viernes, 25 de diciembre de 2015

Informe del Comité Ejecutivo al 12 Pleno del Comité Central

Colombia está en la antesala de cambios importantes en su integración como nación y en las relaciones del Estado con el campo popular. El tránsito a una solución política concertada de una guerra social prolongada, sin una derrota de las fuerzas rebeldes conlleva nuevas condiciones para la lucha popular y se constituye en la antesala de confrontaciones y salidas que se observan con esperanza. El Comité Central está convocado para examinar tres aspectos centrales de la coyuntura:



•    el inestable y hostil panorama internacional en que se recrudece la contraofensiva de la derecha contra los gobiernos progresistas en el continente


•    la actitud de la clase dominante, su visión de país y de sociedad y el curso del proceso de diálogo para la solución política.


•    los 4 puntos de atención que se proponen a la reflexión del PCC y del movimiento revolucionario que valoran la situación de las fuerzas del pueblo, de la unidad, de las perspectivas de los cambios previsibles y del 22 Congreso del PCC.

Este documento es una aportación al estudio y la discusión en la expectativa de conclusiones que contribuyan a corregir, a mejorar y a dinamizar el trabajo del Partido y alimentar el arsenal argumentativo de la batalla de ideas y de la acción política de masas.



Crisis capitalista: inestabilidad e inseguridad internacional


El violento ataque terrorista en Paris revela las repercusiones de las medidas agresivas de los socios de la OTAN en la compleja situación en Siria y las respuestas que suscita la confrontación con el llamado “estado islámico”. Especialmente peligroso es el asedio a Siria, donde la OTAN y sus aliados regionales entre los cuales Israel intentan derrocar al gobierno de la última república árabe, laica y liderada por el Baaz, el partido del socialismo árabe. Merced al apoyo de Rusia que bombardea las posiciones de ISIS y de otros grupos terroristas Bashar Al Assad y el ejército sirio resisten. La actitud de occidente es hipócrita, porque mientras dice combatir al terrorismo respalda a varios de esos grupos mientras Turquía, miembro de la OTAN ha sido desenmascarado como activo financiador del “estado Islámico” a través de la compra de petróleo ilegal con la complicidad de algunas poderosas transnacionales como la EXXON y ha devenido en cabeza de puente para la provocación contra Rusia. El conflicto se está escalando a niveles cada vez más altos. 


El estado de excepción en Francia desata medidas represivas sobre los refugiados mientras adquiere dimensiones críticas la cuestión de las y los migrantes en masa ante el cierre de las fronteras por algunos países europeos. Todo esto agrava la situación de los/las refugiados en el mundo, sobre todo la situación de las víctimas de conflictos armados, persecuciones políticas o sociales y desastres naturales, incluyéndose las migraciones internacionales clandestinas y el tráfico humano.


A pesar de las expectativas positivas acerca de la reactivación económica mundial esta se muestra débil y con turbulencias que la pueden llevar nuevamente a la recesión. La recuperación de las principales economías es lenta (E.E.U.U 2,5%, UE 1,5%, Japón 1,3%), producto de una baja tasa de inversión y la caída del consumo, asociadas a la caída de la tasa de ganancia y un desempleo que se mantiene alto especialmente en la zona Euro (FMI, 2015, p. 5). Por otra parte los países capitalistas emergentes (BRICS) han contraído sus PIB, producto de la caída de los precios del petróleo y la demanda de otras materias primas, explicado por una demanda menor de China. Estos comportamientos se reflejan en un crecimiento menor de la economía mundial que lo pronosticado (3,5% a 3,1%). Está débil recuperación se encuentra amenazada por la alta volatilidad de los mercados financieros que se traducen en menor inversión, desempleo y depreciación de las monedas de las economías emergentes y en desarrollo.


Concomitante con el escenario descrito el imperialismo de E.E.U.U y la UE, su aparato militar, la OTAN y sus derechas nacionales, desarrollan una ofensiva política, económica y militar con el fin allanar mejores condiciones geopolíticas para el control de regiones estratégicas, que se expresan en una escalada de tensiones y conflictos a nivel internacional.


Las tensiones de mayor intensidad se concentran en el mediterráneo, especialmente en los países del medio oriente, donde se entrelazan por una parte las principales fuentes y rutas de gas y petróleo del planeta, tanto hacia la UE como a Asia (China e India) y en donde Estados Unidos y la UE intentan copar a Rusia por su control. Se mantienen las sanciones económicas de occidente otra Rusia. Es explícita la intención de la OTAN, especialmente de E.E.U.U y Francia e Inglaterra, de continuar su expansión en la región o colocar gobiernos proclives a sus intereses económicos y políticos, en lo cual avanzaron capitalizando la primavera Árabe.


La causa palestina prosigue su resistencia frente a la renovada radicalización israelí.  Las llamadas “teocracias” petroleras lideradas por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes agencian una guerra de agresión contra Yemen con un ejército mercenario para el que reclutan entre otros a paramilitares y militares colombianos.


En extremo oriente las tensiones en el mar de China están en aumento, producto de las disputas entre China y Japón por las islas Diaoyu/Senkaku. Recientemente Japón reformó su ley de seguridad y defensa y su constitución, pasando de unas fuerzas de autodefensa a unas fuerzas de agresión, que le confiere mayor poder de intervención.


En síntesis, la crisis del capitalismo crea un mundo cada vez más peligroso y desigual donde miles de millones reclaman la solidaridad y soluciones efectivas.


El avance de la derecha


En Europa producto de la crisis económica y la falta de alternativas políticas, los partidos de las derechas nacionalistas y xenófobas han ganado espacio en Francia, Reino Unido, Grecia, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Los recientes ataques terroristas en Francia atizan no solo las restricciones a las libertades sino el fortalecimiento de la derecha fascista, como lo muestras las elecciones locales del 6 de diciembre en Francia.


A contrapelo de esta tendencia fueron los resultados de las parlamentarias en Portugal donde CDU (PCP y PEV) y el Bloque de Izquierda avanzaron, logrando bajo un acuerdo con los socialistas, derribar al gobierno de derecha y avanzar en una serie de puntos que tienen como objetivo recuperar los salarios, las pensiones y el empleo. En Grecia el gobierno de Syriza prosigue sus esfuerzos por recorrer la costosa ruta escogida de confrontación de la crisis. Las elecciones en España prometen avances de las fuerzas progresistas.


La contraofensiva de la derecha y del imperialismo en América Latina: ¿Fin del ciclo progresista?


En la región hay una feroz ofensiva del imperialismo norteamericano y las respectivas derechas nacionales para derrotar la izquierda progresista, mediante las contiendas electorales, la promoción de la desestabilización política y económica o los denominados “golpes blandos”.  Los resultados de esta ofensiva de la derecha continental se han hecho notorios en la medida que la alianza Cambiemos liderada por Mauricio Macri ha ganado las presidenciales en Argentina; inicia el complejo proceso de destitución de Dilma Rousef en Brasil; se incrementa el sabotaje económico y desestabilización política contra la Revolución Bolivariana, además de algunos niveles de movilización social contra las iniciativas de enmienda constitucional de la Revolución Ciudadana en Ecuador.


El triunfo de Macri en Argentina fue muy ajustado en la segunda vuelta, pero a pesar de este retroceso el FPV cuenta con la mayoría del parlamento, además de gobernar la mitad de las provincias. Las consecuencias del triunfo de Macri se harán notar en el ámbito regional, se enfocará en debilitar el impulso integracionista soberano que inicio Chávez con el ALBA, la UNASUR y la CELAC. En conclusión Macri es ahora una punta de lanza del imperialismo yanki en la región.


