Jaime Caicedo Turriago, concejal del Polo Democrático, pidió a la Veedora Distrital, María Consuelo Del Río Mantilla, la inmediata convocatoria del Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción, creado mediante el Acuerdo 202 del año 2005, al cual deberían asistir delegados de los entes de control locales y nacionales, así como representantes de la sociedad civil.
En la misiva envidada por el cabildante señala que “en aras de la necesaria transparencia y con el propósito de honrar los compromisos de la administración distrital en la lucha contra la corrupción, cordialmente le solicito tomar la iniciativa en la conformación del Comité Distrital de Lucha Contra la Corrupción creado mediante el Acuerdo 202 de 2005 del Concejo de Bogotá, el cual está integrado por Usted, el Personero y el Contralor Distrital, al que también pueden asistir delegados de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Cámara de Comercio de Bogotá, los medios de comunicación, las universidades públicas y privadas, las centrales obreras y la Federación Comunal de Bogotá”, con lo cual se tendría una amplia participación social con el propósito de llevar a efecto un control real de la corrupción, si es que existe en la ciudad, además de recomendar medidas preventivas que impidan la ocurrencia de hechos que lesionen el patrimonio del Distrito Capital.
Motociclistas tomaron las calles
Miles de motociclistas de la Asociación de Motociclistas de Colombia -Asomocol - salieron a las calles en las 32 principales ciudades colombianasel 12 de febrero para rechazar atropellos a su trabajo y libre circulación contenidos en el proyecto de ley 207 en cual se contempla el cobro de peajes, la prohibición de llevar menores de edad si quien conduce la moto no es el padre o la madre del mismo y el cobro de impuestos para las motos de 125 centímetros cúbicos y menos, entre otros aspectos.
Felipe Rios, vocero de los manifestantes, dijo que las prohibiciones y exigencias que contempla el proyecto van en contra de sus derechos como trabajadores y como ciudadanos. "No solo nos afecta a los motociclistas, sino también a las personas que tienen trabajos relacionados con las motos, como los vendedores de chalecos, pues nos quieren imponer un chaleco único con un valor de 80 mil pesos", señaló el joven que tiene 22 años y que lleva ocho utilizando la moto como su medio de transporte para ir a estudiar y para realizar su trabajo.
En la protesta contra el proyecto “Antimoto” se observó a varios politiqueros “pescando votos” como el presidente de la cámara de representantes, Édgar Gómez, algunos de los participantes enojados gritaban ¡Sin moto no hay votos!
En la misiva envidada por el cabildante señala que “en aras de la necesaria transparencia y con el propósito de honrar los compromisos de la administración distrital en la lucha contra la corrupción, cordialmente le solicito tomar la iniciativa en la conformación del Comité Distrital de Lucha Contra la Corrupción creado mediante el Acuerdo 202 de 2005 del Concejo de Bogotá, el cual está integrado por Usted, el Personero y el Contralor Distrital, al que también pueden asistir delegados de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Cámara de Comercio de Bogotá, los medios de comunicación, las universidades públicas y privadas, las centrales obreras y la Federación Comunal de Bogotá”, con lo cual se tendría una amplia participación social con el propósito de llevar a efecto un control real de la corrupción, si es que existe en la ciudad, además de recomendar medidas preventivas que impidan la ocurrencia de hechos que lesionen el patrimonio del Distrito Capital.
Motociclistas tomaron las calles
Miles de motociclistas de la Asociación de Motociclistas de Colombia -Asomocol - salieron a las calles en las 32 principales ciudades colombianasel 12 de febrero para rechazar atropellos a su trabajo y libre circulación contenidos en el proyecto de ley 207 en cual se contempla el cobro de peajes, la prohibición de llevar menores de edad si quien conduce la moto no es el padre o la madre del mismo y el cobro de impuestos para las motos de 125 centímetros cúbicos y menos, entre otros aspectos.
Felipe Rios, vocero de los manifestantes, dijo que las prohibiciones y exigencias que contempla el proyecto van en contra de sus derechos como trabajadores y como ciudadanos. "No solo nos afecta a los motociclistas, sino también a las personas que tienen trabajos relacionados con las motos, como los vendedores de chalecos, pues nos quieren imponer un chaleco único con un valor de 80 mil pesos", señaló el joven que tiene 22 años y que lleva ocho utilizando la moto como su medio de transporte para ir a estudiar y para realizar su trabajo.
En la protesta contra el proyecto “Antimoto” se observó a varios politiqueros “pescando votos” como el presidente de la cámara de representantes, Édgar Gómez, algunos de los participantes enojados gritaban ¡Sin moto no hay votos!
Miopía laboral
NO deja de sorprender que cada vez que se analizan fórmulas para reducir el desempleo, la mayoría de conclusiones conduce a que debe modificarse la estructura del salario mínimo mensual o eliminar las contribuciones parafiscales. Meses atrás varios centros de investigación económica sugirieron desmontar el salario mínimo como referencia mensual legal de remuneración, y así permitir que las empresas tuvieran flexibilidad para contratar más personal.
También se escuchó una propuesta para modificar el esquema de pensiones y se pudieran reconocer mesadas de jubilación inferiores al mínimo. Igual se ha hablado de reducir la intensidad de la jornada laboral semanal, buscando turnos de los trabajadores más cortos y ello obligue a crear nuevas plazas de trabajo que absorban el ejército de desempleados y subempleados. Todo esto se ha dado precisamente en el marco de un gobierno que en su última gran reforma laboral restringió el pago de horas extras nocturnas y dominicales bajo la excusa de que por esa vía se podrían generar nuevas puestos de trabajo, lo que hoy está comprobado no se logró y de allí el desempleo rampante.
