lunes, 17 de octubre de 2016

El no a las reformas

Salomón Kalmanovitz. Foto: Archivo Semana
Por: Salomón Kalmanovitz


La oposición de los conservadores al acuerdo de paz se basa en la defensa del orden social vigente de desigualdad y de clientelismo.




De las 75 propuestas que han hecho, 33 no son aceptables para la insurgencia, según el portal La Silla Vacía. Ellos pretenden bloquear todas las reformas políticas y sociales que se sugerían y que podrían ser la mayor ganancia para la sociedad colombiana, si logran el apoyo político necesario para implementarlas más adelante.


La propuesta del Centro Democrático (CD) de proteger la propiedad de segundos ocupantes de buena fe legalizaría el despojo de los que adquirieron tierras en zonas conocidas de conflicto y bajo control paramilitar. Se introduce una presunción absoluta de que desconocían las circunstancias, aun si se hubieran falsificado los certificados de tradición de ocho millones de hectáreas que fueron desalojadas violentamente.


El CD también se opone a la actualización del catastro y a que se cobre un impuesto predial progresivo, según el uso económico de la propiedad, ya sea agroindustrial o de fincas de recreo; les molesta en especial que se castiguen los lotes de engorde. Ellos aducen que “los predios caracterizados han presentado un incremento sustancial, de 32 billones de pesos en 2002, a 157 billones en 2015, que ha incidido en el también incremento exagerado del impuesto predial”, lo cual evidencia más que nada el enorme atraso en la valoración catastral.



Lo cierto es que el impuesto predial en Colombia alcanza sólo el 0,6 % del PIB y la mitad lo aportan Bogotá y Medellín. En países serios, el predial supera el 3 % del PIB y es un instrumento para que la tierra se utilice intensivamente, de acuerdo con su vocación. El ancestral atraso agropecuario de Colombia se debe a la concentración de la tierra en manos de propietarios que esperan su valorización y la tienen subexplotada: 70 % en bosque y el resto manteniendo una vaca en hectárea y media.


La vida municipal en Colombia es pobre, dominada por terratenientes y gamonales, y desprovista de toda capacidad fiscal. Los alcaldes pasan su tiempo tratando de que el gobierno central les gire una platica, sin poder acceder a las rentas de los que más tienen mediante el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio o a gravar la plusvalía que les genera la poca obra pública que se ejecuta. La construcción de una sociedad civil vibrante y participativa pasa por la tributación progresiva que le permita financiar su desarrollo económico y social. Ese es un imperativo para que el país rural salga de la edad media.


El estatuto de la oposición contenido en la Constitución de 1991 nunca se reglamentó, y en esta ocasión el CD pretende quitarles la iniciativa a las Farc para lograrlo, aunque es de interés para todas las fuerzas políticas que han sufrido la discriminación en la competencia electoral. Asimismo se pretende excluir a la representación de las insurgencias (para incluir al Eln si se desmoviliza también) en el Consejo Nacional Electoral, donde se cocinan tantos fraudes a favor de los partidos que cuentan con presencia en esas instancias de poder.


Aunque algunas de las propuestas de los conservadores pueden ser aceptadas y otras diluidas, su objetivo no es ese. Se trata más bien de bloquear a la sociedad colombiana, mantenerla en su estado primitivo, donde los ricos se quedan con la tierra, no pagan impuestos sobre ella y ejercen su poder político sin competencia.



Gráfica: Pie de foto.- Salomón Kalmanovitz. Foto: Archivo Semana







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