En Brasil la campaña sistemática de desprestigio contra el PT ligada a procesos judiciales por corrupción aun no fallados, la crisis económica que golpea el empleo y los programas sociales del gobierno han conducido por una parte a minar el apoyo de la población a la presidenta Dilma Roussef  y a que las fuerzas de la ultraderecha hayan tomado la iniciativa en el parlamento para destituir a la presidenta. Lo que busca la derecha es paralizar el gobierno, buscar mayores concesiones al capital en medio de la recesión económica, destruir moral y políticamente al PT y así preparar el camino hacia las elecciones presidenciales de 2019.


Es necesario señalar que los procesos progresistas y de izquierda que hoy conducen gobiernos (Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Salvador) a pesar de las complejidades y limitaciones que afrontan, avanzan sus proyectos bajo circunstancias no exentas de contradicciones y dificultades propias. Nuevos retos en la lucha contra la desigualdad, cambios que reflejan mejorías en las condiciones de existencia de capas sociales y que exigen más requieren enfoques de soluciones integrales y de mayor radicalidad junto con niveles más elaborados y comprometidos de la consciencia social.


Al tenor de lo arriba expuesto el nivel contradicciones en América Latina entre la izquierda progresista con su apuesta por una región soberana, pacífica y con justicia social y la derecha neoliberal ligada a los intereses del imperialismo norteamericano va a incrementarse en el futuro.  El desenlace de esta batalla dependerá entre otros elementos de mantener la unidad de las fuerzas del cambio, mantener y ganar el apoyo e iniciativa en la movilización y en las elecciones a la mayoría de la población, enfrentar la crisis económica y mantener viva la institucionalidad integracionista surgida en estos últimos 10 años.


La batalla para enfrentar la restauración conservadora entra en un periodo de mayores tensiones que necesitan de mayor audacia y solidaridad internacional. Hacer concesiones a la idea del “fin del ciclo progresista” sin que haya producido un desenlace final es una concesión política e ideológica que las fuerzas democráticas y revolucionarias no podemos hacer en el marco de las circunstancias descritas.


Solidaridad con Venezuela y compromiso con la Revolución Bolivariana


En cuanto al resultado electoral del 6 de diciembre en Venezuela ha señalado el profesor Atilio Borón “La pertinaz guerra económica lanzada por el imperio así como su incesante campaña diplomática y mediática acabaron por erosionar la lealtad de las bases sociales del chavismo, agotada y también enfurecida por años de desabastecimiento planificado, alza incontenible de los precios y auge de la inseguridad ciudadana. Bajo estas condiciones, a las cuales sin duda hay que agregar los gruesos errores en la gestión macroeconómica del oficialismo y los estragos producidos por la corrupción, nunca combatida seriamente por el gobierno, era obvio que la elección del domingo pasado tenía que terminar como terminó”.


La necesaria reflexión colectiva sobre esta situación, conducida de manera respetuosa y fraterna debe destacar ante todo el alcance continental de la revolución bolivariana, su trascendente experiencia que a todos nos enseña, el imperioso compromiso de defenderla y la convicción de que la dialéctica de la vida y de la lucha del pueblo hará transitoria esta derrota. En este escenario debemos fortalecer los lazos de solidaridad, redoblar nuestra actividad internacionalista, denunciar con mayor ahínco las maniobras de agresión que realizan la derecha nacional  y el imperialismo y promover de manera más contundente las iniciativas para estrechar los lazos entre pueblos hermanos y las propuestas de encuentros fronterizos de amistad y solidaridad.


Rasgos de la dominación de clase en la etapa actual


Lo corrido del segundo mandato del Presidente Santos no muestra cambios significativos en el proyecto del bloque dominante en el poder. Aunque es evidente que persiste la falta de cohesión en la orientación que se le busca imprimir al proceso político y a las formas específicas de la organización de la dominación de clase, no ocurre lo mismo en relación con el modelo económico y la continuidad de la política neoliberal.


Desde el punto de vista estrictamente político, pese a las manifestaciones organizadas de la ultraderecha y el militarismo a través del Centro Democrático que se pretende proyectar como la única forma de oposición dentro del establecimiento, el Gobierno de Santos ha logrado sacar adelante –gracias a sus mayorías parlamentarias- su visión acerca del proceso de diálogos y negociación con la guerrilla de las FARC-EP y sus conversaciones no públicas con el ELN. Asimismo, las iniciativas de reforma institucional, como la mal llamada reforma política para el “equilibrio de poderes”.


Ni siquiera la concepción de paz sin reformas y gratis fiscalmente del Gobierno de Santos, inspirada en una variación más sutil de la idea del sometimiento guerrillero, ha logrado concitar los apoyos del uribismo. Esta fuerza política, aunque se ha visto obligada por los indiscutibles avances del proceso de La Habana a matizar su lenguaje guerrerista y a entrar en cierta forma en el proceso, no renuncia a trabajar por su fracaso y a presionar una reorientación hacia la confrontación militar abierta. Pese a que su margen de maniobra se ha venido reduciendo, es evidente que su continua presión tiene el propósito de provocar un endurecimiento de las posiciones del Gobierno en la Mesa hacia el sometimiento explícito (lo cual es una ilusión) y hacer más difícil la construcción de un eventual Acuerdo final.


Esa postura le ha sido en todo caso útil al Gobierno y funcional a sus objetivos, tal y como ocurriera durante la campaña electoral que llevó a Santos a su segundo mandato, en la medida en que le permite obtener apoyos y generar respaldos para neutralizar a los “enemigos de la paz”. Las recientes discusiones sobre el proyecto de acto legislativo para la paz y sobre el plebiscito refrendatorio, más allá de su poca utilidad para la construcción del Acuerdo final por su unilateralidad, son un indicador de ello.


Por otra parte, una expresión importante de los poderes económicos existentes en país, organizada en el Consejo Gremial Nacional, al tiempo que ha expresado su respaldo al proceso de diálogos y negociación, ha señalado explícitamente que su concepción de paz negociada se inscribe dentro de la lógica del sometimiento. La negociación se concibe por razones humanitarias; los acuerdos son válidos siempre y cuando no impliquen cambios en los diseños institucionales; la jurisdicción especial de paz es una concesión necesaria, si es para juzgar y condenar la rebelión; el esclarecimiento de la verdad no debe afectar la estabilidad democrática. En suma, se trata de una visión de paz, que –distante de lo hasta acordado- sólo contempla una idea de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR).


En consideración a lo anterior, se puede afirmar que a pesar de haberse impuesto en el bloque de poder la necesidad de una salida política, ésta se espera que no afecte en lo sustancial la dominación de clase y más bien que contribuya a aclimatar de mejor manera la acumulación capitalista. El miedo a la reforma ha sido un rasgo característico de la dominación de clase. En el contexto de la negociación con la guerrilla se exacerba. Y los sectores más recalcitrantes, pretenden justamente construir proyecto político apelando abiertamente a ello.


Desde ahora se deja entrever que en el escenario de un eventual posacuerdo, el conflicto político estará marcado por la impronta del cumplimiento y la implementación de los acuerdos. La potencia transformadora de un Acuerdo de paz, sólo podrá desatarse si el campo popular logra incidir sobre la actual correlación de fuerzas y modificarla.


Aunque es notoria la centralidad de los diálogos de La Habana en el proceso político y buena parte de la atención pública está centrada en ellos, no deben dejarse de lado las reiteradas manifestaciones de la crisis nacional. Desde la perspectiva de las clases dominantes el proceso de diálogos buscar ser instrumentalizado para un remozamiento de régimen político y de la organización del Estado en general. Pero es imperativo señalar que el clientelismo y la corrupción, así como la mafia y el narcotráfico, continúan permeando la formación social y el Estado en su conjunto. Cuando no es el poder ejecutivo, lo es el Congreso, o el poder judicial, o son las Fuerzas Militares y de Policía. La reformas institucionales emprendidas, como la llamada de equilibrio de poderes” son apenas un lavado de fachada de una organización institucional de la dominación que cada vez más muestra sus límites históricos.


