• Barrios tradicionales del centro de la ciudad y las Localidades de Fontibón y Engativá, las más afectadas.
• La política de renovación urbana expulsa habitantes sin ofrecerles alternativas dignas de vivienda y ocupación productiva.
En tres localidades de la ciudad y con motivo del desarrollo de dos planes zonales como son Ciudad Salud y el Plan Aeropuerto, 11.227 predios serán afectados por cambios en los usos del suelo y sus propietarios terminarán siendo expulsados de sus viviendas y negocios sin mayores contraprestaciones, denunció el concejal de Bogotá Jaime Caicedo Turriago.
De acuerdo con las proyecciones oficiales de ambos planes, las Localidades más comprometidas serán Fontibón y Engativá, en su orden, donde los proyectos de renovación urbana cubrirán más de 208 hectáreas de terrenos hoy construidos y habitados, con más de 8 mil predios, de los cuales casi 6 mil corresponden a residencias.
De acuerdo con las declaraciones de Caicedo Turriago, “el problema no es que se ejecuten proyectos de desarrollo o transformación urbana, pues todos entendemos que son una necesidad. El asunto es que tales propósitos están destinados a favorecer exclusivamente a los grandes inversores inmobiliarios, implicando a su vez que los actuales residentes jamás disfrutarán de los avances del desarrollo y que se convertirán en tristes expulsados hacia los extramuros de Bogotá, pues los dineros que recibirán por sus propiedades no les alcanzarán para adquirir viviendas o negocios de similares características en tamaño y ubicación”, aseveró el concejal del Polo Democrático Alternativo.
Por su parte, otros 3.104 predios de los barrios Las Cruces, Sosiego, Ciudad Jardín Sur, Restrepo y Santa Isabel, sufrirán el mismo destino por cuenta del denominado plan “Ciudad Salud”, el cual incidirá en un total de 117 manzanas.
“En estos barrios el problema de los residentes es incluso mayor, por cuanto se trata de familias que en muchos casos llevan viviendo allí más de 50 años, quienes poseen viviendas de gran extensión y que en buena parte ejercen actividades comerciales de sobrevivencia en sus propias casas. El Distrito sigue haciendo oídos sordos a la grave problemática social que estos proyectos causarán pues no ofrece alternativa alguna a los actuales ocupantes y simplemente los deja en manos de los monstruos inmobiliarios que se aprovechan de su situación o los expropia por vías legales para finalmente entregarles a los mismos pulpos financieros los predios tomados”, afirmó.
El concejal Jaime Caicedo dijo que los distintos foros y asambleas que se han realizado en las zonas de afectación del proyecto “Ciudad Salud” han demostrado además que su ejecución no va a beneficiar de manera alguna, en términos de salud pública, a los actuales y futuros habitantes de esa zona de la ciudad, pues dicho plan prevé construir y desarrollar centros hospitalarios dedicados a la “exportación” de servicios de salud y no a la atención de las necesidades que en este campo tienen y tendrán sus habitantes.
“Los cambios de uso del suelo son una forma de intervención política sobre el espacio urbano, que puede generar mejores condiciones de equidad o, por el contrario, acentuar la desigualdad social. Por ello, no entiendo cuál es la racionalidad social y de equidad en esta clase de ejecutorias públicas del gobierno de la ciudad, pues todo lo que se está haciendo beneficia generosamente a los grandes oligopolios inmobiliarios del gran capital, mientras que se castiga sin misericordia a los pequeños propietarios y residentes de estas zonas, sin ofrecerles mejoras a cambio en las mismas UPZ o en su defecto, propuestas viables y concertadas de reubicación en otras áreas de la ciudad. Hay que exigir de la administración claridades políticas en tal sentido y corregir esta clase de decisiones que contradicen el ideario del Polo Democrático Alternativo y los postulados de justicia social consignados en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva”, declaró Caicedo Turriago.
• La política de renovación urbana expulsa habitantes sin ofrecerles alternativas dignas de vivienda y ocupación productiva.
En tres localidades de la ciudad y con motivo del desarrollo de dos planes zonales como son Ciudad Salud y el Plan Aeropuerto, 11.227 predios serán afectados por cambios en los usos del suelo y sus propietarios terminarán siendo expulsados de sus viviendas y negocios sin mayores contraprestaciones, denunció el concejal de Bogotá Jaime Caicedo Turriago.
De acuerdo con las proyecciones oficiales de ambos planes, las Localidades más comprometidas serán Fontibón y Engativá, en su orden, donde los proyectos de renovación urbana cubrirán más de 208 hectáreas de terrenos hoy construidos y habitados, con más de 8 mil predios, de los cuales casi 6 mil corresponden a residencias.
De acuerdo con las declaraciones de Caicedo Turriago, “el problema no es que se ejecuten proyectos de desarrollo o transformación urbana, pues todos entendemos que son una necesidad. El asunto es que tales propósitos están destinados a favorecer exclusivamente a los grandes inversores inmobiliarios, implicando a su vez que los actuales residentes jamás disfrutarán de los avances del desarrollo y que se convertirán en tristes expulsados hacia los extramuros de Bogotá, pues los dineros que recibirán por sus propiedades no les alcanzarán para adquirir viviendas o negocios de similares características en tamaño y ubicación”, aseveró el concejal del Polo Democrático Alternativo.
