CONSTANCIA DEL CONCEJAL JAIME CAYCEDO DEL POLO DEMOCRACTICO ALTERNATIVO SOBRE LOS PASOS PARA UNA MAYOR PRIVATIZACIÓN DE LA ETB

De acuerdo con los últimos anuncios, todo parece indicar que la administración de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá pondrá el acelerador a la búsqueda y determinación del denominado “socio estratégico”, nombre eufemístico para lo que en verdad se trata de la profundización de la entrega a manos privadas del control de la empresa.

Digo profundización, porque en la actualidad esto ya es una realidad, gracias a la sospechosa generosidad del ex alcalde Antanas Mockus cuando le impuso a la empresa la tristemente célebre “Declaración del socio mayoritario”, mediante la cual se garantiza que de los siete miembros que tienen asiento en la Junta Directiva, dos representan a los accionistas minoritarios, otros tres provienen obligatoriamente del sector privado y sólo dos defienden los intereses del Distrito Capital. Da la casualidad que, curiosamente, los dos representantes de los accionistas minoritarios pertenecen al Grupo Sarmiento Angulo, tan cercano a los afectos del ex alcalde Mockus. Hace rato que el “control” sobre el manejo de la ETB no lo tiene el Distrito Capital, pese a su condición de propietario del mayor porcentaje de acciones. Los intereses privados son mayoría de la Junta Directiva y cuentan, además, con el respaldo de los representantes de la propia administración distrital.

Es evidente que esa connivencia de largos años entre miembros de poderosos grupos económicos, de la junta directiva y de la dirección ejecutiva de ETB tiene un interés común: la posibilidad de participar en un negocio de grandes magnitudes con compañías internacionales eventualmente interesadas en la empresa local. Lo importante es ganar posiciones en un mercado cada vez más global: ETB tiene un potencial atractivo y con amplias perspectivas en el continente.

Para evitar que el Distrito Capital tenga el control sobre el manejo de la ETB, argumentan la supuesta incompetencia de la gerencia pública para dirigir una empresa de base tecnológica, en un entorno muy competido y que demanda cuantiosas inversiones. No obstante, quienes predican esas tesis han desarrollado su trayectoria principalmente en el sector público distrital.
El mecanismo ha sido similar en todos los casos en que se ha propuesto la privatización de esta u otras empresas pertenecientes al Estado:

• Anuncios públicos sobre las dificultades financieras de la empresa de turno para obtener inversiones que les permitan “volverse competitivas”;

• Contratación de una banca de inversión para el diseño de la metodología (entre los nombres que se repiten en la realización de eso estudios figuran con insistencia muchos de los teóricos neo-liberales, ex ministros y personajes vinculados a las universidades de los Andes y Externado de Colombia, más recientemente);

• Presentación de los resultados a la Junta Directiva (la misma que antes ha impulsado el tema);

• Y por último, anuncio del Alcalde Mayor, acompañado de una cuidadosa campaña de comunicaciones aceitada por la cuantiosa pauta publicitaria de ETB.

Es claro que existe una agenda predeterminada y perfectamente coordinada por parte de los agentes privatizadores enquistados en la dirección de la ETB que trata de impedir a toda costa la discusión pública de las alternativas más benéficas para la ciudad en torno al futuro de la empresa.

Es casi una burla a la voluntad del Alcalde Mayor, quien anunció la realización de un foro amplio para debatir esta y otras alternativas posibles para fortalecer la empresa, pero en la práctica la administración de la ETB no sólo sigue su cronograma predefinido, sino que lo acelera.

Quizás lo más preocupante de todo este vergonzoso panorama es que a buena parte de la ciudadanía, y me incluyo en ese grupo, le queda la impresión de que a la ETB la están minando y acabando desde adentro.
Los usuarios están recibiendo un servicio de mala calidad; las decisiones aparentemente erráticas de la presidencia de la empresa han permitido que la competencia de las multinacionales como Telmex y Telefónica ganen un terreno precioso, mientras la ETB duda aún respecto de si combotiza o no sus productos o se queda de brazos cruzados esperando que su letargo gerencial contribuya a reforzar el criterio de que la empresa no tiene futuro y, por esa vía, agenciar su entrega al capital internacional para que tome posesión de un patrimonio y un esfuerzo que los bogotanos y bogotanas hemos hecho durante lustros y de contera, se quede con las jugosas ganancias que hoy financian muchos de los programas sociales y educativos que tiene el Distrito Capital.

Y por si fuera poco, se ha consolidado una muy planificada estrategia para negarle al Concejo de Bogotá y por su intermedio, a la ciudadanía bogotana, legítima dueña de la ETB, su derecho a ejercer control político sobre la gestión y los destinos de la empresa, argumentando que la información comercial es de carácter reservado debido a la competencia establecida en el mercado.
Sin embargo, el señor presidente de la ETB anuncia con bombos y platillos que, por una módica suma en dinero, cualquiera que la cancele podrá tener derecho a esa información privilegiada para acceder al proceso de adquisición de las acciones que se emitan a favor del famoso socio estratégico.

Qué bien! Los verdaderos dueños no podemos conocer el estado de la empresa ni lo que recomendó la banca de inversión, pero sí lo pueden hacer cómodamente quienes aspiran a quedarse con el control de ella, aunque no tengan la mayoría accionaria.

Por eso llamo a este proceso un verdadero golpe de estado contra el Alcalde y la propuesta política que ganó las últimas elecciones en Bogotá. Hago un fuerte llamado al Alcalde Mayor, puesto que este es un paso contrario a la lógica de una administración del Polo en la ciudad, a las promesas que él mismo hizo a los electores y a la voluntad popular que votó en contra de las privatizaciones. Esto tiene un altísimo costo político para el Polo. Al mismo tiempo, llamo a los ciudadanos y ciudadanas, quienes son los verdaderos propietarios de la empresa, a cerrar filas en defensa del patrimonio colectivo. Hay alternativas prósperas de alianza con otros operadores estatales latinoamericanos y en cualquier caso, la opción que encontremos colectivamente será mucho mejor a la que los comerciantes del patrimonio público tratan de hacernos aparecer como buena para la ciudad.


Bogotá DC, julio 10 de 2009

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