En ese contexto, deben seguirse con atención pretensiones de sectores de las clases dominantes de propiciar procesos de militarización de las ciudades. Aunque la propuesta del alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, no prosperó, sí indica cuál es la perspectiva que puede proyectar en el marco de la intensificación de la lucha social y clases (como probablemente será el del posacuerdo) para el tratamiento de la movilización y la protesta social. La militarización como modalidad violenta del ejercicio de la dominación; ahora justificada con la reinvención del enemigo: la criminalidad común, que no será otra que la de los pobres.


Por ello, la lucha popular contra la imperante doctrina de seguridad, de combate al “enemigo interno”, adquiere particular relevancia. A la muy probable firma de un Acuerdo de paz y, en consecuencia, a la desaparición del enemigo guerrillero, le seguirá el intento de invención de uno nuevo. Es la única forma de justificar el militarismo y de evadir la discusión pública sobre la necesaria reforma a las Fuerzas Militares y de Policía, incluida su doctrina. La lucha por la democracia real y avanzada a la que aspiramos pasa en el atapa actual por la superación de la prevaleciente doctrina de seguridad.


Tendencias de la economía y dominación de clase


El proyecto de la dominación de clase choca en el momento actual con los límites que le impone la tendencia del proceso económico. Sobre ella vienen actuando factores estructurales y coyunturales, que acentúan además los conflictos en el seno de las clases dominantes, consideradas las especificidades de sus intereses económicos. La marcada dependencia de las exportaciones provenientes de economías de extracción minero-energética ha puesto una vez más en evidencia que para la propia dominación de clase puede resultar inconveniente un modelo económico supeditado a los comportamientos de los precios de los mercados internacionales y que ha debilitado estructuralmente su aparato productivo.


La reducción abrupta de los ingresos de exportación, la caída de la inversión extranjera y de las remesas, junto con medidas de la Reserva Federal estadounidense, han presionado a una fuerte devaluación del peso y con ello a un aumento sensible del déficit en cuenta corriente, que solo podrá ser compensado con la reducción drástica de las importaciones, con impactos adicionales sobre la producción interna y el consumo. La consecuencias saltan a la vista: menor crecimiento económico, aumento del desempleo y de la precarización del trabajo; mayor tasa de inflación; deterioro de la situación fiscal; presión al mayor endeudamiento público y aumento de los impuestos. Todo ello es lo que se ve venir para el 2016. Una tendencia al deterioro generalizado de la economía, con los correspondientes impactos sociales.


A fin de enfrentar la situación, la política económica del Gobierno anuncia, por una parte, mayores énfasis en el estímulo a la demanda interna. El soporte de crecimiento se espera que continúen siendo los programas de infraestructura (4G) y la vivienda social. Dichos programas benefician fundamentalmente a la facción financiera del capital, y son unas de las fuentes actuales del endeudamiento público. Por otra parte, el “hueco fiscal” será compensado con mayor endeudamiento a fin del sostenimiento selectivo del nivel de gasto para algunos sectores, incluidos la seguridad y defensa, así como el pago del servicio de la deuda. De igual forma, con el aumento de la tributación, especialmente indirecta. La reforma anunciada para el primer semestre de 2016 provocará un aumento del IVA en dos o tres puntos adicionales a su nivel actual del 16 por ciento.


La decisión política del Gobierno es clara. Contrarrestar el deterioro del crecimiento con deuda pública y el mayor endeudamiento de los hogares; garantizar la tasa de ganancia de uno de sus principales soportes: el sector financiero; dar continuidad a la política neoliberal con reformas aplazadas como la reforma tributaria y la también anunciada reforma pensional. Y esperar a mejores condiciones externas e internas (con el Acuerdo de paz) para aclimatar la inversión extranjera y dar continuidad a su modelo de extracción minero-energética.


A lo anterior se suma el proyecto en curso de creación de las “Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres)” con la que además de facilitar la legalización del despojo y el acceso a tierras baldías del Estado por parte de grandes capitales, se pretende subordinar economías campesinas, bajo un concepto de empresarización del campo. Las Zidres son las compensaciones ofrecidas al gran capital por las concesiones que se debieron hacer al campesinado en los acuerdos de La Habana en materia agraria y de desarrollo rural integral.


Con la implementación de reformas que acentúan los rasgos prevalecientes del modelo neoliberal en la actualidad: financiarización, extractivismo depredador y agronegocios, se generan condicionamientos de facto, que actúan negativamente sobre las posibilidades democratizadoras de los Acuerdos de La Habana. Se trata de que la implementación de los acuerdos cuente con marcos de referencia prefigurados, que hagan más difícil su ejecución. Una demostración de ello es la reforma en curso a la institucionalidad agraria. Más que una respuesta a lo pactado en esa materia en La Habana, lo que se viene preparando es una institucionalidad para el fortalecimiento del modelo agrario existente.


Por otra parte, la deteriorada situación de economía será utilizada para justificar los problemas de financiación de un eventual Acuerdo final; reforzándose la aspiración de sectores de las clases dominantes a una paz gratis fiscalmente. Por lo pronto, se pretende que el mayor crecimiento esperado financie la construcción de la paz y junto con la cooperación internacional. Por ello se viene anunciando la creación de un fondo para ese propósito.


El deterioro del proceso económico, así como las medidas de política económica para descargar el peso de tal deterioro en sectores medios y pobres de la población representan retos que el campo popular deberá enfrentar. No es descartable que asistimos a un mayor flujo de la movilización y la protesta social, luego de la relativa pausa de los últimos dos años.


Las luchas populares deberán extenderse a las luchas por la financiación de los acuerdos de La Habana. No será posible construir una paz estable y duradera si ese propósito no se acompaña de un esfuerzo fiscal extraordinario, similar al destinado para el fracasado intento de ganar la guerra.


Proceso de paz y perspectivas de un pos acuerdo.


La solución del conflicto interno colombiano y las posibilidades de la firma de un acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno, han convertido el proceso de paz en el asunto más relevante de la coyuntura política nacional. Luego de tres años de negociaciones en La Habana, para el bloque popular y la izquierda revolucionaria es evidente que las perspectivas estratégicas de cambios en las relaciones de poder pasan por un apoyo decidido a estas negociaciones, la consolidación de un amplio movimiento social por la paz y las tareas para desatar un profundo proceso constituyente en Colombia. Los comunistas hemos reconocido en la negociación del conflicto el desafío político de nuestro presente y futuro.


A medida que se desenvuelven las negociaciones son evidentes tanto las dificultades como las potencialidades. Postulamos una esperanza de paz que no sea abstracta y que no permita ocultar o evadir los peligros. Los obstáculos mayores son de tipo ideológico, político y práctico. Sin pretender agotarlos, es importante subrayar algunos de ellos.


A nivel ideológico, algunos dispositivos pretenden identificar la terminación del conflicto y la firma de un acuerdo con el inicio inmediato de la “paz” y para ello han expandido el término “post-conflicto”; como si la firma de un acuerdo fuera la terminación de la conflictividad social. Paralelamente, intentan crear la percepción de que todos y todas estamos de acuerdo con la misma idea de “paz”; cuando sabemos que la “paz” es un campo filosófico y político en disputa y que la naturaleza del capitalismo siempre será violenta. Se disfraza la verdadera paz bajo una supuesta “paz” que no afecte los negocios de los poderosos y simplemente permita el incremento de los mismos. Profundizar en nuestra concepción de paz con justicia social y democracia política es una responsabilidad permanente.


