Gobierno de Uribe presentó el mayor número de protestas de los últimos 50 años

Por Cinep

Los seis años y medio del gobierno de Álvaro Uribe ya presentaron el mayor número de protestas sociales en Colombia desde 1975. De 2002 a 2008, el país alcanzó un promedio de 643 protestas por año. Los datos son del informe divulgado este mes por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

La Base de Datos de Luchas Sociales de la organización muestra que el año 2007 presentó el mayor número de protestas desde 1975, cuando el Cinep pasó a compilar las informaciones. De acuerdo con el centro, el período de gobierno de Uribe presentó el mayor número de protestas de los últimos 50 años, "lo que significa que se han realizado dos luchas sociales por día en el país", concluye la entidad.

Según investigaciones del historiador Mauricio Archila, de 1958 a 1974 el promedio anual de luchas sociales fue de 173. De acuerdo con el Centro, entre 1975 y 1990 este total saltó a 476; y de 1991 a 2001, a 429.

De los 1.120 municipios del país, 554 sirvieron de escenario para las protestas durante el mandato de Uribe. Las capitales de los departamentos se señalan como mayores concentradoras de las manifestaciones, debido a la visibilidad que poseen.

"La capital Bogotá concentra un número significativo de manifestaciones, a pesar de que parte de los conflictos no se desarrollan en la capital", se dice en el informe. Según el CINEP, las acciones suceden, principalmente, en los departamentos de Antioquia, Valle, Santander, Cauca y en los departamentos de la Costa Atlántica.

El Centro constató que el perfil de los manifestantes ha cambiado, pero que estos cambios no están ligados sólo con dinámicas relacionadas con políticas neoliberales y con la violación de derechos sociales, políticos y económicos.

"Sino también por el desplazamiento parcial del escenario político nacional de las organizaciones sindicales (históricamente se habían caracterizado por ser el actor principal en las protestas sociales) y por la emergencia de nuevos actores: indígenas, afrocolombianos, mujeres, población LGTB (lésbicas, gays, transgéneros y bisexuales), estudiantes, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) de derechos humanos", explica el informe.

La entidad pidió que el gobierno nacional vea a las manifestaciones públicas y colectivas como parte del conjunto de los derechos establecidos por la Constitución Nacional de 1991 (Artículo 37). "El disenso y la protesta son aspectos constitutivos de toda democracia. Por lo tanto, es preciso dejar de estigmatizar la protesta social por parte de altos funcionarios del gobierno", recomendó.

La organización también pidió al gobierno que evite una política represiva de las manifestaciones. El estudio del Cinep sugirió que el Ejecutivo desactive el Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional, exigencia ya solicitada por estudiantes, indígenas, campesinos, mujeres, poblaciones urbanas. Las reacciones contrarias se deben "a la violencia que ejercen en las manifestaciones, que inclusive ha dejado un significativo número de muertos", criticó.

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