A propósito del momento político

Por: Jaime Caycedo Turriago

A un año de finalizar el actual gobierno el momento político muestra una interesante dinámica de contradicciones. Mientras las luchas sociales indican la necesidad crecientemente acelerada de cambios en lo social y lo político la tendencia del régimen es a cerrar, frenar y reprimir. Las políticas públicas muestran la prioridad del sistema para imponer el argumento económico sobre el político y social. Su propósito explícito: favorecer poderosos intereses transnacionales,  monopolísticos sectoriales y regionales. Como dice el profesor de Harvard James Robinson, especialista en la realidad colombiana: “Entiendo el argumento económico, pero pienso que el argumento político y social es mucho más importante para este país en términos de tratar de encontrar un “contrato social” que funcione”. (El Espectador, julio 23 de 2013, pgs. 14-15).

Justo cuando se  discute una solución política entre guerrilla y gobierno en La Habana, con preacuerdos en torno a desarrollo rural y un cronograma de temas de alta prioridad para la paz, el “contrato social” en Colombia luce cada vez más dislocado y crítico. Esa dislocación, en contravía de la justicia social y la equidad es un producto de la dominación de clase conjugada con la política de la guerra que desarrolla el gobierno nacional.

Esa política esta orientada claramente a encajonar la paz en callejones que impidan, o en el mejor de los casos limiten extremadamente la democratización institucional y social como forma de la salida democrática de la crisis. El abordaje del segundo punto de la agenda de La Habana sobre “garantías y participación política” ha ido dejando al desnudo la posición gubernamental. El Marco jurídico para la paz, que seguramente será declarado exequible por la Corte Constitucional excluye los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra que no hayan sido perpetrados de modo sistemático y crea un régimen excepcional de cuatro años en la vigencia del derecho fundamental a la justicia. En el contexto de la política de la guerra, el marco jurídico debe ser leído en paralelo con la reciente reforma constitucional que amplió el fuero militar para amparar la impunidad de responsables del Estado en graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH. Adicionalmente, el proyecto de ley de baldíos presentado por el gobierno al Congreso intenta legalizar la acumulación de tierras y desconocer la figura de la unidad agrícola familiar UAF, elemento clave en la configuración de las zonas de reserva campesinas. El argumento económico a favor de la “confianza inversionista” hace caso omiso de una política social para materializar los eventuales acuerdos de paz a favor del campesinado.

Sin embargo, lo significativo es que el aspecto principal de la contradicción está representado por la dinámica de huelgas, bloqueos,  movimiento sociales de protesta y el anuncio de un nuevo paro agrario nacional. En varios casos, más que expresiones de inconformidad rutinarias se observan verdaderos levantamientos sociales, localizados territorialmente y motivados por necesidades sentidas frente al abandono estatal, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito sin política alternativa de sustitución, la destrucción de maquinaria de la llamada minería ilegal y la actuación arbitraria de autoridades militares por encima de las civiles elegidas en las zonas del Plan de Consolidación. En suma, levantamientos populares frente a la iniquidad oficial, las políticas de la guerra y los tratamientos represivos envueltos en una descomunal propaganda de criminalización de la inconformidad y de sus dirigentes.

He allí el contraste con la política de la guerra que es preciso derrotar con la movilización organizada, coordinada, multirregional y sectorial del pueblo colombiano. La unidad es la estrategia y la táctica elegida. La unidad en la solidaridad, la fraternidad, el respeto por el Otro, la iniciativa creadora y la audacia colectiva para construir la nueva Colombia.