En el campo político existen limitaciones preocupantes. La primera es el predominio de algunas concepciones coyunturalistas y de corto plazo de los fenómenos socio-políticos, que se manifiestan en la pérdida de perspectivas integrales y estratégicas del proceso de paz. La segunda es la dificultad de relacionar las distintas acciones políticas con las perspectivas de la terminación del conflicto, combinando adecuadamente las reivindicaciones económicas, sociales, ecológicas y culturales, con el horizonte de la paz. La tercera es la incomprensión o escasa prioridad otorgada en el accionar político cotidiano al proceso constituyente y la refundación de la política. La cuarta se manifiesta en las limitaciones o incipiente existencia de un gran movimiento político y social por la paz de Colombia.


En las dimensiones de la vida práctica las dificultades son inmensas. La primera es la lógica que ha querido imponerle el gobierno a la negociación a través de estrategias diseñadas, tales como, prefijar la negociación, no presentar ninguna propuesta sino al final, anunciar proyectos por fuera de la mesa, utilizar los medios monopólicos de información para sus intereses, romper la confianza ganada, alterar la interpretación de lo acordado, etc. La segunda es la escasez de grupos de investigación, colectivos de reflexión y equipos de apoyo, para pensar a fondo la negociación desde el bloque popular y la izquierda revolucionaria. Tercera, la escasa apropiación social por vía directa y reflexiva de todo lo acordado en La Habana y las limitaciones existentes en medios comunicativos del campo popular. Cuarta, la incomprensión por parte de ciertos sectores de los tiempos acuciantes y reales de la negociación, como también de los obstáculos del “maximalismo”. Quinto, el aplazamiento del inicio de las negociaciones con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional – ELN y la ausencia de diálogo inicial con el EPL.


El proceso de negociaciones también ha mostrado el rostro de sus potencialidades y posibilidades. Se ha abierto un horizonte de importantes expectativas de carácter político para transformar las relaciones de poder en Colombia y posiblemente en el contexto de América Latina y el Caribe.


La primera posibilidad es contribuir a detener o mitigar la contraofensiva actual de la derecha en el continente latinoamericano. Un proceso de terminación del conflicto armado interno en nuestro país, inteligente y con consecuencias sociales, puede aportar en atajar la tendencia política regresiva en la región. Esta contribución al panorama político latinoamericano ha sido prevista en las reflexiones de Fidel Castro y Pepe Mujica.


La segunda potencialidad está contenida en la función constituyente que ha ido adquiriendo la Mesa de negociaciones de La Habana. Algunos de los acuerdos parciales y orientaciones políticas que emergen del proceso han mostrado los profundos límites del orden legal, institucional y constitucional colombiano.  Las comisiones y sub-comisiones jurídicas, de género, del fin del conflicto, de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, Desaparición Forzada, etc., han evidenciado la urgencia de transformaciones de fondo de la sociedad colombiana. El Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, ha evidenciado la complejidad y multi-determinación causal del conflicto interno, como también la existencia de responsabilidades colectivas en su génesis y persistencia. En varios de sus informes se realiza una fundamentación rigurosa sobre el deber y derecho a la subversión en sus distintas formas. El Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz es un ejemplo de imaginación creadora a nivel de otras soluciones planetarias.


La tercera potencialidad se sitúa en la relevancia que adquiere actualmente la verdad histórica y la memoria de las víctimas como condición ineludible para la construcción de la paz. Sin verdad histórica no será posible arraigar las bases de una paz estable. El esclarecimiento del fenómeno contrainsurgente y anticomunista en la historia colombiana, en sus múltiples manifestaciones, como el llamado “paramilitarismo”, se convierten en condiciones sine qua non para arraigar el proceso de paz. El punto tres del Acuerdo General, sobre el Fin del Conflicto, es bastante agudo en esta obligación de verdad histórica.


La cuarta riqueza del proceso es el incremento de la conciencia colectiva sobre la importancia de los contenidos del Acuerdo General y la relevancia de sus seis puntos. Los tres Acuerdos logrados con sus salvedades son documentos de obligatorio estudio para los comunistas. No es posible terminar el más largo conflicto del hemisferio occidental sin solucionar problemas estructurales de la tierra, los límites centenarios a la participación política y democrática, y los denominados cultivos ilícitos. La “salvedades” constituyen asuntos pendientes de honda importancia para finalizar el conflicto armado. Los puntos del Fin del Conflicto (3) y la Implementación, Verificación y Refrendación (6), exigen de la izquierda revolucionaria un trabajo reflexivo y político permanente y profundo. La firma de un acuerdo sin una rigurosa implementación normativa y sin los recursos previos acordados, sería una nueva frustración para la paz de Colombia. 



Balance electoral: continuismo de derecha y lecciones para la izquierda.


Los resultados electorales reafirman el continuismo y la correlación de fuerzas adversa por ahora a los cambios democráticos. Después de varios años las elecciones locales se realizaron en un clima de menor conflictividad armada, como consecuencia del cese unilateral al fuego definido por parte de las FARC-EP, lo que a su vez permitió evidenciar con mayor claridad y profundidad la descomposición y la corrupción del sistema electoral colombiano, que continua manteniendo niveles de abstención superiores al 50% en algunas regiones, y un voto de rechazo en blanco, nulo o no marcado, que alcanza un promedio del 15% a Concejos municipales en todo el país.


A su vez los pasados comicios son expresión de la democracia que tenemos, una democracia excluyente que convive con la violencia. La acción política desde el poder, la conformación y funcionamiento institucional, el monopolio y manipulación desde los medios de comunicación, conservan adecuado a las nuevas realidades el espíritu del frente nacional. Mientras contrario a lo que se dice oficialmente el paramilitarismo sigue creciendo como lo muestran recientes estudios de Indepaz que señalan que de una presencia en 298 municipios desde hace más de tres años, hoy existe presencia en 338 municipios.


El paramilitarismo que se extiende acompañado de la cultura mafiosa, se constituye en cimiento para el triunfo electoral de candidatos del bloque dominante en las regiones. El crimen a dirigentes populares, las amenazas a la oposición democrática, los operativos militares y los montajes judiciales continuaron siendo parte de la antesala de estas elecciones.  


Igualmente el ventajismo y la corrupción del sistema electoral constituyen una pieza clave en el sostenimiento del estatus quo político, que hace funcional a sus intereses el atraso y desorden que lo caracteriza. Con este sistema vigente es imposible hablar de transparencia electoral, su cambio sustancial es prioritario para democratizar el régimen, con mayor justificación en el marco de un futuro acuerdo de paz.


Aspectos principales como la voluntad política y la acción decidida del Estado contra el paramilitarismo, el uso en condiciones de igualdad  de los medios de comunicación en las campañas, la financiación directa de las mismas sin obstáculos financieros, la composición del poder electoral, la reforma a la Registraduría,      la  modernización de las elecciones mediante la puesta en práctica del voto electrónico, la aprobación de un Estatuto de la oposición, la reforma a los partidos y del sistema de distribución de curules, entre otras propuestas, hacen parte de las exigencias  inmediatas que permitan brindar las garantías elementales y necesarias para ejercer la competencia política en un nuevo escenario para la participación que exige a su vez el proceso de paz.


En cuanto a los resultados, ganaron principalmente los partidos pertenecientes a la “Unidad Nacional”. El Partido Liberal mantuvo diez gobernaciones, el Partido de la U y Cambio Radical aumentaron dos, para un total de siete en cada colectividad; Alianza Verde subió a tres, una adicional al periodo anterior, el partido Conservador mantuvo dos, y el Centro Democrático, Aico y un movimiento por firmas, obtuvieron cada uno una gobernación. En las Asambleas, las Alcaldías y Concejos la tendencia fue similar, pero con una mayor presencia del Partido Conservador. 


