El pleno del Comité Central reunido del 17 al 19 de mayo de 2013 en la ciudad de Bogotá, D.C., ha realizado un amplio estudio de la realidad nacional y debatido con detenimiento las tareas prioritarias en el marco de la situación política del país, de lo cual entrega las siguientes conclusiones:
1) El gobierno de Santos persiste sin pausa en su política clasista favorable al gran capital financiero, al latifundio y a la locomotora agro minera; insiste en la impunidad para el fuero militar y en que no va a parar la guerra. A un año de haberse suscrito el TLC con Estados Unidos se registra una desaceleración de la economía, una disminución del nivel de las exportaciones e importaciones, un incremento del desempleo, a la expectativa de nuevos deterioros como efecto del TLC con Unión Europea y los acuerdos que se anuncian de la Alianza del Pacífico. Las recientes luchas de los campesinos cafeteros, cacaoteros y de los productores de papa, la persistencia de las nuevas generaciones de clase obrera en el Cerrejón, Cerromatoso, Pacific Rubiales y otras movilizaciones contra empresas transnacionales, los movimientos socioterritoriales contra la expropiación de territorios, indican el ascenso de las resistencias populares y muestran la forma como el capital las enfrenta, combinando la búsqueda de acuerdos focales con el ejercicio de la represión y la criminalización. Juntar las rebeldías crecientes pero aún dispersas es un imperativo para el conjunto del movimiento popular y la izquierda antimperialista y revolucionaria.
2)El análisis reafirma que el quehacer político nacional pasa hoy por el proceso de diálogo como vía para una solución no militar a la prolongada confrontación armada de carácter social y político que vive Colombia.
Este importante acontecimiento concita un vasto respaldo nacional e internacional, ha puesto al orden del día debates sobre temas de fondo en materia rural, territorial y de derecho de propiedad para comunidades agrarias; la participación del pueblo sin exclusiones en las decisiones esenciales de la vida del país; los derechos humanos y de las víctimas; las libertades públicas y la democratización de la sociedad en su conjunto. Ha dinamizado la vida política y ha colocado al régimen en la disyuntiva de avanzar hacia la paz o pagar el alto costo de ceder a la presiones guerreristas. La lucha popular tiende a insertarse cada vez más en un proceso que avanza y en el que está llamada a desempeñar un papel cada día más protagónico. De su parte el gobierno quiere no solo una paz express sino una paz sin cambios sociales, políticos o institucionales.
Por ello censura la discusión de temas estratégicos como el del régimen económico, la doctrina militar, la inconveniencia del latifundio, la estructura antidemocrática y excluyente del Estado, lo que muestra una mirada cicatera y estrecha de la realidad nacional y la intención de eternizar un modelo de sociedad caduco y en crisis. Es claro que el diálogo en La Habana progresa a un ritmo más lento y complejo que el que ha supuesto el gobierno de Santos. En estas condiciones las elecciones de 2014 se atraviesan a las discusiones de paz y el gobierno, en lugar de facilitar una apertura democrática, pretende cerrar aún más el sistema político para silenciar a la izquierda y al movimiento social de inconformidad en ascenso.
3) La paz no es reelección. La paz son profundas reformas y democratización. Para el horizonte de una paz con justicia social, democracia y soberanía sería un retroceso la reedición de una política de seguridad como la de los ocho años del uribismo. Pero no menos negativo resultaría la permanencia de una posición vacilante, coyunturalista y contradictoria, que no se desprende del imaginario de una victoria militar como la que ha representado Juan Manuel Santos. Para su avance ulterior el proceso de diálogo y la búsqueda de la paz no pueden estar sujetos a la reelección del actual presidente ni mucho menos de sus políticas que han sido la continuidad de la antidemocracia. Como lo reconoce la Constitución vigente (Artículo 22) el Estado debe tener una política de paz no limitada a las coyunturas electorales ni a los gobiernos de turno. Las fuerzas defensoras de la paz y la justicia social como tarea colectiva de la nación debemos exigir de todos los sectores políticos, sin distingos, el compromiso de llevar a feliz término el proceso de diálogo y de paz. En el mismo sentido proclamamos la exigencia de alcanzar, en el más breve plazo, un cese al fuego bilateral para lograr una discusión y unos acuerdos sin la tragedia diaria de los hechos de guerra.
