viernes, 3 de agosto de 2012

Gobierno de Santos pretende liquidar esquemas de proteccióny dejar expuestas a las víctimas de la violencia

Mediante resolución 048 del 27 de julio de 2012, La Unidad Nacional de Protección –UNP-,  organismo que asumió las funciones oficiales de realizar los programas de protección, anuncia intempestivamente y sin consultar previamente a las víctimas y las organizaciones que las representan, un drástico recorte de los mecanismo determinados para la seguridad e integridad de las víctimas de la violencia, a pesar que son medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de Diciembre de 2001 y tienen carácter obligatorio para el Estado.


Como todos conocemos, la situación de victimización y riesgo para los dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos no solo se mantiene en el gobierno de Santos sino que se ha agravado, agudizando la crisis humanitaria a causa de la violación sistemática de los derechos humanos, mientras el gobierno persiste en manejar un discurso que busca limpiar la imagen sobre su responsabilidad en garantizar plenamente los derechos fundamentales de todos los colombianos.

El propio gobierno admite que se ha mantenido presencia paramilitar en 406 municipios del país, más de 70 víctimas de crímenes de Estado, reclamantes de tierras que pedían protección han sido asesinadas, trabajadores petroleros y mineros han sido asesinados en las últimas semanas en Putumayo, Arauca y Casanare en medio de un conflicto creciente, que los ubica como escudos humanos; cientos de trabajadores y dirigentes están amenazados por grupos paramilitares en distintas regiones del país.

Los compromisos del gobierno en la OIT para ampliar y fortalecer la protección de líderes sindicales y sociales, lo mismo que con el gobierno de los EE.UU como condición para que aprobara el TLC, no solo no se cumplieron sino que los esquemas de protección avanzan en sentido contrario, por la vía de los recortes críticos y la liquidación, mientras los riesgos crecen.

Desde hace meses las permanentes reglamentaciones y medidas  debilitan la protección a defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos de oposición, mientras tanto nos enteramos que en una política abiertamente  clientelista el gobierno destina multimillonarios recursos al Congreso de la República para adquisición de nuevos vehículos y el suministro de combustibles, al mismo tiempo que cuantiosos recursos se destinan a estimular la guerra y otro tanto se va por las alcantarillas de la espantosa corrupción oficial.

Contrasta esta política con los pomposos anuncios del presidente Santos al sancionar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con presencia del Secretario General de la ONU, del compromiso del gobierno con la reparación de las víctimas y la asignación de recursos para preservar la vida de los ciudadanos amenazados y en situación de riesgo. Nada de eso ha ocurrido. Lo que hay en curso es una política institucional para privatizar Ecopetrol, tercerizar el trabajo en el sector de hidrocarburos, estigmatizar las organizaciones sociales y sus luchas, de judicializar el derecho de opinión y generar nuevas leyes para reprimir la creciente inconformidad social.

El gobierno hace propaganda asegurando que las condiciones de seguridad han mejorado pero no hace nada para desmantelar las estructuras de la para economía que dominan territorios enteros y áreas de la economía, incluida la minero energética. Muchas de estas amenazas coinciden con las denuncias que hemos hecho sobre los dudosos capitales de empresas contratistas y subcontratistas que laboran para Ecopetrol y las multinacionales.

La Unión Sindical Obrera –USO-CUT- y su Comisión de Derechos Humanos y Paz llama al conjunto de los sindicatos y el movimiento popular a movilizarse para denunciar la política de guerra, muerte y desprotección a las víctimas que agencia el presidente santos;  exige enérgicamente al gobierno  nacional su obligación Constitucional de asumir la protección de la vida,  integridad y garantía de sus derechos a los líderes sociales amenazados, a los sindicatos y organizaciones sociales, a la oposición y, en general a las víctimas de la violencia institucional y paramilitar. El gobierno se hace responsable de los hechos que deriven de sus medidas arbitrarias que dejan expuestas al horror de la violencia y la muerte a los sobrevivientes de esta violencia amparada desde la institucionalidad.

UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO – USO-
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Bogotá, agosto 2 de 2012




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