viernes, 22 de febrero de 2013

Crisis de la ciudad y propuestas de los comunistas

1.    El modelo de desarrollo económico vigente, que alimenta la profundización de la desigualdad social en la ciudad, es el modelo capitalista periférico en su forma neoliberal, que ha sido impuesto por las clases dominantes desde hace ya varias décadas. Este modelo, que han mantenido gobiernos de derecha y de centroizquierda por igual, se fundamenta en la idea de una ciudad “competitiva y de servicios” que ubique a Bogotá en el mercado de la economía capitalista regional y global con el objetivo de fortalecer y reproducir tanto el proceso de acumulación de capital como el poder de clase burgués, financiero y mafioso, en la ciudad y en el país.



2.    El carácter capitalista neoliberal del modelo actual de desarrollo de Bogotá, se ha venido apuntalando a través de una estrategia política de acumulación de capital con base en un triple proceso: Primero, el persistente despojo de tierras, recursos del suelo y del subsuelo, semovientes y territorios en regiones rurales, proceso que se realiza principalmente mediante la expulsión violenta de los campesinos por terratenientes, narcotraficantes y transnacionales. Luego de peinar los territorios con paramilitares y fuerzas del estado, estos sectores se apropian de los bienes despojados y montan latifundios ganaderos, cultivos de agroindustria o proyectos mineros al amparo de los gobiernos. Complementariamente, el desplazamiento se produce por falta de garantías económicas, políticas, sociales y culturales para los pobladores del campo. Todo ello hace que los campesinos se vean obligados a migrar a las ciudades, entre ellas a Bogotá en un buen número, en busca de mejor destino para sus familias, dejando sus bienes abandonados, expropiados o vendidos a bajos precios. El despojo y la migración forzada han obligado a la proletarización forzada de gran parte de los pobladores del campo que se aventuran a trasladarse a la ciudad, deambulan por ella como desplazados o refugiados internos y sobreviven por un tiempo de la asistencia pública, pero no pueden encontrar trabajo que les permita permanecer en condiciones dignas, ni tampoco pueden retornar a sus antiguos lugares de origen, debido a la persistencia de la guerra y a la falta de oportunidades en los mismos.


3.    Segundo, el despojo y expulsión de los pobladores del campo se acompaña de la “destrucción creativa” de la ciudad, que se constituye en el despojo del suelo, destrucción de viviendas y entornos urbanos de los sectores populares que los habitan, y su expulsión del centro de la ciudad o de otros territorios a través de procesos de intervención urbanística, construcción de obras de infraestructura y de renovación urbana, o del impulso de otros planes que modifican la destinación y uso del suelo para favorecer la inversión de capitales en negocios inmobiliarios, comerciales, hoteleros, financieros o de los servicios que los acompañan.


4.    Tercero, la privatización de actividades que antiguamente estaban por fuera de los circuitos de acumulación de capital, como las empresas públicas, servicios sociales y bienes comunes, entre ellos, los servicios de aseo, la energía eléctrica, el transporte, la vivienda social, la educación, la salud, la seguridad social y el agua. Estos bienes y servicios han sido transformados en espacios propicios para la inversión de capital y extracción de plusvalías, en lo que Samir Amín  ha denominado el III Departamento de acumulación de capital . Mediante este Departamento los monopolios capitalistas y el imperialismo rentista absorben los excedentes que resultan de la diferencia entre el crecimiento de la productividad del trabajo social y el precio pagado por la fuerza de trabajo. Esta dinámica de acumulación nos permite entender el afán del gobierno Santos y de los gremios económicos por aumentar la inversión privada de capital en el sector social, en el desarrollo urbanístico de la ciudad, en el transporte, entre otros, y por reducir los costos laborales de las empresas mediante medidas recientes como el proyecto de reforma tributaria, que busca liquidar los parafiscales que sirven para financiar parte de la salud, el SENA y el ICBF, aumentar los impuestos a las capas medias y reducirlos a los más ricos. En ese marco, es que se desenvuelven conflictos como el de la recolección de las basuras, que refleja el interés de grandes empresarios contratistas por mantener el servicio público del aseo en manos privadas, sobre-explotando a los trabajadores, excluyendo a los trabajadores del reciclaje y propiciando el desconocimiento de la descentralización del Distrito y la autonomía del gobierno distrital por parte del gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio y de su Consejería Presidencial.


5.    Los sectores populares, cuyos bienes son expropiados o vendidos a bajos precios por la presión del estado, y los trabajadores, cuyas empresas o servicios donde trabajan son privatizadas a ultranza, al perder sus posibilidades de sobrevivir a través de la economía popular y de ingresos salariales decentes, se ven obligados, como en el caso de los refugiados internos, a proletarizarse y/o empeorar la calidad de sus condiciones de vida. Este triple mecanismo de despojo, expulsión y privatización, con el consecuente encarecimiento del costo de la vida en la ciudad y reducción de los salarios reales, agrava la precarización de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y sectores populares empujándolos cada vez más hacia la pobreza, la exclusión y zonas residenciales periféricas y/o socialmente marginadas, profundizando la segregación socio-espacial y la desigualdad social por la falta de trabajo, vivienda, la dificultad para acceder a los servicios públicos y sociales, los problemas del transporte, la inseguridad, la humillación, la desesperanza y, en últimas, también explica la creciente acumulación de contradicciones de clase, sociales, económicas, políticas y culturales.


