viernes, 18 de junio de 2010

Grave conflicto en centro histórico por cierre macivo de establecimientos


Boletín de prensa

* Más de 180 establecimientos han sido clausurados debido a norma del POT que prohíbe expendio de licor en Localidad de La Candelaria. Comerciantes exigen suspensión inmediata de la medida.

* Concejal Jaime Caicedo anuncia batalla legal y política en contra de la discriminatoria medida.

Una delicada situación social y económica se vive en la zona histórica de La Candelaria por cuenta del cierre que la alcaldía local ordenó sobre la mayoría de establecimientos comerciales que entre sus diversos servicios ofrecían la venta de licores, debido al cambio en el uso del suelo establecido por el POT para la UPZ 94, lo cual generó graves consecuencias económicas para los comerciantes y centenares de sus empleados.

Hasta el momento han cerrado 180 negocios y de acuerdo con las informaciones de los habitantes de la zona, se espera que por lo menos otros 150 se vean afectados por la medida antes del próximo 31 de julio, plazo máximo para hacer cumplir la norma.

En asamblea de empresarios y habitantes de La Candelaria y especialmente de La Concordia, uno de los barrios más afectados, celebrada anoche, se escucharon sendos testimonios de los afectados, quienes declaran estar al borde de la quiebra como consecuencia de lo que consideran una medida absurda y que desconoce de un plumazo la realidad social y económica de la zona.

Los comerciantes calculan que dejarán de facturarse más de $1.100 millones mensuales por ventas directas, más otros $200 millones por arriendos y otros servicios que dejarán de pagarse ante los cierres. Algunos de los comerciantes perjudicados tuvieron que emigrar de la zona y otros fueron forzados a cambiar de actividad, con pérdidas cuantiosas. “¿Se imaginan ustedes que la alcaldía de Cartagena ordenara el cierre de bares y restaurantes en la ciudad antigua porque no puede venderse licor en la zona histórica? De ese tamaño es la situación que estamos viviendo”, afirmó el dueño de uno de los cafés clausurados.

Medida injusta y discriminatoria

Parte del enorme malestar de la comunidad radica en que la disposición está siendo ejecutada con violencia por parte de las autoridades de policía. No obstante, la protesta principal se relaciona no sólo con los cierres mismos y la afectación enorme de la economía local, sino con el hecho de que se está aplicando de manera discriminatoria.

En efecto, la mayoría de establecimientos clausurados son pequeños negocios como cafeterías, café-bares, restaurantes, pizzerías y hasta latonerías y otros comercios que nada tienen que ver con la prohibición de expendio de licor. El problema es que los nuevos y lucrativos hostales para extranjeros y los lujosos restaurantes que se han abierto durante los últimos meses no son objeto de la prohibición. En palabras de una de las comerciantes, cuyo nombre se reserva, “lo que quieren es sacarnos de nuestro barrio y nuestras casas para dejar libre el camino a los extranjeros que se están tomando la Localidad. Esto constituye una nueva forma de desplazamiento forzado que no vamos a permitir. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas”, declaró.

El concejal Jaime Caicedo, quien asistió a la asamblea y se constituyó en garante de las demandas de la comunidad, dijo que esta medida es a todas luces injusta, viola derechos fundamentales y desecha derechos adquiridos por los habitantes y comerciantes raizales de La Candelaria. “Esta es otra de las nefastas consecuencias del famoso “Plan Centro”, que básicamente fue ideado no para promover la modernización de esa zona de la ciudad, sino para expropiar por cualquier vía a los actuales pobladores y producir su expulsión acelerada para dar paso a los grandes inversionistas internacionales que están comprando masivamente propiedades a bajos precios, acosando a los actuales propietarios, para montar sus exclusivos y rentables negocios. Eso resulta inadmisible y nos opondremos con todos los recursos legales”.

Ayer fueron denunciados múltiples y dramáticos casos de los propietarios de los negocios cerrados que han llevado a la sin salida económica a sus familias y a las de sus empleados, quienes han sido despedidos sin más alternativa. Uno de los comerciantes argumentó que “no entendemos cómo primero a través de Incubar (proyecto para apoyar el desarrollo de negocios en la zona) nos capacitaron en alta gerencia y mercadeo, para después venir a cerrarnos. Hasta nos exigieron que nuestros empleados aprendieran otros idiomas, cosa que veníamos cumpliendo, porque supuestamente La Candelaria estaba destinada al turismo internacional. Ahora nos sacan sin miramiento alguno”, señaló indignado.

Al término de la reunión se conformó una mesa de trabajo para avocar las soluciones inmediatas a este conflicto y se anunció la realización de una audiencia pública más amplia para los próximos días.

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