas, filosóficas y religiosas; más que hacer parte de su fuero íntimo parecen haberle servido como marco conceptual de sus actuaciones públicas. Para el doctor Ordóñez el reconocimiento de los derechos individuales de los colombianos consagrados en la Carta Magna son casi un despropósito, haciendo honor a Carlos Ignacio Massini, quien en su libro “La desintegración del pensar jurídico en la edad moderna” llama a “dar la espalda a los mitos y conjuros del pensamiento moderno e iniciar la marcha hacia la caverna, donde nos espera la luz que dimana de la verdad objetiva… ”(¡!).
Está al orden del día la amenaza de que el Ministerio Público en los próximos años se dedique a “purificar” las almas y repetir la “hazaña” que en 1982 protagonizó Ordóñez en la Biblioteca Municipal de Bucaramanga, cuando la asaltó para verificar el contenido de los libros que allí reposaban y, como en los “mejores” tiempos de las camisas negras italianas o pardas alemanas, hacer una hoguera con ellos. Entre tanto, los conflictos terrenales serán asuntos menores, dejados a los estrados judiciales o resueltos desafortunadamente a través de la justicia privada.
Bogotá D.C., diciembre de 2008.
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