6.    Los procesos de la estrategia de acumulación son jalonados por la inversión de capital financiero, inmobiliario y mafioso, amparados en mecanismos de lavado de activos procedentes del narcotráfico, dispositivos que favorecen el espíritu rentista del capital financiero, terrateniente y de promotores urbanos que buscan enriquecerse aún más, a costa de la valorización comercial del suelo y bienes inmuebles urbanos, la especulación financiera, el incremento de la circulación de capitales y la sobrexplotación de los trabajadores de las empresas y servicios privatizados. Para ello utilizan la participación de intermediarios y contratistas ligados con el gran capital financiero, inmobiliario y mafioso. Esa dinámica de acumulación de capital constituye un entramado con beneficios recíprocos entre los componentes de lo que podríamos llamar el complejo de capital financiero-inmobiliario-industrial (incluyendo los servicios privatizados) y mafioso, nacional y transnacional, que se produce y reproduce en el marco de políticas y concepciones neoliberales del desarrollo de la ciudad.


7.    Anudado al complejo económico financiero-inmobiliario-industrial y mafioso, domina un poder político que hemos identificado como el gobierno permanente de la ciudad. Este poder está integrado por fracciones de la burguesía que constituyen el anterior complejo económico, y mantiene las políticas económicas neoliberales apoyado en gremios económicos y cámaras de negocios, grandes medios de comunicación, centros gremiales de investigación al estilo Fedesarrollo, fuerzas estatales y paraestatales que agreden y disciplinan la población, asesinan líderes populares y controlan cualquier asomo de desobediencia ciudadana. El gobierno nacional ha venido haciendo parte de este tinglado y ahora, además de la mal llamada seguridad democrática y confianza inversionista, utiliza las llamadas consejerías presidenciales y los organismos de control para apuntalar los intereses oligárquicos de la ciudad, estrechamente entrelazados con los nacionales, mediante el apego formal al cumplimiento de normas legales por ellos establecidas. 


8.    Frente a ese poder oligárquico se vislumbran asomos de otro poder democrático, que en el curso de la experiencia acumulada por los gobiernos transitorios de centroizquierda y del perfilamiento antineoliberal de sus programas de gobierno, pareciera estarse expresando a través de contradicciones en desarrollo, con factores del poder permanente de la ciudad e intereses económicos que éste representa, lo cual podría contribuir, en la medida en que se pretenda limitar la autonomía de los gobiernos populares democráticamente elegidos, a constituir un camino hacia un doble poder, y a la afirmación posterior de un poder popular, si los gobiernos democráticos, la movilización ciudadana, los trabajadores y las fuerzas populares terminan por identificar su enemigo de clase y actuar en consecuencia.


9.    Parte sustancial de la materialización del modelo neoliberal de ciudad comercial y de servicios, ha sido la estrategia de profundización de la informalidad empresarial y laboral en medio del proceso de promoción del crecimiento con base en la bancarización de la economía, la privatización y desregularización de los servicios, el desarrollo del comercio y la ejecución de las mega-obras de infraestructura para la movilidad interna y la renovación urbana. Las iniciativas de política económica buscan atraer la inversiónn de capital privado, multinacionales  y grandes empresas nacionales, aprovechando las ventajas comparativas del bajo costo laboral generado por la flexibilización neoliberal del trabajo y el incesante crecimiento de un ejército laboral de reserva extraordinario, como lo ha llamado el camarada Jaime Caycedo , alimentado por la inmigración forzada por la violencia y por la privatización de las empresas de servicios públicos y sociales. Todo ello con el objetivo de beneficiarse del negocio inmobiliario, del aumento de los precios del suelo propiciado por las obras de infraestructura pública y de renovación urbana pagadas o estimuladas por el gobierno, y de lucrarse de las jugosas concesiones económicas hechas a los privados por la administración de los recursos del transporte público. La anterior política ha llevado al decaimiento del desarrollo industrial productivo, a la precarización del empleo, de los ingresos, de las garantías laborales y de los derechos sociales contributivos de los trabajadores y al mantenimiento y reproducción de la tradicional segregación socio-espacial y desigualdad social, como ya la hemos señalado anteriormente.


10.    Así por ejemplo, mientras el crecimiento económico promedio del país fue de 5,9 por ciento del PIB el año 2011, el crecimiento de Bogotá fue de 6 por ciento. Este crecimiento, uno de los más grandes de región alguna del país, e indicativo de una recuperación económica de la ciudad frente al 4% del PIB del año 2005, ha estado jalonado por el sector financiero (seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas), que creció en un 34,8 por ciento del PIB; la producción industrial, en un 18,7 por ciento del PIB; y el comercio, especialmente la venta de vehículos, que creció en un 8,7 por ciento del PIB en el 2011. A nuevos sectores de la economía que, como en el caso del sector salud, combinan el llamado turismo médico para pacientes internacionales con iniciativas de renovación urbana como el que tipifica el proyecto Ciudad Salud Región, que profundiza la privatización de la salud que inició la nefasta Ley 100 de 1993.


11.    El crecimiento económico de Bogotá, que puede no ser sostenible, pues se pronostica que en el 2012 disminuya a cifras entre 4,1% y 5,4%  como consecuencia de la crisis económica mundial y de causas internas como la crisis de la pirámide aristocrática de Interbolsa, se sigue dando sin que mejoren de forma sustantiva las posibilidades de trabajo decente. Así, por ejemplo, entre mayo y julio de 2012, las tasas de desempleo fueron de 10.3%; no desciende el empleo por cuenta propia, que se mantiene alrededor del 32.1% en este mismo período; tampoco se reducen otras formas de  informalidad y de empleo no salariales; y se mantienen altas las tasas de desempleo juvenil y de empleo infantil. Al lado de esta problemática continúa la creciente inestabilidad laboral, y descienden cada vez más las ya bajísimas tasas de sindicalización  de los trabajadores las cuales pasaron de 1,55% en 2007 a 1,23% en 2010. Según algunos analistas, el salario real de los trabajadores formales y los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia disminuyeron entre 2007 y 2010 en un 3,6% y 3.4% respectivamente.


