Partido Comunista Colombiano: Acerca de la economía ilegal basada en reproducción de la cocaína y la necesidad de generar unas fuentes de ingresos sustentables y sostenibles para economía campesina.
El problema de las drogas ilícitas es uno de los problemas globales incubado y sostenido por el sistema capitalista como una parte de su expansión planetaria, su diversificación, sus formas de dominación y de encadenamiento de áreas periféricas al mercado y a la geopolítica mundiales. Las economías ilegales han estado ligadas a formas diversas de la criminalidad y han sido enfocadas entre otros aspectos como pretextos de justificación del intervencionismo militar en la política exterior de los Estados Unidos. Lo que no se resalta suficientemente, de ordinario, es el vínculo sistémico del negocio capitalista de las drogas con los cambios tendenciales del capitalismo mundializado en el favorecimiento de la financiarización y su relación con la reprimarización económica en regiones y países periféricos. El narcocapitalismo, por ejemplo, no es entendible al margen de sus connotaciones criminales, estrechamente unidas a la complicidad de los aparatos del Estado con el narcotráfico, a la militarización en el tratamiento de los graves conflictos sociales, a los procesos desposesión y nuevas formas violentas de acumulación originaria.
Este origen del problema en la raíz misma del sistema explica su amplitud y profundidad. En el caso colombiano, el tema cultivos de uso ilícito es sobreviniente, se inserta en una situación pre existente de acumulación y monopolio de las tierras más aptas, la expulsión de campesinos a los bordes de la frontera agrícola, la colonización de nuevas fronteras interiores, la urbanización forzada de la población rural y la violencia de Estado como acompañamiento definitorio de una forma histórica de ajuste estructural. En esta situación encuentran buena parte de su explicación los fenómenos de violencia a lo largo del siglo XX en Colombia. Como se explica también en parte el alzamiento armado como componente de las formas de resistencia de la población rural y del pueblo en general frente a las condiciones de injusticia, desigualdad y opresión que caracterizan a la sociedad colombiana.
En cuanto a la producción de coca y cocaína en particular su origen son los excedentes de capital provenientes de otras actividades ilegales como la acumulación de tierras e inmuebles durante la violencia de los años 40 a 60, el contrabando de café, esmeraldas, mariguana y los recursos públicos expropiados por la corrupción de los gobernantes. El capital ilegal que importaba de otros países andinos la pasta base introdujo en regiones agrarias de colonos pobres la opción de un cultivo, aclimatado y mejorado que les permitía a los labradores superar el umbral de la subsistencia.
Esta situación encuentra su lógica en un país donde nunca existió una reforma agraria integral, donde además el Estado se desentendió del crédito, del apoyo al desarrollo rural o a la elevación de la calidad de vida del campesinado como elemento importante de la política pública.
La imposición de la economía ilegal no nace del campo, le es impuesto desde el capital. El campesinado no puede ser culpabilizado unilateralmente de la expansión y complejización de las relaciones capitalistas de producción de cultivos y materia base para la cristalización de cocaína. El campesinado es fundamentalmente un instrumento de ese proceso. A su vez, la persistencia, la profundización, la ampliación de la guerra interior y la expansión de los espacios de actuación de las organizaciones insurgentes se desenvuelven en los marcos de esa base social y las correspondientes relaciones de explotación del campesinado por los narco capitalistas y traficantes.
El fracaso en las políticas antinarcóticos y de erradicación de los cultivos tiene su raíz en que persiguen al campesinado y buscan castigarlo, sin ofrecerle alternativas a sus condiciones miserables de existencia. En contraste, tales políticas adelantan un pobre rastreo de los flujos de capital, de los lavados de activos, de sus vínculos con la corrupción en el manejo de los recursos y bienes públicos, de los paraísos fiscales, de la libertad de cambios y de los vínculos del capital dinero con el gran capital financiero e inmobiliario.
Este enfoque clasista, invertido y perverso está íntimamente ligado a la política contrainsurgente del Estado y del imperialismo. Con ello el Plan Colombia ha permitido camuflar la guerra interna de contrainsurgencia como parte de una operación anti narcóticos y asegurar la militarización de la acción contra las drogas, subordinar a la fuerzas armadas y de policía al control en información, asesoramiento y tecnología por el Comando Sur y además otorgar bases militares en arriendo para tropas extranjeras en el territorio nacional.
La línea de territorialización de la guerra con el Plan de Consolidación y su variante reciente en el Plan Espada de Honor está vinculada a nuevas modalidades de expulsión campesina, reconversión de usos a favor de las transnacionales del sector minero energético, reestructuración del capital a través de la legalización de tierras y baldíos adquiridos fraudulentamente, extranjerización del mercado de tierras.
