Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República,
Casa de Nariño.
Ciudad.
Señor presidente,
Colombia vive un momento excepcionalmente importante en su devenir político. Una esperanza se vislumbra con el proceso de diálogo y búsqueda de la paz que se adelanta en La Habana el que, reiteradamente, hemos llamado a sostener y proteger para que logre arribar al propósito previsto en el Acuerdo General suscrito por el gobierno nacional y las FARC EP el 26 de agosto de 2012.
Este proceso transcurre en medio de la guerra, por voluntad del gobierno y en medio de las crecientes demostraciones del descontento popular como efecto de las políticas económicas, sociales, agrarias y laborales que contrarían el propósito de una paz estable y duradera. Ante los paros y movilizaciones populares en curso cabe reclamar del poder ejecutivo y de su fuerza pública el respeto a la protesta social, el cese de toda incriminación a priori que no consulte las causas reales del descontento y los pedidos de la población y la prohibición de los métodos de criminalización de la crítica ciudadana.
Las movilizaciones de inconformidad social no obedecen ni a la pretendida “infiltración” ni a mezquinos intereses electorales. Tienen causas reales, profundas, que no vienen de ahora, que están enraizadas en la estructura de injusticias y desigualdades que caracterizan al país y frente a las cuales desde siempre se han levantado voces legítimas que reclaman cambios urgentes y necesarios. El Catatumbo demostró, una vez más, que la protesta social tiende a ser tratada desde el poder como si fuese una expresión más de la guerra y los ciudadanos inermes incriminados con la carga de violentos. Se trata al pueblo como enemigo pero, en el fondo, se le teme a su actuar emancipado.
Un proceso de paz, antecedente del actual, fue frustrado por una de las tragedias que más avergüenzan al país y que no es subsanable exclusivamente con las reparaciones humanitarias. La Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano hemos sido víctimas de un genocidio que el gobierno sigue ignorando en todo cuanto tiene que ver con verdad, justicia, reparación integral y compromiso de no repetición.
Tenemos la autoridad moral y política para afirmar que la oposición democrática no tiene garantías en Colombia. La izquierda colombiana es plural, tiene visión alternativa y reclama su derecho no solo a existir sino a constituirse en opción de poder para construir un país pacífico, justo y democrático. somos la esperanza, somos el futuro
Observamos con grave preocupación que justamente cuando se discute las condiciones de una paz estable y duradera el gobierno soslaya la urgente necesidad de una apertura democrática que permita superar las discriminaciones, las exclusiones, el fraude electoral y la corrupción que caracterizan el sistema político. Es más, somos testigos de un cerramiento de los espacios políticos y de representación que habían existido. La elevación del umbral electoral al 3% amenaza a todas las minorías. El gobierno ha esgrimido distintos pretextos para eludir una reforma legal que permita el reagrupamiento de coaliciones para listas a los cuerpos colegiados. El voto electrónico está archivado sin explicaciones desde hace 10 años. La anunciada reforma electoral no es clara y no avanza. La curul en la Cámara para minorías fue suprimida y adjudicada para ampliar la de residentes en el exterior. A las corrientes indígenas y afrocolombianas se les conmina a la adscripción etnográfica y se les prescribe que no tienen derecho a la adscripción política. La oposición de izquierda está excluida del Consejo Nacional Electoral, ni existe en un estatuto de la oposición. Si agregamos a esto las limitaciones a los derechos fundamentales implícitos en las reformas constitucionales del llamado Marco Jurídico para la Paz y la ampliación del fuero militar podemos afirmar con fundamento que las mayorías gobernantes conducen al país no solo a un estrechamiento excluyente y odioso del sistema político sino a la creación de una reja angosta y asfixiante contra la oposición de izquierda y las nuevas fuerzas que van a surgir del proceso de paz.
El Consejo de Estado ha restituido la personería jurídica a la Unión Patriótica. Lo menos que debe asegurar el Estado en lo inmediato es el cese y la condena de las amenazas, garantías de no repetición y medidas concretas para la participación de la oposición en el escenario social y político electoral. Las elecciones de 2014 van a tener un importante sentido para el proceso de paz si se fortalecen los factores de la democracia, la inclusión y la justicia social y ese no parece ser el propósito del gobierno.
La tarea más urgente de la nación es ponerle fin al conflicto armado interno reconociendo y atacando sus causas estructurales en la desigualdad, la limitación del sistema político, la discriminación, los odiosos privilegios al gran capital y a la inversión transnacional privada.
Las fuerzas políticas que hemos sido víctimas de crímenes de Estado reclamamos claridad frente al futuro político del país. En ese sentido, solicitamos ser recibidos por el señor Presidente de la República.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
JAIME CAYCEDO
Secretario General
UNIÓN PATRIÓTICA
OMER CALDERÓN
Presidente
FELIPE SANTOS
Secretario Ejecutivo
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