12.    Todo lo anterior nos explica el desmejoramiento creciente de los salarios reales e ingresos de los trabajadores y sectores populares, el no avance en las coberturas de los derechos sociales contributivos, los enormes problemas de acceso a la vivienda digna, la persistencia del hambre, la desprotección de los jóvenes y de la tercera edad, entre otros, a pesar de algunos adelantos recientes en política social, especialmente en coberturas de educación básica y secundaria, como consecuencia del desarrollo de políticas sociales de gobiernos de centroizquierda. De acuerdo con el actual Plan de Desarrollo Bogotá Humana, el Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos de los hogares, empeoró entre 2007 y 2011 pues aumentó de 0.51 a 0.54. Estos indicadores, que no parecen estarse corrigiendo con la administración actual, nos demuestran que con los gobiernos de centroizquierda de los que formamos parte en el pasado se mantuvo y predominó el modelo neoliberal de política económica en la ciudad. Es el contraste entre la acumulación, concentración y centralización del capital, y una persistente precarización de la capacidad de consumo y de disfrute de los derechos sociales en los sectores populares, el resultado más claro de este modelo de desarrollo económico de la ciudad. En estas circunstancias, las políticas públicas, fiscales y sociales desarrolladas no parecen tener impacto en el mejoramiento del bienestar en calidad de vida de la población, ni en la reducción de la desigualdad social. Por ello necesitamos hacer que el movimiento popular y democrático, transite por el camino de cambios estructurales en la perspectiva de alcanzar la ciudad democrática que proponemos.


Caracterización del proceso histórico de constitución del modelo de desarrollo de la ciudad


13.    Cuando Bogotá se insertó definitivamente en el proceso de crecimiento económico y de urbanización propia del sistema capitalista entre 1910 y 1920, se inició la construcción de un modelo de ciudad  euro-centrista de capitalismo urbano periférico , que se mantuvo hasta el advenimiento de la ciudad comercial  y de servicios, fruto de los procesos de globalización neoliberal hacia finales del siglo XX, luego de haber dejado atrás el modelo de ciudad de predominio artesanal que se desarrollaba desde la independencia.


14.    Ha sido un modelo de ciudad de capitalismo periférico, porque en su origen y posterior desarrollo “poco tiene que ver con las urbes capitalistas del mundo industrializado, en cuanto a organización urbana, sistemas de transporte y masificación cultural. Es propia del desarrollo capitalista dependiente, característico de nuestros países.”  Pero esa irrupción del capitalismo urbano periférico se dio con férreas resistencias de los artesanos, quienes protagonizaron las más importantes luchas contra el desarrollo del capitalismo en la ciudad, con la lucha y movilización popular y de los trabajadores contra la falta de democracia, la precariedad social y económica y las injusticias del modelo de ciudad de capitalismo periférico en distintos momentos de la vida de la ciudad, entre ellos el paro cívico nacional de 1977.


15.    Ha sido un modelo de ciudad comercial y de servicios, porque sus rasgos distintivos son la privatización y la mercantilización del espacio urbano, el negocio inmobiliario, la privatización y comercialización de los servicios públicos y sociales, el desarrollo de una economía con predominio de los servicios, el comercio mediante grandes centros comerciales y zonas francas, el ensamblaje, la especulación financiera, el rentismo y el consumo al debe. Pero ese desarrollo se ha dado en el marco del modelo de capitalismo urbano periférico. Como ha señalado Vega Cantor, en el desarrollo de ese modelo “Han sido abandonados los proyectos de vivienda oficial y estatal, labor que ha quedado por completo en manos del capital financiero; han desaparecido los jardines infantiles que manejaba la administración local, para hacer recaer esa responsabilidad en madres comunitarias, mal pagas y sobrecargadas de trabajo; se han destruido las empresas públicas, con la finalidad de terminar con los sindicatos más combativos y facilitar su conversión en empresas comerciales, que se han feriado al capital privado nacional o transnacional; se han limpiado de pobres zonas enteras de la ciudad, lo cual paradójicamente ha expandido la "cartuchización" a gran parte del espacio urbano en lugar de hacerla desaparecer (El Cartucho era el nombre de una deprimida zona del centro de la ciudad que fue convertida en un horroroso parque); se han implementado medidas tecnocráticas de control del espacio público, expulsando a los vendedores ambulantes, pero sin crear soluciones consistentes y realistas al problema del desempleo estructural; se ha erigido una infraestructura vial, costosa y de mala calidad, con la pretensión de integrar la ciudad a los proyectos de libre comercio, junto a lo cual se ha impulsado la destrucción de importantes sectores productivos de pequeña y mediana empresa, que se han arruinado por la apertura comercial indiscriminada, impuesta tras la adopción de la Constitución de 1991” .


16.    Igualmente, como lo señalaron las pasados tesis de la Conferencia Distrital del PCC - 80 años de lucha por la construcción de una ciudad democrática -  el modelo de ocupación del territorio en la ciudad comercial y de servicios de capitalismo urbano periférico, no sólo ha sido socio-espacialmente segregador sino también ambientalmente depredador. Ello porque estando “guiado esencialmente por los factores de valoración de la renta del suelo,” por el negocio inmobiliario, el comercio y el consumismo al debe, “no ha reparado en medidas de protec¬ción del agua, los humedales, la tierra, el ambiente” y, por el contrario, ha propiciado un esquema de expansión anárquica y sin control copando territorios y destruyendo recursos naturales valiosos por su riqueza histórica, cultural y en biodiversidad. Todo ello en función de las ansias incontenible de ganancia y de extracción de renta de los capitales financieros, comerciales, inmobiliarios y de los grandes terratenientes urbanos “que han podido dominar y conseguir los mejores espacios para su propia realización”.


