viernes, 1 de agosto de 2014

Criminalizan las ideas

Históricamente, la persecución a los militantes comunistas so capa de erradicar las ideas revolucionarias ha sido la causa eficiente de los genocidios anteriores y posteriores al establecimiento del Frente Nacional (1957-1974).



El Partido Comunista afirma que una de las causas de la guerra contra el pueblo ha sido la institucionalización del pretexto anticomunista, abiertamente o bajo distintos disfraces, en la justificación de las políticas del poder de clase, bajo la sombrilla de la seguridad y el orden público.


El hilo conductor de la victimización han sido el odio y la codicia de clase frente a los desvalidos. El pretexto fue y sigue siendo el fantasma del comunismo, del socialismo, de las ideas revolucionarias e incluso del pensamiento crítico. Históricamente, la persecución a los militantes comunistas so capa de erradicar las ideas revolucionarias ha sido la causa eficiente de los genocidios anteriores y posteriores al establecimiento del Frente Nacional (1957-1974).


Hay leyes, sentencias de la Corte Suprema, actos legislativos que han legitimado esa conducta y han impuesto una demonización de las imágenes, una criminalización de los derechos a la inconformidad y la protesta, la disidencia, el reclamo, la organización popular y la movilización. Han contribuido a construir el imaginario de un enemigo en el propio pueblo al que es “legítimo” perseguir, intimidar, matar.


Normas legales han servido de instrumento a los genocidios


La ley 69 de octubre 30 de 1928, bautizada “heroica” autorizaba la represión de los movimientos huelguísticos y extendía los efectos del decreto 707 de 1927, declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia de entonces. Un mes largo después, sobrevino la masacre de las bananeras. Abundaron las justificaciones frente al bolchevismo y el complot. ¿Erasmo Coronel y demás compañeros de martirio fueron víctimas solo por el “desorden” y la huelga?


La historia guarda marcas innegables: las medidas de estado de sitio, en el marco del 9 de abril de 1948 y años subsiguientes; el acto legislativo 06 del 7 de septiembre de 1954 que dispuso: “Queda prohibida la actividad política del comunismo internacional”; el plebiscito de diciembre de 1957 que derogó las decisiones de la asamblea nacional constituyente (ANAC) pero impuso el monopolio excluyente de los partidos Liberal y Conservador por 16 años de Frente Nacional; el Plan Laso y la agresión a Marquetalia; la integración de civiles a las acciones de contrainsurgencia con el decreto 3398 de 1965; las graves vulneraciones a las libertades del Estatuto de Seguridad bajo Turbay Ayala (1978-1982).


El Estado de Sitio con el que se dictaron tantas normas represivas y cometieron tantos atropellos a cuenta de la Justicia penal militar rigió en forma casi permanente hasta la vigencia de la Constituyente de 1991. Con la nueva Constitución y las limitaciones al estado de excepción, vinieron los planes nacionales contra la violencia bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y luego el Plan Colombia (2000); la seguridad democrática (2002-2010), las actuales seguridad ciudadana y ley 1621 de 2013 que legaliza las chuzadas, el espionaje a opositores de izquierda y los centros tipo “Andrómeda” para el rastreo digital de la ciudadanía. La pretendida necesidad de ubicar un “enemigo interno” permanece en la política oficial.


Se dice que muchas de estas normas y políticas ya dejaron de regir. De acuerdo. Pero cuando se habla de persecución política y social sistemática, continuada y no ocasional con instrumentos “legales” del Estado los miles de colombianos que murieron bajo el rigor de ellas no pueden ser víctimas abstractas, sin nombre, amontonadas al estilo nazi en los campos de concentración del olvido. A lo que se agregan decenas de miles de detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, tratos humillantes y denigrantes.


Laureano Gómez acuñó en 1949 la imagen del basilisco1 para justificar la violencia contra liberales y comunistas. Los muertos, desaparecidos, torturados y perseguidos de las guerras de Villarrica (1955-1956); los genocidios anticomunistas contra concejales, diputados, alcaldes, congresistas, dirigentes sindicales, activistas de derechos humanos y políticos de la Unión Nacional de Oposición (UNO), Frente Democrático, Unión Patriótica, Frente Social y Político, Polo Democrático y Marcha Patriótica, los miles de presos políticos, ¿deberán esperar hasta el fin de los siglos para ser reivindicados? También eran y son ciudadanos colombianos y deseaban una Colombia en paz, con libertades, derechos y democracia que les fueron negados.


Políticas de sumisión al imperio


Bajo el enfoque de la Doctrina Truman que desató la política de contención anticomunista, los Estados Unidos promovieron el alinderamiento de los gobiernos de América Latina y la creación de la OEA. Colombia suscribe el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca al que han renunciado México y los países de la ALBA, pero no Colombia. La IX Conferencia Panamericana, en cuyo marco ocurrió el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, dictó la Resolución Nº 32 que decide:


“2. Condenar los métodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos y libertades políticos y civiles, especialmente la acción del comunismo internacional (…). 3 Adoptar dentro de sus territorios respectivos (…) las medidas necesarias para desarraigar e impedir actividades dirigidas, asistidas o instigadas por gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros que tiendan a subvertir, por la violencia, las instituciones de dichas repúblicas (…)”.