Las publicitadas bondades de las Ley de tierras y víctimas en materia de restitución, en contraste con el calvario de los reclamantes asesinados y amenazados, la resistencia del gobierno en el proceso de diálogo de La Habana a aceptar la necesidad de una reforma agraria integral como elemento estructurante del pre acuerdo sobre el primer punto de la Agenda o la pretensión de imponer el Pacto Agrario como ratificación simple del modelo del Banco Mundial, inscripto en el Plan Nacional de Desarrollo, muestran la distancia del régimen frente a una visión realista de la situación que implica también a la búsqueda de alternativas a los cultivos de uso ilícito.
En consecuencia, la mira principal de una política correcta es la de establecer las garantías y las condiciones materiales, culturales, de créditos y de asistencia por parte del Estado para el campesinado pobre, los campesinos sin tierra; el apoyo al campesinado medio, a los pequeños y medianos empresarios agrícolas; como sectores sociales prioritarios para la política agrícola enfocada a asegurar la soberanía alimentaria del país y la producción dirigida de materias primas.
La reforma agraria integral es la clave en la batalla por superar los cultivos de uso ilícito. Los elementos legales existentes en la Ley 160 de 1994 deben preservarse, a saber: las zonas de reserva campesina, como espacio de reagrupamiento, organización y unidad productiva rural con el apoyo principal del Estado; la UAF como criterio esencial en la consideración del contenido social de toda forma de redistribución de la propiedad del suelo rural; la consulta previa a las comunidades indígenas, afro (como establece la Constitución) y agregar también a las campesinas con relación a la decisión sobre el valor de uso del suelo y el subsuelo, en particular frente a los mega proyectos minero energéticos o agro industriales (altillanura).
Planteamos que el actual Proceso de paz ayuda a desnarcotizar la producción de coca y su tratamiento militar. Permite buscar nuevas vías donde comunidad, territorio y economía sean la trilogía que ayude a construir programas de fuentes de ingresos basadas en nuevos procesos de industrialización, sustentables y sostenibles, que no afecten el ecosistema y reivindique el carácter benéfico de la producción de coca, como materia prima para productos de alto beneficio para la Humanidad, alternados con otros procesos.
PROPONEMOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN LAS REGIONES
SOBRE EL SUBPUNTO 1.
1. PRIORIDAD: APOYO A LA POBLACIÓN RURAL.
1 . 1 Promover la elevación de la formación educativa y cultural para el conocimiento de las potencialidades regionales y locales orientadas a la producción.
1 . 2 Apoyo a la organización de la población rural, al mejoramiento de sus condiciones de vivienda, de salud y educación, al acceso a los servicios, al transporte y a las comunicaciones (TIC).
1 . 3 Acceso al crédito blando por parte de los campesinos, bajos intereses y pagos a largo plazo, seguros, inversión en la investigación y alta articulación de la academia con los problemas de CTT ligados al sector agropecuaria (preservación de la soberanía alimentaria).
1 . 4 Creación de canales de almacenamiento y distribución óptimas para la comercialización; donde el Estado invierta a fin de asegurar el proceso de industrialización de la economía campesina.
2 . CONSTITUCIÓN DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINAS.
2 . 1 Establecer un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesinas como una de las formas de sustituir los cultivos o reconvertir su uso ilícito en lícito con el apoyo del Estado.
2 . 2 Elevar la capacidad de organización AUTONOMA del campesinado, para que asuman la dirección y conducción de los procesos; lo cual requiere de reformar el Estado y democratizar la participación directa del campesinado en los espacios de decisión.
3 . MEDIDAS DE POLÍTICA PÚBLICA RURAL.
3 . 1 Reordenamiento territorial para la productividad agropecuaria, teniendo en cuenta las relaciones entre comunidad, ecosistema, cultura y territorio.
3 . 2 Elevar el presupuesto general de la nación a favor de la economía rural, que lo saque de su baja dimensión y lo eleve, bajando el porcentaje dedicado a la represión y el aparato militar
3 . 3 Programas dirigidos de reforestación y preservación de las fuentes hídricas en acuerdo con las organizaciones rurales.
4 . SUSTITUIR POLÍTICA ANTI CAMPESINA POR POLÍTICA ANTI MAFIA.
4 . 1 Establecimiento de un Plan Nacional e Internacional Anti Mafia con base en el seguimiento de los capitales ilegales provenientes del narcotráfico a lo largo de los circuitos de producción, transporte, comercialización, lavado, inversión financiera e inmobiliaria y/o expatriación. Destitución y proceso penal a funcionarios y miembros de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) vinculados a alguno de los eslabones de la cadena mafiosa.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Bogotá, septiembre 24 de 2013
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