El momento político está exigiendo un
verdadero redireccionamiento del país. Los gobernantes, atados al
designio de reproducir el sistema encuentran que las cuentas no les
salen, que según sus balances todo debería ir bien pero la realidad
tozuda les muestra otra cosa. A las puertas de alcanzarse un acuerdo de
paz el régimen trastabilla entre el continuismo y el reeleccionismo,
entre la permanencia de la “seguridad democrática” tecnificada y
persecutoria contra la izquierda y la reedición del ambiguo modelo
santista que intenta la “paz total” conservando y agravando las
desigualdades sociales, refinando los aparatos de guerra e
institucionalizando los peores instrumentos del capitalismo salvaje
(sostenibilidad fiscal, ley de inteligencia y contrainteligencia, etc).
Que las cosas podrían ir peor no es
consuelo. Nada puede eximir al gobierno de Santos del juicio de la
opinión sobre su incondicionalidad con la política de clase, su
insensibilidad social (aquel “el tal paro agrario no existe”) y su
tendencia irreductible a hacer concesiones a la extrema derecha, por
ejemplo con la destitución de Petro. Más grave aún. Sus contendores
alineados en el campo del continuismo (Zuluaga, Martha Lucía, Peñalosa)
son el espejo de sus propias contradicciones, entre la regresión y la
incapacidad de aceptar la necesidad de cambios democráticos. Santos
parece sentirse cómodo en el nicho que le asigna el imperio como acólito
de su política internacional e instrumento de su Alianza del Pacífico.
En el marco de la ofensiva de la derecha frente a los duros impactos
sociales de la crisis capitalista mundial el régimen colombiano
permanece como un cuerpo extraño, atrincherado en su colosal maquinaria
de guerra y contención a los cambios avanzados.
Frente a tan
temible constructo parecería frágil y desprotegida la pretensión de dos
mujeres de desafiar la fortaleza del poder presidencial. La fórmula
presidencial Clara –Aída se yergue como la única alternativa enfrentada
al poder dominante desde una plataforma de compromiso con la paz, la
democracia y la justicia social. El substrato que la soporta es el
acercamiento entre fuerzas de la izquierda popular que no renuncian a un
profundo sentido crítico al sistema y una comprensión de la necesidad
de cambios, con el oído atento a las reclamaciones que emergen de la
inconformidad con el status quo, con la injusticia, con la corrupción y
el ventajismo de quienes han usado el poder como una herramienta para
dotar de privilegios al gran dinero a costa de la más humillante
desigualdad social.
El reto de la primera vuelta exige
una mirada reflexiva e informada sobre el significado del voto por la
Coalición Polo-UP y su fórmula presidencial. Ni la abstención ni el voto
en blanco ayudan a conformar la opinión en esta coyuntura crucial. La
decisión consciente por el cambio democrático, por la paz con justicia
social, por las reforma agraria integral, por la defensa y
reestructuración de lo público, por la desprivatización de la salud, la
educación, los servicios y el saneamiento básico, por la recuperación
plena de los derechos laborales como base de una política pública de
empleo, por la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación,
marcan la diferencia estratégica con el abanico de los candidatos del
que “todo siga igual”.
La unidad necesaria se traduce
en acción, en pedagogía, en apoyo activo y militante entre las mujeres,
los jóvenes, los estudiantes, los y las trabajadoras, pobladores,
campesinos, indígenas y afrocolombianos. A todos ellos convocamos a
vencer el miedo al cambio y a las transformaciones irrenunciables. La
cultura política de la unidad y el Frente amplio por la paz democrática
surgen y se nutren también de la vida, de la acción común, de la
experiencia vivida, fraterna, crítica y aleccionadora a la vez.
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