lunes, 5 de septiembre de 2016

Una guerra tóxica insostenible

Juan Gabriel Tokatlián
Juan Gabriel Tokatlián

Hay buenas razones de que la fumigación es un fiasco en términos humanos, políticos y ambientales.


La erradicación con herbicidas de cultivos ilícitos constituye el componente tóxico de la “guerra contra las drogas”. El uso masivo de glifosato en Colombia ha sido la manifestación virulenta del prohibicionismo. La posibilidad de terminar las fumigaciones forzadas de plantíos ilegales es un primer paso para desactivar una cruzada que no admite perpetuarse; al menos no en un país que aspira a desandar cinco décadas de “guerra antiinsurgente” superpuesta con una “guerra de baja intensidad”, superpuesta con la “guerra contra las drogas” y superpuesta con la “guerra contra el terrorismo”. Todas esas denominaciones han sido invocadas en Colombia para vivir con el conflicto interno político y social más prolongado y degradado que ha conocido América Latina en medio siglo.



Desmantelar el dispositivo más dañino –por su efecto simultáneo sobre los actores sociales más vulnerables, el medioambiente y los recursos vitales; los derechos humanos de campesinos, indígenas y pobres rurales; el empoderamiento mafioso a nivel local, las dinámicas políticas en varios departamentos, la legitimidad institucional, la facilidad para que grupos armados dispongan de enormes recursos, y la diplomacia hacia el continente y el mundo, entre otros– demanda localizar el tema del glifosato no solo en el campo del conocimiento científico especializado y aislado, sino también en el de la una más amplia deliberación pública.


Las evidencias sobre la nocividad del glifosato son abundantes y precisas, pero en ese terreno siempre aparecen algunos argumentos contrarios, que indican que los perjuicios y peligros de su utilización son menores que los de otras alternativas. Sin embargo, la cuestión del glifosato trasciende el ámbito de la discusión química y biológica.


En esencia, los proponentes y defensores de la fumigación permanente con herbicidas siempre han recurrido a lo que Albert Hirschman denominó las “tres tesis reactivo-reaccionarias principales”. Esto es, modificar dicha táctica antinarcóticos sería perverso, fútil y riesgoso. Perverso porque la aspiración a cambiar solo llevaría a exacerbar el problema de drogas existente. Fútil porque la tentativa de transformar la práctica vigente no produciría nada positivo. Y riesgoso porque reformar puede resultar muy costoso. Por décadas, el argumento oficial (en el Ejecutivo y el Legislativo) y privado (por ejemplo, de la compañía privada de seguridad DynCorp y la multinacional Monsanto) desde Estados Unidos y el de varios actores políticos, civiles y militares en Colombia ha sido el mismo: mantener el statu quo y fumigar masivamente, pues no vale la pena alterar nada en esta materia a pesar de los mediocres resultados efectivos en cuanto a contener y reducir la problemática de las drogas. Hacerlo es maligno, inútil y peligroso.


Si Colombia acepta frenar definitivamente la erradicación con glifosato, entonces es fundamental cambiar los términos del debate, hasta hoy hegemónico. Ello, a su turno, implica poner el tema en un contexto integral en el que el componente científico es un pilar importante, pero no el excluyente: hay muy buenas razones, ya comprobadas en estudios nacionales e internacionales, de que la fumigación es un fiasco en términos humanos, políticos y ambientales. A su vez, lo anterior significa ensanchar el número de voces intervinientes y provenientes de múltiples y legítimos actores no armados, así como los contornos de un nuevo consenso. Un consenso propositivo-progresista, que supere las mencionadas tesis reactivo-reaccionarias y que se base en la idea de que la guerra tóxica que epitomiza el glifosato ya es insostenible para los colombianos.


Juan Gabriel Tokatlián

Director del Departamento de Ciencia política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella (Buenos Aires, Argentina)








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