El Plan de Desarrollo Bogotá Humana


17.     En nuestras discusiones sobre el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, caracterizamos algunos de sus componentes y enfoques como continuistas de los planes previos del PDA, especialmente en aspectos relacionados con la política social orientada a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de bienestar en calidad de vida de los ciudadanos, como lo fueron algunos de los programas de educación, atención primaria en salud, programas asistenciales de alimentación, transporte multimodal, entre otros. Sin embargo, aunque reconocimos los énfasis y enfoques “nuevos” del Plan también identificamos temas criticables. Los primeros se orientan a reducir la segregación e inequidad socio-espacial y socioeconómica, a reordenar la ciudad alrededor del agua para recuperar la estructura ecológica principal, a la lucha contra la corrupción y a la profundización de la participación ciudadana. Los segundos, se refieren al carácter ambicioso de un plan con financiamiento aún incierto y de cuya gestión señalábamos las posibles dificultades del estilo del alcalde Gustavo Petro para materializar sus proyectos y lograr sus metas, el énfasis en una redensificación del crecimiento de la ciudad en las áreas centrales sin una visión metropolitana de la misma, el enfoque reformista de reducción de segregación socio-espacial basado en la mezcla de pobres y ricos en las zonas de residencia de los sectores populares, y la retórica del cambio climático sin incidencia en los factores estructurales que lo generan, entre otros.


18.     También señalamos que aunque el Plan preconizaba un enfoque progresista, la fuente de éste provenía de la tradición del liberalismo radical decimonónico de John Stuart Mill y Jeremy Bentham, sobre las libertades y la competencia; de las concepciones liberales de Henry George, Harold Hotelling, John Maynard Keynes y sucesores como William Vickrey, sobre la redistribución de la propiedad, la renta del suelo y las ganancias de edificabilidad urbana; y de los enfoques también liberales de justicia social como equidad de John Rawls - sus principios de igualdad de oportunidades y maximización de la situación de los que están peor en un marco general de desigualdades – así como del influyente premio noble de economía Amartya Sen - sobre las dotaciones e igualdad de capacidades de las personas. Tradiciones éstas que en buena medida, también hicieron parte de las concepciones de los planes de desarrollo del PDA desde Luis Eduardo Garzón, hasta Clara López, pero que ahora podrían admitir la posibilidad de algunas prácticas de redistribución de ingresos y de regulación del mercado del suelo, de los inmuebles y las empresas públicas, orientadas a impactar la segregación socio-espacial y las desigualdades socioeconómicas, como las del ingreso, no movidas a fondo por los planes anteriores.


19.    Indicábamos que de ejecutarse el Plan, podría afectarse de algún modo el poder económico tradicional de la ciudad y favorecer, en el proceso de realineación de fuerzas en el plano nacional, una especie de llave Santos-Petro, o un conflicto entre el gobierno de Petro y factores de poder interesados en mantener el estatus quo en la ciudad. También identificamos el apoyo al gobierno distrital de sectores del capital financiero que contribuyeron en su campaña como el Grupo Gilinski, propietario del Banco GN Sudameris y del HSBC, lo cual genera desconfianza en la consecuencia de la administración con los intereses populares y de los trabajadores. Señalábamos que de ser exitoso, el progresismo podría consolidar un espacio perdurable de poder en la ciudad, si se apoyaba en los sectores populares más que en la conciliación con la derecha. Decíamos que algunas declaraciones alrededor de las posibilidades de salida política al conflicto, que ellos apoyarían, podrían ser un insumo a tener en cuenta frente a nuestra política de alianzas en la perspectiva de la lucha por la paz con justicia social, soberanía y democracia. Que, en todo caso, la izquierda, en alianza con sectores democráticos y progresistas, debe revisar su experiencia de gobierno en la ciudad con el POLO, analizar las tendencias del actual gobierno, construir una plataforma programática compartida de ciudad democrática que, por ejemplo, como señala David Harvey en su reciente libro Ciudades Rebeldes , permita fortalecer el despliegue de acciones políticas orientadas a enfrentar el proceso creciente de degradación del trabajo y recursos del suelo a manos del capital.


20.    Sin embargo, varios interrogantes se plantean sobre cómo las políticas urbanas del actual Plan de Desarrollo, por ejemplo de renovación y revitalización, de “mezcla de clases y de usos en unas mismas áreas urbanas”, afectan el ordenamiento del territorio; la producción, circulación y consumo del espacio construido; y la construcción de hábitat, vivienda y calidad de vida de los bogotanos. Sabemos que las políticas que tienen como consecuencia la segregación socio-espacial y el desplazamiento de los sectores sociales en desventaja de sus territorios, afectan no sólo sus condiciones de vida y de trabajo sino también sus tradiciones históricas, identidades culturales y estilos de vida; igualmente afectan las relaciones de las comunidades y de la ciudad con la naturaleza y las concepciones de la población sobre sus territorios; y, en fin, excluyen a los pobladores de los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos que definen su futuro. Para los expertos, inversionistas privados y tomadores de decisiones ligados a esos planes y proyectos, la intrincada historia y vida económica, social, política, cultural y ambiental de las comunidades que habitan los lugares y territorios afectables, y las necesidades que esas comunidades esperan satisfacer a futuro, no importan, son desconocidas o intencionalmente silenciadas.


21.    La mal llamada “mezcla de clases y de usos” promovido por el actual gobierno podría tener algunos efectos positivos para la población en mayor desventaja social. Sin embargo, el desafío clave que se nos plantea, de cara a políticas reformistas que buscan superar la segregación socio-espacial manteniendo las causas estructurales de la desigualdad social, es cómo garantizar acceso popular a nuevas condiciones de habitabilidad dignas y cómo mejorar las viviendas y barrios populares ya existentes. No conocemos otra forma distinta a la de promover diversas formas de intervención del Estado para abaratar el precio del suelo, aumentar su oferta y reducir el precio de las viviendas mejorando su calidad. Ello implica, por un lado, terminar la disputa entre terratenientes y promotores urbanos por mantener y aumentar la apropiación privada del valor excedente del suelo mediante la especulación y, de otro lado, cambiar el subsidio a la demanda, que beneficia a grandes constructores privados, por otras formas de asignación de recursos públicos que incentiven la construcción pública y popular.