El partido del vicepresidente Vargas Lleras, Cambio Radical, que representa una fracción tradicional de la oligarquía bogotana, bastante articulado a sectores militares, se destaca entre los más beneficiados con los resultados de cara a la elección presidencial del año 2018, por el uso clientelista de los dineros públicos y los grandes proyectos de infraestructura bajo su coordinación; así mismo, el partido del vicepresidente obtiene  positivos resultados  en zonas de predominio del paramilitarismo fundido con poderes económico políticos mafiosos y paramilitares.


Por su parte, el Centro Democrático sale derrotado en términos generales porque pierde gran cantidad de votos respecto a lo obtenido en las parlamentarias y la elección presidencial.  Su representación, aunque no es despreciable, sí se debilita para los intereses políticos de saboteo al proceso de paz y restauración conservadora que representa.


La nueva recomposición del bloque dominante, de todas maneras, tiene como hilo común el camino fiel de la profundización del modelo neoliberal en la dependencia, lo que agravara la crisis social y la tendencia hacia abajo de amplias franjas de la población.


Se evidencia que la gran burguesía y el capital transnacional concentraron su ofensiva en ciudades principales: Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y en regiones significativas en el proceso de paz. La campaña por “recuperar Bogotá” para la derecha hizo parte de la cruzada contra la “izquierda”. La derecha internacional festeja estos triunfos como parte de su ofensiva por reversar conquistas sociales y políticas obtenidas durante la última década mediante gobiernos democráticos. La derecha y ultra derecha ganan espacios en función de su concepción de “paz territorial” como barrera de contención al potencial transformador que puedan desatar los acuerdos. Se debilita la capacidad de incidencia en algunos gobiernos departamentales y locales que a pesar de limitaciones de visión y ejecución, sí representaban un obstáculo para las elites como en el caso de Bogotá.


Se acentúa la arrogancia de la burguesía para imponer un modelo de ciudad centrado en el cemento, los andenes, los puentes y la infraestructura paisajista mientras se subestima a los seres humanos y las graves carencias sociales se encomiendan a los sistemas privados. En Bogotá Peñalosa plantea una estrategia de largo plazo fomentada desde el gran poder económico y sus operadores políticos, articulado mediante instituciones privadas como ProBogota, la Cámara de comercio, con un papel destacado de los medios de información en su tarea de legitimar un re direccionamiento de su política hacia un modelo funcional a los grandes negocios e inversionistas privados.
 

Resultados y lecciones para la izquierda


Los resultados para la izquierda no son positivos y se retrocede con la perdida de espacios de representación. El triunfo de la derecha en Bogotá es el principal golpe. A excepción de la gobernación del Putumayo conquistada mediante un acuerdo pluripartidista, la alcaldía de Pasto a través de un movimiento de firmas, y ciertas alianzas programáticas con énfasis en el respaldo al proceso de paz con candidatos de partidos tradicionales, la izquierda, en cualquiera de sus expresiones, no obtuvo triunfos directos en gobernaciones, ciudades capitales o intermedias, donde se concentra la mayoría de la población del país. Algo similar, teniendo en cuenta los informes departamentales, se puede afirmar en los casos de Asambleas, Concejos y JAL.


El PDA aunque se reafirma como principal fuerza electoral en la izquierda, con 6 alcaldías propias, 9 diputados, 170 concejales, varios de ellos aliados importantes, ha perdido su papel fundacional como referente unitario de la izquierda y su identidad interna continua afectada por los debates de la unidad, el compromiso real con la defensa del proceso de paz y su perspectiva política. Por su parte, el movimiento MAIS, expresión política de la ONIC, aliado importante en la lucha por la paz y la cumbre agraria, obtiene en su primera participación en elecciones locales un número importante de elegidos a Alcaldías, Asambleas y Concejos ubicados en poblaciones intermedias, que constituye todo un desafío si se tiene en cuenta experiencias anteriores y el hecho que muchos de ellos, principalmente, mantienen un vínculo partidario por el aval recibido. El Progresismo que se vinculó a la Alianza Verde no obtuvo buenos resultados y sus candidaturas fueron derrotadas, principalmente en Bogotá, donde solo logro mantener un concejal de los ocho elegidos en el periodo anterior.


Marcha Patriótica logro elegir algunos representantes pero no pudo reagrupar sus fuerzas y avanzar en el campo electoral con una identidad propia que le permitiera superar la experiencia negativa de las parlamentarias. Los criterios fueron tan diversos que finalmente su acumulado social se dispersó en tácticas y candidaturas con avales muy distintos. La prometedora idea de una “nueva forma de hacer política” en algunos casos terminó privilegiando aliados muy diversos y un sentido pragmático y coyuntural de la lucha electoral. La articulación con la UP y el PCC fue muy conflictiva en varias regiones, lo que se reflejó en los resultados e impidió en casos como Bogotá, obtener triunfos unitarios.


En su conjunto, las izquierdas no lograron proyectar y comunicar suficientemente en esta coyuntura electoral una opción unitaria que vinculara las reivindicaciones populares, la crítica del modelo económico, social y político y el apoyo al proceso de paz en curso. Se ponen de presente de manera aguda problemas ideológicos y políticos que reflejan una pérdida de identidad con los valores de un proyecto transformador y la justificación de prácticas tradicionales en beneficio de visiones pragmáticas.


Una mirada autocrítica plantea la necesidad de analizar a mayor profundidad la crisis de representación de la izquierda, especialmente en sectores urbanos y de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, en la amplia economía informal y sectores populares de ciudades intermedias. En las zonas agrarias los resultados tampoco fueron favorables, incluso en ciertos municipios bastante representativos como San Vicente del Caguán y otros del oriente colombiano, no se lograron las metas propuestas. Así mismo la dispersión, la fragmentación y la debilidad de los criterios de unidad, junto a la pérdida de la influencia de masas y su conexión con las luchas políticas del momento. Las elecciones como se ha sostenido no comienzan ni terminan con las campañas.


La táctica de dispersarse en instrumentos distintos, no contribuyó a dar un paso adelante en la conformación del núcleo necesario para el impulso de una unidad y de acuerdos con una identidad diferenciada de la política tradicional. Los efectos negativos de la dispersión, además de las razones políticas, también atribuible a la doble lógica  que domina en la ley 1475, a saber: la prohibición de las coaliciones para listas a corporaciones entre fuerzas minoritarias y la categoría de doble militancia que sanciona y restringe la movilidad política que si manejan los partidos mayoritarios del régimen, se suma al error de no aprender de la experiencia y volver a repetir y justificar prácticas, que a pocos meses, ya habían demostrado su fracaso en las elecciones parlamentarias. Hoy el llamado a la priorización de la unidad debe reconocer a su vez una nueva realidad con variedad de grupos en el escenario que exigen su participación en la representación y las decisiones.  


No basta la autocrítica nuestra, es necesario también un enfoque crítico de las conductas de los aliados en circunstancias generales. Es el caso del predominio del  subjetivismo en los candidatos, cuadros y direcciones; la carencia de análisis correcto de la relación entre la lucha por la paz con justicia social y las reivindicaciones populares en las situaciones locales regionales; el apresuramiento de introducir métodos que refuerzan el apoliticismo, subestiman la identidad propia en la izquierda y desenfocan la correcta política de alianzas; y los prejuicios atemorizantes y sectarios frente a la UP o a la unidad de acción con los comunistas.


