Boletín de prensa
* En carta al Procurador General y al Alcalde de Bogotá, concejales Jaime Caicedo, Fernando Rojas y Laureano García demandan cancelación inmediata del proceso de consecución del socio estratégico.
Un giro inesperado tendría el proceso de privatización de la ETB ante el nuevo argumento jurídico esgrimido por un grupo de concejales del Polo Democrático Alternativo, encabezado por Jaime Caicedo Turriago, en el sentido de que el Alcalde Mayor y la Junta directiva de la ETB violaron el artículo 164 del Decreto Ley 1421 de 1993, que establece la obligatoriedad de la autorización del Concejo de la ciudad para que las empresas de servicios públicos en las que el Distrito tenga capital puedan realizar procesos de vinculación accionaria o financiera con otras personas jurídicas o naturales.
De acuerdo con Jaime Caicedo, la junta directiva de la ETB pasó por alto lo dispuesto por la Ley 1341 de 2009, también conocida como Ley de las TIC’s (tecnologías de información y comunicación), la cual entró en vigencia recientemente. Dicha Ley señala que a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada y larga distancia (como es el caso de la ETB) no le es aplicable la Ley 142 de 1994, salvo lo establecido en los artículos 4, 17, 24, 41, 42 y 43.
“Resulta que para justificar que no se requiere autorización del Concejo Distrital para la capitalización de la ETB, el apoderado de la empresa, doctor Ricardo Hoyos Duque, en respuesta a la Acción Popular interpuesta por Sintrateléfonos, señala que el artículo 164 del Decreto Ley 1421 de 1993 fue derogado tácitamente por el inciso 3 del artículo 18 de la Ley 142 de 1994. Dicho inciso señala que la emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad”, señaló Caicedo.
Continuó afirmando que “el apoderado de la ETB argumenta que el proceso de capitalización que actualmente se adelanta se rige por el artículo 19.10 de la Ley 142 de 1994, que al definir el régimen jurídico de las empresas de servicios públicos señala que la emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad”.
Así las cosas, el concejal Jaime Caicedo sostiene que se configura la total ilegalidad del proceso de privatización de la ETB por cuanto si éste se encuentra regido por la Ley 142 de 1994, como lo sostiene el apoderado de la empresa, los contenidos correspondientes fueron declarados inaplicables para empresas como la ETB por una Ley posterior y actualmente vigente, como lo es la Ley 1341 de 2009. “En consecuencia, lo actuado hasta el momento en cuanto se refiere a la introducción del socio estratégico no tendría validez alguna. El paso subsiguiente es que el Alcalde Mayor proponga un Acuerdo al Concejo de Bogotá, buscando su autorización para adelantar la gestión de capitalización. De esta manera, tanto la ciudad como el Concejo de Bogotá tendrían la oportunidad de debatir ampliamente la conveniencia o no de la privatización de este patrimonio público”, indicó el cabildante.
Dijo que en tal sentido hoy suscribió, junto con los concejales Laureano García y Fernando Rojas, una misiva dirigida tanto al Procurador General de la Nación como al alcalde Mayor de la ciudad, demandando su inmediata intervención a fin de hacer cumplir los mandamientos legales y proteger el patrimonio público. “Mediante este mecanismo, frenaríamos un proceso que a nuestro modo de ver ha sido amañado y realizado a espaldas de la ciudad, en procura de favorecer oscuros intereses económicos de multinacionales y de un determinado grupo financiero que hoy, desafortunadamente, tiene en sus manos el control de la ETB gracias a la graciosa y absurda cesión de derechos que hizo el ex alcalde Antanas Mockus cuando expidió la tristemente famosa “declaración del accionista mayoritario”, la cual considero un verdadero atentado en contra de los intereses de la ciudad en la ETB”, afirmó Caicedo Turriago.
* En carta al Procurador General y al Alcalde de Bogotá, concejales Jaime Caicedo, Fernando Rojas y Laureano García demandan cancelación inmediata del proceso de consecución del socio estratégico.
Un giro inesperado tendría el proceso de privatización de la ETB ante el nuevo argumento jurídico esgrimido por un grupo de concejales del Polo Democrático Alternativo, encabezado por Jaime Caicedo Turriago, en el sentido de que el Alcalde Mayor y la Junta directiva de la ETB violaron el artículo 164 del Decreto Ley 1421 de 1993, que establece la obligatoriedad de la autorización del Concejo de la ciudad para que las empresas de servicios públicos en las que el Distrito tenga capital puedan realizar procesos de vinculación accionaria o financiera con otras personas jurídicas o naturales.
De acuerdo con Jaime Caicedo, la junta directiva de la ETB pasó por alto lo dispuesto por la Ley 1341 de 2009, también conocida como Ley de las TIC’s (tecnologías de información y comunicación), la cual entró en vigencia recientemente. Dicha Ley señala que a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada y larga distancia (como es el caso de la ETB) no le es aplicable la Ley 142 de 1994, salvo lo establecido en los artículos 4, 17, 24, 41, 42 y 43.
“Resulta que para justificar que no se requiere autorización del Concejo Distrital para la capitalización de la ETB, el apoderado de la empresa, doctor Ricardo Hoyos Duque, en respuesta a la Acción Popular interpuesta por Sintrateléfonos, señala que el artículo 164 del Decreto Ley 1421 de 1993 fue derogado tácitamente por el inciso 3 del artículo 18 de la Ley 142 de 1994. Dicho inciso señala que la emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad”, señaló Caicedo.
Continuó afirmando que “el apoderado de la ETB argumenta que el proceso de capitalización que actualmente se adelanta se rige por el artículo 19.10 de la Ley 142 de 1994, que al definir el régimen jurídico de las empresas de servicios públicos señala que la emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad”.
Así las cosas, el concejal Jaime Caicedo sostiene que se configura la total ilegalidad del proceso de privatización de la ETB por cuanto si éste se encuentra regido por la Ley 142 de 1994, como lo sostiene el apoderado de la empresa, los contenidos correspondientes fueron declarados inaplicables para empresas como la ETB por una Ley posterior y actualmente vigente, como lo es la Ley 1341 de 2009. “En consecuencia, lo actuado hasta el momento en cuanto se refiere a la introducción del socio estratégico no tendría validez alguna. El paso subsiguiente es que el Alcalde Mayor proponga un Acuerdo al Concejo de Bogotá, buscando su autorización para adelantar la gestión de capitalización. De esta manera, tanto la ciudad como el Concejo de Bogotá tendrían la oportunidad de debatir ampliamente la conveniencia o no de la privatización de este patrimonio público”, indicó el cabildante.
Dijo que en tal sentido hoy suscribió, junto con los concejales Laureano García y Fernando Rojas, una misiva dirigida tanto al Procurador General de la Nación como al alcalde Mayor de la ciudad, demandando su inmediata intervención a fin de hacer cumplir los mandamientos legales y proteger el patrimonio público. “Mediante este mecanismo, frenaríamos un proceso que a nuestro modo de ver ha sido amañado y realizado a espaldas de la ciudad, en procura de favorecer oscuros intereses económicos de multinacionales y de un determinado grupo financiero que hoy, desafortunadamente, tiene en sus manos el control de la ETB gracias a la graciosa y absurda cesión de derechos que hizo el ex alcalde Antanas Mockus cuando expidió la tristemente famosa “declaración del accionista mayoritario”, la cual considero un verdadero atentado en contra de los intereses de la ciudad en la ETB”, afirmó Caicedo Turriago.
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