22.    La producción de espacios urbanos, y la transformación de los territorios mediante planes y proyectos renovación y revitalización que excluyen la participación verdadera de sus habitantes, generan destrucción de las redes y lazos de solidaridad social entre los trabajadores y sectores populares, daño ambiental, mayor segregación socio-espacial y exclusión social. Lo mismo sucede con los proyectos rurales y urbanos de extracción de minerales y cultivo de agro-combustibles, que generan el desplazamiento de las comunidades del campo y de la ciudad. Esos dos procesos convergen en un escenario de exclusión, explotación, subyugación y discriminación social, económica, cultural y política, que explica la grave situación que vivimos.


23.    Resolver de fondo ese problema requiere de cambios democráticos profundos en el país, en las zonas rurales y urbanas, que permitan a los sectores explotados, discriminados y excluidos incidir en los procesos de transformación económica y social de la ciudad y del campo con un enfoque de justicia social. Es por ello que la lucha urbana y rural es una misma lucha. Es por ello que debemos juntar las rebeldías urbanas y rurales por una salida democrática, soberana y con justicia social del conflicto profundo que vivimos. Mecanismos institucionales de ordenamiento del territorio y de participación como los establecidos en la Ley 388 de 1997, a pesar de algunos contenidos avanzados, sólo resultan en un ejercicio legitimador del poder establecido, sino se crean las condiciones políticas y de movilización social ciudadana para que las comunidades vislumbren alternativas incluyentes y puedan incidir en las decisiones de transformación del territorio que moldeará su destino. Por eso necesitamos de la construcción de un movimiento popular y político, que nos permita avanzar en la construcción de la ciudad democrática y con justicia social que hemos venido proponiendo.


Nuestra visión del actual gobierno y propuestas


24.    La administración del alcalde Gustavo Petro ha estado marcada negativamente por la improvisación en varias de sus políticas, un estilo arrogante de gobierno, inestabilidad en el equipo de dirección, bajos niveles de respaldo en la opinión pública y una oposición creciente de la derecha política. Desde los organismos de control se ejerce una labor de desgaste selectivo del gobierno distrital y desde el gobierno nacional a través de la Consejería para Bogotá en cabeza de una candidata a la alcaldía mayor, se trata de garantizar la incidencia permanente desde el poder central en las decisiones de la ciudad con miras a las próximas elecciones.

25.    Después de la aprobación del plan de desarrollo en el mes de junio del presente año, su ejecución se encuentra retrasada como resultado de problemas en la gestión pública, empezando por el estilo del alcalde y su ambigüedad en diversos temas, como por ejemplo la implementación del metro ligero por la carrera séptima y la ALO; también por la lentitud de la administración para presentar al Concejo el cupo de endeudamiento por más de 4 billones; y por la negativa de la derecha en esta corporación a aprobar una adición presupuestal que contempla importantes recursos para salud, educación y vivienda, entre otros. Aunque no compartimos la concepción social reformista del plan de desarrollo, hay temas que el movimiento social y popular debe exigir que se cumplan, tales como la construcción de la primera línea del metro, el fortalecimiento de la educación pública, la recuperación y conservación del medio ambiente, la revitalización con permanencia en lugar de la renovación, la apertura del Hospital San Juan de Dios y el adecuado funcionamiento de los servicios de salud.


26.    Como PCC rechazamos el incremento en el impuesto predial, con el que aspira la administración recaudar 2,8 billones a costa de más de 507.000 propietarios de predios residenciales a los que se aumentará el impuesto hasta en un ciento trece por ciento. Este impuesto afectará especialmente a la clase media y a sectores populares que vienen registrando fenómenos de pobreza absoluta y baja capacidad de pago y a quienes en los últimos diez años se les ha aplicado actualizaciones catastrales que han incrementado los valores de los predios y, por ende, del impuesto predial.


27.    En una perspectiva de ciudad en disputa permanente con la derecha, debemos saber diferenciar entre las contradicciones con el actual gobierno, que seguramente subsistirán en múltiples campos, y los intereses de la oligarquía por retomar el control pleno del gobierno de la ciudad. En consecuencia, cuando ha sido necesario no hemos dudado en respaldar algunas acciones de gobierno que consideramos importantes, como el mínimo vital de agua, la rebaja en las tarifas de Transmilenio, el cambio de uso de la Plaza de Toros para actividades culturales y deportivas, entre otras. Hay que ser consientes que la nueva administración no busca una ruptura radical con el actual modelo de ciudad, ni tiene la capacidad social y política, ni tampoco la voluntad y el interés de proponérselo. Su enfoque es esencialmente liberal y reformista. Hay que estudiar con atención la evolución de las contradicciones entre el gobierno de Petro y la derecha y no actuar con sectarismos, nuestra posición en todo caso es no estar de espaldas a los intereses populares si estos se ven amenazados o afectados por la ofensiva de la misma. Un avance importante ha sido la conducción del Canal Capital, recuperando un enfoque crítico y analítico de la información y de la comunicación. Lo deseable es que este nuevo enfoque se complemente con otras formas de comunicación alternativa, como las emisoras y la televisión comunitarias.


