Nada parece transcurrir igual hoy que en los dos meses anteriores. En los dos últimos años la situación política ha dado giros en los segundos semestres: en 2012 fue el anuncio público del Acuerdo General para la paz, el preludio de Oslo y la cita en La Habana. Ahora, cuando agoniza el término del gobierno Santos, es la extraordinaria movilización social rural y agraria la que modifica el curso de las cosas y modela las percepciones con los síntomas de una crisis en maduración.
Las encuestas han empezado a mostrar ciertos rasgos, ocultos por la ideología mediática que solo registra las “verdades” oficiales. El descontento creciente no se relaciona solo con la cronografía de un gobierno a punto de culminar mandato. Muestra algo más. Muestra la acumulación de afectaciones negativas, daños, incertidumbres, deterioros en los ingresos, desmejoramiento de la calidad de vida provocada por las políticas públicas en vigencia, especialmente prescrita por el Plan Nacional de Desarrollo y por las formas en que se ejecutan. La anunciada ‘prosperidad’ se volvió esquiva para la inmensa mayoría del pueblo trabajador. Y las capas medias sienten los duros apretones de la más reciente reforma tributaria.
El punto más crítico es el de las políticas relativas al mundo rural y las áreas del país periférico, hoy en manos de la sobre explotación, la desposesión violenta, la desregulación ambiental y la precarización laboral que constituyen una expresión paradisíaca para la inversión extranjera, los modelos impuestos por el Banco Mundial y el interés inmediato del gran capital transnacional. Las políticas del Estado son absolutamente contrarias a las necesidades nacionales, entendidas como las que corresponden a extensas franjas de las poblaciones ocupantes, trabajadoras itinerantes o desplazadas de sus lugares de origen. En parte, tales áreas periféricas coinciden con los teatros más crudos de la guerra contrainsurgente y algunas zonas (Catatumbo, Cauca, Arauca) son escenarios de los bombardeos aéreos y de duros combates en el marco de los planes militares de Consolidación y Espada de Honor.
El régimen intenta recuperar lo perdido.
La movilización social popular ha obligado al gobierno a negociar y a reconocer a nuevos interlocutores, a los que antes tachaba de instrumentos del terrorismo. En esas negociaciones el gobierno parece haber agotado sus opciones de subsidios, busca afanosamente la venta de Isagen y de otros activos, insiste en fragmentar los diálogos y evade asumir compromisos enviando funcionarios de segundo orden que cumplen órdenes y no tienen capacidad de decisión. Los movimientos del mundo rural han comprendido que el llamado Pacto Nacional agrario reafirma el modelo e intenta legitimar el despojo. Es la escenificación de una farsa.
La línea oficial frente a las luchas populares es la misma que se asume en La Habana. El ‘modelo económico y social’ es intocable, los TLC son intocables, aunque el país se derrumbe. El régimen no solo mostró la ineficiencia de sus funcionarios frente al paro agrario sino que carece cada vez más de argumentos para defender sus orientaciones en crisis. La crisis del ‘argumento económico’ por lo visto no es aún suficiente para que entienda la fuerza y la razón del argumento social, que clama por un nuevo pacto social en el país.
Recurre ahora al argumento internacional. Santos expuso en la ONU la teoría de la autonomía de Colombia para buscar la paz a su manera y puso el énfasis principalmente en los temas relacionados con la impunidad, los derechos humanos y la llamada justicia transicional. Le preocupa que sean investigados con el apoyo de la comunidad internacional los miles de crímenes sistemáticos atribuibles al terrorismo de Estado. Se refiere a los casos de Yugoeslavia y de Ruanda para descalificar de modo oblicuo el papel y la función de una Comisión de la Verdad confiable que contribuya a esclarecer las causas reales, principalmente políticas y genocidas de la guerra interna colombiana.
