El presidente Santos planteó desde un
comienzo una reforma política “para restablecer el equilibrio de
poderes”, la cual se basaba en tres ejes fundamentales: eliminar la
reelección presidencial, unificar y ampliar los periodos de los
alcaldes, gobernadores y del Jefe de Estado y acabar la circunscripción
nacional de Senado. Junto con la reforma tributaria que centra las
preocupaciones sobre hasta adónde se seguirá recargando en ingresos del
trabajo y no del capital, la reforma a la Justicia y la discusión sobre
el proyecto de ley estatutaria del Marco jurídico para la paz,
constituyen un paquete que da la impresión de que el ejecutivo no
estuviera pensando en un gran giro histórico sobre su presente, su
pasado y su futuro: la paz con justica social.
El conjunto de propuestas de
supuesta reforma política no toca ni de lejos los elementos del punto
dos de la Agenda de La Habana ni mucho menos las exigencias del
movimiento popular y la izquierda que reclaman garantías reales de una
apertura democrática que permita aclimatar de verdad un proceso de paz
con justicia social y libertades.
La relación gobierno
parlamento mantiene la misma complicidad que exhibió con el primer
Santos. La ley estatutaria del marco jurídico para la paz puede ser
aprobada, como lo fue éste y el referendo, a espaldas de acuerdos con la
insurgencia. “Con Farc o sin Farc”, la paz total, proyectada como
“victoria total” pretende ser impuesta, suave y sin dolor, para luego
ser ratificada en referendo. Manes de la experiencia de Guatemala. Pero
también reciclaje del viejo Frente nacional: el “acuerdo” de los de
arriba se lleva a referendo, para incubar la nueva tragedia del resto
del siglo XXI.
El parlamento surgido del 9 de marzo no tiene
ni la más mínima de las condiciones para abordar con seriedad los
cambios que el país reclama. Sus mayorías de derecha y ultraderecha, sus
expectativas, sus contradicciones, sus vínculos con la corrupción y
los límites que le imponen a la libertad de sus debates son un retrato
real del régimen dominante. Las voces independientes y de izquierda hace
más notoria esta característica. Porque, en realidad, en nuevas
expresiones de la rebeldía del pueblo está madurando la necesidad de
importantes reformas. Las exigen la construcción de la paz, la creación
de otras formas de convivencia con igualdad y derechos democráticos, el
establecimiento de garantías para la Unión Patriótica y el Partido
Comunista pero, ante todo, las condiciones para la incorporación masiva
al quehacer político de millones de ciudadanos del común, excluidos por
las insoportables presiones de la persecución política y el “relato
oficial” de una falsa e inaceptable “democracia”, cundida de genocidios.
Hay que decir ¡Basta ya! Santos fue rescatado de su derrota electoral
por el voto responsable y exigente de la izquierda y los movimientos
populares. Las reformas esenciales que reclama el país están planteadas
por todas las acciones, resistencias y luchas organizadas de los
movimientos agrarios, rurales, urbanos, de los derechos humanos, la
salud, l@s trabajador@s, l@s artistas, la Universidad y correlacionadas
con las propuestas de izquierda sobre Estatuto de oposición, reforma
electoral, garantías para las protestas sociales, verdad, justicia y
reparación para las víctimas. Justamente, el Frente amplio por la paz
con justicia social reúne simpatías alrededor de varias coincidencias
que pueden poner en marcha acciones comunes.
Dos
conclusiones: alerta frente a las reformas sin reforma, al ajuste
cosmético del fin del reeleccionismo presidencial y los mayores
cerramientos del sistema electoral, como la imposición de las listas
cerradas, la reducción de la circunscripción nacional o el proyecto
uribista de voto obligatorio, en las actuales condiciones de
antidemocracia. Y dos: todo eso legitima la necesidad de una Asamblea
nacional constituyente.
Jaime Caycedo
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