martes, 14 de junio de 2011

Miles de personas viven gravemente amenazadas en Colombia.

Por Amnistía Internacional

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Luz Marina Hache, Nancy Fiallo, Álvaro Varela…son algunos de los nombres de las miles de personas defensoras de derechos humanos en Colombia que han sido representadas a través de una acción organizada por Amnistía Internacional para exigir al gobierno colombiano una mayor protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, así como respeto por las labores que realizan.


El acto que ha consistido en colocar en la Plaza Sánchez Bustillo, de Madrid, 300 siluetas humanas que representan a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y que han sido víctimas de homicidios, amenazas, hostigamiento, violaciones sexuales y se han recogido firmas para exigir al gobiernos colombiano la protección, seguridad y libertad de todas aquellas personas que defienden los derechos humanos. Gracias a la colaboración del Coro Voces al Punto dirigido por Vanessa Borhagian, la acción ha sido animada con conocidas canciones brasileñas y españolas.

El defensor colombiano de Derechos Humanos y líder indígena, José Goyes, ha participado en el acto leyendo un manifiesto preparado por Amnistía Internacional en el que se ha referido a la impunidad con la que actúan las fuerzas armadas y policiales, paramilitares y guerrillas ante la inacción del gobierno colombiano.

A través de esta acción Amnistía Internacional quiere hacer visible a la sociedad madrileña la situación de graves amenazas en las que viven miles de personas en Colombia, un país que padece uno de los conflictos armados más crueles del mundo y una situación de grave impunidad para quienes vulneran los derechos humanos en su territorio. En Colombia, las personas que defienden los derechos humanos y la justicia se encuentran en peligro, son víctimas de hostigamientos sistemáticos, desapariciones forzadas, amenazas, violencia sexual, acusaciones falsas o infundadas, encarcelamientos, ataques violentos y homicidios que perpetran miembros de las fuerzas armadas y policiales, paramilitares y guerrillas. Colombia se ha convertido en uno de los países donde hay más ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los miembros de las fuerzas armadas y policiales colombianas, de los grupos paramilitares y de los grupos guerrilleros para que de una vez por todas respeten el derecho internacional humanitario vigente. También pide al gobierno colombiano que promueva y defienda los derechos humanos y que proteja adecuadamente a quienes los defienden, tomando medidas integrales orientadas a prevenir las violaciones de los derechos humanos y así, atajar de raíz las causas de esas violaciones, como la impunidad.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por algunas de las iniciativas legislativas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como las leyes de víctimas y de restitución de tierras, por entender que, en principio, son pasos en la buena dirección. También es positivo el cambio de discurso público hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, con respecto al que sostenía el gobierno anterior. Sin embargo, en Colombia continúan produciéndose graves violaciones de derechos humanos.

En los últimos meses y semanas es constante la llegada de denuncias de amenazas de muerte, homicidios y desaparición forzada. Estos son algunos de los casos que Amnistía Internacional ha constatado:

La defensora de los derechos humanos Nancy Fiallo Araque, a la que muchos conoceréis puesto que estuvo acogida en el Programa de Protección de la Sección, ha recibido numerosas amenazas de muerte telefónicas desde octubre de 2010 y ha observado cómo la seguían en Bogotá. Nancy Fiallo y otras integrantes de la Asamblea de Mujeres de la Sociedad Civil por la Paz, y del Colectivo de Mujeres por la Paz y Contra la Guerra, mantienen desde hace meses una presencia permanente como observadoras en vistas judiciales para vigilar el desarrollo de los procedimientos judiciales en los que están presuntamente involucrados decenas de ex miembros del Congreso colombiano y otros políticos acusados de mantener vínculos con grupos paramilitares. El 8 de febrero de 2011 recibió una llamada en la que le dijeron: “Doctora Fiallo le queda muy bien esa chaqueta roja, se ve bonita, lástima que se la tengan que comer los gusanos”.

William Cristancho Duarte, abogado de derechos humanos y miembro de la Corporación Compromiso, sobrevivió el 10 de diciembre de 2010 a un atentado contra su vida cuando viajaba en automóvil a la prisión de Palogordo, en el departamento de Santander. Anteriormente había recibido amenazas de muerte, aparentemente relacionadas con un caso en el que está trabajando sobre la ejecución extrajudicial de dos campesinos locales a manos del ejército colombiano.