El momento político de tránsito a una nueva situación reclama formas y contenidos más sólidos en la unidad, que tiene que ser menos coyuntural y más a largo plazo, con ideas y acción para pensar mucho más a fondo la ciudad, la región y el país. La debilidad de la coalición para la alcaldía de Bogotá estuvo en la subestimación de la contraofensiva de la derecha que quiere consolidar su hegemonía en la solución política; en la inexistencia de un distanciamiento autocrítico tajante de la candidata con la corrupción en el período del ex alcalde procesado Samuel Moreno; la actitud vacilante frente al tema del dialogo y la solución  política, la subestimación del significado decisivo de la profundización democrática y de la justicia social para la paz;  la ausencia de una valoración acertada de las nuevas preocupaciones de las capas medias incluidas sus críticas al desgreño administrativo y el retraso estructural en la movilidad en la administración Petro; y el desestimar la radicalización de medidas sociales de confrontación a  la desigualdad bajo el supuesto de buscar el apoyo de sectores empresariales y no de los sectores populares y el conjunto de todos los trabajadores.


La experiencia de la UP y la batalla por la identidad política


Después de doce años de ausencia legal el retorno de la UP como movimiento político a partir de su V Congreso en noviembre de 2013,  que se pronunció a favor de participar en el proceso electoral, consciente de las limitaciones de diverso orden, ha hecho énfasis principalmente en los objetivos de contribuir a recuperar una voz enraizada en nuestra historia – de lo esencialmente no resuelto - en el debate de la lucha por la solución política, la construcción de la paz, y la no repetición, a la vez que aportar a los esfuerzos de  un proceso unitario en la perspectiva del Frente Amplio, en un momento de mayor dispersión de la izquierda y el resurgir de tendencias anti comunistas. 


En esas circunstancias, la experiencia política de la UP permitió con criterio unitario, ir más allá de las simples adhesiones y levantar una voz propia en el debate presidencial y parlamentario con el liderazgo de Aída Avella y diversas candidaturas a la Cámara.  Paralelamente, se han retomado contactos políticos con liderazgos y procesos colectivos en todo el país,  es importante resaltar regiones como la Guajira, Córdoba, Cesar, el Catatumbo, algunos municipios de Santander del Sur y en otros del Magdalena Medio, Nariño, Cauca, Amazonas, y muy especialmente en Urabá, donde no se había podido regresar al trabajo propiamente político hace bastante tiempo.


En otros departamentos y ciudades como el Valle, Arauca, Tolima, Huila, Caquetá o en el caso de Bogotá, donde se realizaron asambleas de reencuentro en todas las localidades y en sectores juveniles, sindicales, mujeres, se dinamizó un trabajo de organización que hay que evaluar en la medida que permitió retomar acción política con antiguos militantes, pero también con nuevos sectores que se encuentran a la expectativa.


La UP en un momento de crisis de la izquierda, ha contribuido a reagrupar una identidad política vigente en su ideario de paz y apertura democrática.  No ha sido un proceso fácil. La clase dominante y la situación política así exista aparentemente más espacio y algunas garantías no han cambiado en lo fundamental. Retomar su legado ha implicado a la vez asumir debates que no se han cerrado y otros nuevos que consideran que su función debe reducirse a la de victima colectiva y sus reivindicaciones en ese campo, desechando su papel como sujeto en los espacios propiamente de la lucha social y política. El papel del PCC, como fuerza principal, ha sido insuficiente y desigual, tanto en su orientación como en su conducción práctica, en muchos casos más formal que real al momento de atender y resolver conflictos diversos en los territorios. De cara al VI Congreso de la UP, esta situación debería corregirse, con el objetivo que la UP como realidad política, cumpla un papel más constructivo en las luchas por la paz y la unidad.


Relación entre el proceso de paz, la unidad y el nuevo movimiento.


Para avanzar hacia la unidad más amplia y representativa un pre requisito es comprender que en la lucha para que se concrete una salida política, una conclusión positiva del diálogo como propósito nacional y que definitivamente ponga fin al prolongado ciclo de la contrainsurgencia que está en el origen y la reproducción de la guerra están en juego dos enfoques y dos proyectos distintos de futuro y de sociedad y que la paz con democracia y con justicia social no saldrá espontáneamente como una dádiva de los dominadores sin una lucha incesante, una unidad creciente y una intervención arrolladora del pueblo en todo este proceso. El qué hacer para las fuerzas revolucionarias, democráticas y populares que respaldamos a fondo la solución política consiste en darle forma e identidad de programa, de simbolismo y de ética a un Proyecto Democrático de paz con Justicia social como la vía posible de consolidación de una paz justa y duradera.


El Proyecto Democrático de Paz con Justicia social tiene que ser el eje de la unidad y la identidad más amplia y representativa en la presente coyuntura histórica. El Frente Amplio por la paz es ante todo una política dinamizadora, nucleadora, organizadora y divulgadora del Proyecto democrático. Su tarea es amalgamar la lucha popular y la movilización de masas por la paz, los acuerdos, los pos acuerdos, el seguimiento y el cumplimiento efectivo de los mismos, el impulso a las reformas políticas y sociales necesarias y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Sus banderas han sido y son: la defensa del proceso de paz y del diálogo como camino, el cese al fuego bilateral, el desescalamiento bilateral, el desmonte del paramilitarismo, la libertad de los presos políticos y prisioneros de guerra, la pedagogía de la paz y la movilización popular como principal instrumento de acción.


En el horizonte se inserta la necesidad de vincular el logro y la consolidación de la paz con la perspectiva de construir las convergencias indispensables hacia un gobierno democrático, pluralista, de muy amplia coalición comprometido en ese empeño. En esa ruta sugerimos avanzar en acercamientos alrededor de una Plataforma Mínima de objetivos inmediatos: reforma política y electoral, estatuto de la oposición, ley de medios de comunicación, ley de ordenamiento territorial; medidas de reforma agraria; estatuto laboral democrático.


Sugerimos un itinerario que permita resumir el cúmulo de actividades paralelas y facilite su interacción y en lo posible su unificación:


-    Proponemos para el primer trimestre de 2016 un Encuentro Nacional de Elegidos y dirigentes regionales y nacionales comprometidos con la Paz con Justicia Social para considerar los avances del proceso de paz y coordinar las iniciativas del orden político y administrativo que ayuden a fortalecer los Ejes Programáticos del mandato popular.


-  La prioridad mayor estará en la construcción de la unidad programática con base en las consignas de la movilización popular. Paralelamente se subraya la necesidad de establecer en común un proyecto de educación y formación política intensivo de la mayor cobertura posible, dirigido principalmente a l@s jóvenes, las mujeres, los movimientos etnosociales y las “nuevas ciudadanías”.-


Como habrá congresos y eventos de los posibles participantes en 2016 sugerimos una propuesta de que todos ellos, además de sus asuntos internos, consideren una Agenda Común constituida por algunas preguntas sencillas:



1)    ¿Es posible un Programa Común? ¿Cuáles son sus bases principales?


2)    ¿Qué métodos deben privilegiarse en la construcción de la unidad?


3)    ¿Es posible una educación y formación política de cuadros en común?

4)    ¿Qué debe hacerse para construir mayor confianza?


5)    ¿Qué tipo de organización debe crearse: ¿Un partido? ¿Un movimiento? ¿Un frente?

6)    Sería funcional: ¿Una coordinación nacional provisional? ¿Una Mesa de unidad? ¿Un equipo preparatorio?


7)    ¿Es posible una táctica presidencial unificada para 2018?

8)    ¿Qué es más conveniente para tomar decisiones  en común: ¿Un congreso? ¿Una Convención? ¿Una consulta?