4) El interés popular en torno a la paz con justicia social crece merced a la dinámica desatada por los diálogos en La Habana. La nutrida participación de organizaciones populares en los Foros sobre puntos de la Agenda, los encuentros, iniciativas, constituyentes, congresos, asambleas, conversatorios, concertados desde las organizaciones del pueblo, amplifican el alcance de un pluralista movimiento social por la paz en trance de constituirse y fortalecerse, al que hace significativo aporte la Ruta Social Común por la Paz. Para la derrota de la solución militar en sus diversas variantes, la unidad y la convergencia de los procesos populares devienen en necesidad.
Al mismo tiempo, se están creando las condiciones subjetivas de un poder constituyente que puede incidir en cambios políticos y en nuevas relaciones de poder para lo que resulta trascendente la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, más allá de la sola refrendación de eventuales acuerdos de paz. La acumulación de fuerzas en curso, que se apoya en la pluralidad de procesos e iniciativas de base, que se manifestó en la movilización del 9 de abril, debe potenciarse con la realización de las constituyentes por la paz que impulsa Marcha Patriótica, las tareas emanadas del reciente Congreso de Paz, del Congreso de los Pueblos, del Encuentro Ecuménico, del Encuentro de Mujeres por la Paz y la dignidad en Florencia, Caquetá, entre otros.
La confluencia del movimiento por la paz con las expresiones de protesta social, territorial, urbana, indígena, afro, raizal y una disposición más consecuente y comprometida de las organizaciones sindicales, muestra la necesidad de una mejor coordinación, una más clara comprensión del momento y un mayor nivel político en la identificación de los objetivos y tareas comunes.
5) El centro de nuestra propuesta es concretar la unidad de las fuerzas comprometidas con un proyecto de paz con profundas transformaciones sociales y democráticas para Colombia en un Frente amplio que destaque en primer plano las coincidencias programáticas, la unidad de acción política en respaldo a la solución dialogada, el debate popular sobre las identidades que emergen desde las prácticas de base y el despliegue de la movilización de masas consecuente para impulsar una Plataforma por la paz con justicia social, la democracia y la soberanía con los siguientes puntos básicos:
2)El análisis reafirma que el quehacer político nacional pasa hoy por el proceso de diálogo como vía para una solución no militar a la prolongada confrontación armada de carácter social y político que vive Colombia.
Este importante acontecimiento concita un vasto respaldo nacional e internacional, ha puesto al orden del día debates sobre temas de fondo en materia rural, territorial y de derecho de propiedad para comunidades agrarias; la participación del pueblo sin exclusiones en las decisiones esenciales de la vida del país; los derechos humanos y de las víctimas; las libertades públicas y la democratización de la sociedad en su conjunto. Ha dinamizado la vida política y ha colocado al régimen en la disyuntiva de avanzar hacia la paz o pagar el alto costo de ceder a la presiones guerreristas. La lucha popular tiende a insertarse cada vez más en un proceso que avanza y en el que está llamada a desempeñar un papel cada día más protagónico. De su parte el gobierno quiere no solo una paz express sino una paz sin cambios sociales, políticos o institucionales.
Por ello censura la discusión de temas estratégicos como el del régimen económico, la doctrina militar, la inconveniencia del latifundio, la estructura antidemocrática y excluyente del Estado, lo que muestra una mirada cicatera y estrecha de la realidad nacional y la intención de eternizar un modelo de sociedad caduco y en crisis. Es claro que el diálogo en La Habana progresa a un ritmo más lento y complejo que el que ha supuesto el gobierno de Santos. En estas condiciones las elecciones de 2014 se atraviesan a las discusiones de paz y el gobierno, en lugar de facilitar una apertura democrática, pretende cerrar aún más el sistema político para silenciar a la izquierda y al movimiento social de inconformidad en ascenso.
3) La paz no es reelección. La paz son profundas reformas y democratización. Para el horizonte de una paz con justicia social, democracia y soberanía sería un retroceso la reedición de una política de seguridad como la de los ocho años del uribismo. Pero no menos negativo resultaría la permanencia de una posición vacilante, coyunturalista y contradictoria, que no se desprende del imaginario de una victoria militar como la que ha representado Juan Manuel Santos. Para su avance ulterior el proceso de diálogo y la búsqueda de la paz no pueden estar sujetos a la reelección del actual presidente ni mucho menos de sus políticas que han sido la continuidad de la antidemocracia. Como lo reconoce la Constitución vigente (Artículo 22) el Estado debe tener una política de paz no limitada a las coyunturas electorales ni a los gobiernos de turno. Las fuerzas defensoras de la paz y la justicia social como tarea colectiva de la nación debemos exigir de todos los sectores políticos, sin distingos, el compromiso de llevar a feliz término el proceso de diálogo y de paz. En el mismo sentido proclamamos la exigencia de alcanzar, en el más breve plazo, un cese al fuego bilateral para lograr una discusión y unos acuerdos sin la tragedia diaria de los hechos de guerra.
