 |
En el programa de radio “A calzón quitado y sin pelos en la lengua”, transmitido ayer en horas de la noche, el director de derechos humanos y apoyo a la justicia de la Secretaría de Gobierno del Distrito.
Frank Barbosa aseguró que el operativo de desalojo ejecutado el pasado jueves 10 de marzo en el edificio propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se realizó en buenos términos y como producto de una concertación previa.
Frank Barbosa declaró que el compromiso de garantizar los derechos de la población en alto grado de vulnerabilidad, como en el caso de las víctimas del desplazamiento, lo ha asumido el Distrito.
“Hemos venido produciendo acercamientos con Acción social y hemos tenido así información sobre las familias que ocupaban el edificio. […]La mayoría de éstas son desplazadas, pero hay tres casas donde encontramos a tres familias que no son desplazadas”.
Luego agregó que “el Distrito ha garantizado el alojamiento transitorio de estas familias y la entrega de apoyo económico que permita apalancar su situación y tomar un arriendo en condiciones de dignidad”. (¿Será posible ello con $330 mil pesos? ¿Podrá vivir él o cualquier otro funcionario del Distrito con este dinero durante un mes con su familia, pagando arriendo en Bogotá?)
Frente a los hechos de violencia que se registraron durante el desalojo, dijo que la ocupación realizada por parte de las once familias, también se dio bajo circunstancias que generaron traumas al inmueble, y añadió que el proceso de desalojo se manejó con cordura, con mediación de la Secretaría de gobierno y del comandante de la policía.
Los periodistas de “A Calzón Quitao” lo desmintieron informándole que ellos, que habían estado durante el operativo de desalojo, fueron golpeados por la fuerza pública. El director del programa, Luis Carlos Pulgarín, contó que su cámara fue rota con un golpe de bolillo que le propinó la policía y que otro periodista de su medio resultó herido.
Milton Rosales, vocero de las once familias, durante la misma entrevista radial también negó que la operación se hubiera realizado en buenos términos, y habló de su crítica situación
“En el Hotel hay 34 menores, de los cuales 9 son menores de 2 años, hay niños especiales y recién nacidos y 27 adultos, de los cuales 20 fueron golpeados brutalmente por los asesinos de la policía, que entraron a masacrarnos a palo”. Los reportes médicos informan que varias de estas personas están incapacitadas entre 6 y 15 días.
Rosales aseguró que la realidad que enfrentan en la actualidad es crítica. “No sabemos cuándo nos van a sacar, en medio de un nuevo desalojo ahora en el hotel, porque la negociación con el Hotel se vence hoy, y no sabemos qué va a pasar porque no han hecho presencia los funcionarios de Acción Social y Secretaría de Gobierno. También nos aqueja la carencia de alimentos; no nos están facilitando la alimentación.
Las familias cuentan que bien que mal en el edificio del ICBF, donde habían forjado su hogar, tenían sus mercados y su vida organizada. Ahora ocupan un Hotel de paso y no tienen ropa, comida, y muchos niños aún no pueden regresar al colegio porque carecen de zapatos y de útiles de estudio.
La indolente actuación del ICBF es fuertemente cuestionada.
El edificio de la localidad Santa Fe ocupado por estas once familias, desde septiembre del 2008, había sido donado al ICBF por un particular, que ya falleció, con el fin de ayudar a población vulnerable. Cuando las familias desplazadas se lo tomaron estaba en total abandono.
“EL ICBF seguía pagando vigilancia a Sepecol, una empresa privada, que no cumplía su función porque pudimos tomárnoslo -cuenta Milton Rosales -Para ese entonces llevaba 5 años de abandono y estaba desvalijado.
“Nosotros tuvimos que adecuarlo para vivir, arreglar tuberías y servicio de electricidad. Al tercer día de ocupación ahí si llegó la comisión del ICBF a reclamar por su propiedad. Ahora está a la venta”
Milton también acusó al director de la regional Bogotá del ICFB de ser un mentiroso. Al parecer el funcionario habría declarado que en el edifico funcionaba un expendio de drogas y también se alquilaban habitaciones con fines de prostitución.
“A ese señor ni siquiera lo conocemos, él nunca visitó el edificio, jamás nos ha visto ni hemos hablado con él. Es un mentiroso y un falso”. La Policía, hasta le fecha, no ha reportado el hallazgo de ninguna sustancia ilegal.
Las familias reconocen la labor de la Alcaldía de Bogotá, que en últimas les garantizó el techo durante estos días y les facilitó la visita de un médico para que revisara a las personas lesionadas y a los menores. Sin embargo, deploran las afirmaciones hechas a El Espectador.
“…fuentes de ese despacho (Secretaría de Gobierno) le dijeron a este diario que la semana pasada entregaron a los desplazados $300 mil por familia, además de kits de emergencia para que los usen, mientras Acción Social los atiende con subsidios.
Milton asegura que no han recibido ningún Kit y que el dinero ofrecido desde el viernes aún no lo han recibido. “Hasta el momento, ninguna entidad del Gobierno Nacional ni del Distrito se ha acercado al Hotel a entregar dinero o alimentos”.
