lunes, 22 de septiembre de 2014

Comunicado del Partido Comunista Colombiano.- Un debate de fondo que se abre

El debate realizado por el senador Iván Cepeda a Álvaro Uribe ha representado una importante denuncia de la impunidad en que pretende perpetuarse el régimen político de la derecha, la ultraderecha y los herederos del bipartidismo colombiano. Contra ese debate se movieron todas las trabas del aparato burocrático parlamentario y los entendimientos previsibles  entre sectores de la Unidad nacional y el Centro democrático.



El punto focal del debate promovido por Cepeda está en el esfuerzo por ampliar las pruebas que demuestran la vinculación de Uribe con el narcoparamilitarismo y la incidencia de tales vínculos con la política pública agenciada por sus dos gobiernos. Los hechos ya conocidos se ratifican con nuevas evidencias: unas estructuras empresariales muestran las estrechas relaciones entre el alto mundo de los negocios y algunos aspectos escandalosos de la criminalidad como el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano.


Un Uribe a la defensiva niega y pasa al contra ataque con los mismos argumentos del discurso oficial del establecimiento y anuncia un debate de réplica contra lo que denomina la farc-política. Uribe, José Obdulio y sus áulicos acuden al viejo pero permanente discurso anticomunista y a acusar al adversario de vínculos con las Farc. El centro del relato común a la ultraderecha y la derecha colombianas es que la responsabilidad de la violencia está en su versión de lo que denominan la “combinación de las formas de lucha”, algo así como una conspiración del Partido Comunista y de fuerzas guerrilleras para derrocar el régimen. El genocidio de miles de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Patriótica y del Partido Comunista es justificado en el supuesto de la existencia de dicho complot. El  paramilitarismo, creado y asesorado por el Comando sur y mercenarios israelíes e ingleses es presentado como la reacción de los finqueros ricos y grandes terratenientes a la amenaza de las Farc. Los miles de activistas sindicales, agrarios, defensores de los DDHH, estudiantes, académicos asesinados a sangre fría, son solo agentes del terrorismo.


Esta inversión de la verdad histórica es un hecho ideológico y político que ha guiado las políticas del Estado colombiano, entre ellas la política de la guerra contrainsurgente. El relato de la ultraderecha, convertido en verdad oficial y doctrina de Estado ha costado la vida de miles de inocentes y honestos opositores democráticos y activistas de la izquierda. Ha sido fuente del ejercicio del poder por cohortes activas y actuantes de la burguesía gobernante y sus representantes políticos. Uribe es uno de los principales responsables que ha hecho explícito su fanatismo fascista, su servilismo ante el imperialismo y su arrogante despotismo. Pero no es el único. Muchas complicidades apuestan a pasar de agache en un momento crucial de la búsqueda de la paz por una vía no cruenta.


Se equivoca el senador Navarro Wolf al atribuir a todos los protagonistas de la lucha política de los últimos 30 años similares responsabilidades. El Consejo de Estado ha reconocido una política de exterminio sistemática y continuada contra la UP no exenta de responsabilidad del Estado, por lo que determinó que había sido un error suspenderle su personería jurídica. No tiene sentido continuar haciendo concesiones a la antidemocracia en nombre de una aparente imparcialidad neutral.


El debate político abierto debe continuar y ahondarse. No basta desnudar el narcoparamilitarismo y los vínculos del uribismo con dicho fenómeno, de hecho harto conocidos. Otros sectores de la burguesía, incluso la no uribista, han mantenido esas relaciones peligrosas al amparo de la impunidad y de la cobertura del Estado. El debate debe desenmascarar la antidemocracia, la desigualdad política y la persecución de los opositores de izquierda, llevada hasta el exterminio, erigidas como esencia de una doctrina fascista de la seguridad que ha permitido a gobiernos elegidos convivir con formas abiertas de terrorismo de Estado.


Los enemigos de la paz se aferran a una versión unidimensional de la verdad impuesta por la fuerza de la militarización y del poder mediático como verdad absoluta. Es sintomática la actitud del Ministro del Interior y del gobierno de colocarse en una hipócrita neutralidad en esta discusión sobre el presente y el futuro de la paz. Las fuerzas de la democracia y de la izquierda estamos empeñadas en la batalla de ideas por la verdad histórica más amplia, más participada, donde se escuchen mil versiones y se consoliden hechos irrebatibles que permitan construir la confianza en una paz justa y democrática.


 
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Departamento Político


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