“El acuerdo parcial alcanzado en La Habana y suscrito por las partes el día de hoy es un paso muy importante en el camino hacia una solución política. Compromete principalmente al Estado colombiano con las garantías inherentes a cualquier proceso de paz con opción de avanzar exitosamente. Es el principio de un blindaje frente a la práctica del genocidio político como mecanismo para eternizar los privilegios y el autoritarismo a través del terrorismo de Estado encubierto.
“De hecho, el acuerdo deja en claro la inexistencia de garantías para la oposición democrática sometida al exterminio físico, la estigmatización, el hostigamiento mediático, la persecución judicial por motivos de consciencia y la ‘muerte política’ por sanciones administrativas. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia reconoció la existencia de planes de eliminación de miembros de la Unión Patriótica y el Consejo de Estado restituyó la personería de este movimiento en un intento de resarcir la flagrante injusticia”.
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