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| Abogado Luis Carlos Bonilla, apoderado de Jaime Caycedo. |
Archivado proceso disciplinario en la Procuraduría contra secretario general del Partido Comunista y ex concejal de Bogotá, Jaime Caycedo
En resolución conocida la semana pasada, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ante la fuerza de los hechos concretos, no tuvo más alternativa que archivar la investigación disciplinaria que adelantaba contra Jaime Caycedo Turriago, ex concejal de Bogotá y secretario general del Partido Comunista por la llamada farcpolítica a partir de supuestos hallazgos en los computadores de Raúl Reyes.
Durante más de dos años el expediente estuvo en reposo en el escritorio del procurador, uno de los personajes de la extrema derecha colombiana, mientras indagaban y buscaban testimonios de desertores de la guerrilla que permitieran sancionar al dirigente comunista, tal y como lo hizo en forma arbitraria y descarada contra la ex senadora Piedad Córdoba. No los pudo encontrar. Ni siquiera Raúl Agudelo Medina (alias Olivo Saldaña), testigo de oficio contra todos los dirigentes de la izquierda, pudo establecer señalamientos concretos contra Caycedo. Poco a poco el proceso disciplinario se fue cayendo sin ningún peso legal.
A favor del secretario general del Partido Comunista Colombiano y entonces concejal de Bogotá declararon personalidades académicas tan importantes como los ex rectores de la Universidad Nacional Víctor Manuel Moncayo y Guillermo Páramo, el ex ministro y director de Indepaz, Camilo González Posso, y el ex vicerrector de la Universidad Nacional, Alejo Vargas.
La “prueba reina” del procurador fue el computador de Raúl Reyes tan desprestigiado como el mismo funcionario por sus posiciones derechistas y retrógradas. En el colmo del absurdo, Ordóñez pretendió convertir en delito la amistad de Caycedo con Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de Argentina, quien le hizo un extenso reportaje a Raúl Reyes en las montañas de Colombia, publicado en periódicos argentinos y del exterior.
Igualmente, alegó “coincidencias” políticas de las FARC con el Partido Comunista. El montaje del procurador se cayó, al igual que otros procesos disciplinarios y judiciales, aunque no fue lo mismo con Piedad Córdoba contra quien se ensañó el cavernario Ordóñez.
La asistencia jurídica del dirigente comunista la realizó el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Luis Carlos Bonilla, quien con diligencia y profesionalismo presentó los contundentes argumentos jurídicos, en particular contra la prueba del computador de Reyes.
“(…) la prueba hallada en el operativo que se realizó en territorio ecuatoriano en contra del guerrillero alias Raúl Reyes es ilícita por tres circunstancias elementales: primera, se hizo con violación de la soberanía de un Estado; segundo, se halló por personal que carece de competencia para ello, pues no tiene funciones de Policía Judicial; y tercero, no se observaron los procedimientos establecidos para la recolección y embalaje de evidencias, es decir, no se tuvo en cuenta la cadena de custodia” fue la conclusión del jurista.
La decisión de la Procuraduría
“Terminar la actuación disciplinaria adelantada contra el disciplinado Jaime Caycedo Turriago, en su condición de concejal de Bogotá para el periodo 2008-2011, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, así quedó consignada la parte resolutiva (primero), firmada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en decisión tomada el 24 de abril de 2013.
Es de anotar que los hechos que fueron materia de la investigación disciplinaria están determinados a partir del 5 de mayo de 2002 hasta la muerte de Raúl Reyes en Angostura (Ecuador), ocurridos antes de que Jaime Caycedo se desempeñara como concejal de Bogotá, lo cual le da cierto viso de ilegalidad a la actuación de la Procuraduría General de la Nación. Nunca hubo indagación penal contra el ex concejal y secretario general del Partido Comunista Colombiano
En la parte motiva de la resolución se consigna, que “(…) conforme a la valoración probatoria anteriormente realizada se llega a la conclusión que no existe comportamiento alguno en cabeza del ex concejal Jaime Caycedo Turriago del que pueda estructurarse alguno de los verbos rectores del numeral 12 del artículo 48 de la ley disciplinaria(…)”.
El proceso se inició a partir de la documentación enviada por la Dijín, tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría, para que se investigara al dirigente comunista. Mientras la Fiscalía la desestimó y jamás abrió un proceso en firme, la Procuraduría sí lo hizo, porque a juicio del organismo de seguridad “existían presuntos vínculos de Caycedo con las FARC”.
Es la manera irresponsable y tendenciosa como la Dijín persigue a los dirigentes políticos de izquierda y va montando procesos judiciales de forma temeraria. Para defensores de derechos humanos lo continúa haciendo, esa práctica oficial no terminó con la desaparición del desprestigiado DAS. Es una modalidad de Estado para perseguir a los defensores de derechos humanos y a los críticos del Gobierno.
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