lunes, 29 de abril de 2013

Ponencia del Partido Comunista Colombiano presentada en el foro de participación política del 28, 29 y 30 de abril de 2013.

Sin democratización del sistema no habrá paz con justicia social


El compromiso de una finalización de la guerra por la vía del diálogo y las decisiones políticas, es un paso civilizatorio, un propósito deseable y una alternativa clara al estado de cosas actualmente existente en Colombia. Implica un tránsito a una nueva situación en el país. Exige comprender que habría obligaciones de parte y parte por materializar. Modelos por cambiar, reformas que realizar. Así lo expresaron decenas de organizaciones que participaron en el Foro sobre Desarrollo Rural. En esto Foro se aborda el punto 2, la Participación política y las garantías.


La guerra no apareció de la nada. La insurgencia en respuesta a la violencia de Estado no surgió por capricho, menos aún por propósitos criminales. A 65 años del 9 de abril de 1948, a 51 años de los bombardeos a Marquetalia que forzaron al campesinado a la resistencia, hay que insistir, claramente, en qué debe cambiar en el Estado, en lo político y en las condiciones de la práctica política.


Hace 29 años, en 1984, una tregua bilateral fue el comienzo de un proceso de paz que abrió esperanzas al pueblo colombiano. La guerra sucia desencadenada fue cerrando el camino que empezaba a construirse. El movimiento popular de carácter civil fue sometido al desangre de la guerra de baja intensidad. La fracción de  clase en el poder favorable a la paz no tuvo la capacidad de defender a fondo su propia propuesta frente a los factores de terrorismo de Estado conjugados para el exterminio.


La UP y el PCC han sido las principales víctimas de un genocidio que no puede permanecer más tiempo en la impunidad, si es que de verdad de habla de paz en la hora actual.


Para el PCC se trata de revindicar una generación de activistas y dirigentes comunistas que fueron aniquilados ante la aparente impotencia de las autoridades y la complicidad real de estructuras enteras del Estado. Varios miles de integrantes del sindicalismo, de la dirigencia comunal, campesina, afro, indígena, periodistas, activistas de DDHH, asimilados a la subversión fueron asesinados, por hacer parte de una oposición democrática al régimen abiertamente discriminada, reprimida y excluida de las garantías más elementales.


Este es en gran medida el tema de este Foro. Es este el elemento clave para entender qué se quiere decir cuando se habla de participación política y garantías.


El diálogo en curso en La Habana entre el gobierno y las Farc Ep, y el que se debe concretar con el ELN y el EPL no puede entenderse como la búsqueda de acuerdos con una insurgencia derrotada. Tampoco el movimiento popular está desmovilizado, como lo demostró el 9 de abril último y las recientes expresiones de la resistencia social al modelo. Entendemos claramente a la insurgencia en la Mesa de Diálogo cuando señala que no está pidiendo garantías solo para su vida y su derecho a la participación política. Coincidimos en el reclamo por libertad política para todo el pueblo, sin exclusiones. La voz de los excluidos debe ser escuchada. El reto es abrir el sistema político a la más amplia y pluralista intervención popular.


¿Cómo fue posible el genocidio anticomunista en Colombia? ¿Qué responsabilidades se ocultan en las estructuras del poder ejecutivo? ¿Cómo pudo la guerra contrainsurgente convertirse en una política permanente del Estado? El espíritu constituyente de 1991 introdujo algunas garantías, pero fortaleció el  modelo neoliberal y mantuvo la guerra, pese al mandato expreso del artículo 22.


Un acuerdo para la paz duradera tiene que poner fin a la política de guerra del Estado.


Tiene que definir que las fuerzas armadas no puede tener como finalidad la guerra contrainsurgente. Su razón de ser es la defensa de las fronteras y la soberanía nacional. Eso debe quedar escrito en la Constitución, sin añadidos. Su tamaño debe ser funcional a su propósito y superar el gigantismo desproporcionado. Debe ponerse fin al Plan Colombia, como forma de intervencionismo militar extranjero con fines de contrainsurgencia. El tránsito hacia las condiciones de la democracia exige el desmonte de todos los aparatos del narcoparamilitarismo, de sus vínculos con estructuras del ejército y policía, la depuración del Estado en todas sus instancias.


Un acuerdo para la paz justa, democrática y duradera debe reconocer con hechos, no solo con proclamas, que la oposición democrática que ejerce legítimamente la izquierda colombiana tiene que ser reparada plenamente y gozar de iguales derechos materializables para actuar como alternativa de gobierno y de poder. Implica democratizar el sistema electoral y constituirlo como un poder autónomo, digitalizado, confiable. Favorecer la formación de partidos, facilitar las coaliciones, suprimir el umbral, restablecer una nueva modalidad del sistema proporcional. Crear un estatuto democrático de garantías para la oposición, con medios de comunicación y presencia en los organismos del Control del Estado. Estímulo a nuevas formas de participación popular decisoria en todos los niveles y creación de la rama del poder popular


Un acuerdo para la paz con justicia social debe crear las condiciones para superar las escandalosas desigualdades que caracterizan la formación económico social colombiana; impulsar una política soberana en materia de economía, superando la llama “independencia” del Banco de la República, democratizando sus instancias directivas, abriendo los órganos que elaboran la política económica y social del Estado a la participación de los trabajadores, de las comunidades regionales organizadas, de la academia; fortaleciendo la consulta popular a la legislación sobre los usos del territorio.

Un acuerdo de paz entendido desde el derecho a la participación y las garantías  debe ayudar a superar la idea de que el cambio no es posible, que los temas fundamentales, no se pueden tocar, que las instituciones son eternas e inmodificables. No. La consigna es que no solo puede ser cambiado el mundo institucional sino que merece serlo si se acepta que nuevas relaciones de poder deben surgir de la democratización del sistema político monopolizado por un sector de la sociedad para su provecho, sus privilegios y el desconocimiento de los demás, considerados como parte del “enemigo”.

La reconciliación en Colombia exige el reconocimiento de que otros proyectos democráticos de Sociedad y de Estado son posibles, que tienen derecho a competir y a emular en opciones con igualdad de condiciones. Proponemos la coexistencia de opciones de sociedad distintas, pero coexistencia en el pluralismo, en la solidaridad, en el sentido de soberanía y de patria, sin interferencias imperiales y en unidad e integración con América Latina y el Caribe. Debatámoslo en una representativa Asamblea constituyente de cara a la sociedad y al mundo.


PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Jaime Caycedo Turriago, Secretario General


Gloria Inés Ramírez Ríos, Senadora de la República


Bogotá, abril 28 de 2013

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