La destitución del alcalde Gustavo Petro y su inhabilitación para ejercer cargos por quince años es pieza clave de la contraofensiva de la extrema derecha frente a los avances de la lucha social y el proceso de paz. La alcaldía de Bogotá Humana ha dado inicio a elementos de reforma orientados a la desprivatización de los servicios de aseo e intervención frente a excesos en el control monopólico del uso del suelo de renovación y de expansión de la ciudad, principalmente. El ejercicio político administrativo ha reflejado en parte la complejidad de la ciudad, en parte la improvisación y las remociones súbitas de funcionarios.
Los pulpos capitalistas atrincherados en la acumulación privilegiada de capital por las empresas de aseo, los consorcios de la construcción y sus entronques incrustados en la burocracia apegados al soborno y la corrupción han reaccionado contra aquello que los afecta. Iniciaron con la recolecta de firmas por la revocatoria en simultánea con las ‘investigaciones’ de la Procuraduría.
El procurador ha obrado como el genuino representante de los intereses del gobierno permanente y algo más. Por los mismos días en que se da a conocer la información oficial del pre acuerdo del gobierno y la guerrilla de las Farc ep sobre apertura democrática y garantías; justo cuando se anuncia desde La Habana un cese de fuego unilateral por las Farc ep, sin espera de una medida recíproca del gobierno nacional, Ordóñez, quien se ha convertido en el principal enemigo del diálogo y de la solución política desde el seno del propio Estado, suelta su carga de profundidad contra alguien proveniente de la oposición y de una antigua insurgencia reincorporada a la democracia gobernable.
Las sanciones administrativas inhabilitantes para un funcionario elegido popularmente equivalen a su ‘muerte’ política. El ‘crimen’ de Gustavo Petro es haber tocado la ‘libre empresa’ que se alzó con la privatización de las basuras y la búsqueda de recuperar la responsabilidad pública directa en un servicio tan importante. El fondo ideológico de estos procedimientos ya había quedado claro en el caso de la ex senadora Piedad Córdoba.
Las fuerzas democráticas contrarias al neoliberaliberalismo quedamos notificadas de que es delito luchar por la desprivatización de los servicios públicos. La justa movilización ciudadana contra estas arbitrariedades indica que la lucha no puede desmayar y menos ahora en medio de un proceso electoral en el van a medirse los partidarios de la paz con justicia social y los partidarios de la guerra y el continuismo de los privilegios. Una Asamblea Nacional constituyente y un gobierno democrático deben remover los instrumentos del autoritarismo, la represión y la guerra.
El Partido Comunista Colombiano, junto con Marcha Patriótica y la Unión Patriótica ha reafirmado la importancia de la unidad de acción por la paz, la democracia y la defensa de lo público, avanzada desde la grandiosa manifestación del 9 de abril de este año, con motivo del 65 aniversario del Bogotazo. Llama en consecuencia a la movilización popular, al frente más amplio en rechazo del Procurador, se une al pedido de su retiro inmediato y a la exigencia del respeto de la legitimidad ciudadana y el debido proceso.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Bogotá, diciembre 9 de 2013
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