El más importante acontecimiento del año
ha sido el inicio del diálogo de paz en Oslo y La Habana, entre el
gobierno nacional y las Farc. El Acuerdo General para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera, en su
inseparable Preámbulo, no se va con rodeos. La construcción de la paz es
asunto de todos. Los DDHH tienen que regir en cada centímetro del
territorio y para todos. El desarrollo económico exige justicia social.
El desarrollo social es con equidad. Colombia en paz es factor activo de
armonía regional y mundial. Y, sobre todo, hay que ampliar la
democracia para lograr bases sólidas de paz.
Esta declaración de intención, marca las “conversaciones directas e ininterrumpidas” de discusión de la Agenda. Entre las Reglas de Funcionamiento, numeral 6, está incluida la convocatoria que nos reune aquí. La Mesa tiene la prerrogativa de “delegar en un tercero la organización de espacios de participación”. Agradecemos a la Universidad Nacional y su Centro de Pensamiento, así como al PNUD, el hacer posible y funcional este escenario de participación y de recepción de propuestas, que no ha de ser el único pero si, quizás, el más impactante por ser el primero, sobre el primer punto de la Agenda y, además, ser un fruto del Acuerdo General. Como un precedente importante están las audiencias a lo largo y ancho del país promovidas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara.
El PCC se integra a este Foro con opiniones y propuestas. En 82 años de existencia, lideró históricas luchas agrarias, junto al campesinado, las comunidades indígenas, los afro, los colonos, las regiones abandonadas y discriminadas desde el centro. Siendo el soporte principal de la Unión Patriótica y su abnegada lucha por la paz, sufrió en los últimos 30 años incontables pérdidas de dirigentes, cuadros y voceros en las corporaciones. Varios centenares de comunistas vinculados a las luchas agrarias, líderes de organizaciones cívicas o representantes de los movimientos sociales en Alcaldías, Concejos municipales, Asambleas departamentales y parlamento, fueron vilmente sacrificados, en distintas regiones, poblaciones y capitales del país. Por demás, en pocos lugares del mundo el actuar por una solución política para avanzar hacia la paz devino en persecuciones, judicializaciones y señalamientos tan agresivos, como en Colombia. Pocas fuerzas políticas en el mundo han logrado, como el PCC, resistir y continuar batallando por la paz.
En este aspecto, nuestra primera propuesta referida al contexto que el Preámbulo insinúa es REIVINDICAR LA MEMORIA DE LOS MILES DE CONCIUDADAN@S DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD, PERTENECIENTES A LA UNIÓN PATRIÓTICA, PRIMER MOVIMIENTO QUE ABOCÓ EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR UNA SALIDA POLÍTICA PARA LA PAZ EN COLOMBIA; RECLAMAR PARA EL PUEBLO COLOMBIANO UNA REPARACIÓN POLÍTICA INTEGRAL POR ESTE GENOCIDIO EN TÉRMINOS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA, DE JUSTICIA PLENA Y DE CABAL REPARACIÓN A L@S SOBREVIVIENTES.
Esta es una deuda del Estado no solo con la fuerza política agredida sino con el pueblo colombiano en su conjunto, con quienes han sobrevivido y con las generaciones futuras. Son hechos dolorosos y crueles que no puede ser olvidados ni seguir siendo objeto de impunidad.
Sobre el primer punto de la Agenda
El hecho más relevante y crítico de nuestra sociedad es la profunda y creciente desigualdad. En Colombia, un país rico en recursos naturales, ambientales y energéticos, con un pueblo inteligente y trabajador la desigualdad guarda un nexo inevitable con la guerra interior. La lucha armada es un complejo fenómeno sociopolítico con raíces históricas, que encierra formas de resistencia a la violencia de Estado y formas que reivindican cambios democráticos en la institucionalidad y en el modelo socioeconómico. La contrainsurgencia ha ido tomando, en los últimos 30 años, la forma de una política de guerra permanente de Estado, con altísimo y creciente costo fiscal para llegar al cabo del tiempo a límites insostenibles. La desigualdad sostenida e incremental a lo largo de un período de tiempo comparable hace difícil disociar los dos fenómenos concomitantes: permanencia y agravamiento de la desigualdad medida en Coeficiente de GINI e intensificación de la confrontación contrainsurgente[1].