4) El interés popular en torno a la paz con justicia social crece merced a la dinámica desatada por los diálogos en La Habana. La nutrida participación de organizaciones populares en los Foros sobre puntos de la Agenda, los encuentros, iniciativas, constituyentes, congresos, asambleas, conversatorios, concertados desde las organizaciones del pueblo, amplifican el alcance de un pluralista movimiento social por la paz en trance de constituirse y fortalecerse, al que hace significativo aporte la Ruta Social Común por la Paz. Para la derrota de la solución militar en sus diversas variantes, la unidad y la convergencia de los procesos populares devienen en necesidad.
Al mismo tiempo, se están creando las condiciones subjetivas de un poder constituyente que puede incidir en cambios políticos y en nuevas relaciones de poder para lo que resulta trascendente la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, más allá de la sola refrendación de eventuales acuerdos de paz. La acumulación de fuerzas en curso, que se apoya en la pluralidad de procesos e iniciativas de base, que se manifestó en la movilización del 9 de abril, debe potenciarse con la realización de las constituyentes por la paz que impulsa Marcha Patriótica, las tareas emanadas del reciente Congreso de Paz, del Congreso de los Pueblos, del Encuentro Ecuménico, del Encuentro de Mujeres por la Paz y la dignidad en Florencia, Caquetá, entre otros.
La confluencia del movimiento por la paz con las expresiones de protesta social, territorial, urbana, indígena, afro, raizal y una disposición más consecuente y comprometida de las organizaciones sindicales, muestra la necesidad de una mejor coordinación, una más clara comprensión del momento y un mayor nivel político en la identificación de los objetivos y tareas comunes.
5) El centro de nuestra propuesta es concretar la unidad de las fuerzas comprometidas con un proyecto de paz con profundas transformaciones sociales y democráticas para Colombia en un Frente amplio que destaque en primer plano las coincidencias programáticas, la unidad de acción política en respaldo a la solución dialogada, el debate popular sobre las identidades que emergen desde las prácticas de base y el despliegue de la movilización de masas consecuente para impulsar una Plataforma por la paz con justicia social, la democracia y la soberanía con los siguientes puntos básicos:
a) Apoyo al proceso de diálogo para una solución política.
b) Conformación de un gobierno democrático pluralista de coalición popular que asuma la construcción de la paz, la justicia social, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.
c) Promoción de un nuevo modelo económico y social que incluya reforma agraria integral, territorial, ambiental; rescate y reforma de la salud y la educación pública; vivienda y un nuevo régimen laboral.
c) Promoción de un nuevo modelo económico y social que incluya reforma agraria integral, territorial, ambiental; rescate y reforma de la salud y la educación pública; vivienda y un nuevo régimen laboral.
d) Iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente.
Proponemos la realización de un Encuentro Programático Unitario que permita el intercambio de ideas, propuestas e iniciativas para el desarrollo del Frente amplio a nivel de las bases en municipios, departamentos y a nivel nacional.
Proponemos acordar con los aliados la presentación de una lista unitaria al senado con compromiso programático, mediante la recolección de firmas, de consenso entre las fuerzas interesadas en forjar la alianza, en caso de no haber otra opción. Para integrar esta lista se acordó el nombre del compañero Carlos Lozano.
Estamos dispuestos a discutir la propuesta de una candidatura presidencial alternativa a la ultraderecha y al reeleccionismo, comprometida con la paz, la democratización del país, las libertades, las garantías sociales y la soberanía.
6) En el plano internacional tienen especial importancia las iniciativas acordadas en el marco del Foro de Sao Paulo, que es un escenario de primera línea en el plano continental, donde convergen las fuerzas políticas avanzadas en apoyo a la solución política en Colombia. De igual manera se reafirma la necesidad del apoyo y coordinación alrededor de la Plataforma Europea por la paz y los esfuerzos de acción común en el viejo continente y en otros países de América Latina.
La lucha por la paz es incompleta si no toma en cuenta la terrible situación de varios miles de presos (as) políticos (as) que padecen el hacinamiento, la carencia de condiciones de salud, maltrato y discriminación en las cárceles colombianas. Por el reconocimiento de su condición, por el cumplimiento del debido proceso y por su libertad, expresamos un saludo solidario a todos (as) ellos (as), en particular al camarada David Ravelo con el más caluroso abrazo de fraternidad.Bogotá, mayo 19 de 2013.
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