Boletín de prensa* No podemos repetir la historia de Transmilenio: la ciudad aportó todo el capital para la infraestructura y los privados se quedaron con las ganancias. Es inadmisible e inmoral.
“La ciudad no puede permitir que organizaciones monopolísticas privadas terminen imponiendo sus reglas de juego sobre el sistema de transporte público, en contra de los intereses de la capital y de la solución de los verdaderos problemas de movilidad que afrontan los bogotanos y bogotanas”, dijo el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo en el transcurso del debate de control político al proyectado Sistema Integrado de Transporte.
Caicedo denunció que detrás de la Secretaría de Movilidad están los voraces apetitos de las mismas once familias que hoy controlan Transmilenio y que están haciendo todo lo posible para quedarse con el multimillonario negocio del sistema integrado de transporte, calculado en poco más de dos billones de pesos anuales, sin contemplar para nada la honda problemática social que gira en torno al transporte público.
Señaló que el camino escogido por la administración es equivocado. “El señor secretario de Movilidad ha enfocado el sistema como un puro problema de negocio. Me pregunto: ¿negocio para quién? Seguro que no será para la ciudad ni para sus habitantes. La verdadera preocupación de una administración pública, y más si es del Polo Democrático Alternativo, es velar por los intereses generales y por dar solución a la crítica situación de movilidad que afecta a los sectores más pobres. No puede ser que se imponga la lógica del capitalismo salvaje como única alternativa posible, cuando hay ejemplos en el mundo entero y en América Latina que hablan de experiencias exitosas donde prima la solución a las necesidades de la población y no el interés económico de unos pocos”, enfatizó.
El concejal Caicedo trajo a colación la experiencia de Transmilenio como antecedente de lo que terminará ocurriendo con el sistema integrado de transporte de seguir el rumbo que éste trae. “La ciudad financió la totalidad de la infraestructura que requería el sistema masivo para las distintas fases, inversión cuantiosísima que saló del bolsillo de los contribuyentes, para que finalmente sean once accionistas mayoritarios los que se queden con el 93% de las ganancias. Esto es inadmisible e inmoral. Lo peor es que el secretario de Movilidad nos lleva por ese mismo camino”, afirmó.
Cuestionó duramente la negativa de esa entidad a permitir la creación de tarifas diferenciales para discapacitados, estudiantes y personas de la tercera edad, “con el argumento mentiroso de que se nos va a quebrar el sistema. Lo único que apenas se va a rasguñar es la enorme utilidad de los operarios del sistema para beneficiar a miles de ciudadanos y ciudadanas que ven cómo cada día les alcanza menos su disminuido ingreso para pagar el cada vez más costoso transporte. Me pregunto nuevamente en nombre de quién habla el señor secretario de Movilidad: de la ciudad que lo nombró como representante de sus intereses, o de los ricos transportadores que están apoyándolo”.
“El otro aspecto oscuro del sistema tiene que ver con la condición de los trabajadores. De acuerdo con una respuesta del gerente de Transmilenio a un cuestionario que le envié, buena parte de los trabajadores del sistema masivo están vinculados de manera temporal, sin garantías laborales plenas, lo cual en mi criterio atenta contra la propia seguridad de los pasajeros por las ominosas condiciones de contratación que soportan. ¿Eso es lo que quiere el señor secretario de Movilidad para el nuevo sistema de Transporte?”.
Jaime Caicedo también denunció que el acuerdo con los pequeños transportadores como salida al paro que convocaron, “el cual considero apenas justo y que requiere de mayores avances”, se “cocinó” durante una reunión que semanas antes tuvieron el Alcalde Samuel Moreno y los grandes empresarios. “No entiendo cómo y por qué el señor alcalde mayor se sienta a la mesa con los pocos pero multimillonarios transportadores que se van a tomar el sistema integrado de transporte, pero no recibe ni dialoga con los pequeños transportadores que representan el 88% de los operadores del transporte urbano actual”.
Finalmente, insistió en que el Distrito Capital tiene pleno derecho a reclamar una tajada equitativa de las utilidades del sistema Transmilenio y del nuevo sistema integrado de transporte por cuenta de la enorme inversión que los contribuyentes están haciendo para facilitar el negocio de los transportadores privados. “La vocación del gobierno distrital tiene que ser la de defender los intereses de las mayorías, no de las pocas familias que se están embolsillando las fantásticas utilidades del transporte en Bogotá”, culminó.
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