28.    La administración de Petro ha expresado que va a dar continuidad al proceso de revisión del POT que Samuel Moreno y Clara López venían impulsando y que fue objeto de serias críticas por parte nuestra y de otros sectores de la ciudad. Su propósito de lo que se conoce es consolidar el modelo de ciudad competitiva y de servicios para beneficiar grandes capitales nacionales y extranjeros, con graves perjuicios para los habitantes al ser desalojados de sus territorios y de sus actividades económicas, sociales y culturales. Las operaciones estratégicas del Plan Zonal del Norte, Plan Centro, Ciudad Salud Región, Operación Aeropuerto, Innovo y Operación Nuevo Usme, siguen adelante en su diseño y ejecución y no han tenido ningún tipo de modificaciones en su concepción, proyectos y metas pese a los anuncios del Gobierno Distrital de cambiar la renovación urbana por la revitalización urbana con inclusión y sin expulsión de habitantes. La anunciada participación ciudadana en la construcción de estos planes y proyectos sigue siendo muy limitada y se niega el acceso a la información con el argumento peregrino de que hay cláusulas de reserva en los contratos de los consorcios que elaboran los estudios, como en el caso de Ciudad Salud Región.


29.    El Partido Comunista debe continuar estimulando el proceso de construcción social de un modelo alternativo de ciudad, que coloque en el centro de la discusión el tema del poder popular y la participación con decisión de la población en la administración de la ciudad, la superación de la segregación socio-espacial y de la concentración de la riqueza, el incremento de los ingresos de la población que le permita acceder a todos los bienes y servicios materiales y culturales para vivir dignamente y con calidad de vida, la vigencia plena de los derechos humanos, la seguridad y soberanía alimentarias, la integración regional, la multiculturalidad, la protección y recuperación del medio ambiente. Igualmente, hay que exigir una amplia discusión pública con garantías de participación efectiva y vinculante para la modificación de fondo del POT vigente y de sus instrumentos como son los planes zonales y planes maestros.


30.    En el campo de la movilidad el problema de fondo no se resolverá en el corto plazo, ya que la primera línea del metro se tiene programado comenzará a operar sólo hasta el año 2018, la meta de recuperación de la malla vial en el plan de desarrollo es apenas del 13% y los estudios y diseños para las dos nuevas troncales de TM por la Avenida Boyacá y la Avenida 68 no se han iniciado. Los problemas de Transmilenio siguen y tienden a profundizarse, el SITP avanza lentamente y la construcción de una nueva troncal de TM por la Avenida Boyacá no va a resolver la movilidad en el occidente de la ciudad.  El PCC continuará agitando la construcción de un modelo alternativo de movilidad que contemple: un servicio público de transporte de calidad, cómodo y barato con el Metro como columna vertebral; el cual se debe articular con el TM renovado y operando como empresa estatal o mixta, con la red de metros ligeros, el tranvía y el SITP en cuya composición y administración debe participar el distrito, los pequeños propietarios y los particulares; el nuevo modelo debe contemplar una tarifa diferencial del 50% en todo el sistema de transporte público para estudiantes, adultos mayores y discapacitados.


31.    Pese a la grave situación de los hospitales públicos de la ciudad, que están quebrados o al borde de la quiebra por el déficit presupuestal, el gobierno no ha trascendido la denuncia de la corrupción, el despilfarro, la exageración de los gastos de los hospitales frente a los ingresos, y en un discursos aún no muy claro de lucha contra la Ley 100. Bogotá carece de una política de salud transformadora, que construya sobre los avances de los gobiernos anteriores pero sin improvisaciones. Por ejemplo, no se entiende cómo el alcalde logrará, en medio de la crisis hospitalaria que afecta el acceso y la calidad de la atención, abrir el hospital San Juan de Dios cuando aún no hay un acuerdo entre el gobierno nacional, el de Cundinamarca y el distrital para lograrlo. Un avance ha sido la decisión del Consejo de Estado de ordenar el pago adeudado a los trabajadores del HSJD y del Instituto Materno Infantil, algunos de los cuales heroicamente resisten dentro de sus predios hace años. En todo caso, los comunistas apoyaremos toda medida consecuente que ayude a superar la crisis hospitalaria y del sistema de salud que vivimos y la apertura del Hospital San Juan de Dios, contribuyendo a un gran movimiento por la derogación de la nefasta Ley 100 de 1993, la Ley 122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, y por la construcción de un nuevo sistema de salud público, universal, de acceso gratuito y atención integral.


32.    En el campo de la educación, el actual Plan de Desarrollo mantuvo el respaldo que venía de administraciones anteriores al pasar de $9,2 a $14,6 billones en el cuatrenio, logrando con la lucha de la ADE más de $1 billón para ampliar la educación a tres grados del preescolar, lucha de más de 17 años del magisterio; igualmente, como resultado de la lucha se logró el compromiso de ampliar la planta docente en 8.000 docentes y 1.700 auxiliares; aunque también se impuso la ampliación de la jornada a 40 horas sin garantizar los espacios pedagógicos y condiciones necesarias para una educación de calidad científica y humanística, iniciando un proceso de jornada única sin garantizar la construcción de casi 400 colegios que se requieren para permitir que todos los estudiantes continúen sus estudios al pasar de doble a una jornada, tampoco garantiza un salario a los maestros acorde con una jornada de 8 horas presenciales diarias, lo cual depende de las normas nacionales; la jornada única, como la mejor alternativa educativa para la población estudiantil, será posible si se invierten cerca de $5 billones en los nuevos colegios y muchos otros en mejorar los salarios de los docentes; de otro lado se impone un grado 12 que no tiene ninguna legalidad y que exige la reforma a la Ley general de educación y mantiene la burla a la educación superior universalizada y gratuita en los establecimientos estatales que se puede conseguir construyendo sedes de la Universidad Distrital varias de las localidades de Bogotá.