Todo esto reclama a su vez la articulación en términos de identidad de proyecto, de educación política, de organización y de métodos de trabajo popular de masas entre las formaciones UP-MP-PCC actualmente existentes y que necesitan actuar con la mayor coordinación. La unidad no es reductible a los procesos electorales aunque es fundamental en ellos.  La unidad debe construirse en el plano general y en cada espacio de la lucha popular, cada organización social, cada proceso de acción y de movilización. Hay que otorgarle toda su prioridad a los aspectos programáticos que relacionan las reivindicaciones populares al logro de la paz. En nuestra experiencia se trata de tener en el horizonte la unidad de las masas, la unidad del pueblo, no solo de las siglas. El camino es priorizar las fueras comprometidas en la dinámica de la lucha con una base social real y capacidad de aportar al acervo común unitario.


 El tema en debate es cómo avanzar en la tarea de agrupar un bloque histórico, político y social radical de los cambios como fuerza motriz del proceso de la paz democrática. Es la tarea que debe presidir en nuestra opinión la aproximación de propósitos de los congresos y del consejo patriótico nacional.


Amplitud e identidad democrática y revolucionaria.


La esencia de nuestra política exige la búsqueda de la unidad. No existen fórmulas aplicables a toda situación. Hay que insistir en la unidad aprendiendo de la experiencia. Hay que conjugar esfuerzos de renovación de nuestra identidad con UP. No somos un movimiento ni una fuerza política de víctimas, ni un partido de perseguidos sin opción de ser parte constituyente de un nuevo poder. Hay que desarrollar varias facetas de una identidad democrática, histórica y actual en el plano político: una fuerza de la oposición democrática al sistema; un instrumento político creado históricamente para realizar un proyecto de paz democrática; una propuesta ética desde la izquierda frente a la corrupción; un movimiento patriótico antimperialista y popular abierto a la unidad.- Hay que reconstruir, desarrollar y actualizar el concepto de “democracia avanzada” (Rodney Arismendi) como parte de una vía a la revolución y el socialismo. La reivindicación de las víctimas y de la memoria son componentes irrenunciables de la cultura democrática vinculada a la paz.


La batalla de ideas es un punto clave en el debate por la movilización popular. Predominan criterios parciales que tienden a aislar a las organizaciones populares de la lucha por objetivos democráticos en el contexto de la búsqueda de la solución política. Este desfase ha sido inducido por el poder que ha presentado la lucha por la paz como una acción subversiva o un asunto de especialistas, académicos y ONGs.


El papel de los movimientos sociales se incrementa en la línea del desarrollo del proceso de paz y de los probables acuerdos en los territorios. La propuesta en discusión sobre territorios especiales de paz, Terrapaz, pone sobre el tapete la tareas de la movilización, la coordinación, el reconocimiento y la unidad de numerosas organizaciones asentadas en las regiones y el papel de las organizaciones sectoriales en relación con los retos de la normalización y la defensa de los acuerdos en el período de posacuerdo.


Sobra decir que esa tarea debe empezar ahora, no en el último minuto. El Frente Amplio y la Veeduría Social, conjuntamente con las organizaciones ecuménicas y constituyentes por la paz han abierto una vía de aproximación a propósito de la veeduría del cese al fuego unilateral decretado por las Farc ep y que en breve completará un año.  Proponemos llevar la iniciativa de tomar contactos de unidad desde las estructuras partidarias, de UP y MP, como también de los sindicatos y organizaciones agrarias, indígenas, negras, de jóvenes, de mujeres, de lgtbi, de la cultura, periodistas e integrantes de otras fuerzas políticas y sociales. Promover espacios de diálogo y de convergencia para la acción común y para atraer a todos aquellos sectores que puedan aportar su concurso a una normalización democrática, plenamente incluyente, dispuesta a apoyar, acompañar, verificar y vigilar desde los movimientos populares el cumplimiento de los acuerdos, la pedagogía, el aprendizaje y la formación política en liderazgos y nuevas formas de participación.


La política de Frente Amplio por la Paz con Justicia social puede ser vinculada a un proceso de concientización, de organización y de unidad en la transición a la normalización que va a tener como escenario principal aunque no único los espacios rurales y urbanos con asentamientos de pobladores campesinos, mineros, trabajadores sin tierra, trabajadores de las economías populares, de artesanos, obreros, empleados y desempleados. Es importante comprender que se trata de espacios de lucha, donde es preciso construir condiciones básicas de confianza y garantías de seguridad, que pueden provenir en parte de los acuerdos pero fundamentalmente de la organización autoconsciente de los participantes. La experiencia enseña el papel nuclear de la región cuando se conjuga la capacidad articuladora de las organizaciones obreras, campesinas y mineras con los movimientos de derechos humanos y con las dinámicas de los movimientos etno social (indígenas y negros), del estudiantado y del magisterio. Existen sectores pudientes de campesinos ricos y empresarios no relacionados con el paramilitarismo que tienen interés en la paz.


La idea de un amplio movimiento por la paz con justicia social es congruente con la tarea de reconstruir un activo y renovado movimiento popular de masas, hoy en día golpeado, atemorizado y disperso por la represión y la guerra sucia.


El papel esencial es el de la unidad de la clase obrera en la tarea de la paz con justicia social. El balance del 3er. Congreso Extraordinario de la CUT indica que hemos logrado unificar criterios básicos y dado pasos para reagrupar las fuerzas clasistas en la idea de rescatar la central para la defensa de los derechos de los (as) trabajadores y la paz con justicia social y democracia política, en lugar de crear un nuevo aparato sindical nacional. Los logros aunque parciales son positivos, favorecen facetas que apuntan a una democratización, a una flexibilización estatutaria, a una desburocratización de la dirección y a una mayor representatividad del movimiento obrero real en su Comité Ejecutivo. Este camino emprendido requiere persistencia y sobre todo consolidación, mayor compromiso y dinámica del sector clasista hacia una nueva estructura organizativa del sindicalismo y de una actitud más consecuente, firme y solidaria. Un valoración especial ameritan los congresos de la mujer trabajadora y la juventud trabajadora en particular este último por el importante debate ideológico sobre el papel de los jóvenes en el panorama de las luchas obreras.



Tal vez el mayor esfuerzo realizado por un frente de masas en apoyo al proceso de paz en los últimos meses está relacionado con la II Asamblea Nacional por la Paz. El proceso, que se desarrolló durante los últimos 9 meses, implicó la realización de 52 asambleas sub-regionales, 12 de carácter regional, más el evento nacional final realizado en Bogotá durante los días 18 al 20 de noviembre, en el cual participaron alrededor de 1500 delegados de todo el país. En el conjunto de asambleas la participación superó los 9000 delegados de organizaciones sindicales, académicas, ambientalistas, comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinas, religiosas y gubernamentales, entre otras.


Como una consecuencia afirmativa de la II Asamblea por la Paz surgen nuevos factores dinámicos en el camino de un movimiento por la refrendación de los acuerdos y la construcción de un proceso constituyente. El PCC, de acuerdo con otras fuerzas de izquierda y democráticas, deberá promover el acercamiento y coordinación entre organizaciones de masas cuyos frentes guarden relación más o menos estrecha. Así por ejemplo, la mayoría de las organizaciones sindicales vinculadas al sector energético (petróleo, gas, carbón, hidráulica, etc.) junto con las organizaciones de usuarios del servicio y los defensores de fuentes de agua y del ambiente, entre otras, ya han avanzado en la constitución de tal coordinación por medio del proceso que tuvo su mayor expresión en la ya mencionada Asamblea Nacional por la Paz. Estas coordinaciones sectoriales de la Mesa minero energética pueden converger con la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular en lo que puede concretarse como una Cumbre Popular, espacio de encuentro de la mayor parte de los sectores de la vida nacional para exigir cambios en el modelo económico y social, por los derechos de los/las trabajadores, la reforma agraria democrática, las libertades políticas, etc.