Desde nuestro enfoque sobre el tema, tiene un peso singular la desigualdad vinculada a la propiedad de la tierra y a las normas laborales que determinan la informalidad para una amplia franja de trabajador@s rurales.
Por una parte, tenemos el fenómeno sociohistórico de la concentración de la propiedad rural. Un mínimo de propietarios es dueño del 52% de la tierra [2]. Luego, los títulos mineros, expedidos sin control y a espaldas de las comunidades rurales que se convierten en la titulación del despojo. Hoy asistimos a una crisis agraria del monocultivo, de los cultivos redireccionados a la producción de agrocombustibles y al asedio generalizado de la agrominería. El modelo de reprimarización económica bajo el control del gran capital financiero transnacional no se limita al saqueo de los recursos, al monocultivo, al control monopólico de los recursos hídricos y energéticos exportables sino que intenta apropiarse de territorios enteros para la más intensa explotación extractivista. La destrucción del medio ambiente, en medio de los efectos del cambio climático, amenazan con la destrucción de espacios y recursos.
Las poblaciones son despojadas, desplazadas y/o reducidas a mano de obra barata, sin garantías ni derechos laborales. Crece la población rural sin tierra, obligada a la precarización. El capital transnacional, de la mano del Estado que se congratula de los logros en materia de “confianza inversionista”, se transforma en factor decisorio sobre el valor de uso, la utilización, la destinación y la apropiación del territorio, sin consideración ni respeto de los propietarios campesinos, indígenas o afro. Se consideran un obstáculo las consultas obligatorias antes de la aprobación de proyectos legislativos sobre estatuto rural, entre otros. Está en debate y en controversia pública el proyecto que autoriza la venta masiva de tierras a extranjeros.
Tienen un fuerte impacto en la población rural la violación de los DDHH, el desplazamiento forzado, agravado por los bombardeos aéreos con la población civil en medio del fuego cruzado. Los bombardeos aéreos es especial dañan fuertemente las zonas agrícolas y ganaderas, son destructores del medio ambiente y de las fuentes de agua.
Es en extremo grave que casi un tercio de las fuerzas militares, cuya misión esencial es la vigilancia de las fronteras y la defensa de la soberanía, estén destinadas a “vigilar y proteger” las grandes inversiones mineras y minero-energéticas, en algunos casos insólitos como el de la Pacific Rubiales, para “defender” a los inversionistas extranjeros de las reclamaciones de los miles de colombianos trabajadores que en ellas laboran.
Recientemente se ha reabierto en EEUU el proceso contra la transnacional Chiquita Brands por el financiamiento al narcoparamilitarismo. Existen numerosos otros casos que comprometen vínculos de algunos sectores empresariales, extranjeros y nacionalecon con el financiamiento de estructuras criminales, bajo un direccionamiento contrainsurgente, es decir, político.
Se trata, entonces, no de situaciones casuísticas sino de los efectos determinantes de un modelo económico y social que mantiene y reproduce a la vez la desigualdad y la guerra.
Propuestas:
- Sobre los Subtemas 1 .- Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2 .- Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3 .- Infraestructura y adecuación de tierras.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA GARANTIZAR EL DERECHO CIUDADANO A DECIDIR SOBRE EL VALOR DE USO DEL TERRITORIO ENTENDIDO COMO SUPERFICIE, RECURSOS HÍDRICOS Y RIQUEZAS MINERAS Y EXTRACTIVAS.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA DESMONTAR EL MODELO DE AGRICULTURA Y AGROMINERÍA DE DEPREDACIÓN.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA FIJAR NORMAS ESTRICTAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL OBLIGATORIAS PARA TODA INVERSIÓN ESTATAL O PRIVADA QUE AFECTE EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, EL ACCESO AL AGUA, LA ESTABILIDAD DEL RELIEVE Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA EL CESE DE LOS BOMBARDEOS AÉREOS, UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MINAS ANTIPERSONA, INCLUIDOS LOS DE FABRICACIÓN ARTESANAL, EN POBLADOS, ÁREAS DE CULTIVO, PLANTACIÓN, GANADERÍA Y DEMÁS FORMAS DE ECONOMÍA.