El 28 de noviembre de 2010 unos 120 paramilitares rodearon el pueblo de Las Perlas, en el municipio de Argelia (suroeste de Colombia) amenazando a la población civil y el 2 de diciembre mataron al campesino Milton Díaz Cabezas en el poblado cercano de El Porvenir. Se ha visto a hombres, de los que se sabe que son paramilitares, hablando con soldados y patrullando con ellos en la localidad de Argelia; los paramilitares y los soldados han montado controles conjuntos en las carreteras de acceso a la localidad. Esto demostraría que continúan los vínculos entre paramilitares y Ejército.

El 11 de diciembre de 2010, Martha Lucía Giraldo, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), recibió en su teléfono móvil un mensaje de texto en el que se la amenazaba de muerte. El mensaje, firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras Nueva Generación, también amenazaba a las organizaciones de derechos humanos Asociación de Investigación y la Acción Social (NOMADESC), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), otras ONG de derechos humanos y dirigentes indígenas. Cristina Castro, de la FCSPP, también recibió una amenaza de muerte en su teléfono, firmada asimismo por Águilas Negras Nueva Generación. Y también se enviaron amenazas de muerte similares a los teléfonos móviles de la directora de NOMADESC, Berenice Celeyta, y de Ayda Quilcué, ex dirigente del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Uno de los mensajes de texto amenazaba además al Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL). Estas amenazas se realizaron tras la celebración, el 10 de diciembre, de actos de conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

La ecologista Sandra Viviana Cuellar Gallego puede haber sido objeto de desaparición forzada el 17 de febrero de 2011 en Cali, cuando se dirigía a dar una conferencia en la Universidad Nacional, en la cercana Palmira. Se han encontrado su carnet de identidad, su teléfono móvil y otros objetos personales, pero sigue sin conocerse su paradero. Trabajó para la ONG CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia y en la actualidad es directora de la ONG Sur Viviendo, que trabaja sobre cuestiones relacionadas con el agua, la cuenca fluvial y la protección de las zonas de humedales del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país. En los 15 días previos a su desaparición, Sandra Cuellar estaba elaborando, junto con la comunidad local, un plan de gestión medioambiental para el municipio de Yumbó, departamento del Valle del Cauca. También había estado trabajando con los indígenas yanacona del río Cauca y había concedido entrevistas para promover las actividades que los indígenas estaban realizando para garantizar la protección del río. El 18 de febrero, un día después de ser vista por última vez, debía participar en un foro sobre cuestiones relacionadas con el agua en Cali.

El 7 de febrero de 2011, Luz Marina Hache, integrante de MOVICE, recibió una llamada telefónica amenazándola de muerte. La amenaza vino precedida de otros incidentes que sugieren que Luz Marina Hache y su familia están siendo sometidos a vigilancia. Ella no sólo es fundadora de MOVICE sino que además ha desempeñado un papel destacado en la lucha por la justicia en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidos los casos de varios jóvenes del municipio de Soacha, que fueron víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en 2008. La reciente amenaza contra Luz Marina Hache coincide con otras amenazas realizadas contra miembros de la organización en Bogotá y otras partes de Colombia.

Varios sindicalistas de SINALTRAINAL han vuelto a ser amenazados el 16 de febrero de 2011. Ese día, durante un acto que se organizó para sensibilizar sobre las víctimas de los paramilitares en el municipio de Bugalagrande (suroeste de Colombia), alguien distribuyó folletos del grupo paramilitar Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (AU-ERPAC) en los que se acusaba a varios sindicatos, sindicalistas y organizaciones de derechos humanos de pertenecer a las guerrillas y se los amenazaba de muerte. Los nombres que aparecían eran Rafael Esquirel, Fredi Sepulbeda (sic), Alvaro Barela (sic), y Martin Agudelo, todos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL). También se amenazaba a los dirigentes de un sindicato que representa a los trabajadores municipales, SINTRAENTEDDIMCCOL. En los últimos años, los miembros de SINALTRAINAL han recibido repetidas amenazas de muerte y han sido víctimas de homicidio a consecuencia de su campaña en pro de los derechos sindicales y de su denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los miembros del sindicato. Colombia continúa siendo uno de los países con el índice de homicidios de sindicalistas más alto: en 2010, 51 miembros de sindicatos fueron asesinados, frente a los 39 de 2009.

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