A nivel urbano, el escenario de construcción de planes de desarrollo municipal y la revisión ordinaria de los planes y esquemas territoriales, es un escenario ideal para la movilización y la coordinación de las fuerzas sociales de izquierda por una Reforma urbana democrática con base en superar por lo menos tres dificultades que han sido recurrentes:


Mantenemos en nuestras organizaciones la separación de las discusiones técnicas de las políticas. No hemos logrado avanzar en la configuración una política más convincente para construir ciudades democráticas, cómo territorializamos nuestra propuesta de ciudad. Es claro que el tema de las ciudades es uno de los grandes ausentes en las discusiones de La Habana y en consecuencia debemos profundizar nuestra capacidad de generar agendas territoriales de paz con justicia social que nos permitan vincular nuestra apuesta política estratégica con la defensa de los territorios y los derechos de los pobladores urbanos.


Bajo la consigna “Vamos por la Paz, los derechos campesinos y la soberanía alimentaria” se realizó durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2015 el XI Congreso Nacional de Fensuagro. Precedido de encuentros de jóvenes y de mujeres, el desarrollo y conclusiones enfatizan la necesidad del resurgimiento de la Federación, opacada en la última época por el énfasis puesto sobre la MIA y la Cumbre Nacional Agraria, a pesar de la historia y tradición de lucha de Fensuagro y que sus participantes y miembros de dirección coinciden en buena medida en todas esas organizaciones. Es de resaltar que los resultados del Congreso, incluida la elección de su dirección, fueron en su totalidad acordados entre las fuerzas integrantes de la Federación, incluido el PCC. Esto no significa que las dificultades de Fensuagro, que vienen de una compleja historia estén automáticamente resueltas, objetivo que requerirá mayores esfuerzos.


Como un resultado del trabajo en el frente de las mujeres hay que destacar la designación de Colombia como sede del Congreso de a Federación Democrática Internacional de Mujeres FEDIM del 15 al 18 de septiembre de 2016, lo que significa un compromiso mayor del conjunto del Partido con las comunistas y con el conjunto de organizaciones femeninas vinculadas a la lucha por la paz con justicia social.


Consideramos como positivos los esfuerzos unitarios en la Cumbre Nacional agraria, étnica y popular y la tarea de la Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas – COMOSOPOL en función de acciones conjuntas para la movilización social y política que diferentes procesos vienen realizando y que se han expresado en estos últimos años en una tendencia con momentos coyunturales de ascenso del movimiento de masas con un contenido reivindicativo y político. Se requiere avanzar en la discusión de los mínimos que posibiliten una construcción colectiva de una agenda común y de una acción unitaria de masas.


Nos corresponde por lo tanto fortalecer los esfuerzos unitarios que se están proyectando en las reuniones conjuntas entre el Frente Amplio, el Clamor Social y la Cumbre Agraria en la perspectiva de un Congreso Constituyente por la Paz cuyo eje central es la valoración y reconocimiento de escenarios y procesos locales, municipales, departamentales y regionales que trabajan iniciativas y acciones por la paz como construcción popular y de base a partir de dinámicas como los consejos territoriales de paz, las veedurías étnicas por la paz, las constituyentes por la paz, los congresos de paz, los gestores de paz, los diálogos regionales de paz, etc.


Como conclusión más general señalamos en tanto puntos de convergencia hacia una Agenda Común la crítica y la movilización frente a las imposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria regresiva,  el debate al modelo económico y social desde el movimiento popular y la lucha por una política económica y social que contribuya al logro y a la consolidación de Zonas Especiales de Paz como espacios de democratización, desmilitarización, desarrollo de las economías campesinas reforma agraria y convivencia. Para ello serán pertinentes las iniciativas y las medidas que favorezcan la intervención y la participación de las organizaciones populares en la veeduría del cese al fuego y el desescalamiento, la acción de desmonte del paramilitarismo, la verificación y el cumplimiento de los acuerdos.



Un congreso comunista en punto de viraje histórico.


El 22 Congreso se sitúa en un punto de viraje histórico que exige hondo estudio de la situación y de su perspectiva. Debe medir y valorar los cambios estratégicos indispensables sin perder el norte de su proyecto histórico justo cuando en América Latina se empiezan a sentir los efectos de la contraofensiva de la derecha sobre los procesos democráticos de la región. Tiene que hacer toda la adecuación y toda la renovación que sea necesario hacer para cumplir su concepto misional de construir la unidad del pueblo y catalizar las miradas de vanguardia que permitan avanzar hacia la revolución. Hemos dicho que el cambio en las formas de lucha no modifica los objetivos últimos del proyecto, pero obliga a conectar con las raíces profundas del sentir popular. Este congreso llama a retomar el estudio de la línea histórica, sus ajustes y sus transformaciones, es un congreso político, estratégico y programático. Está llamado a poner a la luz los elementos de la lucha ideológica, intensa y a veces inadvertida cuando hay fallas de formación teórica y política.


Exige el obligatorio balance de su desempeño reciente, del cumplimiento de sus planes, de su reconstrucción parcial y de sus debilitados vínculos con las masas, no siempre atribuibles a la persecución y la guerra sucia. Se trata de mirarlo frente por frente, recoger las experiencias innovadoras, estimular a los cuadros jóvenes y combinar dialécticamente la juventud con la veteranía y el conocimiento. Son innovadoras las experiencias de la propaganda, las publicaciones, la utilización de las redes sociales, y los esfuerzos de mejoramiento del semanario VOZ.


Es necesario medir las observaciones críticas sobre la despolitización, las debilidades en la formación de los cuadros, el aumento en la periodicidad y los aspectos formativos de las escuelas políticas, la necesidad de ahondar en los estudios de temas especializados para desarrollar nuevas facetas del programa. Examinar y balancear las experiencias de la dirección y de los/las dirigentes, avanzar en la renovación de cuadros, en lo nacional pero también en lo regional. Atender a la urgencia de reconstruir direcciones en correspondencia con el crecimiento del PCC, las promociones de jóvenes comunistas, de obreros/as comunistas, de mujeres comunistas, de lgtbi comunistas. Designar cada vez más cuadros al trabajo de masas y a la construcción del partido en los frentes de masas estratégicos. Otorgar prioridad creciente a la educación, la formación de cuadros y el apoyo ideológico a los procesos de unidad.


En lo que tiene que ver con la innovación es clave un nuevo enfoque prioritario hacia los temas de la reconstrucción de la verdad histórica, de la memoria y de la cultura. La batalla de ideas requiere de una intelectualidad sólida, liberada de dogmatismos y sectarismo, abierta a pensar por si misma en el marco del intelectual colectivo. La lucha histórica para desterrar la ideología contrainsurgente de las consciencias y sus efectos colaterales del miedo, los camuflajes obligatorios, el silenciamiento forzado o auto inducido, el anticomunismo en la izquierda como deformación dela consciencia, necesita de múltiples cabezas, brazos, cuerpos y voces que construyan una nueva cultura democrática, inspirada en el pensamiento crítico y el acervo marxista, pero también en el diverso acumulado latinoamericano y mundial, en un país donde la ignorancia es norma en la escuela y en los medios de comunicación.


Proyectar en síntesis una idea renovada del Partido Comunista de masas, punto de encuentro en los territorios, con células o agrupaciones flexibles, abiertas y comprometidas en la lucha cívica, la defensa de los principios, la solidaridad, la unidad de las masas y el estudio permanente de la realidad nacional e internacional. En tal sentido proponemos convocar al 22 Congreso del PCC.


COMITÉ EJECUTIVO


Bogotá DC, diciembre 11 de 2015




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