El Espectador
Foto El Espectador.
Frank Barbosa aseguró que el operativo de desalojo ejecutado el pasado jueves 10 de marzo en el edificio propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se realizó en buenos términos y como producto de una concertación previa.
Frank Barbosa declaró que el compromiso de garantizar los derechos de la población en alto grado de vulnerabilidad, como en el caso de las víctimas del desplazamiento, lo ha asumido el Distrito.
“Hemos venido produciendo acercamientos con Acción social y hemos tenido así información sobre las familias que ocupaban el edificio. […]La mayoría de éstas son desplazadas, pero hay tres casas donde encontramos a tres familias que no son desplazadas”.
Luego agregó que “el Distrito ha garantizado el alojamiento transitorio de estas familias y la entrega de apoyo económico que permita apalancar su situación y tomar un arriendo en condiciones de dignidad”. (¿Será posible ello con $330 mil pesos? ¿Podrá vivir él o cualquier otro funcionario del Distrito con este dinero durante un mes con su familia, pagando arriendo en Bogotá?)
Frente a los hechos de violencia que se registraron durante el desalojo, dijo que la ocupación realizada por parte de las once familias, también se dio bajo circunstancias que generaron traumas al inmueble, y añadió que el proceso de desalojo se manejó con cordura, con mediación de la Secretaría de gobierno y del comandante de la policía.
Los periodistas de “A Calzón Quitao” lo desmintieron informándole que ellos, que habían estado durante el operativo de desalojo, fueron golpeados por la fuerza pública. El director del programa, Luis Carlos Pulgarín, contó que su cámara fue rota con un golpe de bolillo que le propinó la policía y que otro periodista de su medio resultó herido.
Milton Rosales, vocero de las once familias, durante la misma entrevista radial también negó que la operación se hubiera realizado en buenos términos, y habló de su crítica situación
“En el Hotel hay 34 menores, de los cuales 9 son menores de 2 años, hay niños especiales y recién nacidos y 27 adultos, de los cuales 20 fueron golpeados brutalmente por los asesinos de la policía, que entraron a masacrarnos a palo”. Los reportes médicos informan que varias de estas personas están incapacitadas entre 6 y 15 días.
Rosales aseguró que la realidad que enfrentan en la actualidad es crítica. “No sabemos cuándo nos van a sacar, en medio de un nuevo desalojo ahora en el hotel, porque la negociación con el Hotel se vence hoy, y no sabemos qué va a pasar porque no han hecho presencia los funcionarios de Acción Social y Secretaría de Gobierno. También nos aqueja la carencia de alimentos; no nos están facilitando la alimentación.
Las familias cuentan que bien que mal en el edificio del ICBF, donde habían forjado su hogar, tenían sus mercados y su vida organizada. Ahora ocupan un Hotel de paso y no tienen ropa, comida, y muchos niños aún no pueden regresar al colegio porque carecen de zapatos y de útiles de estudio.
La indolente actuación del ICBF es fuertemente cuestionada.
El edificio de la localidad Santa Fe ocupado por estas once familias, desde septiembre del 2008, había sido donado al ICBF por un particular, que ya falleció, con el fin de ayudar a población vulnerable. Cuando las familias desplazadas se lo tomaron estaba en total abandono.
“EL ICBF seguía pagando vigilancia a Sepecol, una empresa privada, que no cumplía su función porque pudimos tomárnoslo -cuenta Milton Rosales -Para ese entonces llevaba 5 años de abandono y estaba desvalijado.
“Nosotros tuvimos que adecuarlo para vivir, arreglar tuberías y servicio de electricidad. Al tercer día de ocupación ahí si llegó la comisión del ICBF a reclamar por su propiedad. Ahora está a la venta”
Milton también acusó al director de la regional Bogotá del ICFB de ser un mentiroso. Al parecer el funcionario habría declarado que en el edifico funcionaba un expendio de drogas y también se alquilaban habitaciones con fines de prostitución.
“A ese señor ni siquiera lo conocemos, él nunca visitó el edificio, jamás nos ha visto ni hemos hablado con él. Es un mentiroso y un falso”. La Policía, hasta le fecha, no ha reportado el hallazgo de ninguna sustancia ilegal.
Las familias reconocen la labor de la Alcaldía de Bogotá, que en últimas les garantizó el techo durante estos días y les facilitó la visita de un médico para que revisara a las personas lesionadas y a los menores. Sin embargo, deploran las afirmaciones hechas a El Espectador.
“…fuentes de ese despacho (Secretaría de Gobierno) le dijeron a este diario que la semana pasada entregaron a los desplazados $300 mil por familia, además de kits de emergencia para que los usen, mientras Acción Social los atiende con subsidios.
Milton asegura que no han recibido ningún Kit y que el dinero ofrecido desde el viernes aún no lo han recibido. “Hasta el momento, ninguna entidad del Gobierno Nacional ni del Distrito se ha acercado al Hotel a entregar dinero o alimentos”.
El Espectador
Foto El Espectador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario