LA IMPUNIDAD: EL MITO QUE SE DERRUMBA

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La impugnación discursiva de la derecha colombiana frente a la sentencia de 12 años al expresidente Álvaro Uribe pone de nuevo en el centro de la discusión el profundo significado de la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia. Revive el debate ideológico sobre el significado del genocidio como práctica social y las responsabilidades continuadas de varios gobiernos neoliberales “democráticamente elegidos”.

El liderazgo autoritario de Álvaro Uribe, apoyado en el paramilitarismo, en el negacionismo y en una política de guerra contrainsurgente, con todas las consecuencias humanitarias de la persecución política anticomunista, irrumpe de pronto como una manifestación de justicia en un entramado sórdido de impunidad estructural. Una condena por delitos comunes aparece simbólicamente como una promesa de “justicia divina” en una sociedad convencida de que “la justicia es únicamente para los de ruana”.

La imposición de ese orden fue obra de varios gobiernos. El mito de la victimización de la burguesía a manos de la “amenaza guerrillera comunista inspirada por el odio de clase” devino en justificación del surgimiento y legitimación del paramilitarismo a partir de la supuesta “incapacidad del gobierno y las fuerzas militares de brindar “seguridad” a los empresarios”.

El genocidio como práctica social implica el exterminio de una parte de la población clasificada por los perpetradores como indeseable. Pero esa es sólo una porción del contenido real del genocidio. La siguiente consiste en persuadir al resto de la sociedad de que ese nuevo sentido común debe ser en adelante el que caracterice a la nación. La apropiación simbólica del genocidio como práctica social, su adopción como parte de sentido común, complementa su alcance y sentido profundo. La impunidad, integrada al habitus, es una creación del régimen genocida y su forma de expresión más representativa. 1

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1 Feierstein, Daniel, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Hacia un análisis del aniquilamiento como reorganizador de la relaciones sociales. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2011.

La “teoría de los dos demonios”, como una supuesta contradicción de guerrilleros y paramilitares cuyos antagonistas se repelen y se necesitan a la vez, ha reinado en calidad de “verdad oficial” en la politología del sistema y en el encubrimiento del prolongado periodo de la guerra de contrainsurgencia. En ella el poder represivo del Estado aparece con una víctima impotente, el paramilitarismo como creación de la “sociedad civil” que se defiende y la guerrilla con todo lo que se le asocia en el rango político e ideológico, como el factor generador agresivo y amenazante del orden existente. Todo el entramado del genocidio político anticomunista, continuado y extendido, aparece como una realidad natural, intocada, inocente, como un orden ideal amenazado. 2

En el imaginario de ese orden neoliberal y paramilitar no hay lugar a la impunidad porque el orden dominante no es culpable ni tiene responsables. El fallo de una jueza valerosa se sitúa en el vórtice de un hecho histórico. La impunidad como atributo natural y eterno de algunos seres privilegiados empieza a desvanecerse en el aire.

Como también ha venido sucumbiendo a los cambios democráticos, a las reformas sociales, ayer inimaginables, y a la necesidad de una paz democrática, que tarda, pero que está naciendo.

Por Jaime Caycedo