33.    La meta de construir 70.000 viviendas de interés prioritario y social no arranca y se evidencia la falta de una política pública coherente. La promesa de expropiar predios para construir vivienda ha quedado en simples declaraciones de la Secretaria de planeación. La llamada revitalización a cambio de la nefasta renovación urbana no trasciende todavía la retorica, como se evidencia en el avance del plan centro sin que se haya modificado el Decreto 492 que lo adoptó. La superación del déficit cualitativo y cuantitativo que supera las 300.000 viviendas y demás problemas de servicios públicos y urbanismo asociados a la vivienda, demanda de una profunda reforma urbana que contemple planes estatales de vivienda digna, sin cuota inicial, con subsidios y créditos de largo plazo.


34.    Si bien es cierto el plan de desarrollo contempla la idea de una concepción de seguridad humana, la administración se ha quedado en el impulso a la Secretaria de Seguridad, la prohibición del porte de armas, el toque de queda para los menores de edad a partir de las 11de la noche, la continuación de la estrategia de los cuadrantes y demás medidas de tipo represivo y coercitivo. No obstante que la tasa de homicidios viene descendiendo en el presente año, lo mismo que otros delitos de alto impacto, este descenso no es atribuible a la prohibición del porte de armas de fuego, pues las cifras muestran que disminuyen los delitos con armas legales, pero simultáneamente se incrementan los delitos con armas ilegales, con las cuales se cometen el 93% de los delitos en Bogotá, lo que indica que la prohibición del porte de armas no es una medida tan efectiva como se dice. Son preocupantes los brotes permanentes de homicidios en las localidades más populares y el incremento de las actividades de sicariato en la ciudad, que según los últimos datos se duplicó respecto al año anterior.


35.    La seguridad de la ciudad es un tema crucial, especialmente por el proceso progresivo de militarización urbana que vivimos, cuya expresión más reciente fue la respuesta policial violenta a las manifestaciones populares del doce de octubre, expresada en el asedio y agresión a los jóvenes y habitantes que protestaban en los barrios, calles, universidades y plazas de la ciudad. Sabemos que ante el proceso progresivo de crisis del neoliberalismo y del imperialismo, el aumento de los conflictos urbanos como consecuencia de las políticas urbanas de despojo, y el imprevisible desenlace del conflicto social y armado interno del país, tenemos el riesgo de que las clases dominantes incorporen la crisis y conflictos urbanos en la doctrina militar, y que las fuerzas militares y de seguridad tiendan a colonizar cada vez más los espacios y vida urbana cotidiana, convirtiéndolos en objeto de control, disciplinamiento y vigilancia exhaustiva.


36.    El PCC debe levantar la lucha por la eliminación de las causas estructurales de la inseguridad y la violencia urbana a través de estrategias y programas reales para la generación de empleo para los jóvenes y las mujeres especialmente; la implementación de varias jornadas de trabajo en la ciudad y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. La seguridad como expresión de la integración, solidaridad y respeto mutuo entre los ciudadanos y ciudadanas sólo se dará en forma real cuando se superen las profundas desigualdades sociales, la explotación y miseria a que el capital somete a los trabajadores que generan valor y producen riqueza, cuando los ciudadanos se apropien y usen socialmente los espacios y bienes comunes urbanos y cuando frenen la producción capitalista del espacio urbano. Pero es necesario que mientras tanto el Partido estudie con urgencia la doctrina y política de seguridad y militar de las fuerzas del Estado respecto a la ciudad de Bogotá, las expresiones públicas y privadas de seguridad militar y civil, el mercado de seguridad y vigilancia, las formas como las fuerza pública busca llegar a la gente del común, incluidos los niños, como sucede en la ciudad de Medellín, el papel de los medios corporativos de comunicación de masas en la formación de una conciencia ciudadana que acepte la necesidad de la militarización urbana y que, en fin, defina su propias políticas y tome sus propias medidas de seguridad y de acción frente a un escenario futuro incierto. Junto a la JUCO, es muy importante fortalecer la campaña por el desmonte del ESMAD.


37.    La participación en la discusión del plan de desarrollo fue bastan limitada, y muy pocas propuestas de las comunidades fueron incluidas en el texto definitivo del plan. Los cabildos, encuentros ciudadanos y los presupuestos participativos adelantados por el gobierno son muy precarios por ausencia de una metodología que estimule la participación y respete las decisiones de la ciudadanía. Todo el discurso de la administración sobre la participación se contradice con su decisión autoritaria de imponer a las JAL, el criterio unilateral de destinar mínimo el 40% de sus recursos para malla vial local, violando la autonomía de las localidades, lo aprobado en los encuentros ciudadanos y lo consagrado en la Constitución Nacional que dispone que los recursos asignados a las JAL se deben distribuir de acuerdo a las NBI, que no han desaparecido sino que se mantienen o adoptan nuevas formas.


38.    Para avanzar en un verdadero proceso de participación del pueblo hay que exigir la participación en las instancias de decisión de la administración a nivel distrital y local y en la formulación, elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo y presupuestos a nivel central y de las localidades. La participación no puede ser cooptación institucional, hay que utilizar los espacios participativos para estimular las luchas sociales. En este marco, la descentralización no debe ser un fin en sí mismo, ni una estrategia para la privatización de bienes públicos, sino un camino para el fortalecimiento de la democracia local que implica la asignación de funciones, competencias y recursos a las localidades y una división de la ciudad en localidades que respondan a criterios sociales, económicos, culturales y poblacionales.


39.    Las contradicciones del gobierno distrital son evidentes frente a la defensa de lo público. Por un lado no se respalda vender la ETB, sin embargo, con el voto del distrito a mediados de este año se aprobó en la asamblea de accionistas de la ETB (el Distrito tiene el 81,5% de las acciones y por tanto es el accionista mayoritario) la emisión de bonos internacionales por US 600 millones de dólares, que de acuerdo a la experiencia se pueden convertir en acciones y por esta vía abrirle el paso a la privatización de la empresa. También continúa la tercerización en la ETB y los cambios en la forma de contratación por licitación al igual que fenómenos de corrupción. La Empresa de Energía de Bogotá (donde el distrito tiene el 8l% de las acciones), participa a través de EMGESA (donde la EEB tiene el 5l % de las acciones) en la construcción de la represa del Quimbo y del proyecto hidroeléctrico del Sumapaz, proyectos altamente perjudiciales para el país desde el punto de vista ambiental, social, económico y cultural.


