Rechazamos el régimen de espionaje, chuzadas y amenazas a la oposición democrática
La revelación de una estación clandestina de espionaje en pleno centro de Bogotá ratifica la presencia de factores de boicot al proceso de paz en el corazón mismo del gobierno nacional, conectados con las fuentes de desestabilización en instalaciones militares y que demandan millonarios recursos para su manutención y ocultamiento.
Las denuncias de la revista Semana coinciden con el escándalo de las amenazas vía Internet contra dirigentes y activistas de la izquierda, en especial de la Unión Patriótica, Marcha Patriótica y el Partido Comunista y el reciente allanamiento ilegal de la policía a las oficinas de este último. Las contradictorias explicaciones oficiales conducen a justificar en la ley 1621 de 2013, llamada ley de inteligencia, como actividades lícitas el espionaje a opositores políticos, directivos de organizaciones sociales e incluso negociadores del paz del gobierno en La Habana.
No se trata de “fuerzas oscuras” sino de estructuras del Estado, vinculadas a la flamante CIME (Central de inteligencia militar del Estado). Es un ciclo que se repite y que corresponde a una forma de autoritarismo en el que los instrumentos de la información estatal se enfocan contra los opositores políticos y sociales de izquierda y alimentan el sabotaje auspiciado por personajes como Álvaro Uribe.
¿Cómo se explica que unos funcionarios públicos, adscritos a estructuras de inteligencia del Ejército, sujetas a jerarquías castrenses y que obedecen a órdenes superiores, espían a opositores políticos y sociales o a otros funcionarios?
En un contexto de contrainsurgencia los sistemas de inteligencia e información obedecen a la lógica de la guerra civil. Desde el desmantelamiento de la XX Brigada en 1998 el Estado colombiano anunciaba el compromiso de destruir archivos y renunciar a la utilización política de la información de inteligencia. De hecho, tanto en el caso del DAS como en lo que ahora parece retornar con Andrómeda, el peligro está en su vinculación con actividades clandestinas de desinformación, contra-información, divulgación de calumnias, montaje de procesos amañados ante la Fiscalía o realización de operativos criminales, directamente o a través de terceros. Especialmente las llamadas operaciones clandestinas han estado vinculadas con gravísimas violaciones de los derechos humanos.
Permanece la concepción de “enemigo interior”, herencia de la “guerra fría” anticomunista, que guía el proceder del Ministro de Defensa y un sector de los altos mandos orientados al hostigamiento de los opositores políticos y sociales del régimen dominante y al boicot del diálogo de paz, en abierta contradicción con la proclamada política oficial. La gravedad del momento radica en el riesgo de la interrupción del proceso de paz desde las esferas internas del gobierno y el desencadenamiento de represalias masivas o selectivas de exterminio de opositores de izquierda, en el marco de una campaña política electoral. Es lo más semejante al autogolpe de Estado, si se considera la actitud permanentemente conciliadora de Santos con la ultraderecha y el militarismo.
En consecuencia,
- Exigimos la derogatoria de la ley 1621 de 2013, la claridad y transparencia de las investigaciones, contra la tendencia a tapar las evidencias; el desmantelamiento de las estaciones clandestinas, la reglamentación y control sobre los hackers al servicio de la inteligencia militar;
- exigimos la destrucción de la información no autorizada por el Poder Judicial sobre personas, organizaciones sociales y políticas, con supervisión de las organizaciones de derechos humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los derechos humanos;
- Reclamamos la renuncia del Ministro de Defensa, el cambio en las declaraciones de funcionarios que descalifican el proceso de diálogo de La Habana y satanizan a la oposición social y democrática.
- Exigimos el esclarecimiento sobre las amenazas, panfletos, hostigamientos, allanamientos ilegales y torturas, en los casos denunciados por Unión Patriótica, Marcha Patriótica, MIA, Partido Comunista y otros movimientos y compromiso público del presidente en cuanto a las garantías para las fuerzas alternativas de la izquierda en la actual contienda electoral.
- Llamamos a todas vertientes democráticas de la opinión y al movimiento social a rodear solidariamente a las personas de izquierda amenazadas; a acompañar sus denuncias, reclamos y quejas en una sólida defensa colectiva ante la arbitrariedad y la antidemocracia; y a consolidar los pasos hacia un Frente Amplio en defensa del diálogo por la paz, la justicia social y los derechos ciudadanos.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
Bogotá, febrero 7 de 2014
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