Oficialmente, el presidente Mariano Ospina Pérez culpó a los comunistas del crimen y el general Marshall, secretario de estado, presionó intensamente la adopción de la Doctrina Truman2. Cumbres de cancilleres en Washington y Río impusieron nuevas medidas y en ellas el gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta decidió enviar tropas colombianas a Corea, bajo el mando estadounidense, a combatir el comunismo. Colombia fue el único país latinoamericano que asumió semejante acto de vasallaje al imperio. En la protesta obrera contra el envío de tropas a Corea fue detenido el dirigente sindical comunista Manuel Marulanda Vélez, brutalmente torturado y muerto a consecuencia de las torturas.


Un factor de las políticas y las subsiguientes legislaciones represivas y anticomunistas tiene su origen en tratados y convenios internacionales suscritos y avalados por el Estado colombiano de espaldas al pueblo. Hay un vínculo causal que enlaza la Doctrina Truman y la guerra antiterrorista de Bush, pasando por el Plan Colombia, el apoyo del Comando Sur a los planes de guerra Consolidación y Espada de Honor que presiden los bombardeos y ametrallamientos aéreos, la represión masiva a marchas indígenas y campesinas como también los “falsos positivos”.


La Escuela de las Américas solo cambió de ubicación y de nombre. Ahora se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, funciona en Fort Benning, Columbus, Georgia. 240 ONG de Estados Unidos han denunciado que oficiales colombianos instructores del instituto están señalados de crímenes de lesa humanidad y complicidad con el narcoparamilitarismo.


Erradicar las causas políticas, ideológicas y culturales


No puede seguir existiendo la guerra en la paz. Las víctimas exigimos el fin de los genocidios y el fin de los pretextos de los genocidios. El Estado colombiano debe denunciar y retirarse de todo tratado que incluya motivos o pretextos de ataque o persecución a connacionales. Debe renunciar a toda doctrina militar y de orden público que insinúe o acepte la idea de enemigo interno y a todo compromiso con doctrinas de la seguridad nacional anticomunistas.


El Partido Comunista Colombiano exige el derecho al rescate de la memoria de sus militantes muertos bajo cualesquier circunstancia vinculada a la inhumanidad, la burla a la democracia, el terrorismo de estado, la persecución, la clandestinización forzada (1948 a 1957) y reclama el derecho de la nación colombiana en su conjunto a la verdad histórica. Los enfoques limitados e invisibilizantes asumidos como verdad oficial por el Centro Nacional de la Memoria y plasmados en el texto Basta Ya constituyen “un asalto a la razón”.


El derecho de las ideas de justicia, de igualdad, de rebelión frente a la injusticia y el crimen, de emancipación social y humana, entre ellas las ideas comunistas, socialistas, revolucionarias y el pensamiento crítico a ocupar el espacio que se merecen en la vida de la sociedad; y el derecho de sus portadores a profesarlas, divulgarlas, enseñarlas, a vivir y actuar con libertad no puede ser limitado ni conculcado.


Por eso mismo los comunistas exigimos junto al conjunto de vertientes de las izquierdas conquistar por fin el derecho a la igualdad política que no ha existido. Regímenes políticos del terror, instigados por una potencia extranjera con base en la contención anticomunista hicieron del Estado un verdugo contra una parte de la sociedad que tomó las armas para defender su vida ante la disyuntiva del destierro o la muerte. La paz democrática con libertades, plenitud de derechos, justicia social y verdad histórica es la verdadera desvictimización.


La justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición nacen de allí. Además, reclamamos el derecho de las víctimas al buen nombre, a la descriminalización de su vida y su derecho a la memoria digna.


Una nueva constitución debe prohibir el anticomunismo, al lado del racismo, del antisemitismo, del fascismo, de la homofobia y todas las formas de agresión a la humanidad.


    El 25 de junio de 1949, en la plaza de Berrío de Medellín dijo Laureano Gómez: “El basilisco era un monstruo que reproducía la cabeza de una especie animal, de otra la cara, de una distinta los brazos, y los pies de otra cosa deforme, para formar un ser amedrentador y terrible del cual se decía que mataba con la mirada. Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico; con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista, pero que es la cabeza; y así tenemos que el fenómeno mayor que ha ocurrido en los últimos tiempos, el 9 de abril, fue un fenómeno típicamente comunista, pero ejecutado por el basilisco. La cabeza pequeña, e imperceptible, lo dispuso, y el cuerpo lo llevó a cabo para vergüenza nacional”.



    Doctrina de la Contención Anticomunista presentada al congreso estadounidense por Harry S. Truman el 12 de marzo de 1947. Variantes posteriores de seguridad nacional inspiraron medidas como el Estatuto de Seguridad de Turbay. En el siglo presente destacamos la doctrina de la agresión positiva o doctrina Bush, de 2002.






No hay comentarios:

Publicar un comentario