Ahora una propuesta, para discusión de Planeación Nacional, plantea la posibilidad de establecer topes de salarios mínimos distintos por regiones e incluso por edades y grupos poblacionales. De aplicarse una modalidad como ésta difícilmente se aprobarían aumentos en el salario mínimo hoy vigente y la reforma iría entonces a que en provincia la remuneración mínima sea inferior a la que se reconoce en grandes ciudades y zonas urbanas.
De nuevo, como se ve, el plan de choque contra el desempleo termina basándose en un recorte de la ya golpeada capacidad adquisitiva del trabajador de mejores recursos, mientras que el oneroso y millonario esquema de exenciones al gran capital y los empresarios sigue intacto.
NO deja de sorprender que cada vez que se analizan fórmulas para reducir el desempleo, la mayoría de conclusiones conduce a que debe modificarse la estructura del salario mínimo mensual o eliminar las contribuciones parafiscales. Meses atrás varios centros de investigación económica sugirieron desmontar el salario mínimo como referencia mensual legal de remuneración, y así permitir que las empresas tuvieran flexibilidad para contratar más personal.
También se escuchó una propuesta para modificar el esquema de pensiones y se pudieran reconocer mesadas de jubilación inferiores al mínimo. Igual se ha hablado de reducir la intensidad de la jornada laboral semanal, buscando turnos de los trabajadores más cortos y ello obligue a crear nuevas plazas de trabajo que absorban el ejército de desempleados y subempleados. Todo esto se ha dado precisamente en el marco de un gobierno que en su última gran reforma laboral restringió el pago de horas extras nocturnas y dominicales bajo la excusa de que por esa vía se podrían generar nuevas puestos de trabajo, lo que hoy está comprobado no se logró y de allí el desempleo rampante.
Ahora una propuesta, para discusión de Planeación Nacional, plantea la posibilidad de establecer topes de salarios mínimos distintos por regiones e incluso por edades y grupos poblacionales. De aplicarse una modalidad como ésta difícilmente se aprobarían aumentos en el salario mínimo hoy vigente y la reforma iría entonces a que en provincia la remuneración mínima sea inferior a la que se reconoce en grandes ciudades y zonas urbanas.
De nuevo, como se ve, el plan de choque contra el desempleo termina basándose en un recorte de la ya golpeada capacidad adquisitiva del trabajador de mejores recursos, mientras que el oneroso y millonario esquema de exenciones al gran capital y los empresarios sigue intacto.
Por: Ricardo Gutiérrez
La intimidación se da cuando amenazan a los ciudadanos con quitarles los subsidios de este programa, a quienes no voten por candidatos de la coalición uribista.
La Misión Internacional de Observación preelectoral, Global Exchange, denunció que tras visitar varias zonas de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Santander y Valle del Cauca, se encontró una serie de presiones y amenazas de algunos candidatos al Congreso hacia los pobladores que se benefician con los subsidios del programa Acción Social.
De acuerdo con esta ONG varios líderes denunciaron que aspirantes a la Cámara y al Senado han asistido a encuentros con beneficiarios del programa en los que les indican que si no votan por ellos o por partidos afines al Gobierno Nacional se les eliminarán los subsidios.
La Misión Internacional de Observación preelectoral, Global Exchange, denunció que tras visitar varias zonas de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Santander y Valle del Cauca, se encontró una serie de presiones y amenazas de algunos candidatos al Congreso hacia los pobladores que se benefician con los subsidios del programa Acción Social.
"Una cosa que nos llamó la atención es que en todas estas regiones (los cuatro departamentos mencionados anteriormente) hemos visto que la gente reporta, y algunos candidatos, que el Programa de Acción Social y Familias en Acción están siendo utilizados para fines electorales y eso es algo que nos preocupa y para profundizar más en esa cuestión Global Exchange está trabajando en otro estudio", advirtió Ted Lewis, director de Derechos Humanos de Global Exchange.
La denuncia se entregó en un informe preliminar sobre el proceso electoral que se realiza en Colombia y que adelanta Global Exchange. Los resultados finales se conocerán el próximo 7 de marzo. Ante las denuncias, el director de Acción Social, Diego Molano, citó a una rueda de prensa para este lunes a las 11:00 de la mañana.
Fuente
Los principales ex jefes paramilitares fueron extraditados en mayo de 2008, entre ellos Mancuso y ‘Macaco’. Por: Diana Carolina Durán Núñez
Prestigiosa universidad de EE.UU. divulga estudio que entregará al Congreso de ese país.
Establecer procedimientos “efectivos y eficientes” para fomentar la cooperación judicial bilateral, incentivar a los jefes paramilitares extraditados a que revelen detalles sobre sus crímenes y sus cómplices, e iniciar investigaciones para casos de tortura cometidos por éstos, son las tres principales recomendaciones que el Centro Jurídico Internacional de Derechos Humanos (IHRLC, por su sigla en inglés) de la Universidad de Berkeley, reputada mundialmente, dará a conocer la próxima semana a algunos miembros del Congreso estadounidense y a funcionarios del Departamento de Justicia y de Estado del gobierno Obama. Siga..
Establecer procedimientos “efectivos y eficientes” para fomentar la cooperación judicial bilateral, incentivar a los jefes paramilitares extraditados a que revelen detalles sobre sus crímenes y sus cómplices, e iniciar investigaciones para casos de tortura cometidos por éstos, son las tres principales recomendaciones que el Centro Jurídico Internacional de Derechos Humanos (IHRLC, por su sigla en inglés) de la Universidad de Berkeley, reputada mundialmente, dará a conocer la próxima semana a algunos miembros del Congreso estadounidense y a funcionarios del Departamento de Justicia y de Estado del gobierno Obama. Siga..
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