El ‘argumento internacional’ es aún más peligroso. Santos rodeó su publicitada intervención en Nueva York de la carta suscrita con Panamá y Jamaica que denuncia un supuesto expansionismo de Nicaragua, en lo relativo al mar territorial. Acude a la matriz de opinión de país amenazado de cercenamiento marítimo como respuesta al fracaso del pleito ante la Corte Internacional y el resultado del fallo adoptado por esa entidad, en la que los gobiernos depositaron su confianza, fallo que reduce el área de mar colombiano en el Caribe occidental. El riesgo cierto de un recurso al irracionalismo seudo nacionalista en la desesperación por mejorar la imagen, no es descartable. En este sentido, el gobierno ha cedido ante las posiciones de la ultra derecha que clama por la confrontación con Nicaragua y los propósitos de Washington que aspira a sacar provecho en beneficio de su visión anti sandinista.
El chantaje de los tiempos y resultados del diálogo.
La decisión de la fracción dominante de la burguesía colombiana por buscar una salida política de la guerra no obedece a un capricho de ocasión. Es resultado de largas y rudas luchas del pueblo, de las encrucijadas del modelo socioeconómico y de la crisis del Estado y su horma, la constitución de 1991. Una lógica realista obliga a exigir que quien quiera sea el gobernante elegido en 2014 sostenga el compromiso con el proceso de paz. Este punto no está claro en las posiciones de Vargas Lleras ni mucho menos en las de los distintos precandidatos del uribismo, críticos del proceso en La Habana. Como lo han hecho notar distintos comentaristas, Santos patalea ante el evidente desgaste de su gobierno, justo en el momento de tener que decidir su plan de un segundo mandato. Entiende que tiene una oportunidad en los resultados del diálogo. Por eso quiere vincular el éxito de las conversaciones con su reelección. O achacar a la insurgencia la responsabilidad por su levantamiento de la mesa. Con un 19 por ciento de intención de apoyo las posibilidades del proyecto reeleccionista están seriamente limitadas. Por eso el gobierno presiona el proceso de paz con las Farc del que quiere obtener resultados inmediatos de rendición y derrota con el chantaje del tiempo.
Ese chantaje tiene ahora un doble carácter. De un lado la exigencia ya conocida de acelerar los ritmos, que tropieza a su vez con la doble barrera de los ‘inmovibles’, de una parte y la metodología el “nada está acordado hasta que todo no esté acordado” de otra. A su vez, maquina el establecimiento unilateral del referendo como un medio de presión que pone los tiempos, inscrito en el corazón de los procesos electorales de 2014. En ese contexto, el Marco jurídico para la paz deviene en la única herramienta concebida por el régimen para resolver tres cuartos de siglo de guerra civil. El afán de Santos por explicar este aspecto en la ONU y pedir que se le permita ponerlo en obra sin vigilancia internacional, significa que la política de paz del sistema consiste en un arbitrario ejercicio punitivo sesgado en contra de la insurgencia, señalada como el exclusivo “victimario” en el prolongado conflicto. Agréguese a esto algo que no explicó Santos en la ONU: la reciente reforma constitucional que amplió el fuero militar, aprobada en contra de autorizadas opiniones de voceros de las Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias. Castigo solo para los insurgentes e impunidad para los personeros del Estado guerrero, de los partidos de la derecha, los empresarios, terratenientes y empresas transnacionales comprometidos en la violación de los derechos humanos, organizadores y financiadores del paramilitarismo y cómplices del narcoparamilitarismo. Tal es el prospecto de falsa justicia, carente de verdad, sujeta a una reparación mezquina y humillante en tales condiciones y sin garantía posible de no repetición.
Esa impunidad se traslada a los centenares de miles de víctimas y sobrevivientes de la guerra, no reductibles únicamente a los familiares de los soldados y antiguos rehenes, en varios casos usados como parte de la propaganda anti insurgente. Esas víctimas y sobrevivientes, en sentido extenso, esperan algo distinto de una política de paz. En el marco de una confrontación prolongada, polarizada y degradada la población civil más directamente implicada ha sido objeto de no pocas formas de discriminación, de señalamientos y persecución. En el caso de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, del sindicalismo, de los defensores de los derechos humanos, de quienes actúan y luchan abiertamente por una salida pacífica de la guerra se visualiza el espectro de franjas de la sociedad alineadas por la política de guerra del establecimiento como parte del “enemigo” a reducir, a someter, a criminalizar, a desangrar.