ESTABLECER ACUERDO PARA PLANES DE REFORMA AGRARIA ADECUADAS A LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS BAJO LOS PRINCIPIOS DE: RESTITUCIÓN CIERTA A SUS PROPIETARIOS CAMPESINOS DE LAS TIERRAS DESPOJADAS; REDISTRIBUCIÓN DE TIERRAS EN ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD PARA PRIORIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA; MANTENER LA CATEGORÍA DE UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR, UAF, COMO CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS; FORTALECER LA FIGURA LEGAL SOBRE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, ZRC, (LEY 160 DE 1994) Y HACERLA EXTENSIVA A LAS PERIFERIAS RURALES DE LAS GRANDES CAPITALES (COMO SE ESTÁ HACIENDO EN BOGOTÁ).
APOYAR LA PROPUESTA SOBRE ESTATUTO RURAL Y REFORMA AGRARIA DEMOCRÁTICA PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES POPULARES.
• Sobre el Subtema 4: Desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza; 5: Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios, crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA DESARROLLAR EL CONCEPTO DE ECONOMÍA CAMPESINA, SU RELACIÓN CON EL CONSUMIDOR FINAL Y LA FIGURA DE MERCADOS CAMPESINOS.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA QUE LOS PLANES MAESTROS DE ABASTECIMIENTO URBANO PRIORICEN LA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFRO.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA REVISAR LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO TLC EN TODO CUANTO EFECTEN LAS CONDICIONES ACTUALES Y FUTURAS DEL AGRO.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL SUELO Y AL ESPACIO URBANO PARA LA VIVIENDA DIGNA.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA CREAR NORMAS DE DESMERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD, COMO LO PROPONE EL MOVIMIENTO SOCIAL.
ESTABLECER ACUERDOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD Y GRATUITA, EN LOS LINEAMIENTOS DE LA MANE Y LAS ORGANIZACIONES DE EDUCADORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACION.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES RURALES CON BASE EN LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE LA OIT ACTUALMENTE NO RATIFICADOS POR EL ESTADO COLOMBIANO, COMO LO HAN PROPUESTO LA CUT Y LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTA DE LOS TRABAJADORES.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA LA IMPLANTACIÓN UN NUEVO ESTATUTO LABORAL DEMOCRÁTICO.
ESTABLECER UN ACUERDO PARA LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE OIT SOBRE COMUNIDADES INDÍGENAS, AFRO, RAIZALES Y PUEBLO RROM, COMO LO VIENEN EXIGIENDO LAS ORGANIZACIONES POPULARES.
Para concluir, el PCC apoya con decisión todo paso hacia la paz, entendida como una paz con democracia, plenas libertades y derechos para tod@s en cada lugar del territorio. Todo@s tenemos obligaciones con la construcción de la paz, de la justicia social y de la mayor igualdad. Los empresarios y gremios capitalistas deben contribuir sin temores y sin prejuicios. Los comunistas sabemos que la paz tiene que ser una creación colectiva, que reclama concurrencia plena, sin intenciones ocultas y con la claridad de que las concesiones primordiales atañen en particular a los enormes y desproporcionados privilegios que el poder económico, político y mediático le ha impuesto a la Sociedad.
La paz, como la pensamos, no se construye contra nadie. Su esencia es el reto de la ampliación y la profundización de la democracia, de los derechos exigibles para l@s explotados y desvalidos, de las reformas con R mayúscula que exige a gritos el pueblo y la Sociedad toda.
Por eso sólo la unidad más férrea de las organizaciones populares, de los nuevos procesos surgidos de las bases y su disposición a la movilización contundente en torno al pliego de exigencias fundamentales de un cambio democrático podrá sembrar las bases de la paz firme y duradera que anhela el pueblo colombiano.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Jaime Caycedo Turriago
Gloria Inés Ramírez Ríos
Bogota, DC, diciembre 17 de 2012
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[1] Ver DANE, Pobreza Monetaria y Multidimensional 2011, mayo 17 2012. Ver Semana.com, Desigualdad Extrema en Colombia, marzo 12 de 2011. Ver, Beltrán, Beltrán, Santos Alonso, La Nueva Estrategia Militar del Estado Colombiano: una etapa más en la degradación de la guerra interna, en Izquierda, Nº 22, mayo 2012.
[2] Valencia, León, Entre Fedegán y las Farc, Revista Semana, Ed. 1598, diciembre 17, 2012.
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