86 años después: En la batalla democrática por la paz con justicia social
Con ochenta y seis años en la historia nacional el Partido Comunista reafirma la apuesta por la unidad de todas las fuerzas dispuestas a hacer avanzar al pueblo a un profundo cambio democrático. Unidad, convergencia y Frente Amplio por la paz son nuestro rumbo.
Con ochenta y seis años en la historia nacional el Partido Comunista reafirma la apuesta por la unidad de todas las fuerzas dispuestas a hacer avanzar al pueblo a un profundo cambio democrático. Unidad, convergencia y Frente Amplio por la paz son nuestro rumbo.
La clave del cese bilateral y de las
garantías de protección y No Repetición es el compromiso para el
desmonte del paramilitarismo.
Los acuerdos del 23 de junio de
cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, de desmonte del
paramilitarismo, garantías de seguridad y de no repetición, la
definición de Zonas Veredales Transitorias de Normalización para la
dejación de armas y la puesta en marcha de la Comisión de Verificación
Tripartita (ONU, FARC-EP, gobierno) acercan la suscripción del acuerdo
final y ponen en el tapete el horizonte descrito hasta ahora bajo la
metáfora del postacuerdo.
Entre otros temas urgentes está el
de que se establezcan las normas de amnistía e indulto, se detallen los
convenios que formalizan lo acordado hasta ahora, se generen los
mecanismos previstos para la designación de la Comisión de la Verdad y
del Tribunal Especial de paz. Es necesario que avancen las reformas
políticas y electorales que le insuflen confiabilidad a un sistema
electoral y de partidos marcado por el ventajismo, la corrupción y el
fraude. La Corte Constitucional tiene en sus manos decidir el sistema de
refrendación. El gobierno debe “descongelar” el diálogo con el ELN y
buscar abrirlo con el EPL, en la mirada de una paz completa.
La
clave del cese bilateral y de las garantías de protección y No
Repetición es el compromiso para el desmonte del paramilitarismo, uno de
los principales elementos de la política de clase del régimen, orgánico
con la lógica del exterminio contrainsurgente. El paramilitarismo es
fenómeno complejo, hace parte del poder dominante como factor político
en las distintas ramas del Estado y posee una base económica cierta en
todas las expresiones de la narcoeconomía, la economía parasitaria
vinculada a la corrupción en el Estado y en poderosos sectores de la
economía privada.
El “enemigo interno”
El
aparato militar estatal ha favorecido con el cuerpo de su doctrina de
“enemigo interno”un concepto de seguridad vinculado prioritariamente a
la defensa de la gran propiedad privada ante la supuesta amenaza de una
conspiración castro-chavista o comunista. La llamada “derechización” del
país ha seguido a la continuada legitimación del discurso paramilitar y
a su justificación en la doctrina militar vinculada a la guerra, a la
represión y a la ejecución de las Directivas emanadas del Ministerio de
Defensa, que han traducido la orientación del poder civil para la
política de la guerra.
Este ha sido el hilo conductor
perfectamente identificable de los últimos 42 años a hoy, al terminar
entonces la alternación presidencial bipartidista del Frente nacional en
1974, sin solución de continuidad con los lineamientos de la “guerra
fría” global. El uribismo ha sido vector de este proceso, pero la
connivencia del sistema con el paramilitarismo y su doctrina tiene más
vínculos políticos.
Vencer este obstáculo es empezar a
deshacer el orden contrainsurgente de dominación que ha alentado la
guerra interior permanente del Estado. En la coyuntura de la actual
transición no es tarea simple, requiere persistencia, paciencia y
conjugación de esfuerzos. En especial, una voluntad política clara y sin
ambigüedades.
De allí el carácter estratégico del Pacto
Político Nacional propuesto en el Punto 3.4 del Acuerdo presentado el 23
de junio. Dicho Pacto que se plantea incluir a todas las “fuerzas vivas
de la nación”, partidos, gremios empresariales, organizaciones
sindicales, iglesias, universidades, etnias, medios, regiones,
corrientes de la opinión y un largo etcétera busca “…hacer efectivo el
compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen
las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como
el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as
vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando
las condiciones de seguridad que demanda la sociedad”.
La
fuerza de este planeamiento a la Nación está en que la dejación de las
armas por la insurgencia tiene como correspondiente el compromiso de que
el Estado, las clases dominantes y entidades que lo han dirigido asumen
también la decisión de “separar las armas de la política” según la
fórmula de moda y de paso torcerle el cuello al componente paramilitar
de la estrategia de contrainsurgencia. Utopía dirán algunos, pero la
solución política avanza y la lucha de calle toma el relevo para poner
fin a la exclusión y a la persecución política a la izquierda.
¡Sí a la paz!
Defender
esta fase del proceso con la consigna del ¡Sí a la paz! es también
seguirlo de cerca, críticamente, con mirada vigilante y con el método de
la movilización popular como principal herramienta de pedagogía. La
acumulación de fuerzas por la paz necesita de una masa crítica que
respalde el logro de los acuerdos, su refrendación y su cumplimiento. En
medio de ello está en construcción una nueva correlación de fuerzas que
será decisiva para los escenarios por venir. Pero, además, la
perspectiva indica que un rasgo específico del postacuerdo será la
ampliación del movimiento popular y su fortalecimiento con la afluencia
de cuadros y núcleos provenientes del movimiento guerrillero y la
creación de los nuevos movimientos y procesos resultado de los acuerdos
de paz.
Regiones enteras se abrirán a la participación
política y la intervención activa de nuevos destacamentos del pueblo
agregará una nueva dinámica a las luchas. Miles de activistas se
incorporarán a la acción por sus derechos y a través de su propia
experiencia comprenderán mejor el significado y la necesidad de darle
forma a una transición del orden contrainsurgente fundado en el
terrorismo de Estado y el paramilitarismo hacia la profundización y
ampliación de la democracia.
El gobierno ofrece garantías al
capital y a los inversionistas externos con el nuevo Código de Policía,
el fortalecimiento del Esmad, el incremento del presupuesto de Defensa y
el mantenimiento del gigantismo militar a discreción de la OTAN,
mientras anuncia reformas regresivas en impuestos, pensiones, recorte al
gasto social, aumento en los servicios domiciliarios y contención
salarial. Nada a favor de los trabajadores ni de las capas medias
golpeadas por el desempleo y la inflación.
Dentro de las
nuevas potencialidades en despliegue está el crecimiento de la izquierda
política, social e intelectual. Tienen sentido todas las medidas
acordadas y por concretizar en relación con la protección de los cuadros
y dirigentes de la izquierda, sean ex combatientes o activistas de los
movimientos populares. La No Repetición toma la característica de una
consigna de alto valor estratégico, vinculada al ejercicio cultural y
pedagógico de construir la Verdad histórica en vínculo estrecho con la
reivindicación de las víctimas, su reparación integral, la dignidad y el
orgullo de la Memoria.
Frente a la ofensiva de la
ultraderecha con su lenguaje de mentiras e incitación al odio, al
matoneo y a la amenaza, crece la consciencia de confrontar toda
tentativa de decapitación de las alternativas, tal como aconteció con
generaciones enteras de cuadros de la izquierda, algo que los medios
oficiales tienden a minimizar y a ocultar.
Con ochenta y
seis años en la historia nacional el Partido Comunista reafirma la
apuesta por la unidad de todas las fuerzas dispuestas a hacer avanzar al
pueblo a un profundo cambio democrático. Unidad, convergencia y Frente
Amplio por la paz son nuestro rumbo.
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