Fuente: Caracol 11/01/2007 - 11:44:00El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de una millonaria indemnización, por no haber protegido de manera adecuada al secretario del Partido Comunista y ex integrante de la Unión Patriótica, José Miller Chacón Penna, quien fue asesinado en Bogotá el 25 de noviembre de 1993.La Sección Tercera del Alto Tribunal concluyó que el ministerio de Defensa y el DAS fueron responsables de la muerte violenta del dirigente político de izquierda, por no haber ordenado medidas que lo protegieran de las amenazas recibidas.El Consejo de Estado estableció que cuatro meses antes del asesinato de José Miller Chacón Penna, la directiva del Partido Comunista, encabezada por el senador Manuel José Cepeda, asesinado en 1994, y por Carlos Lozano, se reunió con el entonces ministro de Defensa Rafael Pardo, para pedirle protección especial para sus militantes.En ese encuentro, Cepeda y Lozano denunciaron ante el gobierno nacional, la existencia de un plan denominado "Golpe de Gracia", cuyo objetivo era exterminar a todos los integrantes del Partido Comunista, y en el cual, supuestamente, estaban involucrados integrantes de las Fuerzas Militares.El magistrado ponente, Mauricio Fajardo, señaló en la sentencia que "si bien no existe prueba de que en el asesinato de José Miller Chacón Penna hubieran participado miembros de la Fuerza Pública, la responsabilidad de su muerte recae directamente en el Estado colombiano".El Consejo de Estado llega a esa conclusión porque "a pesar de tener conocimiento de que los militantes del Partido Comunista se encontraban amenazados de muerte, luego de las denuncias formuladas por los dirigentes de ese partido político, éste omitió negligentemente adelantar las respectivas investigaciones del caso".Por su responsabilidad en el asesinato de José Miller Chacón Penna, el ministerio de Defensa tendrá que cancelar 395 millones de pesos a la viuda del líder político de izquierda, por los daños morales y materiales ocasionados.De igual forma, el Consejo de Estado le pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía que investigue disciplinaria y penalmente s quienes incurrieron en la omisión que dio lugar al homicidio del secretario general del Partido Comunista.