El punto de la democracia en debate.
El Marco jurídico, el fuero militar ampliado, el tema de la justicia, la verdad y la reparación vistos desde el ángulo de la sociedad y la vida cotidiana popular son indisociables del reclamo por reales garantías de libertad, derechos sociales y políticos, reconocimiento de la especificidad del delito político y del derecho de rebelión contra las injusticias conquistados por la Modernidad. El punto de quiebre del proceso de paz, que traduce con mayor claridad lo que de verdad se discute en La Habana es el problema de la democracia, de su contenido social emancipador, de su capacidad de rescatar la dignidad y la humanización de millones de compatriotas condenados a las condiciones del despojo, el maltrato, la represión, la discriminación y otras formas de desigualdad.
¿Qué tanta ampliación de la democracia ofrece el régimen en la perspectiva de la paz y la reconciliación? Hasta donde hemos podido conocer, leer o escuchar de eso solo habla la guerrilla pero no el gobierno. El mito oficial de que Colombia es un paraíso de la prosperidad, de las garantías y de la democracia ha sido demolido por la movilización real del pueblo desarmado y pacífico en lucha por sus derechos elementales. Sin respuestas en lo social y sin respuestas en lo político la pregunta por la paz y la democracia no tiene respuesta en el horizonte del régimen.
Luego, está en gestación una crisis política que se agrega a la crisis social sin solución. El movimiento rural puso a caminar por carreteras y regiones la Agenda que se discute en La Habana y que se ha ido integrando, muy a pesar del gobierno, al necesario debate nacional. La crisis de la reelección de Santos plantea de momento la sin salida de un régimen que no ofrece opciones diferentes al “más de lo mismo”, en circunstancias latinoamericanas que claman por cambios profundos en la sociedad y el Estado.
Lenta aproximación: la unidad de abajo hacia arriba.
¿Existe en lo inmediato una alternativa articulada desde la izquierda? Sin duda no. El efecto prolongado provocado por el viraje del Polo al aislacionismo sectario, la fusión de Verdes y Progresistas en perspectiva de una confusa “tercería” y los rezagos de vanguardismos en los liderazgos de los movimientos socio-políticos limitan las posibilidades de reales convergencias en torno de los importantes factores de la movilización popular, pero no copan las opciones que intentan dotar de contenido político los procesos de reagrupamiento a la izquierda. Como un hecho notorio, pese a las distancias, la movilización agraria permitió en buena parte unir en la acción sensibilidades de muy distinto origen. Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y corrientes de las Dignidades se hallaron próximos en importantes escenarios. Esa unidad de coincidencias deben dar paso a mayores acercamientos en los movimientos populares.
Hoy ningún proyecto de unidad política en la izquierda puede concebirse al margen de la movilización social, ignorándola o subestimándola. La unidad en la expresión del descontento, la protesta y la movilización organizada caracteriza el momento. Pero debe dar vida a procesos más ambiciosos de cambio político democrático o, por lo menos, a una presencia combativa y coherente de voceros de la izquierda en las instituciones del poder constituido. Aún más, incluso el tema de una candidatura presidencial de convergencia y compromiso programático, que ayude a mover en la dirección correcta el proceso unitario no debe descartarse. La batalla social y la lucha por la paz así lo requieren.
La semilla del frente amplio por la paz tiene condiciones favorables para germinar, ahora o en el futuro cercano. La Unión Patriótica en el nuevo despertar del movimiento popular espera aportar su grano de arena en la realización de su 5º Congreso Nacional, del 15 al 17 de noviembre próximo.
Ph.D. en Filosofía
Antropólogo
Observatorio Sociocultural de la Mundialización
Jaime Caycedo Turriago
Con Información de Revista Izquierda
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