40.    El PCC persiste en la defensa de las empresas públicas del distrito, propugnando por el fortalecimiento de la ETB, que debe convertirse en el instrumento fundamental para mejorar los servicios a los ciudadanos a través de las TICs y del gobierno en línea y la ciudad digital, la desprivatización de la EAAB y de la EEB, el desmonte de las concesiones en educación, TIBITOC, TM, relleno sanitario, tránsito, etc. Al PCC le corresponde apoyar la desprivatización de las empresas encargadas de la recolección de las basuras de la ciudad. Dichas empresas estatales deben crear fuertes bases económicas para la construcción de la ciudad democrática con perspectiva socialista. La lucha contra la corrupción debe ser un tema central para la defensa de lo público.


41.    Ante el preocupante fenómeno del calentamiento global generado por las políticas de crecimiento y consumo desaforados del capitalismo, que sólo persiguen la acumulación de capital, es necesario exigir el respeto y protección de los recursos naturales amenazados por los proyectos hidroeléctricos como el del Sumpaz. Hay que recuperar los cerros orientales, los humedales, el rio Bogotá, Tunjuelo, Fucha y demás fuentes de agua. Los sistemas de transporte deben privilegiar el uso de combustibles ecológicos o la energía eléctrica, los planes de vivienda deben ser con base en construcciones sostenibles que aprovechen la luz del sol, con mecanismo de reciclaje del agua, separación en la fuente de los residuos sólidos, con techos verdes, etc. Igualmente hay que acabar el relleno sanitario y dar paso a los sistemas de reciclaje y plantas de tratamiento con vinculación de la población recicladora.


42.    El modelo de ocupación y ordenamiento del territorio vigente para Bogotá no ha logrado resolver los problemas estructurales de la ciudad y su entorno rural y las características como el desarrollo de la informalidad urbana en todas sus manifestaciones (físico-espacial, ambiental, económica y social), se mantienen y tienden a profundizarse debido al aumento de la brecha entre pobreza y riqueza, al estar determinado el conjunto del desarrollo del Distrito capital a la racionalidad del mercado, sumado a los fenómenos como el desplazamiento, el incremento del número de desempleados, el acumulado de los problemas no resueltos en materia de infraestructura barrial y veredal.


43.    El modelo vigente no permite avanzar en  una visión integradora del territorio y del medio ambiente, en tanto que considera el tema de la economía campesina con excesiva reserva  y no como una oportunidad para la producción sustentable de alimentos y bienes ambientales. La actual clasificación del suelo rural en áreas para la producción sostenible, que a su vez se sub-clasifican en áreas de alta capacidad, de alta fragilidad y de manejo especial, genera demasiados conflictos sociales y confirma el desenfoque de unidad integral ecosistémica urbano-rural y la división espacial y funcional del territorio bajo el predominio de lo urbano.


44.    En los diferentes escenarios de debate, los campesinos de Bogotá ven con preocupación el énfasis actual en la “venta de los servicios ambientales” o en “incentivos a la conservación” por el peligro que se abre a procesos de concesiones, privatizaciones o expulsión de los campesinos del territorio rural, y prefieren que se evalúen sistemas de ecogestión del territorio con nuevas figuras de ordenamiento que privilegien la “conservación y protección de ecosistemas y biodiversidad con la gente campesina” o sistemas de retribución por conservación, representados en servicios de educación pertinente, vivienda, salud, soberanía alimentaria y exoneración por servicios públicos.


45.    El tema agropecuario en Bogotá, aunque es incipiente por las restricciones y su baja producción de alimentos con destino al abastecimiento de la ciudad y la región, ocupa la atención del campesinado actividades productivas agropecuarias principalmente cultivos de papa, arveja y habas, ganadería de leche y de doble propósito en forma semi-intensiva y  en diferentes escalas, que van desde las estructuras de producción campesina, a pequeños y medianos productores.


46.    En la práctica los campesinos de Bogotá y la Región se encuentran  confrontados con dos modelos de agricultura, el modelo agro-industrial, basado en la lógica neo- liberal y el libre comercio, la privatización y la transformación de la tierra, el agua, los bosques, las semillas, el conocimiento, y la vida. Se guía por el objetivo de beneficios corporativos y la intensificación de la producción para la exportación, y es responsable del incremento en la concentración de tierras, recursos, y cadenas de producción y distribución de alimentos y otros productos agrícolas en manos de un número reducido de personas. Este modelo es químico- intensivo y está causando daños incalculables al medio ambiente y a la salud tanto de productores como de trabajadores y de consumidores.


47.    El otro modelo basado en la agricultura campesina y familiar, y en la soberanía alimentaria, por el contrario, prioriza la producción local para los mercados locales y nacionales, utiliza prácticas de producción basadas en el conocimiento local. La experiencia muestra que este modelo es potencialmente más productivo por unidad de superficie, más compatible con el medioambiente y mucho más capaz de proporcionar una vida digna a las familias rurales, al mismo tiempo que les proporciona a los consumidores rurales y urbanos alimentos sanos, asequibles y producidos localmente. Es el que se quiere actualmente impulsar en Sumapaz con la Zona de Reserva Campesina. Es un modelo de soberanía alimentaria basado en los derechos de mujeres y hombres agricultores, trabajadores rurales para que puedan producir alimentos para sus propios mercados locales y nacionales, con acceso y control sobre sus propios territorios, incluida la tierra y los recursos naturales.

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