ACELERAR EL CAMBIO POLÍTICO.

Por Jaime Caycedo

No es cierto que el gobierno haya ganado credibilidad gracias a Interpol. El organismo policiaco, a la orden de la administración estadounidense, reconoce que “un funcionario de su unidad antiterrorista accedió directamente a las ocho pruebas instrumentales citadas, en circunstancias exigentes y marcadas por la premura de tiempo, entre el 1 de marzo de 2008, cuando fueron decomisadas por las autoridades colombianas, y el 3 de marzo de 2008”. Tal “funcionario” metió mano en más de 48000 archivos sin los protocolos técnicos ni mucho menos autorización judicial. Se anula así el valor probatorio de los computadores. La pieza clave que Uribe pensaba exhibir en la cumbre de Lima, contra Chávez y Correa, pasa al desván de los inservibles.

La extradición de los 14 jefes narcoparamilitares, antiguos aliados del presidente, ahoga, de momento, las confesiones sobre el gran concierto para delinquir del régimen. Pero no sosiega el minado jurídico que representa para la reelección el proceso de Yidis y Teodolindo. La compra de votos desde el poder ejecutivo para alterar una votación decisiva, invalida una reforma de la Constitución efectuada mediante tales procedimientos. Se pone en tela de juicio, no la reelección futura, que obsesiona a Uribe, sino la anterior, en la que se soporta el gobierno en el actual período. Una conjunción de circunstancias, ligadas entre sí por la lógica del ventajismo político, las maniobras fraudulentas y la coacción, apuntan, al descubrirse su trama interior, hacia un vacío de poder. Uribe, debería renunciar. Podría tener que dejar el cargo. No por obra de una conspiración sino como consecuencia de la descomposición purulenta de una forma viciada del ejercicio del poder de clase.

¿Qué hacer para descongelar el ambiente de contemplación pasiva frente a un establecimiento que se derrumba? Hace falta una fuerza política cohesionada y decidida, en oposición a la continuidad del actual desastre, que ofrezca la alternativa de un gobierno pluralista, con un proyecto concreto de reformas democráticas, abierto a 1) depurar el régimen político; 2) concertar con el campesinado pobre y medio una reforma agraria; 3) restablecer los derechos, las libertades y la estabilidad laborales de los trabajadores; y 4) enfrentar el reto de dialogar en dirección a la paz. Constituir esa fuerza es tarea que compromete al Polo y a todos los sectores lúcidos que no comulgan con el guerrerismo de la “seguridad democrática” ni con el sometimiento instrumental del Estado colombiano a la política internacional de Bush, ni con el unilateralismo aventurero de Uribe, dispuesto a cualquier cosa por una nueva reelección.

Un gobierno comprometido con la verdad, la justicia y la reparación democráticas convocaría una asamblea nacional constituyente de reglas claras en su elección popular, con veeduría nacional e internacional, en la que podrían tener presencia los sectores insurgentes que manifiesten voluntad de participar en un proceso de reconstrucción de la paz y la democracia. Su agenda, podrían ser los cuatro grandes temas enunciados. Se dirá que pensamos con el deseo. Pero, tal vez, lo que necesitamos es desplegar un gran debate en la sociedad y en el pueblo sobre el rumbo a seguir. Y eso implica una incesante labor de construcción y unidad.