Por su parte, otros 3.104 predios de los barrios Las Cruces, Sosiego, Ciudad Jardín Sur, Restrepo y Santa Isabel, sufrirán el mismo destino por cuenta del denominado plan “Ciudad Salud”, el cual incidirá en un total de 117 manzanas.
“En estos barrios el problema de los residentes es incluso mayor, por cuanto se trata de familias que en muchos casos llevan viviendo allí más de 50 años, quienes poseen viviendas de gran extensión y que en buena parte ejercen actividades comerciales de sobrevivencia en sus propias casas. El Distrito sigue haciendo oídos sordos a la grave problemática social que estos proyectos causarán pues no ofrece alternativa alguna a los actuales ocupantes y simplemente los deja en manos de los monstruos inmobiliarios que se aprovechan de su situación o los expropia por vías legales para finalmente entregarles a los mismos pulpos financieros los predios tomados”, afirmó.
El concejal Jaime Caicedo dijo que los distintos foros y asambleas que se han realizado en las zonas de afectación del proyecto “Ciudad Salud” han demostrado además que su ejecución no va a beneficiar de manera alguna, en términos de salud pública, a los actuales y futuros habitantes de esa zona de la ciudad, pues dicho plan prevé construir y desarrollar centros hospitalarios dedicados a la “exportación” de servicios de salud y no a la atención de las necesidades que en este campo tienen y tendrán sus habitantes.
“Los cambios de uso del suelo son una forma de intervención política sobre el espacio urbano, que puede generar mejores condiciones de equidad o, por el contrario, acentuar la desigualdad social. Por ello, no entiendo cuál es la racionalidad social y de equidad en esta clase de ejecutorias públicas del gobierno de la ciudad, pues todo lo que se está haciendo beneficia generosamente a los grandes oligopolios inmobiliarios del gran capital, mientras que se castiga sin misericordia a los pequeños propietarios y residentes de estas zonas, sin ofrecerles mejoras a cambio en las mismas UPZ o en su defecto, propuestas viables y concertadas de reubicación en otras áreas de la ciudad. Hay que exigir de la administración claridades políticas en tal sentido y corregir esta clase de decisiones que contradicen el ideario del Polo Democrático Alternativo y los postulados de justicia social consignados en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva”, declaró Caicedo Turriago.
Piden investigar a defensor de implicado en ‘chuzadas’ del DASUna Juez de Conocimiento compulsó copias a la Judicatura para que indague presuntas faltas disciplinarias del apoderado de Bernardo Murillo.
Que se investiguen las presuntas violaciones al Código Disciplinario por parte de Juan Pablo Pachón, abogado defensor del ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Bernardo Murillo, solicitó la Juez 14 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá por requerimiento elevado ante el Consejo Superior de la Judicatura.
En audiencia pública celebrada en el complejo judicial de Paloquemao, en la capital colombiana, compulsó copias a la Sala Disciplinaria para que inicie las averiguaciones del caso, tendientes a establecer presuntas irregularidades tendientes a entorpecer el normal desarrollo del juicio que se adelanta contra Murillo.
Así lo manifestó la operadora jurídica a solicitud de la Procuraduría, tras la inasistencia del jurista a la diligencia pública en la que se pretendía dar inicio a la audiencia preparatoria del juicio que enfrentan cinco ex funcionarios del DAS por el escándalo de las interceptaciones telefónicas y persecución ilegal en contra de magistrados y líderes opositores.
Pese a que el abogado Pachón envió una comunicación en la que solicitaba el aplazamiento de esta audiencia, la funcionaria judicial consideró prudente que se indaguen las actuaciones que viene desarrollando el apoderado de Murillo dentro de3 este proceso.
En la misma jornada la Juez dio su aval al estudio del preacuerdo establecido entre el ex director de Contrainteligencia Jorge Alberto Lagos y la Fiscalía, para que el primero se acoja a sentencia anticipada de ocho años de prisión, lo que derivó en el aislamiento de su caso particular, es decir, la declaratoria de la ruptura procesal, que aparta éste ex funcionario de los restantes cuatro acusados.
En consecuencia, la operadora jurídica citó para los próximos 8, 9 y 10 de septiembre el desarrollo de la audiencia preparatoria del juicio contra los ex funcionarios Luz Marina Rodríguez, Bernardo Murillo, Gustavo Sierra y Fernando Tabares, quien también está pendiente del aval de un preacuerdo de sentencia anticipada por cinco años de cárcel.
Elespectador.com
Ex presidente de Interpol condenado por corrupción
El 3 de agosto de 2010, el tribunal de la ciudad sudafricana de Johannesburgo condenó a Jackie Selebi, quien presidió Interpol desde el año 2004 hasta el 2008, a 15 años de cárcel después de encontrarlo culpable del delito de corrupción.
Según se pudo comprobar, el acusado cobró importantes sobornos provenientes de un jefe mafioso e incluso fabricó pruebas falsas. Siga..
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A continuación el texto íntegro:
El capítulo principal del último libro
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