miércoles, 15 de junio de 2011

La Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, rechaza la pretendida privatización de la E.T.B.

 Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez 

En mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo y en relación con la pretendida privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.T.B., me permito dejar la siguiente


CONSTANCIA

La decisión del Procurador General de la Nación de suspender por el término de tres meses al Alcalde Mayor de Bogotá conllevó que el Presidente de la República encargara de la Alcaldía a la Ministra de Educación y Ex presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Fernanda Campo, nombramiento al que posteriormente se agregó el de la Secretaria del Consejo de Ministros, María Cristina Plazas, como Alcaldesa ad hoc, con el fin de que presentara al Concejo un proyecto de acuerdo para vender la participación accionaria del Distrito en la E.T.B., en razón de que la Alcaldesa encargada estaba impedida por ser accionista privada de la citada empresa.

La legalidad de los dos nombramientos está demandada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por cuanto ninguna de las dos funcionarias pertenece al mismo partido del Alcalde titular, como lo ordena la ley. Además, es claro que la pretensión de privatizar la E.T.B. no sólo no hace parte del programa de gobierno sino que lo contradice abiertamente, pues la política del Polo Democrático Alternativo se opone a la privatización de las empresas de servicios públicos, en particular, y del patrimonio público, en general.

A estos hechos han venido a sumárseles las denuncias hechas ante la Fiscalía General de la Nación, por parte del doctor Aurelio Suárez, y ante la Superintendencia Financiera, por parte del Senador Jorge Enrique Robledo, dirigidas a que se investigue a los accionistas privados de la ETB por una posible manipulación del precio de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Colombia.

En efecto, como lo afirman los denunciantes, es altamente sospechoso que en abril de 2.009, cuando se inició el proceso de capitalización y de búsqueda de un socio estratégico, la acción valía $691. Para finales de 2009, el precio subió a $1.300, un aumento del 188%, y después del fracaso del proceso las acciones cayeron a $656, de manera que si las acciones se vendieran a este precio, el valor de la empresa sería de apenas unos dos billones de pesos, cuando el patrimonio en libros es superior a los 2.5 billones y los activos están por encima de los cuatro billones de pesos.

Es extraño que cuando el Distrito Capital es propietario del 88% de las acciones y la venta de acciones en la Bolsa apenas ha sido de un 0.5%, las fluctuaciones hayan sido de tal magnitud, lo que conduce a darle pie a la presunción de que lo que hay de por medio es una manipulación para desvalorizar las acciones y presionar por esta vía la venta de la empresa a menosprecio, que fue precisamente lo que hizo la Alcaldesa ad hoc, al afirmar que si la empresa no se vende, terminará completamente desvalorizada. 

De otra parte, el domingo anterior el columnista de El Espectador, Felipe Zuleta, publicó un artículo en el que contrasta los balances de Telecom hechos por la Telefónica de España, accionista mayoritaria, con los del Viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master.

Según el columnista, “el importe neto de la cifra de negocios (ingresos) asciende a 700 millones de euros en 2.010, tras registrar por segundo semestre consecutivo un crecimiento interanual positivo. En el conjunto de 2.010 el resultado operativo antes de amortizaciones muestra una mejora y alcanza 249 millones de euros (+2.9% interanual en moneda local). La inversión (CapEX) en 2.010 asciende a 178 millones de euros”, pero el Viceministro de Hacienda afirma que “la empresa perdió el año pasado $451.900 millones, que se suman a los $341.900 millones ‘en rojo’, observados en 2.009, y redujo sus ingresos de $2.04 a $1.93 billones”. 

Como se pregunta con toda razón el columnista, “¿Quién quiere bajarles el precio a las acciones del Estado en Telecom y por qué?

Es evidente que entre los dos casos, el de la ETB y el de TELECOM, hay un hilo conductor que no es otro que el de abonarle el terreno a la venta de las acciones que el Distrito y la Nación tienen en esas empresas, para lo cual se recurre a la artimaña de crear una especie de “pánico económico” que justifique las antinacionales y antipopulares medidas que sólo favorecen a los grandes capitalistas y a las empresas transnacionales.

Con base en estas razones, una vez más manifestamos nuestra oposición vertical al desmantelamiento del patrimonio público que adelantan los neoliberales empotrados en el gobierno nacional, reafirmamos nuestra posición de defensa de las empresas estatales y exigimos del gobierno una política para fortalecerlas y ampliarlas en vez de venderlas a menosprecio.

En el caso de Bogotá, le solicitamos a la nueva Alcaldesa retirar del Concejo el proyecto de Acuerdo presentado por la Alcaldesa ad hoc, respaldamos su posición de oponerse a la privatización y esperamos que asuma un compromiso firme con el fortalecimiento de la ETB como patrimonio de todos los bogotanos.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA

Bogotá, D.C., 14 de junio de 2011

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